viernes, octubre 31, 2008

La Rioja: Fiscal sancionado por decir "la negra huele mal"

El fiscal Eduardo Peña, adscrito a la Fiscalía Superior de La Rioja, ha sido sancionado por una falta leve después de tratar desconsideradamente a una mujer nigeriana. Antes de que la mujer, que iba a ser juzgada junto a su pareja por un delito de violencia mutua en el ámbito familiar, entrase en la sala, el fiscal indicó a la juez y los abogados presentes: «Abrid las ventanas que la negra huele mal».


Los hechos se produjeron el pasado siete de octubre, horas antes de que toda la magistratura celebrase el tradicional acto de Apertura del Año Judicial. Esto provocó que la noticia corriese de corrillo en corrillo durante el ágape posterior al evento.

Ese día, el letrado de la aludida elevó una denuncia formal por el comentario, que consideró racista, y la Fiscalía Superior de La Rioja comenzó a tramitar las diligencias para aclarar lo sucedido en la sala de vistas. Las pesquisas se cerraron la pasada semana.

Tras tomar declaración tanto a los letrados como a la magistrada y al propio fiscal implicado, la Fiscalía Superior de La Rioja ha considerado que las palabras de Peña suponen una falta leve por desconsideración hacia una usuaria de la Justicia.

Al tratarse de una falta leve, la Fiscalía ha sido la encargada de sancionar mediante una advertencia, que va a constar en el expediente personal del fiscal Peña, aunque ésta no conlleva ni multa ni otro castigo.

En el caso de que las palabras del responsable de la acusación pública hubiesen sido consideradas graves, la potestad sancionadora hubiera recaído en la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido.

La amonestación dirigida contra Eduardo Peña sirve como aviso para que, en el futuro, se abstenga de hacer comentarios que puedan resultar desconsiderados hacia los ciudadanos, magistrados o compañeros de profesión.

Si se repitiese la situación, la calificación de la siguiente falta podría ser de grave a muy grave, con las consiguientes sanciones que conllevan, entre ellas económicas o, incluso, de separación de servicio.

Las declaraciones, según trabajadores de la Administración de Justicia en La Rioja, se produjeron momentos antes de comenzar el juicio rápido por la agresión mutua entre una pareja de subsaharianos.

Cuando los togados ya se encontraban en la sala de vistas, el fiscal lanzó esa frase ante el estupor de sus compañeros. En ese momento, la mujer aludida estaba esperando en los pasillos del Palacio de Justicia por lo que no escuchó nada. El incidente no trastocó el orden del día y el juicio por un supuesto delito de agresión mutua se celebró esa mañana. La nigeriana y su esposo, de origen maliense, decidieron retirar las acusaciones y quedaron en libertad.

Antes de la vista, la mujer había permanecido 48 horas en los calabozos de la Policía Nacional de Logroño, cuyo pésimo estado de mantenimiento ha sido denunciado en ocasiones anteriores.

Tras la sanción impuesta al fiscal, éste cuenta con un mes de plazo para recurrir el caso y que se retire la sanción. Se trata de la primera vez en al menos dos décadas que un fiscal es expedientado en La Rioja por problemas derivados de su labor judicial.

Fuente: eldiariomontanes.es

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jueves, octubre 30, 2008

"Guerra judicial": Los jueces animan a los ciudadanos a exigir indemnizaciones al Gobierno por el deficiente funcionamiento de la Justicia


Continúa la 'guerra judicial' contra el Gobierno. Esta vez se ha podido conocer un cartel que forma parte de la campaña de muchos jueces contra el ministro de Justicia. Según se puede observar en la imagen, el cartel, en Din A3 para que se vea bien, no tiene desperdicio.


Esto es lo que pone en el mencionado cartel, colocado por orden del juez en la puerta de su Juzgado de Instrucción en Madrid: "Los retrasos debidos a las deficiencias estructurales de las administración de Justicia son contrarios al derecho fundamental de tutela efectiva, como ha declarado el Tribunal Constitucional en Sentencia 93/08, de 28 de Julio".

Por tanto, según informa el juez al justiciable, “que se trata de un deficiente funcionamiento de la administración de justicia que PUEDE Y DEBE DAR LUGAR A LA OPORTUNA INDEMNIZACIÓN, a cuyo efecto se facilitará a cuantos los soliciten información ampliada en este Juzgado, para poder entablar la oportuna reclamación” (sic).

Lean el texto íntegro de la ‘nota informativa’ colocada por el juez en la puerta de su juzgado correspondiente:

“1º.- Se está dando fecha de juicio para dentro de varias semanas o meses debido al exceso de trabajo que padecemos, motivado por la insuficiencia de los Juzgados existentes para atender todos los señalamientos.

“2º.- Cada día se están señalando siete u ocho juicios para que esa dilación de varios meses en la agenda de señalamientos no sea todavía mayor. Por eso se ruega comprensión si su juicio se retrasa unos minutos o incluso horas, aunque esto último no sucede prácticamente nunca. Piense que si no se aprietan los señalamientos cada día y en lugar de señalar siete u ocho asuntos diarios se señalasen cuatro o cinco, el suyo podría tener lugar dentro de un año o más.

3º.- Su asunto no es el único que lleva este Juzgado, sino que es uno de los aproximadamente 1.500 asuntos que entran CADA AÑO, a los que habría que añadir los aún vigentes de años anteriores. Téngalo en cuenta antes de solicitar dedicación especial a su asunto.


“4º.- Ante tal volumen de asuntos, en una jornada diaria de ocho horas el Juez tendría tan sólo entre 90 y 100 minutos para resolver cada asunto (!!!) y entre ellos el suyo. Es decir, su asunto tiene un límite de 1 hora y 40 minutos de media para:

- Leerse el pleito (demanda, contestación, documentos, oficios, restante prueba, etc.)

- Estudiar la grabación de la vista.

- Revisar las notas tomadas durante el juicio.

- Estudiar las Leyes y Jurisprudencia sobre su caso.

- Redactar la sentencia.

- Corregirla.

- Imprimirla.

- Introducirla en la aplicación informática para que quede registrada.

“Evidentemente para ampliar tan ridículo tiempo a cada asunto el Juez se ve obligado a multiplicar su jornada laboral mucho más de esas 8 horas diarias, sacrificando especialmente su vida familiar. Espero que tenga en cuenta esta circunstancia antes de entrar en este Juzgado de malas maneras o con impaciencia.

“5º.- Esta situación también afecta a la oficina judicial, que se ve desbordada con el manejo de tantos asuntos y de los miles de escritos a los que debe hacer frente. Su colaboración a través de su Abogado y/o Procurador resulta imprescindible.

“6º.- Consecuencia de todo lo dicho, el nivel de productividad de este Juzgado, según el último certificado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es del 158%. Es decir: hacemos un 58% más del trabajo que se nos tiene encomendado con los medios que tenemos, que son muy escasos. A ese nivel de productividad llegamos con un importantísimo sobreesfuerzo personal, porque la carencia de Juzgados y medios es ya un mal endémico. Ruego tenga esto en cuenta antes de dar por buena esa campaña interesada que pretende mostrarnos ante la opinión pública como vagos, para así distraer la atención respecto a los auténticamente responsables. Y ruego tenga esto en cuenta también de cara al trato con los funcionarios que atienden este Juzgado.

“7º.- La creación de nuevos Juzgados que alivien esta situación es competencia del Ministerio de Justicia y no del Magistrado o del Secretario que sirven aquí (qué más quisiéramos).

“8º.- Los retrasos debidos a las deficiencias estructurales de las administración de Justicia son contrarios al derecho fundamental de tutela efectiva, como ha declarado el Tribunal Constitucional en Sentencia 93/08, de 28 de Julio.

“9º.- Que se trata de un deficiente funcionamiento de la administración de justicia que PUEDE Y DEBE DAR LUGAR A LA OPORTUNA INDEMNIZACIÓN, a cuyo efecto se facilitará a cuantos los soliciten información ampliada en este Juzgado, para poder entablar la oportuna reclamación.

“10º.- Espero que después de haber leído esto tenga más sentido común que todos esos que para escurrir el bulto nos tachan de corporativistas”.

Fuente: diariocritico.com

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Cataluña: Alegret denuncia que el 40% de los funcionarios de los juzgados son interinos

La presidenta de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugenia Alegret, ha denunciado que el 40% de los funcionarios de los juzgados catalanes son interinos ya que desde el 2003 el Ministerio de Justicia no ha finalizado ningún proceso de selección. Alegret ha efectuado esta denuncia en Lérida, donde se ha celebrado una reunión de la sala de gobierno para analizar con los representantes del ámbito judicial de la demarcación la problemática de los órganos judiciales leridanos.


La presidenta ha concretado que este porcentaje del 40% de personal interino en algunos juzgados es hasta del 80%, lo que puede conllevar que haya "errores" como el del caso Mari Luz. "Hay juzgados en que el 80% del personal es interino, que son trabajadores que le ponen mucha voluntad pero que no tienen la formación necesaria ni los conocimientos mínimos procesales para llevar una oficina judicial, de manera que muchos no saben lo que tienen entre manos. En situaciones así es muy probable que se produzcan errores", ha advertido.

Alegret ha explicado que esta situación es especialmente grave en los juzgados penales, ya que a la falta de una plantilla suficiente se ha de sumar el incremento de los casos y, sobre todo, de las resoluciones ejecutorias debido al aumento de los delitos relacionados con el tráfico y la seguridad viaria. "Muchos juzgados penales catalanes tienen problemas serios de funcionamiento. Se está intentando poner refuerzos pero estos no son suficientes. Nosotros hace un año, antes de que pasara lo del caso Mari Luz, ya propusimos un plan de medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados penales, pero no tenemos recursos para tirarlo adelante", ha dicho.

En este sentido, ha concretado que en la memoria del 2007 el TSJC estableció que en Cataluña hacían falta un total de 88 juzgados nuevos para hacer frente a la situación actual, de los cuales 55 eran preferentes y 33 muy urgentes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha aprobado sólo 20 para el año 2009. Por otro lado, en cuanto a la polémica sobre el uso del catalán en los juzgados, Alegret ha explicado que hay un acuerdo tácito de que los jueces se tienen que amoldar a lo que pidan los usuarios de la justicia, ya que estos deben poder hacer uso de su derecho a expresarse en catalán y es el juez el que, si no lo entiende, debe recurrir a un traductor.

