El Tribunal Supremo ha decidido absolver al magistrado José Antonio Martín Martín, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y al que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente hace cuatro años en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Martín Martín fue acusado de haber asesorado, a través de un intermediario, al abogado de un narcotraficante cuya libertad provisional debía decidir el tribunal que el propio Martín presidía.Tras la celebración, el martes, de una vista pública en la que el fiscal solicitó la confirmación de la condena, la Sala Segunda del Supremo ha acordado por unanimidad absolver a José Antonio Martín Martín, aunque la sentencia y la totalidad de sus argumentos jurídicos no se conocerán hasta dentro de unos días. El TSJC le condenó a un año y medio de suspensión y al pago de una multa de 7.000 euros. Esa sentencia contó con el voto particular discrepante de un magistrado.
Fuentes del Supremo han explicado que los hechos probados no son constitutivos del delito imputado al magistrado. Señalan que el único consejo que Martín Martín transmitió al abogado del narcotraficante Rafael Bornia Bordón, siempre a través del intermediario W.L. Yanes, consistió en advertirle de que su exposición ante el tribunal debía ser «breve» porque de lo contrario podría poner a los magistrados en su contra.
Consejo sin trascendencia
Según las fuentes citadas, técnicamente no se puede hablar de delito de actividad prohibida a funcionarios. De hecho, explican, no hay un verdadero asesoramiento jurídico sobre qué argumentos debía exponer el abogado defensor del narcotraficante encarcelado; no le dio, en definitiva, un consejo que le ayudara a conseguir la libertad de su cliente y que, por lo tanto, pusiera a ese letrado en una situación de ventaja con respecto a las demás partes durante la vista. La Audiencia Provincial de las Palmas rechazó finalmente la petición de libertad provisional para Julio Bornia Bordón.
La decisión del Supremo supone el cierre del procedimiento penal abierto al ex presidente de la Audiencia grancanaria, hecho que, al mismo tiempo, permitirá al CGPJ reabrir las actuaciones disciplinarias que provocó la actuación de Martín Martín.
Fuentes del CGPJ han indicado que, una vez que el Supremo comunique oficialmente al Consejo la absolución del magistrado, lo más normal es que se levante la suspensión cautelar acordada el 19 de enero de 2006 y se le permita volver a ejercer como magistrado. Al menos hasta que se resuelva el expediente disciplinario.
El magistrado José Antonio Martín y Martín podría reclamar al Ministerio de Justicia miles de euros, en torno a 120.000, por los cuatro años que ha estado parcialmente suspendido de empleo y suelo, tras la sentencia del Supremo que le declara inocente.
El sueldo de un magistrado de la Audiencia ronda actualmente los 4.400 euros. Los presidentes de sección perciben un plus, pero bajo, no llega a los 100 euros.
Teniendo en cuenta que la suspensión cautelar de Martín redujo sus ingresos a unos 1.000 euros mensuales , el juez podría ahora invocar ante el Ministerio de Justicia su derecho a recuperar el dinero que no cobró, que en un cálculo a la baja, considerando que su sueldo era el de un presidente de sección, rondaría los 126.000 euros.
La cifra podría aumentar de forma sensible si Martín calculara lo que dejó de percibir como presidente de la Audiencia Provincial, cargo del que estuvo apartado hasta que cesó, esto es, de enero de 2006 a abril de 2008.
El proceso no se podrá en marcha hasta que no se notifique la sentencia del Tribunal Supremo.
Fuente: ABC.es , canarias7.es
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