La carrera judicial de Madrid secundó ayer una protesta general que paralizó durante unas horas los tribunales de la región para denunciar el caos al que está sumido la jurisdicción madrileña debido a la inacción del Gobierno, a quien acusó de "omitir" su responsabilidad en las actuales deficiencias estructurales de la Justicia y de "desviar" hacia jueces las culpas por las consecuencias derivadas del mal hacer del Ministerio de Mariano Fernández Bermejo.
Magistrados y jueces de los máximos órganos judiciales de Madrid se reunieron en Juntas Extraordinarias para mostrar su rechazo a las injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para exigir al órgano de gobierno de los jueces una actuación "inequívoca" en defensa de una auténtica independencia del Poder judicial.
Las protestas de la Judicatura tienen su origen en las opiniones vertidas por el Ejecutivo central respecto a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el 'caso Mari Luz' y en la decisión de Bermejo de suspender por dos años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del Juzgado de Tirado por los retrasos en la ejecución de la sentencia que condenó por abusos sexuales a Santiago Del Valle, el presunto asesino de la pequeña Mari Luz.
Coincidiendo con el parón de tres horas secundado por los secretarios judiciales en apoyo a su compañera, los jueces de Madrid y los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y de la Audiencia madrileña se reunieron respectivamente en Junta Extraordinaria para emitir una valoración conjunta de la actual situación de la Justicia y respaldar los manifiestos redactados en otras comunidades autónomas.
Todos coincidieron en que están "hartos" de asumir el sobreesfuerzo que conlleva la falta de inversión del Ejecutivo central en la Administración de Justicia, lo que a su juicio produce "un cúmulo de deficiencias, tanto personales como materiales, y da como resultado una Justicia deficiente y mala de la que el ciudadano está cansado y nos considera como total y único responsable".
"Hartos" de la actual situación
En Junta, los jueces de Madrid acordaron adherirse al pronunciamiento de los jueces decanos de otros territorios y al de los magistrados del Tribunal Supremo respecto a las injerencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su labor. "Estamos hartos de esta situación", sentenció el juez Decano de Madrid, José Luis Armengol, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
En el manifiesto, los magistrados que dependen del Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla exigieron la implantación de la Oficina judicial, con "delimitación clara y precisa de las funciones y responsabilidades de jueces y magistrados". Una petición a la que se suman los magistrados de la Audiencia de Madrid y del TSJM, así como los secretarios judiciales.
Entre las demandas de los jueces, figuran la puesta en marcha de una aplicación "informática, eficaz y homogénea" en toda España, con "interconexión de redes que permitan conocer el estado del procedimiento, así como los antecedentes policiales y judiciales".
También reclaman que los juzgados españoles tengan una ratio similar a los países de primer orden de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania tiene 24 juzgados por 100. 000 habitantes, frente a los 10 juzgados por 100.000 habitantes de España.
Igualmente, reclaman la creación inmediata de 44 órganos judiciales nuevos en el partido judicial de Madrid, a tenor de las necesidades judiciales que recoge la Memoria elaborada por la sala de Gobierno del TSJM. Por último, reclaman una inversión en la Administración de Justicia que suponga, como mínimo, el 3 por ciento del total del Presupuesto General del Estado.
Defensa de la independencia judicial
Con el presidente de la Audiencia, Francisco Javier Vieira, a la cabeza, los magistrados de las secciones penales de este tribunal se reunieron también para exigir al CGPJ que defienda la independencia judicial y debatir las actuales deficiencias de la situación que afronta la Audiencia, aquejada principalmente por la insuficiencia de secciones y la abundancia de interinos sin formación profesional. Al mismo tiempo, los magistrados de las secciones civiles debatían los mismos asuntos.
"Nuestra labor no puede cubrir con garantías las necesidades del servicio debido al incremento del número de procesos y la deficiente organización de la oficina judicial", denunció Vieira, quien acusó al Gobierno de Zapatero de eludir "sus propias responsabilidades y señalar a los jueces y magistrados como los máximos culpables" de la situación provocada por el 'caso Mari Luz'.
"Esta situación pone de manifiesto que nos quieren trasladar la responsabilidad por el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia", recalcó el máximo responsable de la Audiencia, añadiendo respecto a las acusaciones de corporativistas: "Antes de proferir una censura descalificadora y de clamar por sanciones ejemplarizantes, ha de sopesarse debidamente la posibilidad real del control de asuntos, los niveles de riesgo en que nos movemos y la previsibilidad de que en un caso concreto se produzca un fatal resultado".
En la Junta de Magistrados se acordó elaborar una propuesta de modificación de normas de reparto, con el objeto de limitar el número de asuntos asumibles por cada una de las secciones. Además, demandaron a Bermejo agilizar una reforma de la Ley Procesal penal, a fin de reestructurar a todos los niveles los recursos en el proceso penal y las competencias de los distintos órganos judiciales.