Sin embargo, Alegret aboga por que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial ya que su artículo 231 deja a la discreción del juez la elección del idioma en el que se va a desarrollar un juicio.

Fuente: lavanguardia.es

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Melilla: Los juzgados trabajarán con el sistema informático Minerva

Melilla será una de las autonomías en las que se aplique el sistema informático Minerva, ideado para potenciar la comunicación entre juzgados y evitar que se repitan casos como el de Mari Luz Cortés. Aunque no existe una fecha determinada, se prevé que los Juzgados de la ciudad, que actualmente trabajan con el programa Libra, lo cambiarán por el Minerva.


Desde la institución se considera un adelanto, ya que según informó el magistrado-juez-decano de los Juzgados y Tribunales de la ciudad, Lorenzo Pérez, “es una forma de centralizar todos los mecanismos informáticos y los medios personales y materiales” para que pueda funcionar la futura oficina judicial. De ahí que afirmase que se trata de “un paso más” hasta llegar a la instauración de dicho servicio, que supone a su vez una reforma de leyes procesales, por lo que es un avance en lo que a medios materiales se refiere.

En cuanto a la diferencia entre ambos programas, Pérez explicó que mientras el actual se utiliza para tramitar sentencias y procedimientos abiertos, entre otras cuestiones; el nuevo está pensado para que los juzgados tengan un mayor control sobre las ejecutorias penales. Así, cuenta con un sistema de alarma que, de forma automática avisa si hay una persona en busca y captura. También informa sobre los plazos para recurrir una sentencia, por ejemplo.

Teniendo en cuenta esto, el magistrado-juez-decano de los Juzgados y Tribunales de Melilla señaló que con esta aplicación se les facilitará el trabajo diario a los funcionarios, lo que desde su punto de vista, repercutirá favorablemente en el resultado. En este sentido afirmó que realizarán sus funciones con más seguridad, “lo que se traduce en eficacia”, puntualizó. Así, manifestó que en Melilla, a priori, se confía en que sea una mejora. No obstante, insistió en que no sabe exactamente cuándo se va a instalar “porque llevará su tiempo”.

En algunas autonomías

Este sistema informático se aplicará en todo lo que se denomina ‘territorio del Ministerio de Justicia’, es decir, aquellas autonomías cuya competencia pertenece al Estado como son Ceuta, La Rioja, Asturias y Murcia, entre otras. En esta última lleva funcionando desde hace unas dos semanas, y es la primera donde se ha implantado. Así, los 142 funcionarios que trabajan en los cinco juzgados de lo Penal de la capital, en los ocho juzgados de instrucción y el decanato, ya lo utilizan.

Fuente: elfarodigital.es

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miércoles, octubre 29, 2008

"Guerra judicial": Los comentarios de los jueces en la intranet (segunda parte)


Finalizamos con esta segunda parte los post que los jueces de toda España han colocado en la intranet del CGPJ. Ya se habla abiertamente de huelga, se inflaman los ánimos con textos de Gabriel Celaya y de Lope de Vega o con gestas históricas como el desastre de Cavite (Filipinas). El ‘Movimiento 8 de octubre’ está tomando forma.

A las 21.21 horas de ese mismo 8 de octubre ya eran 150 los jueces que se habían interconectado a través de la intranet del CGPJ y que habían decidido “levantar la cabeza del expediente de turno y decir ‘en voz alta’ lo que hace tiempo que pensamos y sólo comentamos en la intimidad”, según relataba T. G. Una juez, María I. se llevaba una gran sorpresa a las 22.47 de ese mismo día: “Enciendo el ordenador para ponerme a trabajar, como casi todos los días a estas horas, y me encuentro con esta maravillosa sorpresa. ¡Hay vida en la Carrera, después de todo!”.

Sí, pero la ‘vida en la Carrera’ se había revolucionado.

Durante dos días, la intranet judicial echa humo: las adhesiones se suceden. A. T. A. echa mano de una apocalíptica frase de Concepción Arenal para caldear los ánimos: “¡Desdichado pueblo en que la última de las necesidades es la Justicia! Ella cobrará en lágrimas y sangre el terrible rédito de las sumas que le han denegado (…) Ojala que el espíritu del 8 de octubre sirva para transmitir esto a la sociedad. Yo siempre incondicional para ello”. Desde Fuenteobejuna se podía leer: “Os digo lo mismo: TODOS A UNA. Olvidemos, al menos en esta ocasión, las discrepancias entre las asociaciones. Dejémoslas a un lado”.

“Rafael [Tirado] es una buenísima persona”

As las 18.59 horas de ese viernes, el juez F. J. P. iba un poco más lejos: “Es imprescindible articular la ilusión y fuerza de este movimiento espontáneo hacia la UNIDAD. Dicha UNIDAD pasaría por la DISOLUCIÓN POR FUSIÓN GENEROSA de las asociaciones que sinceramente persigan -y no sólo se limiten a invocar- dicho propósito, seguida de la masiva afiliación de los que así lo sientan”. Ilustraba su comentario con una “Carta abierta sobre Rafael Tirado”, en la que reivindicaba al polémico juez del ‘caso Mari Luz’: “La opinión pública desconoce que Rafael ha recibido numerosos premios y reconocimientos de Asociaciones de mujeres maltratadas y víctimas de delitos sexuales por su trato, profesional pero sobre todo humano, porque Rafael es una buenísima persona, basta con mirarle a la cara para comprobarlo”.

Alegaba también este juez: “Por cierto, abro un paréntesis: ¿cuántos sabríais decirme el nombre del asesino? Pero sin embargo ¿qué porcentaje de la opinión pública conoce el nombre de Rafael Tirado? Así es este país miserable, que nos ensañamos con la víctima y no con el culpable”.


“Porque vivimos a golpes…”

Clara E. B. llama a la revuelta rescatando a Gabriel Celaya: "Porque vivimos a golpes, / porque apenas si nos dejan / decir que somos quien somos / Nuestro silencio no puede ser sin pecado un adorno. / Estamos tocando fondo / Estamos tocando fondo".

A José María P. no le gustan ni los políticos ni los periodistas ni el CGPJ…: “A los que desdeñáis, como yo, la baja política y el periodismo sumiso de cualquier signo; a los que no creéis, como yo, en el Consejo General del Poder Judicial; a los que dudáis, como yo -un asociado más-, de ciertas prácticas de las Asociaciones Judiciales; a los que habéis escrito antes y escribiréis después que yo en este foro; a todos os pido, y me pido a mí mismo, U N I D A D y P R U D E N C I A. (...)”.

Como en Cavite… morir pidiendo guerra

A. M. se mostraba igual de combativo, pero con unos ejemplos que hacían temblar: “El almirante Cervera combatió poco; hizo caso a las órdenes del gobierno de turno y se limitó a intentar burlar el bloqueo. El Almirante Montojo (de Ferrol), hizo frente a la escuadra americana todo un día en Cavite (Filipinas) y aunque su escuadra era inferior, causó bajas al enemigo. De eso se trata, de hacer frente y luchar sin complejo de inferioridad”.

En intranet se colgó en esa misma fecha el escrito suscrito por un buen número de magistrados del Tribunal Supremo “ante el estado de opinión creado en torno al expediente disciplinario seguido contra el magistrado Rafael Tirado Márquez, del que forman parte, incluso, manifestaciones inaceptables de relevantes sujetos públicos”…

Pero en un post posterior un juez hacía constar que en la larga lista de firmantes del anterior escrito del Supremo no estaba la firma de Carlos Dívar, los magistrados de la Sala Primera Juan Antonio Xiol Ríos (presidente de la misma), Adolfo Prego y Vicente Luis Montes; de la Sala Segunda, Juan Saavedra (presidente de la misma), Luciano Varela, Miguel Colmenero y Enrique Bacigalupo; de la Sala Cuarta, Antonio Martín Valverde y Fernando Salidas Molina; y, finalmente, de la Sala Quinta, Angel Calderón Cerezo (presidente de la misma), Fernando Pignatelli, Francisco Menchen y Javier Juliani. Como se ve, los jueces hilan muy, pero que muy fino.

Un juez daba el 17 de octubre el primer paso de verdad: “Yo me acuso de haber suspendido dos juicios civiles señalados para el día 21 dado que por respeto a los ciudadanos y al servicio público que represento, no puedo someter a las partes a la incertidumbre de que el secretario realice paro y no puedan celebrarse y que el juez esté en alma con sus compañeros reunidos en junta y no atendiendo a sus legítimos pretensiones. Yo me acuso de respetar los derechos fundamentales del secretario y no haberle preguntado si va a hacer paro o no. Yo me acuso de estar completamente de acuerdo con este movimiento y de haberme emocionado con el comunicado del TS”.

Un fantasma recorre los juzgados…

Este post, colocado a las 20.46 del lunes 20 de octubre por M. M. tiene un título muy sugestivo: “LA HUELGA” (sic): “¿Seremos capaces de hacer lo mismo? (...) Ahí os adjunto una fotografía de una protesta de Magistrados en la Place Vendôme de París el 2 de Diciembre de 2006, aparecida en la prensa del día siguiente (...)”.

Así están las cosas en la judicatura.

Fuente: diariocritico.com

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Castropol: El juez reclama 60.000 euros al Poder Judicial por daños y perjuicios

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia la admisión a trámite de una reclamación de 60.000 euros formulada por el juez asturiano José Manuel Raposo Fernández, que fue suspendido por este órgano en 2004 por supuestas amenazas al inspector jefe de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que revisó su coche. El juez pide que se le indemnice por daños morales, después de que el Tribunal Supremo anulara la sanción del CGPJ, ya que había «caducado» el plazo para imponerla.


José Manuel Raposo Fernández, juez de primera instancia e instrucción de Castropol, fue suspendido de sus funciones durante un año por el máximo órgano de gobierno de los jueces por una falta muy grave. El Tribunal Supremo anuló esta suspensión el pasado 7 de agosto al estimar el recurso interpuesto por el juez, en el que alegaba que el acuerdo del CGPJ era «caduco», ya que fue dictado cuando ya habían sido superados con creces los seis meses previstos por la ley orgánica del Poder Judicial para la duración de un procedimiento sancionador.

