Nicaragua: Críticas a la Corte Suprema por suspensión de embarazada

La Federación de Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial y el Sindicato “Justo Rufino Garay”, denunció que en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ha cobrado vigencia aquella máxima popular que dice: “En casa de herrero, cuchillo de palo”, porque aunque no ha concluido el proceso investigativo, una embarazada fue suspendida en su puesto de trabajo, lo que consideran injusto.


La embarazada suspendida, Jorlin Cisneros Altamirano, trabajaba como secretaria-tramitadora en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, a cargo de la doctora Carolina Ortega.

El Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, suspendió a la embarazada porque tenía 23 expedientes judiciales con igual número de anomalías, pero de manera extraoficial se conoció que “la gota que derramó el vaso” fue haber grabado con su celular a su jefa cuando le estaba llamando la atención.

Roberto Turcios, miembro de la Junta Directiva de la Federación, explicó que lo que conocen del caso de la embarazada suspendida, es que supuestamente le dio trámite a una orden de libertad, en virtud de que la familia del procesado rindió la fianza pecuniaria que le decretaron, sin embargo, después de investigar, el sindicato descubrió que quien realizó el trámite fue otra persona.

“El Código del Trabajo prohíbe el despido o la suspensión de las embarazadas”, agregó Turcios, quien señaló que la Corte no está cumpliendo con el procedimiento de ley establecido para tramitar las quejas contra los funcionarios judiciales: La Inspectoría recoge el informativo del caso, y valora si hay mérito para elevar la queja a la Corte, luego el Consejo radica el caso, ordena el inicio del procedimiento mediante un auto, ordena a las partes involucradas a rendir un informe, y abren a prueba el proceso por diez días, después emiten resolución suspendiendo o no a la persona objeto de queja.

“Aquí, generalmente, a los jueces les dan prioridad en la acción, y si ellos dicen que fulano es culpable, Inspectoría Judicial manda directamente a la Corte el caso sin averiguar de previo y sin utilizar el principio de legalidad ni de proporcionalidad entre las partes”, apuntó Turcios, quien se quejó porque dice que cuando el denunciado es un juez o magistrado, “les dan largas a los asuntos”.

Fuente: El Nuevo Diario