De igual modo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM rechazaron en un manifiesto "cualquier injerencia" de la esfera judicial y se mostraron confiados en que el órgano de gobierno de los jueces ejercerá las potestades disciplinarias que tienen encomendadas con "estricto respeto al ordenamiento jurídico".
Fuente: ABC.es
Magistrados y jueces de los máximos órganos judiciales de Madrid se reunieron en Juntas Extraordinarias para mostrar su rechazo a las injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para exigir al órgano de gobierno de los jueces una actuación "inequívoca" en defensa de una auténtica independencia del Poder judicial.
Las protestas de la Judicatura tienen su origen en las opiniones vertidas por el Ejecutivo central respecto a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el 'caso Mari Luz' y en la decisión de Bermejo de suspender por dos años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del Juzgado de Tirado por los retrasos en la ejecución de la sentencia que condenó por abusos sexuales a Santiago Del Valle, el presunto asesino de la pequeña Mari Luz.
Coincidiendo con el parón de tres horas secundado por los secretarios judiciales en apoyo a su compañera, los jueces de Madrid y los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y de la Audiencia madrileña se reunieron respectivamente en Junta Extraordinaria para emitir una valoración conjunta de la actual situación de la Justicia y respaldar los manifiestos redactados en otras comunidades autónomas.
Todos coincidieron en que están "hartos" de asumir el sobreesfuerzo que conlleva la falta de inversión del Ejecutivo central en la Administración de Justicia, lo que a su juicio produce "un cúmulo de deficiencias, tanto personales como materiales, y da como resultado una Justicia deficiente y mala de la que el ciudadano está cansado y nos considera como total y único responsable".
"Hartos" de la actual situación
En Junta, los jueces de Madrid acordaron adherirse al pronunciamiento de los jueces decanos de otros territorios y al de los magistrados del Tribunal Supremo respecto a las injerencias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su labor. "Estamos hartos de esta situación", sentenció el juez Decano de Madrid, José Luis Armengol, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
En el manifiesto, los magistrados que dependen del Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla exigieron la implantación de la Oficina judicial, con "delimitación clara y precisa de las funciones y responsabilidades de jueces y magistrados". Una petición a la que se suman los magistrados de la Audiencia de Madrid y del TSJM, así como los secretarios judiciales.
Entre las demandas de los jueces, figuran la puesta en marcha de una aplicación "informática, eficaz y homogénea" en toda España, con "interconexión de redes que permitan conocer el estado del procedimiento, así como los antecedentes policiales y judiciales".
También reclaman que los juzgados españoles tengan una ratio similar a los países de primer orden de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania tiene 24 juzgados por 100. 000 habitantes, frente a los 10 juzgados por 100.000 habitantes de España.
Igualmente, reclaman la creación inmediata de 44 órganos judiciales nuevos en el partido judicial de Madrid, a tenor de las necesidades judiciales que recoge la Memoria elaborada por la sala de Gobierno del TSJM. Por último, reclaman una inversión en la Administración de Justicia que suponga, como mínimo, el 3 por ciento del total del Presupuesto General del Estado.
Defensa de la independencia judicial
Con el presidente de la Audiencia, Francisco Javier Vieira, a la cabeza, los magistrados de las secciones penales de este tribunal se reunieron también para exigir al CGPJ que defienda la independencia judicial y debatir las actuales deficiencias de la situación que afronta la Audiencia, aquejada principalmente por la insuficiencia de secciones y la abundancia de interinos sin formación profesional. Al mismo tiempo, los magistrados de las secciones civiles debatían los mismos asuntos.
"Nuestra labor no puede cubrir con garantías las necesidades del servicio debido al incremento del número de procesos y la deficiente organización de la oficina judicial", denunció Vieira, quien acusó al Gobierno de Zapatero de eludir "sus propias responsabilidades y señalar a los jueces y magistrados como los máximos culpables" de la situación provocada por el 'caso Mari Luz'.
"Esta situación pone de manifiesto que nos quieren trasladar la responsabilidad por el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia", recalcó el máximo responsable de la Audiencia, añadiendo respecto a las acusaciones de corporativistas: "Antes de proferir una censura descalificadora y de clamar por sanciones ejemplarizantes, ha de sopesarse debidamente la posibilidad real del control de asuntos, los niveles de riesgo en que nos movemos y la previsibilidad de que en un caso concreto se produzca un fatal resultado".
En la Junta de Magistrados se acordó elaborar una propuesta de modificación de normas de reparto, con el objeto de limitar el número de asuntos asumibles por cada una de las secciones. Además, demandaron a Bermejo agilizar una reforma de la Ley Procesal penal, a fin de reestructurar a todos los niveles los recursos en el proceso penal y las competencias de los distintos órganos judiciales.
De igual modo, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM rechazaron en un manifiesto "cualquier injerencia" de la esfera judicial y se mostraron confiados en que el órgano de gobierno de los jueces ejercerá las potestades disciplinarias que tienen encomendadas con "estricto respeto al ordenamiento jurídico".
Fuente: ABC.es
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