Raposo califica como «ajustada e incluso prudente» la cantidad que reclama. Alega que se vio «obligado a cumplir íntegramente la sanción declarada posteriormente nula, con el perjuicio que en el orden moral ello conlleva». Según los hechos probados en el expediente disciplinario, el 9 de octubre de 2002, la Estación de ITV de Coaña (Lugo) suspendió la inspección al coche del juez, del año 1975. Finalmente, el 10 de enero de 2003 pasó el examen. Cuatro días después, el 14 de enero, el juez, vía fax desde el Juzgado y también por correo ordinario, concedió un plazo de cinco días al inspector jefe de la estación de Coaña para ingresar en la cuenta bancaria del magistrado 18.000 euros por los daños y perjuicios que consideraba que le había causado su conducta en la inspección.

Fuente: lne.es

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Francia: Sarkozy interviene personalmente para apaciguar la rebelión judicial

En una decisión infrecuente - aunque, ciertamente, cada vez menos rara-, Nicolas Sarkozy desplazó a uno de sus ministros, la otrora favorita Rachida Dati, para intentar resolver personalmente un conflicto enquistado. En este caso con los jueces, que la semana pasada organizaron una jornada unitaria de protesta contra la titular de Justicia.


El presidente francés se reunió en el Elíseo con los representantes de la Unión Sindical de Magistrados (USM) - mayoritaria- para intentar apaciguar el descontento y sacar el conflicto de un callejón sin salida. Para Dati, que sólo asistió a la mitad final de la reunión - de una hora-, es una desautorización que debilita todavía más su precaria situación. Sarkozy logró su objetivo sólo a medias. Sus interlocutores de la USM salieron razonablemente satisfechos del encuentro. "El presidente ha intentado calmar las cosas y estamos satisfechos, pero esperamos a ver cómo (la ministra) se comporta a partir de ahora", dijo a la salida el secretario general del sindicato conservador, Laurent Bedouet. El descontento, en cambio, fue patente en la otra organización judicial, el Sindicato de la Magistratura (SM) - izquierda-, que no fue invitado...

Fuente: lavanguardia.es

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Dívar le manda a Bermejo un "¿Por qué no te callas?"

José Luis Rodríguez Zapatero tiene un nuevo motivo de preocupación: la rebelión de los jueces. La escalada del conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial, salpicada de acusaciones mutuas de corporativismo, injerencias y deslealtad, amenaza con convertirse en una guerra abierta de descalificaciones, alimentada casi a diario desde ambos frentes.


Si el domingo era el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el que disparaba su munición contra jueces, secretarios judiciales y magistrados del Tribunal Supremo, el lunes fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el encargado de repeler el ataque. El órgano de gobierno de los jueces que preside Carlos Dívar exigió a Fernández Bermejo que "respete" la independencia judicial, incluida la del alto tribunal, y le recomendó "serenidad".

Este nuevo intercambio de fuego cruzado se produce cuando aún no se han apagado los ecos de la jornada de paro protagonizada la pasada semana por jueces y secretarios judiciales en toda España, la primera desde la transición democrática. La protesta, seguida masivamente por ambos colectivos, fue convocada en respuesta a la "secular carencia" de medios humanos y materiales en los juzgados, a las "presiones políticas" para que el CGPJ endurezca la sanción impuesta al juez sevillano Rafael Tirado por el llamado caso Mari Luz y a las "represalias" contra Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla castigada con dos años de empleo y sueldo por no haber ejecutado una condena dictada con anterioridad contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense.

Fernández Bermejo, en una entrevista publicada el domingo en el diario El País, se sacaba la espina de esa histórica protesta judicial, que ha reavivado las críticas hacia uno de los miembros más cuestionados del Ejecutivo socialista. Para empezar, el titular de Justicia justificaba la sanción impuesta a Gálvez. "La gravedad de los hechos exigía una sanción de este tipo", aseguraba el ministro, que, a continuación, acusaba a los secretarios judiciales de haber actuado en defensa de sus "intereses corporativos", y no para denunciar la falta de inversión en los juzgados y la escasez de medios. "Si fuera cierto tendríamos casos como éste todos los días", señalaba Bermejo, en alusión al caso Mari Luz, "y esto es excepcional".

El ministro también ponía en su punto de mira al colectivo de jueces, al que enviaba una clara advertencia por su supuesto corporativismo: "Nadie en democracia es intocable. Si alguien comete una negligencia en su trabajo, hay consecuencias". Pero, sobre todo, Fernández Bermejo lanzaba su artillería pesada contra el Tribunal Supremo, que hace diez días, en un gesto sin precedentes, hizo público un comunicado firmado por la inmensa mayoría de sus magistrados en el que denunciaba la "intolerable intromisión" del Gobierno en el expediente disciplinario abierto al juez Tirado, pendiente de resolución por el CGPJ. "Es evidente que la actitud del Supremo", replicaba Bermejo el domingo, "también es una injerencia en la actividad del Poder Judicial".

"Respeto" al Tribunal Supremo

La respuesta del CGPJ a los ataques del ministro no se demoró ni siquiera 24 horas. El lunes, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces -de la que forman parte, además del propio Dívar, los vocales Margarita Robles, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra- hizo público un comunicado en el que exige que se "respete la labor que realizan el Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales". El comunicado, sorprendentemente, no citaba de forma expresa a Fernández Bermejo, pero fuentes del CGPJ aseguraron que su único destinatario era el titular de la cartera de Justicia, a cuyas últimas acusaciones se refería el texto con este circunloquio: "Ante las declaraciones efectuadas en algunos medios de comunicación este fin de semana...".

El comunicado, además, hacía "un llamamiento para que se mantenga un clima de serenidad que permita a todas las instituciones del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar las funciones que constitucional y legalmente les vienen encomendadas". Un enunciado manifiestamente mejorable en la claridad de sus formas, pero inequívocamente contundente en el fondo: la defensa de la independencia del Poder Judicial frente a las injerencias políticas.

Fuente: elconfidencial.com

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martes, octubre 28, 2008

La intranet del Poder Judicial muestra cómo los jueces se preparan para un conflicto

La judicatura está que trina. A través de su intranet, los jueces –hasta ahora independientes en su mayoría- se están uniendo. Poco dados e instruidos en el uso personal de las nuevas tecnologías, acaban de descubrir a través de la intranet del CGPJ que tiene un poderosísimo instrumento en sus manos para contarse las ‘miserias’ de sus juzgados y, en definitiva, para unirse en un movimiento reivindicativo.


Querían llamarlo “Movimiento 21 de noviembre”, porque era el día propuesto para una huelga judicial. Pero la fecha es demasiado ‘emblemática’, así que han comenzado a llamado “Movimiento 8 de octubre”, que es cuando los jueces de toda España parece que tomaron conciencia de que hay un problema en la estructura judicial, que se ha saldado con una sanción a un juez –Rafael Tirado- y a una secretaria judicial –Juana Gálvez- por el caso de la niña Mari Luz.

Ese mismo miércoles 8 de octubre nació este peculiar movimiento judicial, y lo hizo con mensajes como éste, colocados en la intranet del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos en un documento en pdf al que Diariocrítico ha tenido acceso: “¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e, incluso, nos insultan? ¿Por qué los secretarios pueden unirse en cuestión de horas y actuar de forma conjunta y nosotros no? ¿Qué hace falta para que levantemos la cabeza de los pleitos y plantemos cara? ¿Por qué no nos unimos al plante de los secretarios y paramos el día 21 de octubre?”. El mensaje iba firmado por P. M. (omitimos los nombres, por razones obvias).

Se trataba de una respuesta contundente a este otro mensaje, colocado ese mismo día por A. A. a las 10.29 horas: “ Lo que se debería hacer, más allá de llamamientos mañaneros a la rebelión, es, de un lado, celebrar Juntas de Jueces en todos los lugares del Estado Español (ese territorio llamado antiguamente "España") para denunciar la situación y solidarizarnos con los Secretarios y, de otro, deslegitimar la acción de las cabezas pensantes de los sindicatos judiciales (perdón, "Asociaciones Judiciales"), siempre leales al poder político que les lleva a los más altos cargos discrecionales; ¿nos atreveremos? SEGURO QUE NO”.

Los jueces se rebelan... verbalmente

El “Movimiento 9 de octubre” había nacido de hecho. A partir de ahí, el reguero de pólvora se extendió a través de los terminales de los ordenadores, conectados en intranet –la red interna que el anterior CGPJ creó para los aproximadamente cuatro mil jueces que ejercen en toda España-. “Imaginaos el impacto brutal de saber que TODOS los jueces de España están reunidos en Junta, el mismo día, con el mismo orden del día, a la misma hora, para sacar conclusiones independientes pero iguales: un puñetazo en la mesa, un basta ya de tanta manipulación”, firmaba en un mensaje F. R.

Ese día, los decanos, reunidos en Cádiz, comunicaban a L. D. –y éste lo hacía público en la intranet- que “a lo largo de la mañana adoptarán una decisión común al respecto y la colgarán en esta cadena de correos, de la que están al corriente”. El movimiento cobraba realmente fuerza.

Los jueces empezaron a atreverse a contar sus experiencias, cómo ésta, de un juzgado de un pueblo de Málaga –omitimos el nombre-: “Tras dos meses sin fax y reiterados intentos por quien suscribe al objeto de dotar al juzgado de este medio imprescindible para comunicarse con la Fiscalía de Málaga, generosamente y al cabo de dicho plazo se nos proporciona por la Delegación malagueña de Justicia un obsoleto objeto -que sería a los faxes actuales lo que un video 2000 [la marca europea que no fructificó, derrotada por el VHS y por Beta] a los "deuvedés" de hoy- a aquel fin destinado, al cual se adhieren rasgadas pegatinas con anotaciones cuasi ilegibles que, provisto de lupa y paciencia, por fin logro descifrar: "Comisaría de policía de Córdoba". ¿? Consecuencia lógica: Avería inmediata. (...) P.D. Electrodomésticos y Electrónica García. Fax: 68 euros”.

