En tan sólo unas horas, usted puede pasar de ser inocente a sospechoso de un crimen. Puede incluso celebrarse un juicio y, aunque no haya pruebas que le acusen directamente, tendrá que pasar varios años de su vida en la cárcel. Tres días fueron suficientes para que algo similar le ocurriera a Diego Pastrana. El tinerfeño fue señalado públicamente por los médicos que trataban a su hijastra Aitana como el causante del maltrato y asesinato de ésta. Posteriormente, los medios de comunicación se hicieron eco de la información sin reparar en cuestiones éticas sobre la presunción de inocencia.Incluso el diario Abc, que tradicionalmente ha sido modelo de prudencia y moderación, abrió una de sus ediciones con una foto en primer plano de Pastrana bajo un titular que rezaba: “La mirada del asesino de una niña de tres años”. Los ingredientes estaban servidos para que la sociedad linchara el honor de este hombre. Afortunadamente, su inocencia se demostró a las 72 horas, pero su imagen siempre quedará asociada a la de aquel que un día fue acusado de asesinato.
La metedura de pata tanto del diario Abc como del resto de medios de comunicación es irreparable. El psiquiatra forense José Cabrera afirma que la única forma de paliar el daño una vez hecho es “mediante la publicación íntegra de su inocencia al mismo tamaño, con el mismo grafismo y en la misma cantidad de páginas e imágenes que en su día se le adjudicaron”. Aun así, la criminóloga y escritora Marisol Donis asegura que la sociedad no aceptaría totalmente la exculpación porque “al que cree en la culpabilidad del imputado le cuesta reconocer que se equivocó”.
Inocentes en el punto de mira
El caso Wanninkhof fue uno de los más sangrantes en lo que a presunción de inocencia se refiere. El 9 de octubre de 1999, Rocío Wanninkhof, de 19 años, desapareció. Días después se encontró su cadáver. En seguida, Alicia Hornos, madre de la joven, señaló a Dolores Vázquez, su ex compañera sentimental, como presunta asesina de la joven. La prensa se involucró de lleno en el asunto sumándose a las denuncias de la madre. Incluso llegó a ofrecer como argumento de peso para demostrar la culpabilidad de Dolores Vázquez su expresión adusta y seria.
La acusada negó en todo momento haber tomado parte en los hechos. Incluso demostró, mediante un registro de llamadas telefónicas, que aquella noche permaneció en su casa cuidando de su madre y de una sobrina. Además, no se encontraron huellas, ADN ni rastro de Dolores Vázquez que la relacionaran con el cadáver. Sin embargo, un jurado popular influido y contaminado, sin duda, por el juicio mediático declaró a la acusada culpable. Diecisiete meses después de ingresar en prisión, se demostró su inocencia. Aun así, desde entonces, no encuentra trabajo, su situación económica ha sufrido un deterioro importante y, según un estudio psicológico, sufre graves secuelas que le impiden llevar una vida normal, como la de su obsesión por apuntar todo lo que hace, minuto a minuto.
“Las secuelas psíquicas son ilimitables y no pueden resarcirse”, lamenta Cabrera, “ya que el daño psicológico y moral queda en el aire a manera de una sospecha, a pesar de la inocencia probada”. La criminóloga Marisol Donis explica que los afectados “viven en un estado permanente de desconfianza y temor hacia las personas. Les cuesta rehacer su vida. Las indemnizaciones, que llegan tarde y mal, no son ningún consuelo, porque ¿cuál es el precio del dolor? Algunos necesitarán ayuda psicológica de por vida”.
El debate del juicio popular
En el caso de Dolores Vázquez, que fue juzgada por un jurado popular, la prensa jugó un papel importante. “Era imposible encontrar a alguien que no hubiera tenido contacto con ese procedimiento, porque se ventiló de una forma constante durante muchos días en la prensa”, señala José Núñez, profesor en Derecho Penal de la Universidad San Pablo-CEU. “Desde el punto de vista democrático” -añade- “la intervención del jurado es loable, porque supone la participación activa de los ciudadanos en la administración de justicia, pero al mismo tiempo esos ciudadanos están expuestos a una presión mediática que puede no ser fiel a la realidad o no lo suficientemente rigurosa”. Donis apunta que, a veces, la prensa utiliza los juicios paralelos como “pretexto para agitar espíritus y politizar el caso, que puede llegar a convertirse en un folletín por entregas”. Quién no recuerda las imágenes de los esposados por el Palma Arena o la operación Pretoria, y el consiguiente juicio mediático que ocasionaron.
