El informe del TSJA sobre la cobertura de las bajas de los funcionarios de Justicia y las necesidades en materia de personal ha provocado diversas reacciones. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) considera que es "rotundamente falso" que los funcionarios destinados en los órganos judiciales incumplan el horario de trabajo. El sindicato recuerda que la jornada laboral está regulada por una orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública que "permite una flexibilidad horaria en la entrada y salida, pero siempre es obligatorio que en el cómputo semanal de la jornada se totalicen las 35 horas establecidas legalmente".STAJ subraya que el cumplimiento del horario está controlado por el sistema informático, que "contabiliza las horas realizadas por cada funcionario en su puesto de trabajo" y, en este sentido, "no consta que exista ningún expediente abierto contra ningún funcionario por incumplimiento de la jornada de trabajo". Es más, según STAJ, "son muchísimos los funcionarios que realizan muchas más horas de las debidas y por las que no se percibe ni un solo euro. Muchas de esas horas ni siquiera constan como realizadas, sencillamente porque el sistema informático se cierra a las 17:00 y no contabiliza las horas realizadas por encima de este horario".
El sindicato sostiene que el informe del TSJA, que acusaba a la Junta de "inhibirse" del control de los horarios, desconoce estos extremos precisamente porque "los secretarios judiciales no están en el juzgado diez horas al día para ver a qué hora entra o sale cada funcionario de su puesto de trabajo, pero las delegaciones provinciales de Justicia, que son las competentes, sí controlan el horario a través de los sistemas informáticos", concluyó STAJ.
Por su parte, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, culpó a los jueces de liderar una "aparente rebelión". Naranjo, que asistió en Madrid a la reunión convocada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, con los consejeros de Justicia autonómicos, afirmó que algunas declaraciones de jueces constituyen "amenazas que están rayando algunos mandatos constitucionales".
La consejera coincidió con el presidente del CGPJ en que hay que trabajar "por y para la pacificación", y, utilizando un símil evangélico, explicó que a veces resulta difícil seguir estas directrices "cuando ya no quedan más mejillas que poner, cuando ya no solamente hemos entregado la capa sino que voluntariamente también hemos entregado la túnica".
La titular andaluza de Justicia insistió en que, a pesar del "gran esfuerzo en materia de personal, infraestructuras o sistemas informáticos", la actual situación requiere "tomar otro tipo de actuaciones". Naranjo dijo que las diferentes partes implicadas en la mejora de la Justicia no deben "echarse las culpas" unas a otras y consideró que "algunos señores y señoras que ostentan el Poder Judicial deberían también reflexionar".
En el encuentro entre los titulares autonómicos de Justicia y el responsable del máximo órgano de gobierno de los jueces, Naranjo abogó por firmar un manifiesto conjunto entre de los tres poderes del Estado que venga a demostrar a los ciudadanos que los políticos y los órganos judiciales van a seguir "trabajando para mejorar la Administración de Justicia".
La consejera añadió que es necesario que la ciudadanía perciba que los poderes del Estado se mantienen "unidos y sin fisuras" ante la compleja situación que atraviesa la Administración de Justicia y que la sitúa como el servicio público que peor funciona según los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Fuente: diariodesevilla.es
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