Situación agobiante

En ese capítulo de ‘miserias’ materiales, a las 14:09 horas de ese 9 de octubre, cuando ya la intranet del CGPJ literalmente hierve a mensajes, el juez A. V., titular de un juzgado de Málaga, hace el siguiente relato, que por su interés lo reproducimos de forma íntegra:

“Por aportar algo es interesante la sentencia que me notificó el mes pasado el Tribunal Constitucional (...) (no la puedo escanear para aportaros el texto íntegro que no tiene desperdicio porque el escáner del Juzgado -de los más modernos- es incompatible con la fotocopiadora donde va instalado y por mucho que se han gastado, que lo reconozco, no puede ser utilizado). La sentencia presentada para obtener el amparo ante una resolución del Juzgado donde trabajo (...) y que evidencia la falta de respuesta en un plazo razonable a la tutela judicial que reclamó el recurrente otorga el amparo solicitado, pero, y esto es lo curioso, lo hace parcialmente y a efectos meramente declarativos al reconocer que el Juzgado ya no puede más y "denuncia" con abundante cita jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado español está obligado a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable, añadiendo que el Tribunal Constitucional no puede entrar en los problemas estructurales del funcionamiento de la Administración de Justicia y dado el defecto estructural del Juzgado. Juzgado que por otra parte desde el año 2004 tiene un seguimiento sin más consecuencia que esa, es decir, ni me expedientan ni me dan apoyo !Curioso!”

“Mi conclusión [añade el perplejo juez] es que el Estado español puede ser denunciado en el Tribunal Europeo ante el incumplimiento de sus obligaciones que en este caso y como todos sabemos es asombroso”.

Las actas de los Jueces Decanos de España

Entre el 5 y el 8 de octubre, los jueces decanos de España celebraban unas jornadas en Cádiz. Sabían del movimiento que ya se agitaba a través de intranet. Al término de las mismas, las actas quedaron colgadas en el nuevo instrumento de comunicación –y en este caso ya de cohesión- de todos los jueces de España.

Respecto a esas jornadas, en intranet se hacía especial hincapié en la resolución respecto al expediente que se tramitaba al Rafael Tirado Marquez. Se señalaba que los Jueces Decanos de España “muestran su rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, entendemos intolerables las indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse según su particular criterio. Confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial. Por ello, queremos dejar constancia que las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados. Nos proponemos convocar Juntas Generales de Jueces en toda España el próximo 21 de octubre en relación a este único asunto”.

Se gestaba la ¿rebelión?

Fuente: diariocritico.com

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Caspe: Silva y Bermejo inauguraron el nuevo edificio de Juzgados

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha inaugurado este lunes la nueva sede judicial de Caspe (Zaragoza), cuya obra ha supuesto una inversión de 2.116.979 euros. Bermejo ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández; el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, y la alcaldesa de Caspe, Teresa Francín.


La totalidad de la inversión, gestión, proyecto y dirección técnica de la obra ha correspondido al Ministerio de Justicia, tal y como se recogía en el acuerdo de traspaso de los medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, adoptado en el pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Aragón el año pasado.

En dicho acuerdo se ponía de manifiesto que el Ministerio de Justicia continuaría con la gestión de las inversiones en infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Aragón que estuviesen en curso en la fecha de efectividad de los traspasos.

Bermejo ha destacado que “al Gobierno de España le corresponde seguir ejerciendo la política complicada de reparto de posibilidades, aplicando una buena política redistributiva. El ciudadano tiene derecho a exigirnos a que seamos competentes”, ha aseverado.

Por su parte, el presidente del TSJA, Fernando Zubiri, ha considerado que éste “es el camino correcto, en el que unos edificios dignos del tercer Poder del Estado pueden servir para desempeñar esa recta e independiente justicia que los ciudadanos nos demandan. Así atendemos bien al ciudadano y agilizamos las necesidades”.

El consejero de Justicia del Ejecutivo aragonés, Rogelio Silva, ha aprovechado el acto para hacer un pequeño balance de este primer año de las transferencias judiciales. En ese sentido, ha recordado que había “un problema importante con ordenadores, pero a final de año habremos repuesto 900 ordenadores de un parque de 1.200. En materia de seguridad, también tenemos unos planes de seguridad aceptables, y había muchas deficiencias a lo largo del territorio, en distintos juzgados, que se han solucionado”.

Asimismo, Silva ha remarcado que en el borrador de los presupuestos de 2009 para “la Administración de Justicia se incrementa más de un 15%, eso quiere decir que la Comunidad aragonesa sigue apostando por mejorar los medios de esta administración”. “Si no hay un perfecto entendimiento entre el Ministerio de Justicia, el Departamento aragonés y el Consejo General del Poder Judicial, la Administración de Justicia no podrá evolucionar”, ha subrayado.

El nuevo edificio

El nuevo edificio judicial de Caspe, que cuenta con cuatro plantas, dispone de capacidad para albergar dos juzgados (actualmente sólo hay uno) con sala de vistas, fiscalía, clínica forense y demás dependencias para dar servicio a todas las necesidades de funcionamiento, así como el registro civil.

El juzgado se sitúa en la planta primera y el espacio se ha distribuido en dos zonas diferenciadas: una, la del juez, con la unidad de apoyo, y otra, la nueva oficina judicial, a cargo del secretario judicial y los funcionarios de la misma.

En la planta semisótano se encuentra la zona de acceso y espera de detenidos -comunicada directamente con la Sala de Vistas-, zona de Policía, reconocimientos, clínica forense y archivos generales, mientras que en la planta primera se sitúa el acceso al público, sala de vistas, fiscalía, abogados, procuradores y registro civil. Se ha tratado, igualmente, de diferenciar el espacio de circulaciones en el edificio por parte del juez, el público en general y el detenido.

La nueva sede cuenta con una superficie de 1.590 metros cuadrados, entre los que se encuentran espacios de reserva suficiente para un futuro crecimiento. La construcción se ha llevado a cabo en el plazo de 24 meses sobre un solar de 850 metros cuadrados, cedido por el Ayuntamiento de Caspe al Ministerio de Justicia.

Nueva Ley de Reforma de la Justicia

El ministro de Justicia también se ha referido a la nueva Ley de Reforma de la Justicia. De este modo, ha indicado que “el gran cambio se produce en el reparto de competencias y cambio de métodos de trabajo. En el ámbito de las competencias se trata de trasvasar unas competencias del juez al cuerpo de secretarios, para que el juez tenga tiempo para juzgar y ejecutar los juzgados”.

“Eso significa que competencias de impulso procesal que todavía estaban residenciadas pasan al secretario. Todo lo que se refiere a gestión procesal será procesada por el secretario para dar al juez un ámbito exclusivo de resolución y tiempo para hacerlo. En el ámbito de funcionarios habrá una mayor flexibilización y redistribución de trabajos”, ha asegurado.

Además, Bermejo ha hablado sobre los diferentes sistemas informáticos con los que cuenta Justicia, entre ellos, el conocido como sistema Minerva que se prevé que su última actualización se traslade a otros lugares, además de Murcia, tal y como está en estos momentos.

En ese sentido, “la tramitación procesal informatizada supone que el funcionario entra a un sistema que le lleva de forma natural de trámite a trámite y que se encienden alarmas cuando un plazo se aproxima, o alguien tiene que comparecer o si no lo ha hecho. Estamos hablando del caso Mari Luz, por ejemplo. Controlar la ejecución que se pueda hacer con un sistema informático que funcione”, ha resaltado.

Al respecto el consejero Silva ha insistido en que “estamos deseosos de incorporarnos a este sistema. Nosotros tenemos el sistema Minerva (antiguo), donde sí se ha detectado que quizás por una falta de costumbre, a veces, este sistema no se utiliza como debería utilizarse. Por eso, nos hemos planteado que debemos hacer un esfuerzo muy importante en formación para que este sistema se pueda comenzar a utilizar y empiecen a sacarse resultados”.

“Para poder funcionar con rigor y seguridad no es necesario que empecemos 4 ó 5 años a hacer un nuevo sistema, es sencillamente una buena formación con el sistema Minerva que tenemos”. Así, Silva se ha comprometido a que desde su Departamento “haremos un esfuerzo en formación con el fin de utilizar estos sistemas y paralelamente todos los sistemas pueden mejorarse”, ha concluido.

Fuente: aragondigital.es

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Canarias: La justicia, sobre ruedas... de un carrito


Sobrecarga de trabajo, falta de medios para afrontarlo e injerencias del poder político. Sobre estos tres pilares se levanta la almena desde la que jueces y secretarios judiciales españoles repelen el asedio mediático y disciplinario desatado por el caso Mari Luz. La respuesta de los poderes públicos –multa al juez que llevaba el caso y suspensión de empleo y sueldo por dos años a la secretaria del juzgado- ha provocado una reacción sin precedentes de jueces y secretarios, que se han puesto en pie de guerra en toda España para alegar que con los medios de los que disponen lo raro es que no hayan ocurrido más casos como éste, cuando la mayoría de los expedientes judiciales sigue circulando por los juzgados a bordo de carritos de supermercado.


«Ahora mismo no hay ninguna conexión informática entre juzgados», asegura el magistrado juez decano de las Palmas de Gran Canaria y titular del Juzgado de lo Mercantil Miguel Losada: «yo entro en el Atlante (la aplicación informática desarrollada por el Gobierno de Canarias para la administración de Justicia en el archipiélago) y sólo estoy autorizado a ver los datos de mi juzgado. ¿Qué supone esto?, pues que un Juzgado de San Bartolomé de Tirajana que está tomando declaración a un individuo no puede saber, si no se lo dice la policía, que el sujeto tiene tres pleitos en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo», explica el juez decano.

La aparente inoperatividad del sistema informático no es un mal endémico de Canarias; es prácticamente común en todas las comunidades autónomas y, de hecho, es una de las fisuras que provocó el sangrante caso de la niña Mari Luz. Un portavoz autorizado del Gobierno de Canarias matizaba el problema: «El sistema Atlante no lo diseñaron cuatro informáticos en un despacho, sino que se elaboró en comisiones, con funcionarios, jueces y secretarios que expusieron cuáles eran sus necesidades, y si ahora no hay interconexión entre órganos es porque no lo pidieron. A raíz del caso Mari Luz sí nos están exigiendo alarmas de vencimientos y conexiones entre juzgados, claro», expone la fuente. El Gobierno, según esta fuente, ya está trabajando para una nueva versión de la aplicación, Atlante 2, que en principio está dotado de todos los gadgets necesarios para que no se escape una ejecutoria ni venza una prisión preventiva. Porque hasta hace bien poco se registraban casos Mari Luz casi a diario en casi todos los juzgados de España, pero, por suerte, no pasaba nada.

