miércoles, diciembre 31, 2008

Un año convulso para la Justicia


El año que acaba no ha sido precisamente pacífico para la Justicia y las protestas de jueces, secretarios judiciales o funcionarios se han sucedido a lo largo de 2008, salpicado por casos como el de la niña Mari Luz y en el que, por fin, se pudo dar por renovado el Consejo General del Poder Judicial.


El ánimo de los diferentes sectores de la Justicia ha estado "caliente" desde principios de año: primero fueron los funcionarios de las Comunidades Autónomas sin competencias en este ámbito, que mantuvieron una huelga de dos meses; les siguieron los secretarios judiciales, que protagonizaron un paro en octubre, y, para finalizar 2008, los jueces empezaron a hablar de una posible huelga.

El paro más largo de la historia de este sector en España comenzó el 4 de febrero a cargo de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida en demanda de una equiparación de sus salarios con los de las Comunidades Autónomas con competencias.

Con la suspensión de decenas de miles de actuaciones judiciales, esta huelga provocó un grave colapso, del que ha costado recuperarse, aunque a finales de año, con los planes de refuerzo puestos en marcha, los tribunales han podido situarse prácticamente en los mismos niveles que tenían antes del paro.

A las protestas de funcionarios siguieron meses después las de los secretarios judiciales y las de jueces y magistrados.

Las reivindicaciones de estos colectivos varían pero antes o después invocan una idea común: la necesaria modernización de un sistema obsoleto, que, a veces, ha enfrentado a la sociedad a situaciones inexplicables como la del caso de la niña onubense Mari Luz Cortés.

Mari Luz fue asesinada en marzo presuntamente por Santiago del Valle, quien se encontraba en libertad porque un Juzgado de Sevilla no ordenó ejecutar la orden de prisión que tenía pendiente por otra causa.

La sucesión de errores y sus consecuencias en el caso de esta niña supuso un revulsivo para la Justicia y puso sobre la mesa la carencia de medios personales y materiales.

Las críticas recibidas por el anterior Consejo del Poder Judicial por imponer sólo una multa al juez de Sevilla encargado del caso, Rafael Tirado, y la suspensión de dos años con la que el Ministerio de Justicia castigó a la secretaria judicial calentaron de nuevo el ambiente.

Los tribunales volvieron así a paralizarse el 21 de octubre, jornada en la que los secretarios judiciales protestaron con un paro de 3 horas por la sanción impuesta a su compañera de Sevilla coincidiendo con las juntas que celebraron los jueces para denunciar injerencias políticas en este asunto.

La tensión ha ido "in crescendo" y, a finales de noviembre, los jueces hablaban ya de la posibilidad de ir a una huelga, una medida sin precedentes en este colectivo, y que tendría lugar a principios del próximo año.

En medio de esta difícil situación ha aterrizado el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 20 miembros fueron renovados a finales de septiembre con dos años de retraso.

El nuevo órgano de gobierno de los jueces ya ha advertido a éstos que no va a tolerar situaciones de "dudosa" legalidad, como la huelga, ya que este colectivo no tiene reconocido este derecho, aunque tampoco lo tiene prohibido, un interesante dilema que, probablemente, le tocará dilucidar a 2009.

Fuente: elconfidencial.com

Leer Mas...

martes, diciembre 30, 2008

Santander: Hoy empieza a funcionar el Juzgado de Instrucción nº 5

El nuevo Juzgado de Instrucción número 5 de Santander atenderá unos 6.000 asuntos al año. Las instalaciones de este órgano judicial, que se convierte en el número 54 de Cantabria , se encuentran en el Palacio de Salesas, en Santander.


El Juzgado de Instrucción número 5 ha empezado a funcionar hoy y fue inaugurado por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla; y el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rubén López-Tamés, que sustituye estos días a César Tolosa.

López-Tamés destacó el "valor simbólico" de este juzgado, ya que es el primero que se pone en funcionamiento después de la asunción por parte de Cantabria de las transferencias relacionadas con la Justicia.

Por su parte, Mediavilla aseguró que espera que a lo largo de 2009, "antes de diciembre", comiencen a funcionar el quinto Juzgado de lo Penal en el partido judicial de Santander y el tercer Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Castro Urdiales.

"Nosotros intentaremos que su puesta en funcionamiento sea antes del mes de diciembre del próximo año. Vamos a hacer una petición al Ministerio de Justicia para ver si podemos adelantar la configuración de ambos órganos jurisdiccionales", aseveró Mediavilla.

El consejero de Justicia defendió que si Cantabria no hubiera asumido las competencias de Justicia, sólo se hubiera podido crear un órgano judicial el año próximo, en lugar de los dos que se habilitarán.

El nuevo juzgado atenderá un total de 6.000 asuntos al año. En 2007, último del que se disponen datos cerrados, los cuatro juzgados de Instrucción de Santander atendieron 25.817 asuntos, del total de 54.870 que e trataron en todo el partido judicial. En toda Cantabria , el año pasado se abordaron 98.946.

El presidente en funciones del TSJC se felicitó por la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado. En principio, se ha convocado concurso de traslados para que trabajen en él funcionarios de otros órganos judiciales.

Fuente: eldiariomontanes.es

Leer Mas...

Aumenta el malestar judicial contra Zapatero

Varios centenares de jueces de toda España se sumaron este fin de semana por medio de sus canales internos de comunicación en Internet a llevar a cabo medidas de protesta como la convocatoria de una huelga judicial tras las críticas vertidas por el Gobierno contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión de mantener la sanción de 1.500 euros al juez Tirado.


Fuentes judiciales precisaron que los jueces emplearon el foro interno de la página web www.poderjudicial.es, al que tienen acceso todos los miembros de la magistratura --tanto asociados como no asociados-- para manifestar su "gran enfado" por las declaraciones de Zapatero, que el viernes mostró su discrepancia "sería y profunda" contra la decisión del Pleno del CGPJ de mantener la multa económica contra Tirado por sus errores en el 'caso Mari Luz'.

De hecho, los comentarios y la participación de los jueces aumentaron considerablemente el viernes y el sábado "a raíz de las declaraciones de Zapatero", según las fuentes consultadas que detallaron como, entre las opiniones más comunes, se encontraban las "críticas ante la falta de medios en la Administración" y la acusación de que "el Gobierno está usando el tema Tirado para tapar las deficiencias en la Justicia".

"Los jueces hablan abiertamente de huelga además de otras medidas de presión", indicaron las mismas fuentes, que señalaron el "gran enfado" que existe en el sector. "No son reivindicaciones salariales, sino que tienen el objeto de forzar que el Gobierno acometa la renovación de la Justicia con seriedad", añadieron.

Además, otra de las opiniones vertidas en el foro de Internet es que "las críticas del Gobierno son una estrategia que busca en el fondo provocar a los jueces y forzar una huelga y así deslegitimar al CGPJ". "Los ciudadanos no entenderían una huelga de jueces y el Gobierno aprovecharía para intervenir con medidas destinadas a limitar el poder los jueces", apuntaron estas fuentes.

Asociaciones de jueces

Por su parte, las principales asociaciones de jueces, aunque se muestran más cautos a la hora de apoyar una huelga, no cierran del todo la puerta a esa posibilidad. "Si hay que llegar a una huelga, apoyaremos a la gente que crea que el único recurso es ejercer ese derecho", aseguró el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García.

"Declaraciones como las del presidente, la vicepresidenta, el ministro de Justicia o el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso no contribuyen a que los jueces se tranquilicen, existe un malestar que va creciendo", aseguró al tiempo que insistió en la opinión de que "cuando se dicen estas cosas, lo que se hace es abundar en la idea de que los jueces se sienten poco respetados por parte de otro de los poderes del Estado".

Reiteró que "este tipo de cosas desde luego lo que hacen es dar más munición a quienes creen que se han roto todos lo cauces de diálogo". "Nosotros estamos insistiendo en la idea de que vamos a intentar agotar todas las vías de diálogo con lealtad desde el respeto, ahora, desde luego que usaremos todas la vías de presión que están en nuestra mano para que nuestras reivindicaciones se vean satisfechas", zanjó.

Reunión en Madrid

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, anunció que el próximo día 12 de enero se celebrará en Madrid una reunión de la Comisión Interasociativa Permanente, compuesta por las cuatro principales asociaciones judiciales -APM, JpD, Asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJuI)-- donde se estudiará principalmente la postura a adoptar de cara a la huelga.

En ese sentido, Espinosa declaró que su asociación que este no es el momento para acudir a la huelga, aunque aseguró que jueces para la Democracia "reconoce el derecho de huelga de los jueces" ya que, según dijo, "la constitución lo único que prohíbe es pertenecer a partidos políticos y a sindicatos". "La huelga es la última medida de presión", insistió este portavoz quien no obstante aseguró que JpD no cierra la puerta a esta posibilidad al tiempo que admitió que los jueces no asociados sí se están mostrando ya proclives a una huelga.

El pasado 21 de noviembre, jueces de distintas localidades de España llevaron a cabo juntas en sus respectivos órganos judiciales y acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero y, al menos en Barcelona, Galicia o Ciudad Real los magistrados estudian la posibilidad de celebrar una jornada de huelga en el mes de febrero, mientras que la Junta Autonómica de Jueces de Murcia y Extremadura ya ha anunciado un paro para el 18 de febrero en protesta por la falta de medios en la Administración de Justicia.


Fuente: expansion.com

Leer Mas...

lunes, diciembre 29, 2008

Huelga Sevilla: Ya son más de 450 las actuaciones aplazadas

El dia 27 se cumplió un mes desde que los funcionarios de los cuatro juzgados de violencia sobre la mujer iniciaran su huelga en protesta por la escasa dotación que tendrá el nuevo órgano de guardia que comenzará a funcionar el uno de enero. Sin embargo pese a que los trabajadores (con excepción de los que están de servicios mínimos y de dos que no han secundado las movilizaciones) han protagonizado manifestaciones y realizado numerosas protestas, la situación sigue igual.


