El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha declarado el estado de excepción en el país, como medio para hacer frente al prolongado paro de los trabajadores de la Justicia. El mandatario ha argumentado la necesidad de ese estado, en los graves daños que ha sufrido el país por el estancamiento de los procesos y la cantidad de delincuentes que han quedado libres o a punto de volver a las calles.
El ministro del Interior, Fabio Valencia, ha indicado que el primer decreto, al amparo de este estado de excepción, busca otorgar al consejo superior de la judicatura unas facultades extraordinarias para garantizar la descongestión de los despachos afectados por la huelga.
Evitar la excarcelación masiva
De este modo, desde la noche del jueves Colombia se encuentra en 'estado de conmoción interior' para hacer frente a una huelga de trabajadores de la justicia y evitar así la salida masiva de presos de las cárceles, según ha anunciado el presidente en una alocución radiotelevisada.
Uribe ha asegurado que ha tomado la decisión tras ser advertido de que la parálisis de los juzgados podría llevar a la excarcelación de peligrosos presos. La medida regirá por 90 días.
"El gobierno no es irresponsable para arreglar un paro a cualquier costo ni asumir compromisos salariales que no se puedan asumir en el futuro, pero el gobierno tampoco ha sido indolente frente a la situación", señaló.
Esta es la segunda ocasión en que Uribe -en el poder desde agosto de 2002- recurre a declarar 'conmoción interior', uno de los tres estados de excepción contemplados por la Constitución.
La Constitución señala que "en caso de una grave perturbación" que "amenace la estabilidad institucional" el presidente podrá declarar el estado de excepción para adoptar decisiones con fuerza de ley.
El presidente ha aseverado que como consecuencia del cese de actividades en la justicia "han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes".
Rechazo social
Los trabajadores agrupados en la Asociación Nacional de funcionarios de la rama judicial (Asonal), que habían entrado en huelga desde el 3 de septiembre para exigir mejoras salariales, han rechazado la decisión adoptada por el Ejecutivo.
"Es una medida desafortunada e inconstitucional porque para decretarlo se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen", ha asegurado a los periodistas Fabio Hernández, presidente del sindicato.
El lunes, el gobierno había decretado un aumento salarial de 4% para los empleados judiciales y de 2% para los jueces y fiscales, en un intento por conjurar la protesta pero la medida fue rechazada por Asonal.
La huelga ha impedido definir la situación de 90.500 procesos judiciales, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en 126.700 millones de pesos (unos USD 57 millones), según estimaciones divulgadas por el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que coordina la actividad de los jueces.
Fuente: EcoDiario.es
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