Providencial ha resultado para la causa de los jueces el informe que el pasado 8 de octubre presentó la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, según el cual España ocupa el puesto trigésimo octavo, en una lista de 47 países, el número de jueces por cada 100.000 habitantes: 10,1, menos que Chipre (12,7), Portugal (17,14), Rumanía (20,7), Letonia (21,5) o Alemania (21,5) –la media en Canarias es de 10,81 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del Consejo General del Poder Judicial–.

El mismo informe de la UE sitúa a la Justicia española en el grupo de las mejor dotadas en medios informáticos, un status que desde los tribunales locales se aprecia con ironía: «Yo no sé si el juez Tirado es más o menos responsable de lo que pasó», expone Miguel Losada, «pero no se le puede responsabilizar a él directamente de las disfunciones que tiene el juzgado, de que en el juzgado de al lado se estuviera llevando un asunto contra el mismo individuo. Yo le aseguro que ahora puede entrar en mi juzgado un hombre que está en búsqueda y captura por orden del juzgado del piso de abajo y yo no lo sé como no me lo diga la policía o lo haya leído en el periódico. Fuerte, ¿no?» expone Losada.

El día a día de los tribunales

«Si el juez se dedicara a revisar el trámite de todas las ejecutorias que tiene en su juzgado no podría dictar sentencias», afirma la magistrada Elena Corral, una de las más beligerantes de las islas en el litigo contra el Poder Ejecutivo ante el caso Mari Luz. Partidaria de la huelga, Corral asegura que los jueces españoles «trabajan hasta la extenuación» pero el ciudadano no lo percibe porque «lo único que le interesa es su asunto, y su asunto, con esta sobrecarga de trabajo, sale cuando se mueren los enanos».

La magistrada, titular del Juzgado de lo Penal número 5 durante la primera mitad de esta década, estuvo dos años y medio en el Juzgado de Familia y actualmente es magistrada en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. «Cuando llegué al Juzgado de lo Penal firmaba prescripciones de ejecutorias a espuertas; el Juzgado llevaba como cinco años sin secretario y entonces no se podían nombrar secretarios en provisión temporal, uno de los funcionarios, el pobre, llevaba las ejecutorias y hacía las funciones de secretario.... el juez anterior se había llegado a encontrar en un armario todas las ejecutorias del año anterior sin incoar siquiera... ¿sabe lo que es eso? pues que podía haber varios casos Mari Luz metidos en un armario. Cada seis meses denunciaba la situación al Consejo, y a los tres años mandó un funcionario de refuerzo», relata.

Fuente: canarias7.es

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lunes, octubre 27, 2008

El CGPJ dice ahora que debatirá un plan urgente de mejora de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que debatirá, durante el pleno del próximo 29 de octubre, un plan de actuación, propuesto por un grupo de vocales, "para afrontar de manera inmediata los problemas mas urgentes e inaplazables que afectan a la Administración de Justicia". Entre las medidas a debatir, asegura el órgano de gobierno de la judicatura, se encuentran la mejora de los sistemas informáticos de gestión procesal y la reducción de interinos en los juzgados.


El plan, con el que se pretende la consecución de objetivos a corto plazo, "exigirá la necesaria coordinación de la Comisión de Modernización del CGPJ y los vocales territoriales con las CCAA, y el Ministerio de Justicia", según detalló el Consejo en un comunicado.

La iniciativa se produce después de que el pasado martes secretarios judiciales de toda España respaldaran de forma masiva un paro de tres horas en demanda de la modernización de la Justicia y para protestar por la sanción de dos años de suspensión impuesta por el Gobierno a Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

El Ejecutivo impuso la sanción por su tardanza a la hora de ejecutar una sentencia por abusos sexuales pendiente, lo que permitió a Santiago del Valle García asesinar, presuntamente, a la niña Mari Luz Cortés, tras una cadena de negligencias judiciales.

La protesta contra la sanción fue secundada de facto (ya que los jueces tienen prohibido delcararse en huelga) mediante la celebración de juntas de jueces en la práctica totalidad de los órganos corporativos.

Según detalló este jueves el CGPJ, los puntos principales, sobre los que se va a centrar prioritariamente el plan de actuación son:

Coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas.

Mejora de sistemas informáticos de gestión procesal (alarmas, plazos, ejecutorias, etcétera).

Reducción y formación de funcionarios interinos, introduciendo mejoras urgentes en la gestión del personal de la Administración de Justicia.

Sistemas de control y mejora de la eficacia y la calidad de la Administración de Justicia (absentismo, horarios, permisos, incentivos).

Refuerzo urgente de aquellos juzgados y tribunales que, por diversas circunstancias, se enfrentan ante una desmedida sobrecarga de trabajo.

Fuente: elmundo.es

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Valencia: Segunda fuga de los juzgados en tres meses de un preso

Gonzalo H., de 25 años, se fugó el viernes por la mañana de los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Fue detenido minutos después en unos jardines próximos. Es el segundo preso que consigue alcanzar la calle desde los sótanos del edificio judicial en sólo tres meses.


Gonzalo H. tenía vivas nueve requisitorias contra él por múltiples delitos. El pasado miércoles un policía lo reconoció en el interior de un bar de la ciudad. Pidió refuerzos. Sabía a quién se enfrentaba. La reducción, entre tres agentes, no fue fácil. Finalmente, tras ser esposado, se le condujo a dependencias policiales.

Allí permaneció hasta que el viernes pasó a disposición judicial. La conducción fue ordinaria. El vehículo en el que fue trasladado entró por el garaje, bajaron al preso y alcanzaron la zona de celdas de los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Esa zona está bajo el control de la policía nacional y dispone de varias cámaras de seguridad, aunque algún sindicato profesional ha denunciado que su disposición no es la que más facilita las labores de vigilancia.

Cuando los policías se disponían a introducir al reo en una de las celdas, Gonzalo H. se zafó, volvió corriendo sobre sus pasos, cruzó el garaje y logró salir al exterior y alejarse unos 300 metros. La huida fue abortada en unos jardines próximos por los agentes que salieron tras él. Pasó a disposición judicial con un delito más, porque su breve fuga fue previa a que el juez le comunicara las nueve requisitorias pendientes.

La fuga del viernes vuelve a poner la atención sobre las medidas de seguridad en la Ciudad de la Justicia, o la escasez de efectivos, como también han denunciado los sindicatos policiales.

El pasado julio, Abdel Ali El Younosi, de 22 años, se fugó también de los calabozos de los juzgados. Fue identificado en el barrio de Velluters de Valencia. La policía comprobó que tenía pendiente una requisitoria del Juzgado de Ejecutorias número 13 en la que se le debía comunicar una condena por la que tenía que ingresar en prisión. La policía lo trasladó a la Ciudad de la Justicia, bajo vigilancia de la policía nacional. El reo fue introducido en uno de los calabozos junto a otro. La pareja de agentes que realiza los traslados en el interior de la Ciudad de la Justicia condujo a este último a su juzgado correspondiente. Cuando regresó a por Abdel Ali El Younosi, no estaba. Se apuntó como causa a un descuido al cerrar los pestillos de la celda.

Fuente: elpais.com

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Castilla y León: Del Olmo considera inviable la transferencia por los déficits dotacionales

La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, consideró inviable la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad de Castilla y León en las actuales condiciones dotacionales y que, según dijo, no está dispuesta a asumir por falta de voluntad política del Ministerio.


Del Olmo, que presentó en Segovia la firma de permuta de inmuebles con el Ministerio de Hacienda para la futura “ciudad de la Justicia” de la provincia, señaló que en el proceso de negociación de las transferencias existen serios problemas en cuanto a medios materiales para poder asumir estas competencias.

La consejera se refirió a los problemas que existen para agrupar a los distintos juzgados en un solo edificio en las capitales de Valladolid,Segovia y Palencia. Pero también dijo que muchos de los juzgados de localidades rurales “no cumplen ni las condiciones mínimas de accesibilidad”.

Del Olmo cargó contra el Gobierno central por no haber facilitado a la Junta los acuerdos alcanzados con los sindicatos tras la huelga de funcionarios de hace unos meses, ni la relación de nóminas que tendrá que afrontar la administración regional.

Fuente: La Crónica

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Uno de cada cinco funcionarios se declara maltratado en su trabajo

Uno de cada cinco funcionarios públicos declara ser víctima de mobbing. Estos datos han sido ofrecidos por el investigador y profesor de la Universidad de Alcalá Iñaki Piñuel en la conferencia inaugural de las II jornadas Universitarias de relaciones laborales en la Universidad Autonoma de Barcelona, en la que varios expertos nacionales en acoso laboral analizaron este fenómeno en el ámbito de las Administraciones Públicas.


El barómetro Cisneros evalua periódicamente la incidencia del mobbing y de otros riesgos psicosociales en España. En sus últimas ediciones apunta a que entre el 9 y el 15 % de los trabajadores sufren el acoso psicológico habitual en su trabajo.

Los datos del barómetro Cisneros establecen que uno de cada cinco funcionarios en activo se siente víctima del maltrato habitual por parte de superiores o compañeros de trabajo.

Este estudio, dirigido por el profesor Iñaki Piñuel de la Universidad de Alcalá ha sido realizado entre 7.000 funcionarios. Establece que más del 20 % de la plantilla de funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado manifiestan ser víctimas del acoso, el maltrato y el hostigamiento psicológico habitual en su trabajo.

Entre los expertos participantes en las jornadas figuran Maria Angeles López Cabarcos de la Universidad de Lugo, José Buendía de la Universidad de Murcia, y Lorenzo Membiela de la Universidad de Granada.

"A pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), en su artículo 95, permite sancionar el mobbing dentro de la Administración Pública como una falta muy grave, todavía hoy el mobbing es un calvario silencioso para muchos funcionarios públicos"-señaló el profesor Iñaki Piñuel en la Conferencia inaugural de estas jornadas en Barcelona.

El mobbing o acoso psicológico en el trabajo se materializa en conductas de hostigamiento que no siempre resultan aparatosas o evidentes, señaló Piñuel.

Un comportamiento aislado de maltrato, una bronca o un desencuentro puntual no son procesos de mobbing. Sin embargo, también es cierto que frecuentemente el acoso se compone de conductas muy sutiles y aparentemente anodinas, pero que, repitiéndose, llegan a minar y a destruir la autoestima de la víctima- puntualizó Piñuel.