Ni la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en Justicia, ni los sindicatos convocantes, STAJ y CCOO, parecen dispuestos a cambiar de postura. ¿El resultado? Tras un mes de huelga, ya se han suspendido, según los cálculos de los sindicatos, más de 450 actuaciones. De ellas algo más de 50 eran juicios aunque la cifra es inferior a lo normal porque en estas fechas festivas suelen ponerse pocos señalamientos.

En cualquier caso, los sindicatos insisten en mantener su postura. El conflicto iniciado hace un mes se produce porque consideran que la dotación del nuevo juzgado de guardia específico de violencia de género, está infradotado respecto a los similares que se crean en otras ciudades como Barcelona.

Y es que mientras que para el órgano de Barcelona habrá diez funcionarios, el de Sevilla tendrá sólo cuatro. Por tanto tanto CCOO como STAJ han denunciado lo que consideran una discriminación del Gobierno central con respecto a Andalucía y Sevilla. Aunque los funcionarios dependen de la consejería de Justicia, es el Ministerio el que tienen que decidir aumentar esa dotación.

Sin embargo la Administración no ha cedido a estas presiones porque considera que no son necesarios más que cuatro funcionarios ya que (lo ha repetido en varias ocasiones la consejera Evangelina Naranjo) no es tanto el volumen de trabajo de estos juzgados.

Con esa situación los funcionarios siguen en huelga. Y como el paro supone una importante merma de los ingresos para los trabajadores, han abierto una «caja de resistencia». Esto es, una cuenta corriente en la que el resto de fu ncionarios judiciales puedan enviar su apoyo económico hasta que la Junta de Andalucía se siente a negociar.

El portavoz de STAJ, José Luis Fernández, insistía en que la huelga es indefinida hasta que la administración autonómica se avenga a negociar y aseguraba que, pese a que el nuevo juzgado de guardia debe comenzar a funcionar el próximo jueves, aún no se ha dictado la orden ministerial ni se ha decidido los funcionarios que se harán cargo del órgano. Será un juzgado de guardia que hará turnos de tres días. Es decir cada tres días le tocará esa guardia a uno de los cuatro que ahora funcionan en Sevilla. Ese jugado funcionará desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. «El problema de los juzgados de violencia de género es que todo lo que entra es urgente porque se está jugando con reacciones imprevisibles. Un juzgado no se puede arriesgar a dejar un tema para el día siguiente porque esa noche pueden asesinar a una mujer», indicó el portavoz de STAJ.

Fuente: abcdesevilla.es

Leer Mas...

Estados Unidos: El divorcio se convierte en cosa de ricos

El voto matrimonial promete amor "en las buenas y en las malas" y hasta la muerte, fórmula que se ha fortalecido en la actual situación de las potencias que más sufren la crisis porque divorciarse es un lujo. La economía hace estragos en la vida de miles de familias y este aspecto se ha convertido en otro de los asuntos que sumar a la larga lista de problemas que afrontan.


Sueldos congelados, casas devaluadas por las "hipotecas basura", y las cifras del desempleo creciendo mes a mes, han obligado a muchas parejas abolladas a posponer sus planes para desemparejarse. La opción es arreglar las desavenencias y, en caso de necesidad, acudir a psicólogos y consejeros matrimoniales.


Entre ellos, Phyllis Goldberg, socia fundadora del centro Her Mentor de Los Ángeles, una de las ciudades donde se ve cómo "el estrés financiero" hace estragos en la pareja. "La ansiedad y la preocupación subrayan en muchos casos los problemas preexistentes", dijo Goldbert. Sin embargo, muchos de los que se plantean divorciarse "no pueden permitírselo, principalmente porque comparten su economía. Además, si tienen niños el coste es mucho mayor", por lo que no les queda remedio más que seguir juntos.

La necesidad se nota

Todavía no hay datos globales para el 2008, pero sí estadísticas locales que ya revelan el descenso de demandas en los tribunales estadounidenses de Florida, California e Illinois. Según indica la página web especializada divorce360.com, los juzgados del condado de Fresno, en California, registraron en abril la tasa de divorcio más baja en los últimos cinco años, mientras que los de los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida, tuvieron hasta noviembre 1.600 casos menos que en 2007.

"Esto es algo que pasaba mucho antes y que vuelve a pasar, la gente descubre lo caro que es divorciarse y deciden seguir juntos", dijo la abogada Kelly Chang Rickert, especialista en derecho de familia en California. Recientemente Chang tuvo un caso en el cual el marido quería divorciarse, "pero cuando supo por cuánto le iba a salir me dijo que era más barato seguir casado". Y así fue.

Para la abogada "cada situación es diferente" y asegura que hay divorcios para todo el mundo "el juez tiene en cuenta las circunstancias de la pareja y si alguno de los dos se queda sin trabajo y tiene que pasar una pensión, puede suspenderla temporalmente". Lo cual no lo hace más fácil.

Posibles alternativas

Grosso modo, un juicio rápido, de no más de 5 horas, puede tener un costo de 1.900 dólares, más el acuerdo al que se llegue con la otra parte. Sin embargo, si la cosa se pone fea, la minuta del abogado va subiendo en función de lo que dure el juicio, a lo que habría que sumar el pago de 500 dólares por cada citación, 1.500 dólares por la documentación y otros tantos gastos imprevistos que podrían elevar la factura a más de 60.000 dólares.

Una cifra que para estar en tiempos de crisis suma muchos ceros y puede llevar a soluciones desesperadas, como la venta de la propia vivienda para pagar el proceso. Según recoge la página web divorce360.com, desde principios de año los profesionales del sector inmobiliario de todo el país han detectado un incremento en la venta de casas "por divorcio".

Pero esta solución no siempre es buena, dado que el desastroso estado del mercado inmobiliario ha tirado a la baja los precios de las casas, muchas de ellas ya hipotecadas. Pese a todas las dificultades, ante la desesperación que puede suponer en un momento como este "querer y no poder", la abogada Kelly Chang anima a sus clientes y afirma que "si casarse es maravilloso, divorciarse es veinte veces mejor".

Fuente: larioja.com

Leer Mas...

Denia: El Consell se compromete a arreglar todas las deficiencias del Palacio de Justicia

La Conselleria de Justicia está dispuesta a llevar a cabo los trabajos necesarios con el fin de paliar la infinidad de deficiencias y falta de seguridad que sufre el Palacio de Justicia de Denia. Fuentes del Gobierno valenciano confirmaron que está previsto mantener un encuentro con el juez decano de Denia después de la festividad de Reyes e iniciar "los trabajos que haga falta en los juzgados". Aunque también aseguraron que si no se había actuado antes es porque "desconocíamos muchas de las deficiencias existentes".


Desde Justicia también reconocieron que sólo hay una persona encargada del mantenimiento de los edificios de los juzgados de Gandia y Denia, "algo habitual", pero que ni los sindicatos, ni los jueces, ni los letrados llegan a entender muy bien.

Ahora, la Dirección General de Justicia no sólo está dispuesta a tomar cartas en el asunto y subsanar las deficiencias detectadas en el edificio sino que además se habilitará una segunda consulta para los forenses, quienes en la actualidad solo disponen de una.

También está previsto crear en el edificio una sala para las vídeo conferencias, pues ahora está ocupando un sala de vistas normal donde se celebran los juicios.

Los nuevos juzgados de Denia fueron inaugurados hace ocho años por el entonces conseller, Carlos González Cepeda, pero la falta de mantenimiento de las instalaciones, pese a los escritos y quejas de jueces, abogados y sindicatos, ha sido constante desde entonces.

En octubre aparecieron ratas en el edificio, pero es que además no existen ni armarios ni estanterías, por lo que los expedientes están archivados y amontonados en el suelo.

Los cuatro calabozos que hay en la parte de abajo del edificio para los detenidos carecen de cristal, pese a que el marco donde deben ir colocados está instalado desde hace ocho años y los cristales reposan en el archivo que está en el sótano de los juzgados, a la espera de ser colocados por alguien. Respecto a la seguridad, hay que destacar que las 14 cámaras de seguridad que hay en el exterior e interior no funcionan.

En la entrada a estos juzgados no hay ningún arco de seguridad para los que allí trabajan, con el consiguiente peligro que ello puede suponer.

Los urinarios de los baños de la primera planta de los juzgados están envueltos con bolsas de basura porque no se pueden utilizar, ya que no funcionan; los lavabos están inservibles por el óxido, y las llaves de paso del agua se han estropeado.

Además, según las quejas presentadas por los trabajadores, las puertas de los despachos están desencajadas, hay goteras y humedades, las manivelas que sirven para abrir y cerrar puertas están totalmente rotas, el mobiliario está destrozado y alrededor de unas 14 bombillas no funcionan.

Fuente: lasprovincias.es

Leer Mas...

domingo, diciembre 28, 2008

¡Feliz Día de los Inocentes!


Este año tenemos dos nuevas duendecillas para bailar con el duende mayor. Pincha sobre la imagen para verles bailar, o pincha aquí.
Especialmente dedicado a los compañeros de Madrid y de Sevilla.



Leer Mas...

sábado, diciembre 27, 2008

Sevilla: La huelga de los funcionarios de los JVSLM cumple un mes

La huelga que mantienen los trabajadores de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para reclamar "mejores condiciones laborales" ha cumplido un mes sin que Junta de Andalucía y sindicatos hayan acercado sus posturas en torno a las guardias establecidas para los citados juzgados a partir del próximo 1 de enero, de manera que desde el pasado 27 de noviembre han tenido que suspenderse cientos de actuaciones en tales órganos.


En este sentido, los trabajadores de los juzgados de Violencia tienen abierta una cuenta corriente que sirva de 'caja de resistencia' con el fin de que el resto de funcionarios judiciales puedan mostrar su apoyo a los compañeros en huelga, quienes continuarán con el paro "hasta que la Junta de Andalucía se siente a negociar".

Al hilo de ello, los sindicatos entienden que la Consejería de Justicia y Administración Pública "está negando el derecho a la negociación". Así las cosas, para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia de Andalucía (STAJ) la huelga "está suponiendo un importante sacrificio económico para los trabajadores y está provocando la total paralización de los asuntos en los juzgados de Violencia, donde sólo se están atendiendo las causas con detenidos y las solicitudes de órdenes de protección de las mujeres maltratadas".

