Cada mes se cometen en Asturias una media de 48 robos con violencia, uno de los pocos delitos -junto a los malos tratos, los cometidos por menores y las estafas- que aumentan en la región. Gerardo Herrero, fiscal superior de Asturias, presentó en Oviedo la última memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2007, en la que se destaca «especialmente» el incremento de los robos violentos -que pasaron de 521 a 572-, «teniendo en cuenta la gravedad y la alarma social que producen».
Durante 2007 se contabilizaron en Asturias 1.040 delitos de lesiones por maltrato familiar, frente a las 787 de 2006. Además, en el capítulo de malos tratos también se registró un elevado número de faltas -hechos de entidad menor, pero que también son llevados a juicio y que implican penas económicas, no de prisión- que la memoria de la Fiscalía no contabiliza, pero que destaca por su importancia numérica. Por el contrario, descendieron sensiblemente los delitos sexuales (de 242 a 196), aunque con un aumento de la corrupción de menores, con 11 casos, frente a los 2 de 2006.
Una de de cada tres sentencias penales que dictan los juzgados y tribunales asturianos se pone en un plazo máximo de una semana desde que se cometen los hechos, según se refleja en la memoria. El año pasado se notificaron en la región 4.815 sentencias penales, de las que 1.526 fueron dictadas por Juzgados de instrucción en los llamados «juicios rápidos».
Este sistema, puesto en marcha el 29 de abril de 2003, se aplica principalmente a faltas o determinados delitos flagrantes, es decir, cuando el delincuente es detenido en el momento de estar cometiendo los hechos o tras una persecución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inmediatamente después de cometerlos. También se utiliza para delitos que, sin ser flagrantes, son sencillos desde el punto de vista de la investigación y la instrucción, o cuando tienen una especial incidencia en la seguridad ciudadana o la conciencia social.
Con este procedimiento, el detenido puede confesar los hechos en el mismo Juzgado de guardia (de instrucción) y lograr así una rebaja de un tercio en el total de la condena. Si no admite la acusación, se fija un juicio ante el Juzgado de lo penal en un plazo máximo de quince días. Herrero destacó «el éxito» de la aplicación de este sistema, «dando una respuesta rápida e inmediata a asuntos de escasa gravedad, pero que, desgraciadamente, son los que más abundan en la realidad».
Fuente: lne.es
Durante 2007 se contabilizaron en Asturias 1.040 delitos de lesiones por maltrato familiar, frente a las 787 de 2006. Además, en el capítulo de malos tratos también se registró un elevado número de faltas -hechos de entidad menor, pero que también son llevados a juicio y que implican penas económicas, no de prisión- que la memoria de la Fiscalía no contabiliza, pero que destaca por su importancia numérica. Por el contrario, descendieron sensiblemente los delitos sexuales (de 242 a 196), aunque con un aumento de la corrupción de menores, con 11 casos, frente a los 2 de 2006.
Una de de cada tres sentencias penales que dictan los juzgados y tribunales asturianos se pone en un plazo máximo de una semana desde que se cometen los hechos, según se refleja en la memoria. El año pasado se notificaron en la región 4.815 sentencias penales, de las que 1.526 fueron dictadas por Juzgados de instrucción en los llamados «juicios rápidos».
Este sistema, puesto en marcha el 29 de abril de 2003, se aplica principalmente a faltas o determinados delitos flagrantes, es decir, cuando el delincuente es detenido en el momento de estar cometiendo los hechos o tras una persecución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inmediatamente después de cometerlos. También se utiliza para delitos que, sin ser flagrantes, son sencillos desde el punto de vista de la investigación y la instrucción, o cuando tienen una especial incidencia en la seguridad ciudadana o la conciencia social.
Con este procedimiento, el detenido puede confesar los hechos en el mismo Juzgado de guardia (de instrucción) y lograr así una rebaja de un tercio en el total de la condena. Si no admite la acusación, se fija un juicio ante el Juzgado de lo penal en un plazo máximo de quince días. Herrero destacó «el éxito» de la aplicación de este sistema, «dando una respuesta rápida e inmediata a asuntos de escasa gravedad, pero que, desgraciadamente, son los que más abundan en la realidad».
Fuente: lne.es
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