Según el profesor Piñuel, autor del libro Mobbing, el estado de la cuestión, el acoso psicológico en el trabajo no va en el sueldo, ni se debe trivializar o banalizar como un mero conflicto o como un efecto normal de las relaciones derivadas de la prestación de trabajo, sino que supone un auténtico riesgo laboral psicosocial capaz de producir daños sobre la salud laboral de la víctima.

El acoso psicológico en el trabajo fue definido por Piñuel como "un continuado y deliberado maltrato que se produce contra un trabajador por parte de otro u otros con vistas a someterlo, amilanarlo, eliminarlo o destruirlo psicológicamente"

La víctima suele ser siempre alguien que se ha vuelto amenazante para quien la acosa.

Estas conductas sumen a la víctima en la indefensión psicológica. El profesor Piñuel señaló que: "así como la mayoría de los casos de mobbing en empresas privadas terminan con la salida de la víctima de la organización, en el sector público, la dificultad de sancionar a quien acosa, unida a la baja probabilidad de que las víctimas renuncien a su puesto explica por qué la mayoría de estos casos se convierten en crónicos y se acumulen en el tiempo".

En toda Europa, las tasas de mobbing de las administraciones públicas duplican a las del resto de otros sectores.

En los paises de América no se dispone todavía de estudios epidemiológicos como los Estudios Cisneros por lo que el grupo de expertos presentes ha constituido un foro permanente de intercambio para establecer los vínculos académicos y de investigación oportunos con todos aquellos investigadores interesados en el acoso en el trabajo.

Las conductas de acoso más frecuentes incluyen entre otras en: no asignar tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o humillantes, asignar tareas imposibles de cumplir en plazo, adoptar medidas de aislamiento social al impedir la comunicación o el contacto con otros compañeros, o con el exterior, no dirigirle la palabra, la monitorización perversa del propio desempeño, ataques verbales a la víctima en forma de insultos, burlas, vejaciones y críticas sistemáticas sobre aspectos personales.

Todavía son muy pocas las administraciones públicas que han implementado protocolos de actuación contra el mobbing. Destacan como pioneras en España en implementar estos protocolos algunas administraciones como la Diputación de Alicante o Ayuntamientos como el de Collado-Villalba o Alcobendas en Madrid.

Fuente: Periodista Digital

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domingo, octubre 26, 2008

Juzgados de Ponferrada, una olla a presión


Los problemas seculares de la Justicia española se viven con particular intensidad en el edificio de los Juzgados de Ponferrada, pues a la enorme sobrecarga de trabajo que tienen que soportar los órganos judiciales allí radicados (muy superior a la media de la Comunidad autónoma y con mucho menos personal que cualesquiera otros juzgados de las capitales de provincia de Castilla y León), hay que añadir otro inconveniente nada menor, como es la falta de espacio físico para que estos órganos y sus funcionarios puedan desarrollar en condiciones dignas su trabajo.


El hacinamiento, motivado en buena medida por la entrada en funcionamiento, en diciembre de 2005, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, se verá ahora considerablemente agravado a partir del 1 de enero de 2008 con la entrada en funcionamiento del Juzgado número 7, lo que está obligando a remodelar el edificio afrontando un verdadero rompecabezas para poder compatibilizar el nuevo juzgado con todos los órganos y servicios existentes hasta la fecha y cuyo espacio ya era más bien reducido.

El secretario del Juzgado número 3, José Miguel Carbajosa, con motivo de la reciente huelga de secretarios, manifestaba a este respecto: “Se va a crear aquí dentro de dos meses un juzgado, el séptimo, harían falta dos o tres de golpe, porque es tremenda la carencia que tenemos de medios personales. Bueno, pues el Ministerio vuelve otra vez a abandonar el Bierzo y a fecha de hoy todavía no ha habido movimientos que se vean para poner en funcionamiento ese juzgado, como siempre, una semana antes empezarán a llegar los ordenadores y se pondrá de una manera así, como ocurrió con el Juzgado número 6 ”.

Aunque aún no es oficial, parece probable que las obras del nuevo juzgado de Ponferrada darán comienzo la próxima semana, por lo que sólo habrá dos meses para ejecutarlas.

El problema de la carencia de espacio tendría una fácil solución, pues el Ayuntamiento ya ha cedido al Ministerio la parcela que existe detrás de los Juzgados y que está flanqueada por el edificio de la Comisaría y por la Casa de la Cultura. Ese terreno es lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades de espacio de nuevos juzgados y, eventualmente, de una sección de la Audiencia Provincial, por la que Ponferrada clama y no de manera caprichosa, sino porque una tercera parte de los asuntos de la provincia tienen su origen en el Bierzo. Sin embargo, lo que falta es la decisión del Ministerio de Justicia de ampliar el edificio de los Juzgados y eso, al final, es una decisión política acompañada de la correspondiente financiación.

La apertura del número 7 agravará más si cabe este problema, por cuanto obligará a concentrar en poco más de 300 metros cuadrados servicios y dependencias tales como el despacho de los abogados, el de los procuradores, el servicio común de notificaciones, el despacho del psicólogo, el servicio de fotocopias, la dependencia destinada a las víctimas de delitos violentos y la destinada a las ruedas detenidos.

Falta de personal y medios

Pero si el problema de espacio es acuciante, todos los estamentos de la Justicia de Ponferrada (jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores y hasta los médicos forenses) son conscientes de que hay otro aún mayor, que es la falta de personal. Cada juzgado atiende de media más de 4.200 asuntos (3.000 denuncias penales y más de 1.200 asuntos civiles). En el mejor de los casos cada juzgado es atendido por un juez, un secretario judicial y siete funcionarios (si uno coge baja, ésta no se cubre hasta pasado un mes). El ratio de asuntos que tienen que llevar cada funcionario es notablemente superior al de los juzgados de León y de cualquier capital de provincia de Castilla y León.

Fuente: La Crónica

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El Gobierno busca la paz con jueces y secretarios

El Gobierno busca abrir una nueva etapa con los responsables de la Administración de Justicia después de una semana conflictiva aderezada con la huelga de secretarios judiciales y el paro encubierto de los jueces, en ambos casos a propósito de las sanciones por el 'caso Mari Luz'. Pero quiere recuperar cuanto antes las buenas relaciones con el Consejo General del Poder Judicial tras la tormentosa convivencia de la pasada legislatura.


El ministro de Justicia remitió a tal fin una carta al presidente de esa institución, Carlos Divar, para solicitar «a la mayor brevedad posible» una reunión para estudiar las reformas legislativas en materia de Administración de Justicia que maneja el Gobierno.

De forma paralela y con idéntico objetivo, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena, se dirigió a las asociaciones de jueces y magistrados, y la secretaria general de la Administración de Justicia hizo lo propio con las organizaciones de secretarios judiciales.

Mariano Fernández Bermejo admitió en su texto que «los recientes acontecimientos», la huelga de secretarios judiciales y el paro camuflado de los jueces, «aconsejan la apertura de un espacio de diálogo fluido» entre el Ejecutivo y el Judicial dentro de un «marco de leal colaboración institucional». El ministro trasladó a Divar su «máximo interés» en conocer los puntos de vista de «todos» los vocales sobre las reformas judiciales.

El titular de Justicia detalla que el Gobierno pretende acometer en esta legislatura la reforma del recurso de casación y la ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la generalización de la doble instancia penal.

Otros aspectos que quiere abordar el Ejecutivo, según detalla la misiva, son la implantación de la nueva oficina judicial, la interrelación de los sistemas informáticos judiciales, el registro de medidas cautelares, el sistema de guardias en los juzgados de violencia sobre la mujer, la previsiones retributivas de las carreras judicial y fiscal, y la equiparación de los magistrados del Tribunal Supremo con los del Constitucional.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, a su vez, trasladó a las asociaciones de jueces la disposición «sin reserva» del Ministerio de encarar «una nueva etapa» desde «el diálogo y la mutua exigencia» con los titulares de los juzgados. Como primer paso, Ángel Arozamena propone un encuentro en «los próximos días» para revisar los proyectos legislativos del Gobierno en materia judicial.

La secretaria general de la Administración de Justicia formuló idéntica propuesta y en iguales términos a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, al Sindicato de Secretarios Judiciales, a la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y a la Asociación Independiente de Secretarios Judiciales.

Fuente: larioja.com

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Argentina: Los funcionarios judiciales piden que se les tenga en cuenta

Argentina. Los funcionarios judiciales se sumaron al debate acerca de cómo deben ser cubiertas transitoriamente las vacantes que hay en la Justicia. El centro que los agrupa sugirió que, si es sancionada una ley que permita la designación de jueces subrogantes o provisorios, se tenga en cuenta a secretarios, prosecretarios y relatores que, por su experiencia y por su contacto con las causas, no necesitarían un tiempo de adecuación a la función, como sí sucedería si se nombrara abogados que ejercen la profesión.


La asociación, que encabeza Roque Medina, envió sendas notas al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur. En ellas, se recordó que “muchos de los actuales magistrados fueron anteriormente funcionarios judiciales” y, asimismo, que muchas de las oficinas actualmente vacantes “mantienen su actividad sin pausa y con eficiencia debido al desempeño de funcionarios”.

El tiempo como factor

Medina, Roberto Tejerina (secretario) y Luis Suárez (tesorero) fueron terminantes. “La celeridad se hace efectiva no sólo por el modo de cubrir la vacante, sino también por el período necesario para que el subrogante pueda tomar contacto e interiorizarse con el contenido de las causas. En el caso de los funcionarios, por estar despachando diariamente proyectos de decretos y de resoluciones (interlocutorias y definitivas) relacionados con aquellas, el tiempo se verá reducido al mínimo posible, en comparación con un postulante externo al servicio de justicia”.

Desarrollo de gestión

Después de haber aclarado que una subrogancia no puede extenderse demasiado, los funcionarios insistieron en que el principio de la eficacia juega a favor de quienes, por muchos años de experiencia en distintas oficinas, fueros e instancias, están familiarizados con el desarrollo cotidiano de la gestión.

En cambio, advirtieron: “en el caso de un postulante externo (a la Justicia) el tiempo necesario para su adecuación podría ser igual al necesario para que su misión (como magistrado interino) concluyera”.