Fuentes sindicales indicaron que Sevilla está "discriminada" por el hecho de que con una misma carga de trabajo la plantilla en Barcelona de los juzgados de Guardia en materia de violencia machista, que entrarán en funcionamiento el 1 de enero, será "más del doble" que la de Sevilla.

Por su parte, desde que comenzó la huelga, la Junta de Andalucía ha mantenido que las guardias establecidas para los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla son adecuadas, ya que, tal y como mantuvo a comienzos de diciembre la titular de Justicia, Evangelina Naranjo, sería "excesivo" poner a 40 funcionarios -la plantilla de los cuatro juzgados- de guardia permanente "para atender a una señora al día", pues, según precisó, los asuntos tramitados actualmente por los juzgados de instrucción fuera del horario actual de atención al público en los juzgados de Violencia sobre la Mujer --8, 30 horas a 13, 00 horas-- ascienden a 2, 4 al día.

Fuente: abcdesevilla.es

Leer Mas...

El 30 de diciembre empiezan a funcionar 133 nuevas unidades judiciales

El Ministerio de Justicia anunció que el próximo 30 de diciembre empezarán a funcionar 133 unidades judiciales, entre las que se incluyen juzgados dedicados exclusivamente a los asuntos sobre violencia doméstica. Las nuevas 133 unidades judiciales se unen a las 23 que el Ministerio de Justicia ya ha puesto en marcha a lo largo de este año.


Únicamente, en la localidad de Santa Cruz de Tenerife se retrasará, a petición del Gobierno canario, la puesta en marcha de los cuatro nuevos juzgados, que completan el total de los 160 nuevos órganos aprobados en la programación correspondiente al año 2008.

Con estos nuevos órganos, el Ministerio de Justicia continúa ajustando la planta judicial a las necesidades existentes y quiere dar una adecuada respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y eficaz.

Paralelamente, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo trabaja en importantes medidas organizativas y procesales para la próxima implantación de la Nueva Oficina Judicial, así como un nuevo diseño de la demarcación y planta judicial.

PLAN DE ALQUILER

La programación del Ministerio de Justicia para este año ha otorgado, de nuevo, una especial atención a la violencia de género, con la puesta en marcha el próximo día 30 de ocho nuevos juzgados de violencia sobre la mujer en las localidades de Cádiz, Gavá, Tarrasa, Lérida, Reus, Villarreal, Gandía y Leganés, que se suman al que ya funciona en Baracaldo.

Igualmente, destaca la creación de 15 nuevos juzgados de lo penal en Zaragoza, Orihuela, Benidorm, Almería, Córdoba, Málaga, Valladolid, Cuenca, Barcelona, Manresa, Castellón, Madrid (2), Móstoles y Lorca, algunos de estos ya en funcionamiento.

Asimismo, el departamento que dirige Fernández Bermejo manifiesta haber cumplido este año el compromiso del Gobierno con el Plan de medidas de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de septiembre de 2007.

Para ello, a lo largo de 2008 se han ido poniendo en marcha diez nuevos juzgados de primera instancia en aquellas ciudades donde la carga de trabajo lo justificaba, considerando el número total de asuntos por juzgado, y en especial, el número de procesos arrendaticios. Los diez nuevos juzgados de primera instancia se ubicaron en Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Hospitalet de Llobregat, Valencia y 6 en Madrid.

Fuente: EcoDiario.es

Leer Mas...

Madrid: La avalancha de embargos hipotecarios atasca los bancos y los tribunales


Cada día entran en los juzgados madrileños 17 peticiones de embargo de pisos por impago de la hipoteca. Pero los tribunales sólo son capaces de resolver 8 al día. El resto se acumula en los despachos, agravando el bloqueo de los juzgados de lo civil.


Los ingresos de ejecuciones hipotecarias o embargos en los tribunales de la región crecieron un 123,8% (más que duplicado) entre enero y septiembre de este año con respecto al mismo periodo de 2007, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En esos nueve meses entraron 4.201 embargos en los juzgados. La mayoría de las personas que perdieron su casa son "mileuristas, inmigrantes y parejas de 40 años que soportan otros préstamos además del de la vivienda", explican en la asociación de usuarios de bancos Adicae.

Pese al volumen de entrada, los tribunales han resuelto un 9,8% menos de ejecuciones hipotecarias que el año pasado. La consecuencia es que ahora hay 6.261 embargos pendientes de resolución, un 100,5% más que en 2008. Al ritmo actual, y si no entrara ninguna petición más, harían falta dos años y 52 días para solucionar el atasco.

El aluvión de embargos también salpica a los bancos. A los tres meses sin pagar la hipoteca el banco solía notificar el embargo de la casa, pero ahora tardan hasta cinco meses, porque "las entidades no dan abasto para quedarse con el piso de todos los clientes que le deben dinero", dice una portavoz de Adicae.

Además, "los bancos tampoco quieren convertirse en una inmobiliaria, prefieren esperar a que tengan dinero y cobrarlo antes que quitarles la casa".

La situación va a ir a peor. El CGPJ prevé que los embargos aumenten un 53% en 2009 y los sindicatos auguran un "año caótico, con un bloqueo total en la Justicia madrileña por culpa de la crisis".

Fuente: 20minutos.es

Leer Mas...

Com. Valenciana: Los concursos de acreedores se van a multiplicar por cinco

La sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados de la Comunidad, especialmente los mercantiles y los civiles, no tiene visos de amainar. Todo lo contrario. Los efectos de la crisis sobre los tribunales, en forma de más carga de asuntos, va a aumentar con el paso de los meses. Si el propio ministro Solbes ya reconoció sin tapujos hace algún tiempo que la crisis iba a ser "mucho peor" en 2009, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo lo propio con la que se le viene encima a la justicia.


Los concursos de acreedores (como ahora se llama a las suspensiones de pagos) presentados por las empresas ante los magistrados van a experimentar un aumento astronómico a lo largo del próximo año. Sólo en la provincia de Valencia, la cifra se va a multiplicar por cinco: de los 150 procesos concursales registrados en 2007 a los 537 que el CGPJ calcula que se darán en 2009.

Así lo aseguraron en Valencia el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. Ambos subrayaron las preocupantes cifras antes de ofrecer el que será el plan de choque previsto en la Comunidad contra esta situación. Básicamente, la creación de 17 juzgados mercantiles y civiles y la puesta en marcha de un servicio de información sobre las suspensiones de pagos. El objetivo, liberar a los funcionarios de los juzgados de la tarea de mantener al día a los afectados por los procesos concursales.

La estadística a nivel de la región no es más halagüeña. Si en 2007, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana contabilizó 232 concursos de acreedores, el año que viene se esperan 761.


El CGPJ, preocupado

"Nos preocupa", reconoció De Rosa. Sobre todo que esa cifra se sitúe peligrosamente cerca de las 537 suspensiones de pagos que se calculan para Madrid -con mucha más población- y que coloque a la Comunidad en el tercer escalón de las autonomías con más procesos concursales en 2009, sólo por detrás de la capital y Cataluña.

"No queremos que la justicia sea un obstáculo más a la salida de la crisis", aseguró el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

Los intentos para lograrlo comenzaron hace ya un mes, cuando se produjeron las primeras reuniones entre técnicos del CGPJ y la Conselleria de Justicia. Y los 16 nuevos juzgados (dos mercantiles y 14 de primera instancia) aprobados por el Ministerio de Justicia, y que la Generalitat pondrá en marcha entre este año y 2009, son el punto de partida desde el que la Administración pretende paliar los perniciosos efectos de las dificultades económicas en los tribunales.

El tercer juzgado mercantil de Valencia se pondrá en marcha el próximo mes de abril. El siguiente, con sede en Elche, aún no tiene fecha de entrada en funcionamiento. "Desde la Generalitat pedimos al Ministerio que entre también en funcionamiento en abril. El Consejo General del Poder Judicial ha tenido una respuesta muy rápida ante la crisis y esperamos la misma celeridad del Ministerio", insistió Sánchez de León.

La incidencia de la crisis también se ha dejado notar en los juzgados de primera instancia. Llama la atención que el volumen de asuntos recibidos por estos órganos en la Comunidad durante el primer semestre del año se haya incrementado un 19%. Pero la cifra no es nada comparado con el incremento de los juicios cambiarios, procesos encaminados a cobrar letras de cambio, pagarés o cheques impagados. Estos casos se han duplicado en los seis primeros meses de 2008, como reveló la consellera de Justicia.


Más magistrados

A esta avalancha de trabajo se pretende hacer frente con los ocho nuevos juzgados civiles que empezarán a trabajar en la región a finales de año, así como los seis previstos para 2009. Paula Sánchez también aprovechó para recordar al Gobierno la petición de ocho nuevas plazas de magistrados para las Audiencia de Valencia, Alicante y Castellón.

El tercer proyecto del plan de choque impulsado por la Conselleria y el Poder Judicial consiste en la creación de un servicio de información concursal. Con más de 700 casos de suspensiones de pagos previstos para 2009, y decenas de afectados en cada uno de ellos, el paso diario de interesados por el juzgado en busca de datos sobre el estado de su caso se presume interminable.

El servicio común de información pretende evitar que a la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados se sume la de mantener al día a los acreedores. Cuatro funcionarios integrarán este servicio y asumirán la información a los afectados de todos los procesos concursales en la Comunidad. De Rosa felicitó a la consellera por su "ímpetu y entrega" en un proyecto "pionero" en España.

Fuente: lasprovincias.es

Leer Mas...

viernes, diciembre 26, 2008

Bermejo sorprende al elegir a un "rara avis" para un alto cargo

Desde este martes -cuando prometió su cargo en presencia de su nuevo jefe- hay un psicólogo de carrera y profesión en las altas esferas del Ministerio de Justicia. En el mundillo político ha sorprendido la última decisión del ministro Mariano Fernández Bermejo, que se ha decantado por José Francisco García Gumiel como el nuevo director de su Gabinete, un cargo de máxima confianza.