En Francia, estas injusticias se han zanjado aprobando una Ley de Protección de la Presunción de Inocencia y Derecho de las Víctimas; en Gran Bretaña, se prohíbe la difusión de datos sobre asuntos que se estén juzgando; en Estados Unidos, se declaran nulos aquellos juicios que han sido utilizados mediáticamente; y en Holanda, se prohíbe la publicación de una foto de alguien que no haya sido condenado. En estos países se han dado cuenta de que “el juicio mediático es tan poderoso e intenso que condiciona en exceso el fallo judicial. Al final acaban tomándose decisiones motivadas por la presión, y suelen ser injustas. El juez es una persona al fin y al cabo, no es impermeable a todo tipo de presión”, apunta Núñez.
El abogado recuerda que en España la presunción de inocencia “como derecho fundamental, se recoge en el artículo 24 de la Constitución; además, tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica del Poder Judicial reflejan la idea de que nadie puede ser condenado sino en virtud de sentencia firme, y recogen las garantías que inspiran nuestro procedimiento: el derecho a no declarar o a contar con un abogado”.
Los expertos coinciden en que la solución pasa por efectuar una revisión del quehacer periodístico. En este sentido, Cabrera es claro: “No habría que mencionar datos del sospechoso ni mostrar fotos de él”. Donis apunta que “debería existir un código ético porque, una vez publicada la falsa culpabilidad, la gente acoge con entusiasmo cualquier tipo de información sin la menor reserva. Cuando se descubre el error, reclaman justicia, pero el daño ya está hecho”.
La importancia del lenguaje
“El lenguaje y los matices son muy importantes”, puntualiza Núñez. “Por ejemplo, lo que se entiende vulgarmente por ensañamiento no tiene nada que ver con lo que la ley recoge como tal. En una ocasión, un juez no apreció ensañamiento en un cadáver que presentaba 19 puñaladas, porque la primera ya fue letal”.
Llegados a este punto, nos encontramos con el problema de valorar qué es más importante, si la libertad de expresión y de información o la presunción de inocencia. Núñez apuesta por “regular de una forma más clara los delitos de injurias y calumnias; cambiar la ley de protección de la propia imagen, una ley de los años ochenta que no ha sido objeto de modificaciones; en algunos casos establecer el honor de la persona por encima de la libertad de expresión. Pero todo esto implica un riesgo paralelo del que no soy partidario”.
En la práctica, “el afectado no puede defenderse de los medios de comunicación de ninguna forma -explica Cabrera-. Mi consejo sería la presentación automática de una querella criminal contra los medios que se hubieran pasado con su caso”.
Sin embargo, Núñez lamenta que el problema radica en que las injurias y las calumnias, tal y como están concebidas, “son delitos que exigen una intención de causar perjuicio”. El afectado tiene que demostrar que lo que se ha dicho de él es mentira y que la prensa que la ha difundido conocía que eso era mentira. “Las vías que tiene son dos: la civil, por demanda, que es muy lenta; y la penal, por injurias y calumnias, que exige probar que se actuó con menosprecio hacia la verdad”.
La verdadera solución pasa por “la educación en las universidades y en los colegios para transmitir valores distintos de los que imperan hoy en día. Es una solución ambiciosa y con ciertas dosis de falta de realismo, pero pasa por ahí”, opina Núñez.
Cabrera concluye que el problema es que “la duda siempre queda en el aire y sólo el tiempo y el olvido acaban completamente con la misma. Ahora bien, ¿cuánto tiempo hace falta para ese olvido?... No hay respuesta”.
Fuente: gaceta.es
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