La Junta de Extremadura confía en asumir las competencias de Justicia el 1 de enero de 2010, según anuncia el director general de Justicia e Interior, Rafael Sánchez Cuadrado, en la Comisión Parlamentaria de Administración Pública.
El Ejecutivo extremeño solicitó a mediados de noviembre el inicio de las negociaciones de las competencias de Justicia, que aparecen recogidas en el artículo 44.1.a del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según informa la agencia Efe. Este artículo establece que corresponde a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales del Estado, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la nación. Con este traspaso y tras 25 años de autogobierno, se culminaría el proceso de transferencias de las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía.
Sánchez Cuadrado se muestra convencido de que habrá plena colaboración del Ministerio de Justicia y de toda la organización judicial extremeña, empezando por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Fiscalía Superior.
Para articular la necesaria colaboración con todos los sectores afectados, el director general se ha dirigido ya a estos órganos, así como a los decanos de los colegios provinciales de abogados y procuradores y de la Facultad de Derecho, a los representantes de asociaciones de jueces y secretarios judiciales y a las centrales sindicales más representativas en el sector.
Todos ellos, según Sánchez Cuadrado, han acogido "con responsabilidad y voluntad de colaboración" el ofrecimiento realizado, que el director general ha hecho extensivo a los dos grupos políticos de la Asamblea de Extremadura.
Tanto Sánchez Cuadrado como los portavoces del PSOE y del PP en la Comisión de Administración Pública, Estanislao Martín y Antonio Quintana, subrayan su disposición a cooperar para que las transferencias lleguen en las mejores condiciones posibles y con la dotación económica suficiente.
En este sentido, el director general indica que la dotación económica tendrá que ser superior al presupuesto que destina actualmente el Ministerio a la Administración de Justicia en la comunidad extremeña, porque el objetivo final del traspaso es lograr una mejora sustancial del servicio judicial en la región.
Fuente: elperiodicodeextremadura.com
El Ejecutivo extremeño solicitó a mediados de noviembre el inicio de las negociaciones de las competencias de Justicia, que aparecen recogidas en el artículo 44.1.a del Estatuto de Autonomía de Extremadura, según informa la agencia Efe. Este artículo establece que corresponde a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales del Estado, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la nación. Con este traspaso y tras 25 años de autogobierno, se culminaría el proceso de transferencias de las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía.
Sánchez Cuadrado se muestra convencido de que habrá plena colaboración del Ministerio de Justicia y de toda la organización judicial extremeña, empezando por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Fiscalía Superior.
Para articular la necesaria colaboración con todos los sectores afectados, el director general se ha dirigido ya a estos órganos, así como a los decanos de los colegios provinciales de abogados y procuradores y de la Facultad de Derecho, a los representantes de asociaciones de jueces y secretarios judiciales y a las centrales sindicales más representativas en el sector.
Todos ellos, según Sánchez Cuadrado, han acogido "con responsabilidad y voluntad de colaboración" el ofrecimiento realizado, que el director general ha hecho extensivo a los dos grupos políticos de la Asamblea de Extremadura.
Tanto Sánchez Cuadrado como los portavoces del PSOE y del PP en la Comisión de Administración Pública, Estanislao Martín y Antonio Quintana, subrayan su disposición a cooperar para que las transferencias lleguen en las mejores condiciones posibles y con la dotación económica suficiente.
En este sentido, el director general indica que la dotación económica tendrá que ser superior al presupuesto que destina actualmente el Ministerio a la Administración de Justicia en la comunidad extremeña, porque el objetivo final del traspaso es lograr una mejora sustancial del servicio judicial en la región.
Fuente: elperiodicodeextremadura.com
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