Lo curioso del caso es que tradicionalmente ese puesto ha estado reservado a personas muy vinculadas al Derecho, dado el perfil que requiere. De hecho, la primera directora de Gabinete que se trajo Bermejo cuando en febrero de 2007 José Luis Rodríguez Zapatero le designó ministro era Ana María Ovejero, doctora en Derecho y especialista en Derecho Público. Inmediatamente antes que ella, en tiempos de Juan Fernando López Aguilar, el cargo lo ocupaba David Giménez Glück, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III.

Pero Fernández Bermejo ha decidido saltarse la norma no escrita e ir por otros derroteros. García Gumiel es, según el curriculum facilitado por el propio Ministerio de Justicia, licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Siempre ha trabajado como tal, bien para el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid o como asesor del gabinete técnico del Defensor del Menor Madrileño.

Curiosamente en este último puesto, al que llegó en 1999 y que abandonó este año, estuvo de alguna forma a las órdenes de los gobiernos regionales del PP, de Alberto Ruiz Gallardón primero y de Esperanza Aguirre después. Porque el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid es un cargo designado por el Parlamento madrileño a propuesta del partido mayoritario. Su último destino había sido el Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Al margen del tiempo que conserve el puesto (su antecesora le duró al ministro apenas 14 meses), su nombramiento ha sido comentado.

Fuente: elsemanaldigital.com

Leer Mas...

Baleares: Los tribunales emiten una media de 86,4 sentencias y 454 autos durante el tercer trimestre del año

Los tribunales de Baleares emitieron durante el tercer trimestre del año un total de 7.694 sentencias y 40.412 autos, lo que supone una media por órgano de 86,4 sentencias y 454 autos. La proporción establece que del total de sentencias emitidas el 34% pertenecen a los juzgados en materia Civil, mientras que el 66% restante corresponden a las secciones de lo Penal. Por su parte, en lo relativo a los autos, el 15% corresponde a lo Civil y el resto a los juzgados de lo Penal.


Así lo exponen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se exponen que de los 51 órganos de jurisdicción Civil de las islas se han emitido un total de 2.622 sentencias y 6,290 autos, es decir, que presentan una media por órgano de 51,53 y 123,3 resoluciones respectivamente.

Los juzgados de primera instancia son los que más resoluciones emiten desde los órganos de lo Civil con 1.108 sentencias y 4184 autos. Los juzgados de Familia y las Secciones Civiles también presentan mayor número de resoluciones.

No obstante, los tribunales con jurisdicción Penal son los que emiten la mayor parte de las resoluciones judiciales, con un total de 4206 sentencias y 33.926 autos para los 50 órganos competentes en esta materia.

La tasa establece un media de 84,12 sentencias por órgano, mientras que en el caso de los autos asciende a 678,52 por órgano. Finalmente la sección de lo Social emitió un total de 601 sentencias dentro de sus seis órganos, lo que supone una media de 100 resoluciones emitidas por cada uno.

Fuente: Libertad Balear

Leer Mas...

El CGPJ sanciona al juez Tirado con 1.500 euros de multa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó mantener su primera decisión e imponer finalmente una multa de 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado. Tras la reunión del Pleno, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dio a conocer la decisión e hizo especial hincapié en que la misma se adoptó por una amplia mayoría de los vocales del Consejo. En concreto, 14 votaron a favor de esta decisión y siete en contra.


El Pleno decidió sancionar el error por el que quedó en libertad el presunto asesino Del Valle con una multa de 1.500 euros al considerar que Tirado tan sólo incurrió en una falta grave -y no muy grave- de retraso injustificado por una desatención "leve" en la ejecución de los asuntos de sus juzgados.

De los siete vocales que votaron en contra, seis lo hicieron por entender que el juez Tirado incurrió en una falta muy grave y que se debería haber suspendido al magistrado.

Entre ellos, cinco -José Manuel Gómez Benitez, Ramon Camp, Almudena Lastra, Margarita Uría y la propia Bravo- querían que se sancionara a Tirado con la suspensión en sus funciones por un periodo de seis meses y con la perdida de destino, mientras que uno, el vocal Felix Azón, ponente del expediente disciplinario, abogó por imponerle una suspensión de dos meses.

Por otro lado, la vocal Concepción Espejel consideró que se debía estimar el recurso interpuesto por Tirado contra su sanción y retirarle la multa de 1.500 euros. Los otros 14 vocales, entre ellos el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, votaron a favor de mantener la multa.

Estos vocales, que, al ser mayoría, impusieron su decisión en el Pleno, consideraron que la falta cometida por Tirado sólo podía ser calificada como grave ya que no se habían apreciado retrasos en otras ejecutorias dentro de su juzgado.

La multa de 1.500 euros impuesta a Tirado contrasta con la sanción con la que fue castigada la secretaria judicial de su juzgado que, por decisión del Ministerio de Justicia, ha sido suspendida en sus funciones por un plazo de dos años.

DECISIÓN "AJUSTADA A DERECHO"

Bravo quiso dejar claro que la decisión adoptada no estuvo motivada por razones corporativistas, a pesar de que se da la paradoja de que cinco de los seis vocales que votaron a favor de aumentar la sanción son precisamente de extracción no judicial.

La portavoz aseguró que se ha adoptado la medida "más ajustada a derecho" porque, según dijo, por encima de consideraciones de otra índole, "está el principio de legalidad y de tipicidad".

Por último, señaló que no ha habido fractura dentro del Pleno del CGPJ porque "no había bloques" y recordó que la decisión adoptada hoy está "sujeta a revisión por el Tribunal Supremo a instancias del propio juez Tirado o del Ministerio Fiscal".

En las últimas horas antes de la celebración del Pleno se habían sucedido las reuniones entre los vocales en un intento de salvaguardar la unanimidad dentro del Consejo para sacar adelante una decisión tan sensible para la opinión pública.

En estos encuentros las discusiones se centraron entre aquellos que abogaban por mantener la primera sanción de 1.500 frente a los vocales que preferían calificar el error del juzgado de Sevilla como una falta muy grave y aumentar el castigo.

El Pleno tenía sobre la mesa dos recursos presentados contra la primera sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria al juez Tirado. Por un lado, el propio magistrado solicitó al órgano de gobierno de los jueces que revoque la sanción de 1.500 euros impuesta contra él; por otro, la Fiscalía pidió el aumento de esta sanción, al considerar los hechos "muy graves".

Con esta decisión el CGPJ quería resolver el asunto más sensible que tiene sobre la mesa antes de Navidad y distanciar la decisión sobre el juez Tirado de los demás temas candentes sobre los que deberá pronunciarse en los primeros días de 2009.

Fuente: discapnet.es

Leer Mas...

Castilla y León: El Gobierno ofrece 117 millones para transferir la Justicia y la Junta lo ve insuficiente

La negociación que Junta y Gobierno mantienen ya desde hace años para transferir las competencias en materia de Justicia ha dado en los últimos días un salto cualitativo. El estéril cruce de acusaciones institucional sobre la voluntad de asumir/transferir parece dar paso ahora a una incipiente negociación real, con dinero sobre la mesa. El Ministerio de Justicia ha comunicado al Ejecutivo regional una oferta concreta por el traspaso: 117 millones de euros.


Según fuentes del Ministerio de Justicia implicadas en la negociación del traspaso, la oferta ministerial contempla alrededor de 77,5 millones de euros para el capítulo I destinado al personal, 16 millones más para el gasto corriente, otros 7,5 millones para las trasferencias corrientes y casi 15 millones para el capítulo de inversiones.

Una oferta que, pese a incrementarse en 17 millones con respecto a la esbozada hace ahora 2 años y en 12 millones con respecto a la planteada en enero de este año, resulta "claramente insuficiente" para la Junta de Castilla y León que aún desconoce, incluso, el número exacto de funcionarios que le serán transferidos, según aseguran fuentes de la Consejería de Hacienda involucradas en la negociación del traspaso.

A pesar de que desde enero de 2007 hasta ahora se han celebrado varias reuniones con el Ministerio y de la Comisión Mixta de Transferencias, amén de un fluido intercambio de correos electrónicos entre las partes, la Junta asegura que aún no dispone de la suficiente información como para poder valorar la oferta de Justicia.

En el último de estos encuentros, celebrado el pasado 14 de julio, la Junta volvió a plantear al Ministerio cuestiones referidas al importe real de los costes de personal, a los acuerdos alcanzados con los funcionarios para desactivar la huelga, así como de las inversiones que es necesario afrontar para modernizar la administración de Justicia en Castilla y León.

Tras esa reunión, el Ministerio, el pasado mes de septiembre, remitió a la Junta cuatro ficheros Excel con miles de registros referidos a la nómina de los funcionarios del año 2007.

El 9 de diciembre un miembro de la Unidad de Apoyo del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el competente en materia de traspaso, remitió por correo electrónico al secretario de la Comisión Mixta de Transferencias otro fichero Excel que recogía distintos gastos de personal.

Fuentes del Ejecutivo regional aseguran que se trata de la nómina de 2007, actualizada con una subida del 2%, "que no aparece respaldada por ninguna documentación justificativa" y que tampoco parece recoger "el coste de los acuerdos firmados con los sindicatos tras la huelga".

Para colmo, "después de un primer análisis, resulta que en 2007 había menos personal que en 2005, algo difícilmente entendible y que obliga a examinar los datos en profundidad", aseguran fuentes de Hacienda.

En el capítulo de inversiones, que parece erigirse como la piedra angular de esta negociación, los 'avances' son similares. El Ministerio ha propuesto una metodología para calcular el coste efectivo del capítulo VI (incluida la financiación tanto de las obras en inmuebles como en nuevas tecnologías) en la que el importe que le correspondería a Castilla y León se calcula mediante la aplicación de ratios basada en el número de unidades judiciales que hay en la región en relación al gasto ejecutado a nivel nacional.

El Ministerio también se ha comprometido a hacer una "aportación adicional y única en el año del traspaso para cubrir el coste de la conservación ordinaria y la renovación de edificios", aunque esa cantidad no incluye ni las obras de adaptación al código técnico de Edificación y Accesibilidad, las obras de adaptación a la nueva oficina judicial ni la construcción de nuevas sedes.

