Jueces y secretarios pararán mañana para denunciar las injerencias del Gobierno

Los jueces resumen su situación con una frase:«Están quemados». Así, la Justicia traslada al CGPJ su «descontento» ante las actuales deficiencias estructurales en la Administración de Justicia y las «injerencias» desde ámbitos políticos tras el caso «Mari Luz». Mañana muchos juicios no se podrán celebrar.


Mañana cientos de jueces se reunirán a partir de las 10.00 horas en todos los partidos judiciales de España y justo a la misma hora los secretarios judiciales pararán su trabajo durante tres horas. Dos circunstancias que dejarán totalmente congelada de facto la administración de Justicia española. Un parón con el que jueces y secretarios judiciales protestarán ante la falta de medios de la Administración de Justicia y por las «injerencias políticas» que, a su entender, ha ejercido el Gobierno en relación con el caso de Mari Luz Cortés en relación con las sanciones impuestas al juez de Sevilla Rafael Tirado y a la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, que no ejecutaron la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña, Santiago del Valle.

El expediente abierto a raíz del caso Mari Luz concluyó con dos años de sanción para la secretaria judicial y con tan solo 1.500 euros de multa para el juez Tirado. Una sanción insuficiente, según afirmaron en repetidas ocasiones la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que la Fiscalía ya ha recurrido al nuevo CGPJ, al que pide tres años de suspensión para el juez Tirado.

Las presiones e injerencias del Ejecutivo en este caso concreto, unido a su «descontento» ante las deficientes estructurales de la Administración de Justicia hacen que los jueces estén, literalmente, «quemados». Así lo advirtió portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, uno de los representantes de las principales asociaciones judiciales que acudieron hoy, junto con un delegación de los 14 jueces decanos de toda España, al CGPJ para comunicar al presidente del órgano rector de los jueces, Carlos Dívar, la celebración de las juntas mañana.

Amenaza de huelga

En dicha reunión también estuvo presente el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel López García de la Serrana, que negó que la convocatoria de mañana sea una huelga encubierta e insistió en que si coincide con los paros de los secretarios es porque se pretende manifestar ante la opinión pública que existe «un problema». Por su parte, González Armengol criticó que el Consejo no hubiera salido a protestar «en bloque» por las injerencias del Gobierno en el expediente al juez Tirado y recordó que los jueces de Francia, Portugal e Italia fueron en su día a la huelga para exigir un incremento de sus retribuciones y no descartó que, de proseguir la actual situación, los jueces españoles acaben convocando paros.

Al terminó del encuentro compareció ante los medios la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que aseguró durante la reunión no se ha pedido en ningún caso a los jueces que renuncien a la celebración de las juntas ni se les ha hecho advertencia alguna al respecto, ya que «la finalidad del Consejo no es la de fiscalizar ni controlar» estos órganos y confían «en la alta responsabilidad de los jueces en el cumplimiento de los requisitos legales».

«Hemos apelado a la responsabilidad de los jueces que van a celebrar las juntas, pero ello no debe considerarse un mecanismo de presión», insistió la portavoz del CGPJ que señaló que la postura del Consejo es la de «liderar el trabajo para que todas esas reivindicaciones sean una realidad». En este sentido Bravo citó la falta de medios materiales y humanos, la necesidad de modernización y la implantación de la nueva Oficina Judicial entre las prioridades de los jueces y magistrados.

Un paro corporativo

La celebración de dichas juntas coincidirá mañana con el paro que secundarán los secretarios judiciales entre las 10 y las 13 horas en protesta por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, por su responsabilidad en el retraso de la ejecución de la sentencia que pesaba sobre el presunto asesino de Mari Luz. Un paro que, según aseguró el Ministerio de Justicia responde únicamente «a razones corporativas».

A través de un comunicado, el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, desmonta los argumentos de la movilización promovida por los secretarios judiciales. En respuesta a la denuncia de la insuficiencia de medios organizativos, personales, materiales e informáticos, Justicia recuerda que en la anterior legislatura, el presupuesto para este sector se incrementó un 48,37 por ciento.

En cuanto a la reforma de las leyes procesales que también piden los secretarios, Justicia señala que no pudo ser aprobada durante la anterior legislatura por falta de apoyo parlamentario y recuerdan que el pasado 18 de julio, Bermejo, presentó al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de reforma. Un texto al que una de las asociaciones promotoras del paro no ha respondido hasta el momento «contribuyendo con su actuación a que el trámite prelegislativo se demore más de lo deseable».

La réplica al comunicado emitido por el Ministerio de Justicia la dio el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, que aseguró que el paro de tres horas previsto para mañana no tiene por objeto reivindicar la retirada o disminución de la sanción a la secretaria del juzgado del caso Mari Luz sino «imponer reformas en la Administración de Justicia.

Además, denunció que lo ha intentado el Gobierno ha sido lanzar una cortina de humo y ocultar las causas», que verdaderamente provocaron que el asesino de Mari Luz estuviera en la calle en lugar de en la cárcel: la necesidad de una reforma en el sistema de trabajo de la Justicia española. «Tal y como funcionamos en Justicia, con papel, con estructuras aisladas y sin compartir información, sin aplicaciones informáticas, lo que ha ocurrido en Sevilla puede ocurrir en cualquier otro sitio», advirtió.

Fiscales y presidentes de audiencias se suman a la revuelta judicial

Los últimos en sumarse han sido la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y todos los presidentes de las audiencias provinciales de España. Así, la AF considera las críticas públicas tanto de Fernández Bermejo como de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la multa de 1.500 euros que impuso el anterior Consejo al juez Rafael Tirado y el deseo expresado de que el CGPJ le suspenda tres años, como una «injerencia en las competencias del CGPJ», que es quien debe resolver el expediente al juez Tirado. Además, los fiscales muestran su solidaridad con la secretaria judicial, Juana Gálvez, sancionada con dos años de suspensión de empleo y sueldo, «quien es considerada por amplios sectores del mundo judicial como el chivo expiatorio de todo este asunto», al ser sancionada no sólo por su conducta, «sino por los trágicos sucesos ocurridos con posterioridad». Por ello, la AF respalda las movilizaciones de los secretarios judiciales previstas para el día 21.

Por su parte, los presidentes de audiencias provinciales expresaron su «apoyo explícito» a la junta de jueces que tendrá lugar esa misma jornada, a la vez que rechazaron de plano las «manifestaciones e injerencias de responsables políticos, que exceden de lo que es una crítica razonable. Y, además, coinciden en que los jueces, «víctimas también del sistema», no pueden ser utilizados «para encubrir las deficiencias» de la Justicia.

Respuesta de Justicia

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia, y en relación con el paro previsto por los secretarios judiciales, se asegura que los convocantes han instado a no suspender los juicios señalados hasta ese mismo día, les recuerda que son funcionarios públicos y «deplora su falta de sensibilidad ante los perjuicios que pueda causar» a los ciudadanos.

Fuente: La Razon