La judicatura pone coto a la merma de su independencia

Un grupo de magistrados, no asociados y afiliados a las cinco asociaciones profesionales existentes, ha hecho circular en la intranet corporativa el manifiesto Plataforma por la despolitización y la independencia judicial que, sólo en las primeras 48 horas, ha sido suscrito por más de 200 jueces. El documento analiza con detalle los hitos más importantes que han provocado, según los firmantes, un lamentable proceso histórico de contaminación política y degradación de la independencia del poder judicial, al tiempo que recoge siete objetivos con los que poner fin a este sombrío capítulo de la historia judicial.


Los autores del manifiesto hacen un llamamiento a los miembros de la carrera judicial para que denuncien públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial e informen a los ciudadanos de las graves consecuencias que para el Estado de Derecho [...] ha comportado y comportará aún más en el futuro el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que, desde 1985, inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido.

Los jueces denuncian los nocivos efectos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 que les arrebató su derecho a elegir a 12 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) transfiriendo íntegramente al Parlamento la elección de todos ellos. De esta forma, según consta en el manifiesto, el poder político consiguió derribar el principal muro de protección constitucional de la independencia judicial.

Silencio cómplice

De hecho, quienes rubrican el documento sostienen que el proceso de ocupación del espacio judicial dirigido por el Ejecutivo ha contado prácticamente siempre con el silencio cómplice, cuando no expresa colaboración, de los vocales del CGPJ por que le deben sus cargos.

Los magistrados también expresan sus dudas respecto a la reforma de la LOPJ de 2003 y las más recientes aprobadas o en curso ya que entienden que puede ser un paso más (sibilino, pero de imprevisibles consecuencias) del Ejecutivo en su insaciable afán de controlar y dominar aún más el ya muy mermado ámbito del Poder Judicial.

Indican que el proceso reformador arroja unas sombras muy inquietantes para la independencia judicial al afectar algunas de las nuevas funciones transferidas a los secretarios al núcleo duro de lo estrictamente jurisdiccional, tal y como ocurre con la relativa a los señalamientos a juicio. Por último, critican el Plan de Modernización de la Justicia por ser absolutamente insuficiente.

Objetivos básicos

1. Quieren impulsar un Pacto de Estado para restituir al poder judicial y a sus titulares la independencia y dignidad que la Constitución les reconoce.

2. Elegir democráticamente los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, incluyendo elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces.

3. Mantener en poder de los jueces sus funciones jurisdiccionales. Conservar la instrucción del proceso penal si el Ministerio Fiscal no sufre una profunda catarsis.

4. Nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/100.000 habitantes. Inversión en Justicia del 3,5% del presupuesto en 5 años.

5. Aprobación de un nuevo estatuto judicial y reforma del régimen disciplinario vigente. Nueva Ley de Retribuciones que garantice salarios equitativos.


Fuente: La Ley