En total, una oferta de 15 millones que, a pesar de no ser definitiva —fuentes del Ministerio aseguran que esta cifra podría reconsiderarse "en función de las obras que se acrediten como necesarias"— resulta "a todas luces insuficiente" para la Junta, que maneja informes en los que se apunta como necesaria una inversión de 12 millones de euros única y exclusivamente para adecuar los archivos judiciales.

"Sólo construir la Ciudad de la Justicia de Valladolid podría implicar una inversión cercana a los 20 millones", aseguran fuentes de Hacienda para cuestionar la 'cicatera' oferta ministerial.

El pasado 11 de diciembre, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, remitió una carta al secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, y al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena, en las que, tras reiterar "el interés de la Junta de Castilla y León en el traspaso de los medios de la Administración de Justicia", reitera la petición de reunión de dos de los cuatro grupos de trabajo creados para abordar esta negociación: Personal, Inversiones, Coste Efectivo e Informática.

Aunque se han celebrado reuniones de Personal e Inversiones, dos años después de iniciados los contactos, aún está por celebrar una primera reunión de los grupos de Coste Efectivo e Informática.

"Dado que se solicitó una reunión de los cuatro grupos y hasta la fecha únicamente se han reunido los grupos de gastos de personal e inversiones, te insto a que convoques los dos grupos de trabajo que faltan, como trámite imprescindible para continuar con la negociación de la transferencia de Justicia", concluye la consejera.

Fuente: elmundo.es

Leer Mas...

jueves, diciembre 25, 2008

¡FELIZ NAVIDAD!



Leer Mas...

miércoles, diciembre 24, 2008

Cantabria: Mediavilla hace un balance "positivo" de las transferencias de Justicia

El próximo día 2 de enero se cumplirá un año de la asunción efectiva de las transferencias de Justicia. El resultado ha sido «altamente positivo», a juicio del consejero del área, Vicente Mediavilla. «Se han puesto en marcha numerosos proyectos», precisó, cuyos beneficios ya han comenzado a percibir los profesionales de este ámbito y «pronto lo harán todos los ciudadanos».


El programa de reunificación de sedes judiciales, la modernización tecnológica y la mejora en la gestión son las «señas de identidad» de este proyecto global, cuyo objetivo, explicó Mediavilla, es lograr una «modernización real de la Administración de Justicia».

El responsable de Justicia reconoció que es un servicio público que «históricamente» ha sufrido malas dotaciones, por lo que la receta para mejorarlo implica, «trabajo, esfuerzo y la colaboración de todos los sectores involucrados». Sólo de este modo se podrá conseguir una mejora efectiva en relación a la Administración «heredada» del Ministerio hace ahora un año, aseguró.

En la asunción de las competencias se implicó a todos los sectores con presencia en este ámbito -colegios profesionales, Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Fiscalía Superior, profesionales del derecho-. Colaboración que se ha mantenido durante este año y que, desde la Consejería de Justicia, se consideran esencial de cara al futuro. Los órganos de colaboración creados sirven, especialmente, para «priorizar actuaciones y consensuar las puestas en marcha».

Mediavilla defendió la importancia de «sentarse en la sectoriales y reivindicar, no esperar sentados en Cantabria a lo que nos quieran dar».

Fuente: eldiariomontanes.es

Leer Mas...

Venezuela: Los tribunales de violencia a la mujer ya dictaron su primera condena


Menos de seis meses después de su puesta en funcionamiento, los tribunales especializados en violencia de género de Caracas ya dictaron su primera sentencia condenatoria contra un agresor de mujeres.


Marco Antonio Martínez, de 39 años de edad y nacido en Caracas, fue hallado culpable de violar a una muchacha de 19 años de edad, oriunda de Boconó (Trujillo), y se le aplicó la pena máxima que contempla la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo cual deberá pasar los próximos 15 años en la cárcel de El Rodeo II.

La decisión la adoptó el pasado 20 de noviembre la juez 2° de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer de la ciudad capital, Dougeli Antonieta Wagner, quien también lo inhabilitó políticamente y le ordenó participar, durante cinco años, en un programa de reorientación dirigido a modificar su conducta y a evitar que en el futuro reincida.

La información la suministró la vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, quien encabeza la Comisión encargada de poner en marcha los juzgados especiales creados por la Ley contra la Violencia de Género.

"Esta decisión es muy importante, pues se ve de manera ostensible la aplicación de la ley. Se están dando los primeros pasos para erradicar este flagelo", afirmó la miembro del máximo juzgado.

Justicia rápida

La magistrada destacó la celeridad con la que se tramitó el caso: Cuatro meses demoró el Poder Judicial en dictar su condena desde el momento en que se formuló la denuncia.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo pasado, cuando la víctima fue abordada por Martínez, quien se hizo pasar por un directivo de una empresa en la que ella estaba buscando trabajo y le dijo que la iba a entrevistar fuera de la sede de la compañía, ubicada en el bulevar de Sabana Grande.

Según se lee en el fallo de la juez Wagner, el condenado consiguió que la joven lo siguiera hasta un bar, donde le ofreció una bebida que contenía escopolamina (burundanga, droga que hace que la persona pierda su conciencia y haga todo lo que le manden). Acto seguido Martínez se llevó a su víctima hasta un hotel, donde abusó sexualmente de ella durante horas.

Ocurridos los hechos, la joven acudió el 21 de mayo hasta la División de Investigaciones de Protección en materia de Niño, Adolescente, Mujer y Familia de la policía científica, en compañía de una amiga, donde puso la denuncia y le practicaron las respectivas pruebas y exámenes psicológicos y toxicológicos.

Tras dos meses de investigaciones por parte de la policía y el Ministerio Público, el caso fue remitido a los tribunales en julio pasado.

La magistrada Jaimes aseguró que el tiempo promedio que deberían durar los juicios por malos tratos contra las mujeres es de un año. Aunque se mostró satisfecha con la manera como se tramitó esta causa, la miembro del TSJ admitió que los 29 juzgados especializados en violencia de género existentes son insuficientes y prometió que en 2009 se abrirán otros 20 en seis entidades del país.

Fuente: eluniversal.com

Leer Mas...

martes, diciembre 23, 2008

Lopez Aguilar comienza la campaña de las europeas haciendo pim pam pum contra la Justicia

Juan Fernando López Aguilar ya está en campaña. El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas ha comenzado su camino al Parlamento Europeo haciendo una serie de insinuaciones y demagogias improcedentes por parte de alguien que ha estado en el cargo de ministro de Justicia.


Las declaraciones fueron recogidas por elcomerciodigital.com:

-¿Es la situación de la Justicia española tan crítica como parece?

-El Gobierno quiere garantizar la modernización de la Administración a través de la implantación de una nueva organización de los recursos y con el establecimiento masivo de las herramientas de la comunicación. Todo eso comporta cambios no sólo organizativos sino también de actitud entre los distintos servidores de la Justicia. Los cuerpos de funcionarios tienen, sin duda, intereses legítimos que deben engranarse con el interés general, porque la política de Justicia no puede reducirse a satisfacer las demandas corporativas de los funcionarios, sino a atender a la demanda de los ciudadanos que han interiorizado sus derechos. Este esfuerzo requiere altura de miras y capacidad de sacrificio por parte de los trabajadores de la Justicia. Confío en el liderazgo del Gobierno para concitar esa suma de voluntades.

-¿Entendería una huelga de los jueces y magistrados?

-Los ciudadanos no podrían entenderla. Estamos hablando de funcionarios que deben velar por los derechos de la ciudadanía. Todo el mundo puede comprender que los intereses de los funcionarios son legítimos, pero no menos los derechos de los ciudadanos que quieren que la Administración de Justicia abra a las ocho de la mañana y trabaje ocho horas. Quieren que los juicios se celebren, que las notificaciones se transmitan electrónicamente y quieren que los funcionarios de Justicia hablen con ciudadanos, no están hablando con súbditos... Todo eso requiere inversiones y un gran liderazgo organizativo, pero también una actitud distinta.

-¿Es compatible ese escenario con la decisión del Gobierno de sacar la Justicia de los servicios básicos del sistema de financiación?

-La Justicia es una política pública caracterizada por su complejidad. Los ciudadanos quieren una respuesta, pero tienen derecho a saber que esa respuesta requiere la coordinación de muchos actores con lógicas distintas. En Justicia cada palo tiene que aguantar su vela. El Gobierno y las comunidades tienen que cooperar para organizar las estrategias plurianuales concurriendo en sus esfuerzos y programas presupuestarios. Sé que no es fácil, pero la Constitución impone sus reglas del juego.

Fuente: elcomerciodigital.com

Leer Mas...

lunes, diciembre 22, 2008

Barcelona: Los jueces culpan a la Generalitat del colapso de los juzgados mercantiles. STAJ convoca manifestación para el dia 30

Los titulares de los Juzgados Mercantiles de Barcelona acusaron a la Conselleria de Justicia de ser el "único responsable del colapso de estos juzgados" por la falta de previsión en la creación de nuevos órganos judiciales y en la eliminación de los refuerzos de plantilla de que gozaban cuatro de los seis juzgados. "El comportamiento de la Conselleria evidencia en estos momentos de grave situación económica que entre sus prioridades ni se encuentran las empresas en crisis ni los trabajadores despedidos de ellas", afirmaron los magistrados en un comunicado, en el que recordaron que son los responsables de tramitar más del 80 por ciento de los ERE de Cataluña.


Los jueces denunciaron en noviembre de 2007 "la grave situación y la falta de interés del Ministerio y la Conselleria de Justicia" en el funcionamiento de Juzgados Mercantiles, y ahora critican que se haya tardado más de un año en adoptar "alguna medida", como es la creación de dos nuevos Juzgados de esta jurisdicción.

Se trata de una medida que "llega tarde" y es insuficiente, pues se elaboró en base a las previsiones de 2007, "cuando todavía la situación económica no era tan grave", por lo que se han visto "ampliamente desbordadas". Actualmente, cada Juzgado Mercantil ingresa tres veces más asuntos de los que prevé el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recomienda 350.