Los dirigentes destacaron que también hay razones económicas, porque si se designara a funcionarios como jueces subrogantes sólo habría que pagarles transitoriamente las “diferencias entre un cargo y otro”. Por eso, recalcaron: “esta vasta capacitación y experiencia de gestión debería estar plasmada (en el hipotético proyecto de ley) no sólo como un reconocimiento a una entrega con dedicación total y responsable, sino como una garantía de un sensible mejoramiento de la administración de justicia, por la que tanto clama la sociedad”.

Fuente: La Gaceta.com

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Asturias: La Fiscalía alerta del aumento de los robos con violencia

Cada mes se cometen en Asturias una media de 48 robos con violencia, uno de los pocos delitos -junto a los malos tratos, los cometidos por menores y las estafas- que aumentan en la región. Gerardo Herrero, fiscal superior de Asturias, presentó en Oviedo la última memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2007, en la que se destaca «especialmente» el incremento de los robos violentos -que pasaron de 521 a 572-, «teniendo en cuenta la gravedad y la alarma social que producen».


Durante 2007 se contabilizaron en Asturias 1.040 delitos de lesiones por maltrato familiar, frente a las 787 de 2006. Además, en el capítulo de malos tratos también se registró un elevado número de faltas -hechos de entidad menor, pero que también son llevados a juicio y que implican penas económicas, no de prisión- que la memoria de la Fiscalía no contabiliza, pero que destaca por su importancia numérica. Por el contrario, descendieron sensiblemente los delitos sexuales (de 242 a 196), aunque con un aumento de la corrupción de menores, con 11 casos, frente a los 2 de 2006.

Una de de cada tres sentencias penales que dictan los juzgados y tribunales asturianos se pone en un plazo máximo de una semana desde que se cometen los hechos, según se refleja en la memoria. El año pasado se notificaron en la región 4.815 sentencias penales, de las que 1.526 fueron dictadas por Juzgados de instrucción en los llamados «juicios rápidos».

Este sistema, puesto en marcha el 29 de abril de 2003, se aplica principalmente a faltas o determinados delitos flagrantes, es decir, cuando el delincuente es detenido en el momento de estar cometiendo los hechos o tras una persecución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inmediatamente después de cometerlos. También se utiliza para delitos que, sin ser flagrantes, son sencillos desde el punto de vista de la investigación y la instrucción, o cuando tienen una especial incidencia en la seguridad ciudadana o la conciencia social.

Con este procedimiento, el detenido puede confesar los hechos en el mismo Juzgado de guardia (de instrucción) y lograr así una rebaja de un tercio en el total de la condena. Si no admite la acusación, se fija un juicio ante el Juzgado de lo penal en un plazo máximo de quince días. Herrero destacó «el éxito» de la aplicación de este sistema, «dando una respuesta rápida e inmediata a asuntos de escasa gravedad, pero que, desgraciadamente, son los que más abundan en la realidad».

Fuente: lne.es

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México: La ola de violencia alcanza a los funcionarios de justicia

El subprocurador de Justicia de Morelos, Andrés Dimitriadis Juárez, encargado de delincuencia organizada, fue asesinado junto a sus dos escoltas el jueves en la noche. La Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de unos $350,000 por información sobre la muerte del subprocurador y sus dos escoltas.

Dimitriadis era el responsable de la Fiscalía del estado de Morelos para asuntos de delincuencia organizada como narcotráfico, secuestros y extorsión. El funcionario fue atacado desde dos vehículos cuando circulaba en Cuernavaca, en un automóvil oficial. La Policía contabilizó más de 100 casquillos de bala en el auto de Dimitriadis.


De igual manera, se reportaron ocho muertos en Playas de Rosarito, así como cuatro heridos de bala en un funeral en Ciudad Juárez , informaron fuentes judiciales. En Rosarito, a unos 20 km de la frontera, ocho personas fueron ejecutadas el jueves, entre ellas dos agentes municipales.

En otros hechos, la Policía mexicana encontró en distintas localidades dos cabezas humanas de supuestas víctimas del narcotráfico. Una de ellas fue encontrada en el puerto de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, con un mensaje del cártel del Golfo.

En el mensaje, escrito en una cartulina verde fluorescente, se acusa a miembros de La Familia de un atentado con granadas en el que murieron ocho civiles, el 15 de septiembre, en la ciudad michoacana de Morelia. Las autoridades detuvieron como presuntos responsables a tres miembros del grupo Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo.

En otro hecho, se encontró la cabeza de un hombre dentro de una bolsa negra de plástico abandonada en Cuautitlán, al noroeste de la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, en los estados de Veracruz y Tabasco aparecieron al menos seis mantas en lugares públicos con mensajes escritos al parecer por distintos grupos narcotraficantes, en los que acusan a autoridades federales de proteger a sus rivales.

La violencia ha alcanzado niveles récords en México, con más de 4,000 muertos desde enero, cuando el promedio de muertes era de 10 por día, pero la cifra se ha duplicado en los últimos meses.

Fuente: laprensagrafica.com

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sábado, octubre 25, 2008

Un abogado presenta una querella contra Garzón por cohecho y prevaricación

El abogado alicantino Antonio Panea ha presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra Baltasar Garzón por cohecho y prevaricación. Según el texto de la querella el juez de la Audiencia Nacional habría cobrado un millón setecientos mil dólares, el equivalente a 100.000 dólares por cada una de las 17 conferencias, que en su momento le encargó la Universidad Rey Juan Carlos en Nueva York.


El patrocinador de dichas conferencias sería el Grupo Santander, que habría contactado con Garzón a instancias de uno de sus asesores jurídicos, el abogado Manuel Medina. Medina es natural de Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén, cercano a la localidad natal de Garzón, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y colaboración profesional desde hace años. El otrora juez estrella habría cobrado la cantidad mencionada - un millón setecientos mil dólares - mientras proveía diligencias sobre el asunto de las cesiones de crédito del Santander que él mismo decidió archivar.

El juez Luciano Varela, desde la Sala Segunda del Supremo, es quien debe pronunciarse ahora sobre la admisión a trámite de esta querella y quien debe investigar este gravísimo asunto. Una vez más Baltasar Garzón se ve envuelto en un escándalo en un momento en el que busca un gran protagonismo mediático aun a riesgo de provocar la división de la sociedad española con su proceso revisionista de la Guerra Civil.


Fuente: intereconomia

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Málaga: El cese del director del IML está vinculado con la desaparición de un feto

El cese del director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, Antonio García de Gálvez, está relacionado con la desaparición de un feto tras hacérsele la autopsia, y que fue encontrado en las instalaciones de Patología de dicho instituto.


Un juzgado de la localidad malagueña de Vélez-Málaga abrió a principios de mes una investigación para que se localizara el cadáver del feto, que nació muerto en 2007, después de que la madre del bebé acudiera al Juzgado de Instrucción número 2 del municipio malagueño para interponer una denuncia contra Parcemasa, el IML y la funeraria judicial ya que no se conocía el paradero del cadáver.


El feto apareció en el Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y, al parecer, a la hora de hacérsele la autopsia no fue devuelto al lugar que le correspondía, según informaron fuentes de la Junta, por lo que no fue encontrado. En el momento de ser hallado es cuando el director del IML asumió la responsabilidad de la tardanza en la localización, tras lo que fue cesado.

La delegada provincial de Justicia y Administración Pública, Blanca Sillero, cesó a García de Gálvez, que venía ejerciendo la dirección de ese organismo desde el año 2003, "al perder la confianza necesaria para desempeñar las funciones que tenía encomendadas", según argumentaron desde la administración andaluza en un comunicado.

El hasta ahora director del IML aseguró que la comunicación de su cese, realizada por la delegada, le sorprendió, "porque no esperaba irme de esta manera" y apuntó que "es un tema muy personal, ante lo que poco puedo decir". "Lo asumo, los puestos de libre designación tienen eso, que en cualquier momento se pierde esa relación", precisó.

Señaló que las relaciones en este tiempo han sido "normales" y aseveró que "había un compromiso previo, pero, evidentemente, se ha resquebrajado". Cuestionado por si ha podido incidir en esta decisión las diligencias abiertas por la pérdida de un feto, García de Gálvez, que seguirá siendo forense en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, dijo no saberlo e insistió en que "a quien hay que preguntárselo es a ella".

Fuente: Alerta Digital

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Galicia: Tres nuevos magistrados reducirán las demoras en el TSJ

La Consellería de Presidencia atendió en parte las peticiones de los jueces gallegos a la hora de decidir dónde se crearán el próximo año nueve unidades judiciales asignadas por Madrid para Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza, según se acordó en una reunión de la comisión mixta (Xunta-alto tribunal), se llevará un tercio de esas plazas, al obtener un nuevo magistrado para la Sala de lo Social y dos para la de lo Contencioso-administrativo.


Dedicada a dictaminar sobre recursos contra decisiones de las administraciones públicas, incluidas las multas de tráfico, es uno de los principales focos del colapso de la justicia gallega, dado que tarda una media de dos años y medio en resolver cada caso. El Tribunal Superior es "un órgano fundamental para el funcionamiento de la justicia gallega", justificó el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu.

Tal como reclamó el alto tribunal, habrá también dos nuevos juzgados en La Coruña, uno de lo Social y otro Mercantil. Este último está avalado por el atasco que sufre el único existente, que, además del inevitable aumento de casos que provoca la crisis económica, tiene que resolver el voluminoso expediente de Martinsa-Fadesa, la mayor suspensión de pagos en la historia de España. Este nuevo juzgado, previsto para el verano de 2009, es "prioritario", reconoció el conselleiro. Y su creación se suma al juzgado de apoyo que el alto tribunal gallego reclamó ante el Consejo del Poder Judicial, para permitir que, a partir de noviembre, pueda dedicarse el juez coruñés de lo Mercantil al caso de la inmobiliaria.

En la reunión se acordó crear además un juzgado de Familia en Vigo, dos de Primera Instancia en Ferrol y Lugo, así como uno mixto en Tui. Un reparto que el presidente en funciones del Tribunal Superior, Antonio González Nieto, consideró "correcto", ya que atiende seis de las nueve propuestas realizadas ante la Xunta, si bien reconoció que "las necesidades son mayores".

Para el titular del alto tribunal, más que crear nuevas unidades, es necesario "atacar la base del problema" en una justicia que en Galicia acumula, al finalizar el primer semestre de 2008, más de 146.000 casos pendientes. El Tribunal Superior propugna potenciar la conciliación, la mediación y el arbitraje, aunque es una solución que requiere reformar las leyes procesales.

