Juana Gálvez no es culpable

La inescrupulosidad de este Gobierno consiste en actuar al socaire de lo que más conmueve (no confundan con "conviene") a la opinión pública, aunque deba para ello enajenar voluntades, resucitar agravios y aniquilar honras. Con la secretaria judicial sancionada por el 'caso Mari Luz' se ha querido dar un golpe de autoridad en el trasero de una humilde miembro del estamento jurisdiccional, cuyo prestigio por cierto es inversamente proporcional al que tiene en sociedades democráticamente avanzadas.


La secretaria del juzgado que puso en libertad al asesino de la niña Mari Luz ya ha sido señalada como chivo expiatorio de todas las deficiencias y de todas las carencias que arrastra el sistema jurisdiccional español como consecuencia y no a pesar de unos partidos políticos irresponsables que conciben y han concebido siempre la Administración de Justicia, no en términos de servicio recto y eficaz a los ciudadanos, sino de sujeción de jueces y magistrados a los intereses partidarios de unos y de otros.

Por desgracia, el eficaz equipamiento de los juzgados, tanto material como humano, ha sido siempre contemplado como la última de las obligaciones a las que hacer frente desde las instancias públicas. Y así no hay forma de que el funcionamiento de la administración de Justicia deje de ser una rémora intolerable dentro de un Estado moderno. Con independencia de la responsabilidad disciplinaria en la que pueda haber incurrido el juez Tirado en el caso de la niña Mari Luz y desde el respeto más absoluto al dolor, nunca suficientemente expresivo, de sus padres y allegados, no puede convertirse ahora a la desdichada secretaria de un juzgado de provincias en la causante de los problemas estructurales y de funcionamiento interno de la Justicia en nuestro país.

En medio del actual escándalo, el CGPJ, no puede seguir guardando silencio, desviando la atención de las carencias que arrastra el sistema judicial español, y permitiendo de forma tan miserable que políticos y medios diluyan en la secretaria sancionada o en el juez Tirado responsabilidades que apuntan mucho más alto.

Algunas asociaciones judiciales han convertido en recurrente el asunto de la sobrecarga de trabajo en los juzgados. Y desde el poder político no se ha hecho ni se hace nada por evitarlo. No es un secreto la mengua de medios en la mayoría de esos juzgados, lo que sumado a una organización estructural decimonónica, en ocasiones puede llevar a que la capacidad humana de control real sobre los expedientes sea ampliamente desbordada. Y es ahí y no en la actuación de la secretaria judicial donde radica básicamente el quid de un problema que no es personal y sí general: la eficacia del juzgador a veces no es suficiente para que se eviten hechos tan lamentables, tan desgraciados y tan inaceptables como el de la muerte de la pequeña Mari Luz.

Como quiera que la suspensión de la secretaria judicial ha levantado más ampollas de las que torpemente se quería evitar, ahora le toca al juez Tirado convertirse en destinatario del ejemplar castigo sancionador que ya han apoyado desde el ministro de Justicia al presidente del Gobierno. Hasta el 'caso Mari Luz', el juez Tirado gozaba de un absoluto prestigio en su entorno profesional. Lo que por ejemplo no revelaron ni Zapatero ni Bermejo a los padres de la niña en su reunión es que sólo unos meses antes de su desaparición, el juzgado del que Tirado es titular había pasado una exhaustiva inspección por parte del CGPJ, sin que se detectara ninguna anormalidad.

Tampoco nos cuenta Rajoy, cuando declina pronunciarse sobre el ‘caso Tirado’, que éste fue el presidente para Andalucía de la conservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura), entidad que de forma sistemática se ha desmarcado de los pronunciamientos de las restantes asociaciones judiciales, que han reclamado de forma infructuosa, los medios materiales y humanos que son indispensables para que un suceso como el de la muerte de Mari Luz no se hubiese nunca producido.


No menos preocupante y llamativa está siendo la actitud silente del CGPJ, que se ha limitado a encubrir una vez más al Gobierno de turno actuando contra una secretaria judicial, sin reparar en las causas por las que la carga de trabajo acumulado excede con mucho la capacidad operativa y humana de la mayoría de nuestros juzgados. Resultaría muy difícil poder enumerar una sola iniciativa o medida que este órgano de gobierno haya emprendido para la corrección de los desequilibrios entre las exigencias de una sociedad moderna y el mejor funcionamiento de uno de los poderes básicos en la vertebración democrática del Estado. Si este es el Gobierno de los jueces, mejor sería que los jueces españoles se blindasen de otra forma y con otra gente.