"Eso supondría que para situarnos en niveles aceptables necesitaríamos doce nuevos juzgados y no dos", criticaron los magistrados, quienes, como el resto de personas al servicio de la Administración de Justicia, aseguran que tratan de evitar que "las insuficiencias personales y materiales" se trasladen a los trabajadores despedidos y a las empresas en crisis.

El CGPJ, "consciente de la gravedad de la situación económica", ha aprobado un plan urgente de medidas pero la Conselleria de Justicia "no solo no se ha comprometido formal y efectivamente con ninguna de ellas, sino que ha dejado sin efecto las escasas medidas de refuerzo" de que disponían cuatro de los seis Juzgados Mercantiles de Barcelona para poder cubrir así las necesidades de personal de los nuevos órganos judiciales.

Sin embargo, "los perjudicados nos seremos ni los jueces ni los funcionarios que trabajamos en ellos, sino que esa falta de compromiso afectará necesariamente y de forma inmediata a las empresas en concurso, a las entidades financieras acreedoras y a los trabajadores despedidos", concluyeron los magistrados.

MANIFESTACIONES POR LA FALTA DE MEDIOS

La falta de recursos y los recortes en el Registro Civil y en los Juzgados de Ejecutorias, así como en otros órganos "de vital importancia", unido al progresivo deterioro generalizado y a los sucesivos incumplimientos, es por lo que el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y el resto de sindicatos con representación del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña han convocado una manifestación para el 30 de enero.

Además, los 400 jueces y magistrados de órganos unipersonales de la provincia de Barcelona se reunirán el 21 de enero para decidir si realizan una huelga en febrero para protestar por los problemas de la Justicia.

Fuente: Hispanidad

Leer Mas...

Madrid: Granados se justifica diciendo que la "situación actual" le impide cumplir lo pactado

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, indica que la "situación actual" le impide cumplir con "los plazos pactados" hace un año con los sindicatos para aumentar las retribuciones de los trabajadores de la Administración de Justicia de la región y solucionar sus carencias. Granados respondió así, mediante una carta escrita de su puño y letra, al gestor procesal del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, Mariano Férnandez Heras, que le había enviado una misiva para mostrar su preocupación por el "incumplimiento" del acuerdo firmado por el anterior consejero de Justicia, Alfredo Prada.


"Querido Mariano. He leído atentamente tu carta y te aseguro que me sirve de mucho todo lo que me dices en ella. Entiende que la situación actual me impide, muy a mi pesar, cumplir con los plazos pactados. No obstante, me comprometo a negociar con los sindicatos fórmulas alternativas que hagan más fácil llegar a un acuerdo que interese a todas las partes. Estoy seguro que, con buena voluntad, lo podemos conseguir", escribió literalmente el consejero.

El funcionario explica en el escrito que le dirigió previamente, concretamente el 1 de diciembre, que la "insuficiencia" de medios personales y materiales con los que cuentan haría imposible el desarrollo de las funciones de juzgados y tribunales "de no ser por el voluntarismo que ponen todos los que a diario hacen que la máquina se ponga en marcha, jueces, abogados y funcionarios, que se enfrentan a la precariedad de los edificios, de los sistemas informáticos y a la ausencia de formación del personal interino, cada vez más numeroso".

"La nefasta gestión que desde el Ministerio de Justicia viene realizando el Sr. Fernández Bermejo ha llevado a la justicia española a una situación que hace unos meses era impensable, como las huelgas de secretarios judiciales, y lo que será una situación histórica como la posible huelga de jueces y magistrados", agregó.

No obstante, el gestor procesar indicó que la el "incumplimiento" del acuerdo retributivo suscrito con los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid hace un año es "la agresión más grave contra los intereses de los empleados públicos que se recuerda y que supondrá, no ya una congelación salarial, sino una rebaja de sueldo para los trabajadores".

"Nunca, en mis 21 años de Justicia percibí entre mis compañeros un sentimiento de tanta indignación ni una voluntad tan resuelta a la movilización frente a su decisión, como la que ahora estoy viviendo. En esto han conseguido ustedes igualar el despropósito del ministro de Justicia y, como él, pueden llevar la Justicia a situaciones impensables hace algún tiempo", continuó relatando Fernández Heras en su misiva dirigida al consejero.

En este sentido, destacó que los sindicatos están promoviendo asambleas de trabajadores para informarles de la situación, "y en ellas los funcionarios, sector tradicionalmente poco beligerante, claman a gritos por la huelga indefinida, en una situación que ni los más antiguos han conocido".

"La situación de la Administración de Justicia en Madrid es mucho más grave que en el resto del Estado, y no me imagino las consecuencias que podría tener su paralización durante semanas o meses; ni cómo se podría salir del atasco tras su solución de conflicto, con los limitadísimos medios de que disponemos", dijo.

Por último, el funcionario se despide dudando que su carta sea leída, pero recuerda que un día juró lealtad a su cargo, por lo que se ha sentido "moralmente obligado a escribirla" y a pedirle a Granados que reconsidera su decisión por el bien de la Justicia y del servicio público que ambos desempeñan.

EL ACUERDO DE HACE UN AÑO

El 11 de diciembre de 2007 se firmó un convenio que contemplaba una subida salarial de 450 euros de manera paulatina, es decir, 130 euros en 2008, otros 155 en 2009, 75 más en 2010 y 90 más en 2011. También se incluía un plan de choque para incrementar las plantillas de los Registros Civiles y los Juzgados de lo Penal, los más desbordados de Madrid. Prada se comprometió a que el acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 2008 y que el aumento retributivo se incluiría en la Ley de Presupuestos de 2009.

Hace unas semanas, el consejero anunció que el Gobierno regional no aplicará en 2009 y 2010 la subida salarial prometida debido a la crisis económica. No obstante, adelantó que la recibirán toda junta en 2011. Los funcionarios recibieron esta noticia como "un jarro de agua fría" y decidieron emprender una serie de movilizaciones para forzarle a cumplir lo prometido, denunciando que se escuden en "las limitaciones presupuestarias" para evitar el acuerdo.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se insiste en que desde 2003, cuando se transfirieron las competencias judiciales, la Comunidad ha subido el sueldo a los funcionarios entre un 29,5 por ciento y un 54,5 por ciento. Además, subrayan que los trabajadores cobran entre un 11,5 por ciento y un 29 por ciento más que los que dependen directamente del Estado en otras comunidades.

Fuente: Europa Press

Leer Mas...

Asturias: El Instituto de Medicina Legal estará finalizado a mediados de 2010

El Instituto de Medicina Legal estará finalizado en julio de 2010 si se cumplen los plazos para ejecutar las obras -de 19 meses y seis días- anunciados durante el acto de colocación de la primera piedra. «Estamos configurando, además de una instalación magnífica con una enorme ambición, un espacio urbano privilegiado», aseguró el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que asistió al acto, entre otras muchas autoridades, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau. Álvarez Areces calificó el proyecto, dotado con un presupuesto de 4 millones de euros, de «espectacular».


Ubicado en La Corredoria -sobre una parcela de 1.121,44 metros cuadrados cedida en 2003 por el Ayuntamiento de Oviedo-, el recinto tendrá una superficie de 3.362 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Las dimensiones del edificio contrastan con los 200 metros cuadrados que suman las diez dependencias ubicadas en el Palacio de Justicia en las que actualmente trabajan los profesionales.

El instituto, creado en 2002 para que los forenses trabajen bajo un mismo protocolo de actuación, contará con mejores instalaciones para desempeñar sus funciones: auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil realizando prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, dirigidas a determinar causas de muertes o lesiones y a evaluar daños.

Con la construcción del instituto, Oviedo se une a Zaragoza y Badajoz, las únicas ciudades en España que cuentan con sede propia.

El de Asturias tendrá 25 oficinas, zonas administrativa, laboratorios, salas de autopsia, biblioteca, sala de juntas y 20 plazas de garaje. «Los edificios de la nueva sede judicial de Villaviciosa, el Instituto de Medicina Legal y el nuevo Palacio de Justicia de Gijón, que se pone en marcha el próximo día 29, podemos decir que son tres elementos muy emblemáticos de lo que aspiramos sea la Administración de Justicia en Asturias», señaló Areces. El presidente enumeró después las inversiones que el Principado realizará en 2009 en Oviedo y anunció que desde que está al frente del gobierno regional se han destinado 674 millones a la capital.

Quejas de los vecinos

Algunos vecinos de La Corredoria recelan de la ubicación del instituto y estuvieron recogiendo firmas durante meses para frenar su construcción. No les gusta perder superficie verde ni el espacio que quedará entre sus ventanas y las del instituto. Además temen que el barrio se llene de coches fúnebres y que del edificio emanen malos olores por culpa de las incineraciones, lo que afectará a su calidad de vida.

Fuente: elcomerciodigital.com

Leer Mas...

domingo, diciembre 21, 2008

Sevilla: Sigue la huelga en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ya son más de 375 actos suspendidos

El coordinador del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Luis Fernández, explicó que la Consejería de Justicia y Administración Pública "está negando el derecho a la negociación", de manera que, tras una asamblea celebrada por los funcionarios de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, se ha acordado continuar con la huelga indefinida que comenzó el pasado 27 de noviembre.


Los trabajadores de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla han acordado abrir una cuenta corriente que sirva de "caja de resistencia" con el fin de que el resto de funcionarios judiciales puedan mostrar su apoyo a los compañeros en huelga, quienes continuarán con el paro "hasta que la Junta de Andalucía se siente a negociar"."Pedimos a los compañeros funcionarios que apoyen la caja de resistencia", añadió Fernández.

Los funcionarios de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer consideran que Sevilla está siendo discriminada en la dotación de personal que recibirá el juzgado de guardia que se creará en enero y en el que habrá cuatro funcionarios frente a los diez que trabajarán en el que se crea en Barcelona.

Ya se han suspendido 375 actuaciones, de las que 341 eran declaraciones de víctimas, imputados y testigos y el resto, juicios. STAJ insistió en que los datos que maneja la consejería sobre carga de trabajo son erróneos.

Fuente: diariodesevilla.es , abcdesevilla.es

Leer Mas...

