Los juzgados vascos resisten pese a la recesión económica. La litigiosidad se redujo el pasado año un 4%, pese al aumento en la jurisdicción Social derivado de la crisis, y los tribunales resolvieron más asuntos de los que ingresaron, lo que contribuyó a un descenso de las tasas de pendencia y congestión. Así lo reveló el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, durante la presentación en Bilbao de la memoria judicial correspondiente a 2011. 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante los incidentes ocurridos el pasado jueves en la puerta de acceso al edificio de los Juzgados de Bilbao en los que han resultado heridos dos ertzainas, ha manifestado su "más firme condena de estos actos violentos, absolutamente incompatibles con el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos". En un comunicado, el CGPJ también ha deseado la mejoría de los heridos y ha testimoniado su "reconocimiento" a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Junto a los juzgados de Vitoria no se puede aparcar desde que ETA atentara, en 2001, contra el Palacio de Justicia. Eso está a punto de cambiar. El Ayuntamiento ya ha dado la orden para que se retiren las señales que lo prohíben y «rehabilitar así 50 aparcamientos en las calles Lascaray y junto a la mediana de la Avenida Gasteiz», confirmaron fuentes municipales. 
La ex directora de relaciones con la Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel, y la que fuera responsable del Departamento de Informática del Ejecutivo, Ana Isabel Molina, declararán ante la Fiscalía vasca sobre las supuestas irregularidades detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009 y que podrían haber supuesto un montante que supera los 23 millones de euros para las arcas públicas. El fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha destacado que el caso está "en fase de investigación" y que una vez que termine las indagaciones, decidirá si archiva las actuaciones o lo remite al Juzgado.
La escolta a los miembros de la Judicatura de la Comunidad Autónoma Vasca se reducirá a una decena en próximas fechas. Desde 2001, año en el que ETA asesinó al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, la totalidad de los jueces que ejercían en Euskadi, unos 200, llevaban escolta, aunque, en la actualidad, la escolta se había reducido a unos 80 ó 90, según han informado fuentes judiciales.
El Gobierno vasco ha aprobado este martes el decreto que regulará las condiciones laborales de los funcionarios y empleados públicos, con el que prevé un ahorro de 95 millones de euros en el gasto de personal para 2012, cinco millones menos de lo previsto por Pachi López. El decreto no ha previsto meter la tijera a los interinos o el aumento de horas efectivas en el trabajo, pero recoge otras medidas como la supresión temporal de las primas por jubilación voluntaria o los contratos de relevo.
El País Vasco registró 1.047 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de este año, mientras que las renuncias al proceso sumaron 157. Ambas cifras sitúan a la comunidad autónoma entre las que cuentan con un ratio más bajo de maltrato sexista por cada 10.000 habitantes (9,40), si bien Euskadi presenta uno de los ratios más altos de desistimientos (15). Según el Observatorio de Violencia de Género, dependiente del Poder Judicial, los jueces vascos concedieron entre enero y marzo 139 órdenes de protección y denegaron 97, cifra está última que representa el 41% del total de solicitudes. Es el tercer porcentaje más alto de todas las autonomías, por detrás de Cataluña, donde se deniega el 52% de las solicitudes, y de Madrid (46%). 
El Gobierno vasco desea ahondar en la lucha contra el absentismo. A día de hoy, un 5,15% de la plantilla de Lakua, por término medio, está de baja por enfermedad, dos puntos por encima de la media española. Ello supone que más de 3.000 funcionarios, cada día, no acuden a su puesto de trabajo, sin contar a los que están de permiso o de baja por accidente o maternidad-paternidad. Se estima que cada punto de absentismo acarrea un coste medio de 20 millones de euros. Para reducir esas cifras "escandalosamente elevadas", según el Departamento de Justicia y Administración Pública, se propondrá incentivar económicamente a los funcionarios, bien de forma individual o colectiva, si ese 5,15% se reduce de forma significativa.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expedientado a la magistrada María Jesús García Pérez por fumar dentro de la sala de vistas de los juzgados de Bilbao. García Pérez es una vieja conocida del CGPJ, que le ha abierto varios expedientes con anterioridad. En Santander, donde ocupó plaza en el juzgado de primera instancia número nueve y después en el juzgado de violencia de género, sus declaraciones a los medios de comunicación levantaron una enorme polvareda. Censuró ácidamente a la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, «yo soy de los jueces que está en contra de esta ley», aseguraba, al tiempo que se mostraba convencida de que las órdenes de protección a las amenazadas «no sirven para nada». 
El Gobierno vasco ha dado ya luz verde a un anteproyecto de ley que espera implantar en el plazo de tres años. En Euskadi, su puesta en marcha redundará en una profunda reestructuración del mapa judicial. La pretensión es que los tribunales de instancia, que surgen en el marco de las reformas para modernizar el entramado judicial, agrupen en sus respectivas secciones especializadas a los magistrados de los distintos juzgados existentes en un mismo palacio, para impulsar la decisión colegiada en detrimento de la unipersonal. Ocho de los 14 partidos actuales asumirán la mayor carga de trabajo.
Un Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián ha aceptado el convenio de divorcio de un matrimonio que, entre otros aspectos, regula el régimen de visitas del hijo no nacido de la pareja, que se halla en el quinto mes de gestación, han informado fuentes jurídicas.
El Gobierno vasco ha suscrito ayer miércoles dos convenios de colaboración que permitirán implantar una aplicación informática para la gestión gubernativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), con la posibilidad de tramitar digitalmente los expedientes, así como intercambiar documentación electrónica con los registros de la propiedad y mercantiles.
Una treintena de funcionarios de carrera, interino y laboral fijo que prestan servicio en el Departamento vasco de Justicia y Administración trabajarán tres días a la semana desde casa y otros dos de forma presencial en su puesto de trabajo, en el marco de una "experiencia piloto" de teletrabajo que desarrollará durante cuatro meses la Consejería que dirige Idoia Mendia, con el objetivo de compaginar la conciliación laboral y familiar y la mejora de la eficacia y eficiencia en la Administración.
¿Cuánto le cuesta a los ciudadanos el hurto de unos pendientes? Si se midieran en dinero las horas que dedican las patrullas policiales y los funcionarios de Justicia, y el incontable papeleo que generan, saldría infinitamente más caro que los tres o cuatro euros que pueden costar en una tienda de bisutería un par de sencillos aretes, uno de los objetos que más se roban, junto con los productos de alimentación y la ropa.