El daño que no sólo la familia sino el conjunto de la sociedad ha sufrido por el injustificable e intolerable asesinato de la pequeña Mari Luz, no podría ni debería resarcirse a costa de encontrar a alguien sobre el que volcar todos nuestro dolor, máxime cuando ese alguien trabaja rodeado de medios frente a los que un funcionario de Hacienda, por ejemplo, no podría hacer frente sin desdoro de la propia esencia de su trabajo.


En vez de los falsos rasgamientos de vestiduras y de prometerle al indignado padre de Mari Luz la depuración de responsabilidades que luego el CGPJ se encarga de sustanciar, circunstancia que excede una vez más las atribuciones democráticas del poder ejecutivo, lo que deberían hacer Zapatero y Bermejo, tanto monta, sería establecer las condiciones para un verdadero debate nacional acerca del modelo de justicia que queremos y sobre la importancia que para un Estado moderno tiene que la administración de Justicia sea algo mucho más importante que el espacio donde van a parar las asignaciones de gasto público. Esa y no otra sería la mejor forma de resarcir el dolor de la sociedad para que hechos tan lamentables no vuelvan a producirse.

Por otro lado, la doblez moral de la casta política nos ha empujado durante meses a que se hable más del juez Tirado o de la secretaria judicial que del psicópata que causó la muerte de Mari Luz. Una investigación, un esclarecimiento de los hechos, detectar dónde y cómo se produjeron los errores es sin duda positivo. Pero no con el exclusivo objetivo de criminalizar a un juez y a una secretaria judicial, que es lo que se está haciendo, sino con la pretensión reparadora de que nunca más haya un padre español que tenga que llorar a su hija como consecuencia de las deficiencias y carencias que no podemos seguir ignorando cuando nos toca hablar de la Justicia en nuestro país.

¿Cómo puede justificar su silencio el ministro Bermejo cuando se llama "asesino" a un juez"? ¿Cómo pueden adherirse una vez más a lo políticamente correcto que resulta ahora linchar a un juez o a una simple secretaria judicial quienes, con su silencio y sus vanidades, han dejado durante años que las deficiencias en los juzgados terminen convirtiéndose en una llaga purulenta para el propio sistema?

Tampoco es de recibo que la propia Asociación Profesional de la Magistratura a la que pertenece Tirado no haya dicho claro y rotundo lo que la opinión debería saber. A saber, que falla el sistema porque a los partidos, incluido el Partido Popular, les interesa una Justicia maniatada y a expensas de lo que decidan otros. No está en juego la cabeza de un juez o de una secretaria judicial, sino los valores democráticos y el escrupuloso cumplimiento de que el Estado de Derecho es de todos y a todos nos representa. Y eso requiere medidas quirúrgicas y no sólo la colocación de un apósito en la piel escardada de una pobre secretaria judicial de provincias.

Y una cuestión no menos engorrosa que una parte de la opinión parece ignorar. Se habla y con razón sobre la intolerable levedad del sistema penal español. Se culpa de ello a los jueces y, en general, al sistema jurisdiccional. Se ignora que todos somos un poco responsables al amparar con nuestros votos a unos legisladores que son luego los encargados de dictar las normas, sin que haya medidas de contrapeso en el caso de que tales normas sean contrarias al sentido común hasta de los jueces.

Así que ya lo saben, muchos de los dislates cuya responsabilidad recae luego sobre los exclusivos hombros de los jueces se producen, no a pesar, sino como consecuencia de un Código Penal y de unas normas penitenciarias ineficientes. Y ya deberíamos saber que esas normas y a veces esos disparates jurídicos son aprobados por los representantes de la voluntad popular: la de usted y la mía. Asumamos por tanto nuestra parte de culpa de que el sistema judicial esté como está: patas arriba, con unas instalaciones a veces tercermundistas, con un ministro tan poco presentable como Bermejo y con demasiados jueces y magistrados dispuestos a servir antes a un determinado partido que al conjunto de los ciudadanos.

Fuente: Alerta Digital . Artículo de opinión de Armando Robles.