Zamora: El presidente del TSJ espera que Bermejo "recapacite" para evitar la huelga de jueces

«Los jueces hemos levantado la voz, tras 30 años de trabajar en silencio, para decirle al Ejecutivo que ya está bien, que nuestro volumen de trabajo es superior al que puede afrontarse con un esfuerzo abnegado y con los medios que tenemos, que son del siglo XIX», impropios del XXI. El presidente del TSJ, José Luis Concepción, explicaba así la huelga de jueces, que secundarán los de Zamora el 18 de febrero.


Los magistrados y jueces, incluidos los de la provincia de Zamora paralizarán su actividad el 18 de febrero para exigir «trabajar con la misma dignidad, con los mismos medios que cualquier otro estamento del Estado; y que no se produzcan injerencias de otros estamentos» en sus funciones, explicó José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

El presidente del TSJ dijo confiar en que, a dos meses vista, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «recapacite porque sólo pedimos que en 2008 el juez tenga los medios» acordes con su tiempo para cumplir su función.

El magistrado, que se desplazó a Zamora para participar en los actos de la Jornada de Puertas Abiertas organizado en la Audiencia Provincial, denunció con firmeza que «el poder judicial es el más desprotegido de los tres -frente al Ejecutivo y el Legislativo-, la asignatura pendiente» del Estado. Asimismo, se decantó por la «revisión del Pacto por la Justicia de 2001 con seriedad», para que el Gobierno dote a los juzgados de medios suficientes para un ejercicio eficaz de la misma.

El magistrado pidió a Bermejo que tome en consideración unas reivindicaciones que van dirigidas «no a incrementar las retribuciones de los jueces», sino a mejorar el funcionamiento de los juzgados y la impartición de justicia a los ciudadanos.

A la pregunta de si se precisa un mayor número de jueces Concepción respondió que sí, pero apostilló que «más que un problema de jueces es un problema de medios». E implicó para su resolución a «partidos políticos, al Ejecutivo y Legislativo, a los que exigió «una concienciación para modernizar la Justicia», para otorgar a los juzgados «medios modernos, con los que se paliaría la situación» actual de atasco o exceso de volumen de trabajo que sufren y que impiden a sus titulares desarrollar con la suficiente dedicación su labor de instrucción y dictado de sentencias. Y reiteró que el destinatario final de sus exigencias son los ciudadanos que acuden a la Justicia para resolver sus problemas. Los jueces «reivindicamos mejoras continuamente para el ejercicio de nuestras funciones porque ello redundará en el ciudadano».

Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial que acudió a la Jornada, Miguel Collado, que participó en la Jornada de Puertas Abiertas, mantuvo una reunión con la Junta de Jueces de la provincia, donde los magistrados y jueces expusieron los términos del acuerdo alcanzado recientemente por el que aprobaron secundar el paro previsto para el 18 de febrero. Collado manifestó su deseo de que se alcance un acuerdo que impida el desarrollo de esa movilización, mientras que expresó el respaldo del Consejo General para poder propiciar el entendimiento entre Ejecutivo y jueces y conseguir las mejoras de medios materiales que exigen éstos.

«Queremos que los ciudadanos conozcan nuestras vicisitudes»

José Luis Concepción reconocía en Zamora la necesidad de aproximar la Justicia, el trabajo desarrollado por los jueces, a los ciudadanos, a quienes «no hemos sabido transmitir la labor que realizamos». Tras reseñar el «buen nivel» de los jueces y magistrados españoles en cuanto a «formación, eficacia, rendimiento y funcionamiento», admitía las negativas consecuencias del escaso contacto de este estamento del Estado con la sociedad, lo que ha impedido una mejor comprensión de las carencias y problemas que aquejan a los órganos judiciales.

Consecuentemente, subrayó la importancia de la Jornada de Puertas Abiertas, en este caso en la Audiencia Provincial de Zamora, que permiten al ciudadano «conocer nuestras vicisitudes y las dificultades que tenemos». Sólo así, con la consciencia de en qué circunstancias desempeñan su trabajo los jueces, «comprenderán mejor» su situación, concluyó.

El problema de los juzgados de Violencia de Género «precisa un plan global»

Otra de las exigencias que se puso de manifiesto fue la necesidad de que el Ministerio de Justicia elabore un plan global para los juzgados de Violencia de Género que permita resolver los casos que se denuncian en cada provincia sin que se produzca «el efecto rebote, la sobrecarga de trabajo».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, planteó esta actuación después de haber reprochado al Ministerio «los parches» al poner en marcha la Ley específica, que únicamente dejó en Valladolid un Juzgado exclusivo de Violencia de Género. En el resto de las provincias se atribuyó esa competencia a uno mixto, con lo que se ha producido un colapso en esos órganos, a los que se liberó de algunos procedimientos penales que han pasado a repartirse al resto de juzgados. «Se crearon con la intención de acabar con esa lacra social y no se si seremos capaces de lograrlo», indicó Concepción, dado el incremento de denuncias de maltrato y la escasez de medios para resolverlos. Burgos será la segunda provincia de la región que disponga de un Juzgado de Violencia de Género exclusivo, anunció el presidente del TSJ.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla, recordó su petición de uno exclusivo para Zamora porque la complejidad de «estos asuntos precisan de una especial sensibilidad para atender a las mujeres».

Como muestra de esa complejidad, Brualla se refirió al próximo cese del juez de Violencia de Género en Zamora, a su vez titular del número 5, que «se ha ido al Social agobiado», ya que los procedimientos por maltrato absorben la mayor parte del tiempo de trabajo y, cuando se produce una denuncia, «se paraliza, se suspenden juicios previstos para esa jornada o las declaraciones y comparecencias». En caso de que no se conceda este juzgado, la Audiencia de Zamora seguirá solicitando uno mixto que pueda descargar a los cinco restantes de la capital, que también sufren las consecuencias de que uno de ellos sea a la vez de lo Mercantil.

Fuente: laopiniondezamora.es

Leer Mas...

El juez decano de Córdoba: "Reduciremos los juicios, y esto en dos años revienta"

El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, ha amenazado con reducir a la mitad el número de señalamientos de juicios para el año 2009. "Lo urgente lo vamos a resolver siempre y no vamos a perjudicar al ciudadano en ese sentido, pero lo que sí que vamos a hacer es que, si ahora estamos señalando equis juicios para el año 2009, pues vamos a reducirlos a la mitad", ha afirmado Rabasa.


"Los que no se queden señalados, pues se quedarán pendientes para el año siguiente", ha añadido el juez decano de Córdoba, "y esto en dos años, permítaseme la expresión, revienta".

Las declaraciones de Rabasa se producen tras hacerse público el preámbulo de un informe elaborado por la cúpula de los jueces andaluces, que dicen soportar un déficit de 1.245 funcionarios en la región y en el que se acusa al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía de "incapacidad, improvisación y pasividad" ante la ralentización de las sustituciones de personal, además de enviar a interinos sin experiencia a puestos de responsabilidad. Las duras declaraciones de los jueces tienen lugar a menos de una semana de que el Consejo General del poder Judicial decida la sanción al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz.

"Desasistidos y desprovistos de los medios"

Rabasa también ha lamentado que los jueces están "francamente desasistidos y desprovistos de los medios necesarios para que la administración de justicia funcione de una forma idónea en un Estado social y democrático de derecho". El juez ha añadido que "sólo hay que darse un paseo por los juzgados para darse cuenta de que la justicia está desbordada". Los juzgados "requieren una reestructuración total", es preciso "más dinero, sin dinero no se puede hacer nada". Rabasa también ha reclamado "sistemas informáticos y medios modernos y adecuados para que la Justicia sea un servicio más ágil".

Fuente: elpais.com

Leer Mas...

Ecuador: Más juzgados para la Niñez y tribunales penales

Se crearán 40 juzgados en Ecuador para la Niñez y Adolescencia, pero también en materia penal se dará apertura a otros. Tales declaraciones las ofreció Gustavo Jalk, Ministro de Justicia. En materia penal manifestó que se entregó al Consejo Nacional de la Judicatura los fondos para crear 25 tribunales penales.

Los tribunales serán inicialmente temporales. Con funcionamiento de estos tribunales y una vez que se descongestione la carga, podrían continuar como tales o transformarse en salas de cortes superiores, donde hay escasez.

La construcción de estos penales serán en el 2009, incluso además de los dineros los concursos ya están listos, y se pretende que desde enero 2009 entren en funcionamiento.

También involucra la creación de Cortes Superiores de las provincias de Sta. Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Orellana, provincias nuevas que no cuentan con estas cortes. El proyecto costará 25 millones de dólares.


Nuevo Centro de Mediación

21 mediadores atenderán conflictos, salvo temas de derecho penal y de acción pública, en un nuevo Centro de Mediación. Gustavo Jalk, Ministro de Justicia, inauguró las oficinas. El Centro de Mediación, está en el edificio Menoscal oficina 205, segunda planta. Luego de la ceremonia, Jalk se trasladó al Centro de Post Grado de la Uleam, donde fue testigo de la incorporación de los 21 mediadores para la oficina local.

“Aportará y permitirá acceso a la justicia a todos los ciudadanos, y es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha propuesto mejorar los accesos en todo el Ecuador”.

Se busca diversificar la forma de resolver los conflictos que se dan en la sociedad, y para ello están aumentando el número de juzgados. La mediación es un proceso voluntario, al igual que el acuerdo final.

“Es importante contar con un número suficiente de juzgados, sobretodo en materias como de la Niñez y Adolescencia, unos de los más congestionados en el país”, explicó el alto funcionario de justicia.

Hay 44 juzgados y se crearán 40 más para la Niñez y Adolescencia, e igualmente en otras materias. Pero también es importante que se incremente todo lo que prevé la nueva constitución.

La justicia de paz tendrá una nueva ley con una nueva forma de solución de conflictos. De manera específica como lo señala la carta magna, utilizando métodos alternos a estos conflictos como la mediación y conciliación.

“Ahora con la Fundación Ad Litem hemos creado este Centro de Mediación en Manta, con un total de 20 en todo el territorio ecuatoriano, y seguiremos implementando este servicio”.