Méndez Romeu aprovechó la reunión con los jueces para anunciarles el traslado a un edificio del barrio de Matogrande, ante la saturación que viven los juzgados coruñeses, de las cuatro salas de lo Contencioso-administrativo y los de lo Mercantil. Una decisión que fue "imposible consensuar", admitió el conselleiro, pero coherente al afectar a "jurisdicciones completas para evitar la disgregación, confusión y problemas".

Fuente: elpais.com

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Francia: Magistrados y abogados se manifiestan contra la ministra de Justicia

Varios cientos de magistrados y abogados franceses se reunieron este jueves en París para protestar contra la política de la ministra de Justicia Rachida Dati, a la que acusan en particular de atentar contra su independencia.



Los manifestantes se reunieron en las escaleras de acceso al Palacio de Justicia de París, con pancartas y banderolas donde pedían "respeto por la justicia" o con lemas como "justicia burlada, democracia en peligro".

"El hartazgo de la justicia va más allá de las diferencias políticas o sindicales", destacó Daniel Fontanaud, consejero ante la Corte de Apelaciones de París, refiriéndose a una "justicia dejada de lado, a pesar de los esfuerzos de comunicación de una ministra que está muy lejos de las realidades del mundo judicial".

Los dos principales sindicatos de la magistratura francesa, la Unión sindical de magistrados (USM, mayoritaria) y el Sindicato de la magistratura (SM, de izquierdas) llamaron a esta jornada de protesta contra una política "basada exclusivamente en la seguridad".

Desde su nombramiento en mayo de 2007, la ministra mantiene relaciones difíciles con el mundo judicial y los sindicatos la acusan de múltiples "tomas de control".

El suicidio de un adolescente en la prisión de Metz-Queuleu (este) el 6 de octubre sirvió de detonador para la movilización: la ministra había ordenado una investigación interna con comparecencia a horas tardías de los magistrados que decidieron la encarcelación del menor.

Un detenido de 37 años que se había ahorcado en su celda de la prisión de Arras (norte) falleció este jueves, con lo que ya son seis los suicidios en los centros penitenciarios franceses desde comienzos de mes.

Desde el comienzo del año se han suicidado 92 personas encarceladas.

Los magistrados recibieron el jueves el apoyo del conjunto de las profesiones judiciales, desde los actuarios hasta los vigilantes de las prisiones.

Estos últimos han denunciado la "situación alarmante" de sus condiciones de trabajo en prisiones sobrepobladas y habían llamado a bloquear los establecimientos penitenciarios.

El miércoles decidieron suspender su acción después de haber recibido el "compromiso firme" de la ministra de la Justicia de que se crearían nuevos empleos.

Fuente: EcoDiario.es

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viernes, octubre 24, 2008

Los asuntos judiciales en trámite aumentan más de 200.000 en un año


Los juzgados y tribunales españoles de los distintos órdenes jurisdiccionales acumulaban al final del segundo trimestre de año, el último respecto a los cuales el Consejo General del Poder Judicial tiene elaboradas ya sus estadísticas oficiales, algo más de dos millones y medio de asuntos que se encontraban en tramitación, es decir, pendientes de que se adoptase una resolución respecto a los mismos. En concreto, 2.533.924 procedimientos judiciales se encontraban en esa situación, lo que significa que cada órgano tiene como media 710 causas. Esta cifra es sensiblemente superior a la que existía un año antes, toda vez que a finales de junio de 2007 los asuntos «en trámite» eran 2.286.413 -663 de media en cada sede jurisdiccional-. Es decir, en los últimos doce meses la bolsa de procedimientos en las sedes judiciales ha aumentado en 247.511, lo que representa un incremento de en torno al 10 por ciento.

De forma similar, la capacidad resolutiva de los jueces españoles ha aumentado notablemente en este período. Si el segundo trimestre de 2007 finalizaba con 2.151.147 asuntos resueltos, lo que representaba una media de 624 por órgano judicial, en este año el global asciende en este punto a 2.356.397, habiéndose incrementado la resolución hasta los 660 procedimientos por cada juzgado o tribunal.

Por otro lado, la Jurisdicción Penal era la que tenía más asuntos «en trámite» al final del citado período, al superar el millón de procedimientos, concretamente 1.054.786, que se encontraban en manos de los magistrados para adoptar la decisión pertinente, unos 20.000 menos que cuando comenzó el segundo trimestre. Muy cerca de estos datos se encuentra la Jurisdicción Civil y, en el lado opuesto, figuran las salas especiales del Tribunal Supremo, las cuales acumulan 51 causas, mientras que la Sala Militar ha pasado de tener 109 a 131 recursos de casación pendientes de resolución.

Sentencias en espera

En cuanto a la resolución de asuntos, los juzgados y tribunales dictaron cerca de 435.000 sentencias, de las que casi 195.000 estaban referidas al ámbito Penal, lo que supone una media de 121 por cada órgano de esa jurisdicción.

Un dato igualmente significativo es el relativo a la ejecución de las sentencias dictadas. En este apartado, al final del segundo trimestre acumulaban 1,6 millones, de las que más de 400.000 correspondían a la Jurisdicción de lo Penal.

Fuente: larazon.es

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jueves, octubre 23, 2008

¿Cuándo se investigará a Garzón?

Cuando desde el gobierno se ha exigido al CGPJ una sanción ejemplar contar el juez Tirado por su abandono de funciones en el caso de Mari Luz, muchos se preguntan cuando el máximo órgano de los jueces se va a decidir a investigar e inspeccionar el juzgado de Garzón, para comprobar si el juez estrella se dedica a lo que se tiene que dedicar.


No hay precedentes en la justicia española de una crítica tan dura del Ministerio fiscal a una actuación de un juez. Y en esta ocasión no hay disculpas, ni Javier Zaragoza es de la cuerda del PP, ni por supuesto el gobierno que manda en el Ministerio Público hoy, es precisamente proclive a dejar en paz el tema de la Guerra Civil.

Por ello llama poderosamente la atención que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acuse al juez de abrir una «inquisición general» contra el franquismo «que no se compadece con el objeto y la finalidad» del proceso según nuestra Constitución. Además habría alterado «discrecionalmente» el sistema de recursos; «ha evitado la aplicación de las normas de prescripción a hechos delictivos perpetrados en el mejor de los casos hace casi 60 años»; «ha evitado la aplicación de una norma con rango de ley, cual es la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por las primeras Cortes democráticas», además de haber soslayado «el principio de irretroactividad de las leyes penales no favorables».También «ha impedido la aplicación imperativa de las normas de competencia territorial que se deriva de la calificación jurídica que el propio instructor asigna a los hechos que investiga», como son las detenciones ilegales, al tiempo que «diseña un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, hoy inexistente en el Código Penal». Y por si fuera poco, los autores de esa rebelión han fallecido.

Los argumentos del Ministerio Fiscal dan más que de sobra para fundamentar una querella contra Garzón por la presunta comisión de un delito de prevaricación, y no son pocos los medios que se hacen eco de esta posibilidad. Si además unimos el hecho de que en 1998 el mismo juez Garzón archivo una causa contra Carrillo que pedía la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en Paracuellos, no podemos dejar de asombrarnos de la pirueta jurídica de este señor con toga, ya que los argumentos jurídicos que entonces valían para no investigar los crímenes del Frente Popular, parece que no valen hoy para llegar a la misma conclusión respecto a los crímenes del franquismo.

Sin duda el Pleno de la Audiencia Nacional, al resolver el recurso de la fiscalía dará un revolcón a Garzón, como ya sucedió con el caso del Bórico, en el que se empeñó en mantener en contra de derecho su competencia, y terminará con este despropósito judicial.

Fuente: Minuto Digital

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Ibiza: El PGOU recoge la cesión a Justicia de Sa Graduada

El Ayuntamiento de Ibiza asegura que ha ofrecido al Ministerio de Justicia «toda la parcela de Sa Graduada, tanto la parte que se puede demoler como la protegida como Bien Catalogado». Además, explica que «la próxima aprobación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana)» de la ciudad «así lo recogerá, por lo que no existen motivos objetivos para que el Ministerio no acepte los terrenos».


El Consistorio, a través de una nota de prensa, reacciona a las declaraciones realizadas por el conseller de Presidencia del Govern, Albert Moragues, en las que desvelaba que, durante la última reunión que mantuvo en Madrid para tratar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad, la directora general de Patrimonio del Ministerio aseguró que construir la nueva sede judicial en el solar del antiguo colegio exigiría retocar el PGOU de la ciudad, que precisamente el equipo de gobierno tiene previsto aprobar en el próximo pleno municipal.

«El equipo de Gobierno quiere manifestar su sorpresa por las últimas declaraciones del conseller (...), en las que deja entrever que existe algún problema para ubicar los nuevos Juzgados en el solar de la antigua Sa Graduada, pero reconoce que no sabe cuál es el problema». La complicación a la que hace referencia Moragues, «no es más que tener en cuenta la protección que se otorgó a una parte de Sa Graduada durante la pasada legislatura por parte del Consell de Ibiza», entonces dirigido por el Partido Popular.

Esta protección «quedará recogido en la documentación del nuevo PGOU», y de este hecho «se ha informado puntualmente al Ministerio de Justicia en los últimos contactos que se han mantenido entre administraciones».

Debido precisamente a estos contactos, el Consistorio considera que si existe «alguna otra complicación» o incluso «alguna razón que el Ministerio quiera esgrimir para no ubicar los Juzgados en este sitio, todavía no se ha dado a conocer al Ayuntamiento y no se deriva de ningún tipo de problema urbanístico ni de otro tipo».

Capital no reconocida

Vila recuerda su condición nunca reconocida oficialmente de capital de la isla y que no tiene competencias en este asunto, pero que no obstante «siempre ha estado a plena disposición del Govern y el Consell para solucionar este problema».

Por último, el Consistorio acusa a «determinados políticos del PP» de retrasar el proyecto al tomar la decisión, «absolutamente política y malintencionada», de proteger parte de Sa Graduada «en contra del criterio del Ayuntamiento». «La concejala [y portavoz del PP en el Ayuntamiento] Virtudes Marí haría mejor callando y no llenándose la boca con el concepto de `interés social´, ya que en opinión del equipo de Gobierno no sabe lo que significa».

Fuente: diariodeibiza.es

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