Consiste en capacitar a ciudadanos (as), para que presten sus servicios como mediadores y ayuden a la solución de conflictos que puedan permitir una solución rápida de problemáticas sociales.

La intención es que no todo se convierta en un largo proceso judicial, sino que se solucionen por medio del diálogo, esto es gracias al apoyo de Pro Justicia, Ministerio de Derechos Humanos y en convenio con Ad Litem.

Luego de recibir la asistencia por parte de los mediadores, sobre algún conflicto y de acuerdo con la ley: Los acuerdos voluntarios, unilaterales, confidenciales, y tendrán el mismo efecto de una sentencia ejecutorial.

Nace ante la necesidad de acercar la solución a los conflictos ciudadanos, de crear una cultura de paz, diálogo en la sociedad, que no todo sea litigio o se convierta en contencioso.

Existen muchos conflictos que pueden solucionarse con el diálogo, de manera rápida y con beneficios económicos, donde se apoya finalmente al apoyo de la justicia, quitándole gran cantidad de conflictos.

Un 70% de los casos podrá ser resuelto por los centros de mediación, y un 30% irán a un juicio, según expresiones de Jalk.

Costos

Raúl Tigua, encargado del Centro de Mediación, señaló que los costos por la asistencia jurídica y profesional, “serán económicos o relativamente bajos, y con la intención llegar a la clase más necesitada y pobre”.

La tarifa de iniciación es de 5 dólares, y los valores finales será de acuerdo al monto que se maneje en la mediación. Por ejemplo, un caso de mediación de alimentos, no costará más de 15 dólares, en el tiempo de 2 horas.

El Centro está capacidad de coger cualquier causa que no prohíba la ley, cuando no exista un grave interés comprometido. También dijo que los valores que se cobrarán, dentro de la medición, serán destinados a la sostenibilidad del centro y otro para cancelar los honorarios de los mediadores.


Abg. Jorge Bonilla, Mediador: “Es un gran paso para descongestionar la justicia…”

Es importante que Pro Justicia, el Ministerio de los Derechos Humanos y de Justicia, hayan tomado la iniciativa de abrir el centro de mediación, “permitirá un mayor acceso a la justicia”, dijo Jorge Bonilla. Bonilla es uno de los 21 mediadores que fueron incorporados oficialmente por Pro Justicia, y donde estuvo el Ministro de Justicia, Gustavo Jalk.

El profesional del derecho, y sus compañeros, estará a disposición de la institución de mediación, que se ubica en el edificio Menoscal. “Es un gran paso para descongestionar las justicia que hoy por hoy está abarrotada de casos”.

Con esta opción existirá la oportunidad de resolver muchos de los casos, mediante esta alternativa. Recordó que los acuerdos son voluntarios, unilaterales, confidenciales, y con efecto de una sentencia ejecutorial.

Fuente: El Mercurio

Leer Mas...

Los madrileños recurren más a los juzgados que los catalanes para resolver sus litigios

Los madrileños tienen más tendencia a resolver sus conflictos en los tribunales que los catalanes. Así se desprende de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas comunidades presentan ratios similares en sus tribunales, pero Cataluña es más extensa y más poblada que Madrid.


Por ello, ante unas cifras parecidas de asuntos ingresados en los tribunales —1.250.000 en Cataluña y 1.315.000 en Madrid—, la tasa de litigiosidad (número de asuntos por cada 1.000 habitantes) es muy superior en Madrid: del 216,3 frente al 173,4 en Cataluña. La comunidad que preside José Montilla se sitúa incluso por debajo de la media española, que es de 184,6.

De hecho, el porcentaje de asuntos que ingresan en los juzgados de ambas comunidades es similar. En Madrid entran el 15,9% del total de los asuntos que ingresan en los juzgados españoles, en Cataluña el 15,1%.

La situación de los juzgados es igual de buena, o mala, en ambas comunidades, que presentan ratios parecidos. Así, el numero de asuntos resueltos es similar (1.246.000 en Cataluña y 1.290.000 en Madrid), y el número de asuntos en trámite también (368.000 en Cataluña y 364.000 en Madrid). Por ello, la tasa de pendencia (asuntos pendientes de resolver) es muy similar (0,30 en Cataluña, 0,28 en Madrid), y lo mismo ocurre con la tasa de resolución (1 en Cataluña, 0,98 en Madrid). De hecho Cataluña es líder en este indicador, sólo igualada por otras dos comunidades: Andalucía y Asturias. La tasa de congestión de los juzgados en ambas comunidades es la misma, 1,29, que es exacta a la media española.

Pero donde hay diferencia es en la suspensión de juicios. Cataluña tiene un problema en este aspecto que repercute, y así lo reconoce el Tribunal Superior, en la imagen de la Justicia, además de comportar problemas logísticos, de pérdida de horas, e incluso económicos, ya que en ocasiones hay que pagar viajes o dietas a testigos, preparar conducciones de presos o adecuar salas de vistas.

En el porcentaje de juicios celebrados sobre el total de señalados, Cataluña pincha en casi todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en el ámbito Civil, se celebran el 69,4% de juicios señalados, el porcentaje más bajo de España, donde la media es del 74,5%, y muy por debajo de Madrid, que se sitúa en el 77,2%.

Los resultados son similares en los juzgados de lo Social. El porcentaje de juicios celebrados sobre los señalados es del 66% en Cataluña y del 69,9% en Madrid; y en los juzgados de lo Contencioso es del 84,1% en Cataluña y el 88% en Madrid. También en los asuntos penales de las audiencias provinciales la tasa es mejor en Madrid (81,6%) que en Cataluña (76,9%).

Excepciones

Las excepciones se producen en los juzgados de lo Penal, donde Cataluña presenta un porcentaje del 72,4% frente al 68,2% de Madrid, y en los juzgados de lo Mercantil, donde la tasa de celebración de juicios señalados es del 87,8% en Cataluña y del 82,5% en Madrid.

Curiosamente, los juzgados de lo Mercantil de Barcelona son los que registran un mayor volumen de concursos de acreedores de España. Según los datos de ingreso de 2007, en Cataluña se registraron 326 concursos de acreedores (la antigua suspensión de pagos) de los 1.411 registrados en toda España. En Madrid, fueron un total de 186 concursos de acreedores. No obstante, ante la gravedad de la crisis, los jueces de esta jurisdicción ya han alertado en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de que se acumulen retrasos si no disponen de más medios.

Fuente: gaceta.es

Leer Mas...

Cataluña: La consejera Tura invita a una "turronada" en horario laboral y STAJ dice NO

La consejera de justicia, Montserrat Tura, había invitado a todos los funcionarios judiciales de Cataluña, jueces, magistrados, fiscales, secretarios, secretarios de paz y médicos forenses a una turronada el pasado viernes, a la una de la tarde, en pleno horario laboral. La invitación fue cursada por correo electrónico y el personal que la ha recibido rondaba las 8.000 personas.


La cita era en el "magnífico vestíbulo" de la Ciudad de la Justicia, según explica la consejera en la invitación, y el objetivo del encuentro "conocer una parte de las instalaciones antes de que se abran al público y, de paso, gozar del cava y los turrones" en ese lugar.

La iniciativa provocó el rechazo de los sindicatos al coincidir en el tiempo con el anuncio del departamento de reducir el personal de refuerzo que está destinado en algunos de los juzgados más colapsados de Cataluña, como los juzgados de ejecutorias o los registros civiles. Los primeros tienen pendientes de ejecutar miles de sentencias firmes y en los segundos, los inmigrantes han de esperar hasta dos años para obtener la primera información sobre cómo han de iniciar los trámites para obtener la nacionalidad.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) difundió un comunicado en el que advierte de que "mayoritariamente los funcionarios han declinado la invitación ante la situación de crisis actual" y recuerdan a la consejera que "a esa hora en los juzgados y tribunales de Cataluña se está prestando servicio a los ciudadanos".

Una portavoz del departamento justificó la masiva invitación por la importancia de la Ciudad de la Justicia. "Es una oportunidad única para que la vea todo el mundo", dijo. La misma portavoz explicó que la turronada la paga un patrocinador cuya identidad no quiso revelar.

Fuente: elpais.com

Leer Mas...

Cantabria: Tolosa ve "complicado" que la nueva sede del TSJ esté terminada en esta legislatura

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha descartado que la nueva sede de este órgano, en el antiguo edificio de Tabacalera y convento de la Santa Cruz en Santander, esté finalizada esta legislatura. En concreto, ha admitido que «empieza a ser complicado» que la futura sede tanto del TSJC como de la Audiencia Provincial y la Fiscalía Superior de la Comunidad autónoma en este edificio de la calle Alta esté lista antes del año 2011.


Justificó el retraso aludiendo a los plazos de los instrumentos de planificación urbanística, como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander. Es más, afirmó que se «daría por satisfecho si el año que viene comenzaran las obras».

Respecto a los trabajos de mejora que se llevan a cabo en la actualidad en el recinto judicial de Las Salesas, Tolosa confió en que en marzo o abril de 2009 pueda realizarse el traslado a éste área de los juzgados que no tienen su actividad ahí.

Satisfacción

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria realizó estas afirmaciones durante un balance del año 2008 en el que se mostró su satisfacción porque los proyectos en materia de Justicia están «avanzados» en el primer año tras la asunción de las competencias por parte de Cantabria.

En relación al incremento de la actividad en el Juzgado de lo Mercantil de Santander ante el aumento de procedimientos concursales por la crisis económica, Tolosa consideró que este juzgado, que fue creado en el año 2004, nació «mal dotado», al no ser «exclusivamente» mercantil y tratar también asuntos civiles.

Según explicó, la plantilla está formada por seis funcionarios frente a los nueve que tienen el resto de juzgados, por lo que abogó por eximir a este órgano de los asuntos civiles y también por la ampliación de su personal.

En este sentido, Tolosa opinó que "no se puede hacer funcionar las instituciones a base del sobreesfuerzo de la gente", y elogió el trabajo tanto del juez y el secretario de este juzgado como de los funcionarios, que «trabajan en condiciones no adecuadas ni justas para su capacidad».

Fuente: ABC.es

Leer Mas...