lunes, junio 30, 2008

Reino Unido: Una Justicia que desincentiva los litigios

Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada.


El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers –abogados que pleitean ante la corte– deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV.

A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido.

Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors –abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales–. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos consultados.

“En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. La dilación de un proceso similar ante los tribunales mercantiles españoles estaría en torno a los seis meses.

¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa, mientras que España es el que más procedimientos tiene.

La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In.

Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward.

Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema.

Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con España, acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission.

Ward aporta un ejemplo de la importancia de esta diferencia: “No creo que Emilio Cuatrecasas se sienta impresionado por un joven juez de 30 años en España. Sin embargo, el director de la oficina en Londres de Clifford Chance tratará seguro con muchísimo respeto a cualquier juez británico”. Reino Unido funciona de forma eficiente sin oposiciones a la judicatura, destaca Checa. “Eso implica que el sistema de oposiciones no es de Derecho Natural”, concluye.

El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país

Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas –un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga–, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso.

Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes –los que trabajan en los grandes bufetes–, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados.

Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward.

El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward.

Fuente: expansion.com

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martes, junio 24, 2008

Santander: Garzón pide la especialización de los funcionarios de Justicia

Los mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la seguridad ciudadana deben funcionar de forma coordinada. Jueces, fiscales y fuerzas del orden están llamados a «ir de la mano» para que el sistema no falle. Esta idea de unidad fue defendida en la UIMP por el magistrado Baltasar Garzón y la fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, en una mesa redonda en la que ambos también reclamaron mayor especialización en los escalafones más inferiores de la Administración de Justicia, pues la falta de preparación redunda «en un perjuicio grave para la seguridad».


A su entender, resulta «incomprensible» que a día de hoy las plazas de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional no exijan una determinada especialización, y señaló que pese a que el Poder Judicial se fue especializando, los «escalones inferiores» todavía carecen de ella.

También escasea la formación científica en los profesionales de la justicia y, por tanto, falla la comprensión sobre los procedimientos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado. Además, la información no fluye entre las partes, «tiene muchos propietarios», dijo, «pero no podemos llegar a juicio oral con errores en el procedimiento», señaló.

Para Garzón y Delgado, la descoordinación, falta de comunicación y la desconfianza que todavía separa a unos y otros han sido los causantes de «fracasos estrepitosos», como el 'caso Mariluz'.

Dolores Delgado apoyó la tesis de Garzón al asegurar que desde la Audiencia Nacional trabajan «codo con codo» con las fuerzas policiales para llegar así a la celebración del juicio oral «con pruebas serias y conseguir una sentencia condenatoria».

A modo de conclusión, Delgado y Garzón apostaron por crear un sistema de comunicación permanente entre jueces centrales, fiscales y órganos de información e investigación para evitar errores y fomentar la sensación de seguridad entre la ciudadanía.

Fuente: eldiariomontanes.es

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León: Habrá que desdoblar los juzgados de Paz

El aumento de la población en los pueblos del alfoz de León obligará al Ministerio de Justicia a vigilar «para reaccionar con antelación para evitar que el desdoblamiento de las Secretarías de los juzgados de Paz se realice cuando ya esté mostrando la existente un funcionamiento retrasado e inadecuado». Así lo asegura el juez decano de León, Juan Carlos Súarez, al interpretar los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los movimientos civiles y penales llevados a cabo por estos juzgados.


«En el futuro hay que estar vigilantes sobre el incremento poblacional en los territorios de estos juzgados. Hay que tener en cuenta que las iniciativas urbanísticas pueden asentar en poco tiempo cientos de habitantes en un determinado municipio, lo que supondrá un incremento de trabajo de los juzgados de Paz del municipio», afirma el juez decano, que pone como ejemplo el caso ocurrido en el municipio de Villaquilambre, que tiene autorizado el desdoblamiento de la Secretaría a Cuadros.

Según estas estadísticas del INE, los juzgados de paz de León recibieron el año pasado 18.848 asuntos civiles (3.000 menos que en el año anterior) -de los 66.147 que se tramitaron en la Comunidad-, y resolvieron 18.781, la cifra más alta de la comunidad, por encima de Valladolid cuyos juzgados de Paz ingresaron 11.003 casos y resolvieron 10.983. En cuanto a los asuntos penales, los juzgados de Paz de León recibieron 19.504 asuntos (1.000 menos que en el 2006) - de los 56.615 de la Comunidad- y resolvieron 19.444, una cifra que casi triplica a el movimiento que registraron los juzgados de paz de Valladolid, que ingresaron 7.428 casos y resolvieron 7.443.

En el Partido Judicial de León hay más de sesenta juzgados de Paz agrupados en once Secretarías. Los asuntos son atendidos por más de sesenta jueces y juezas de paz titulares, otros tantos sustitutos y veinticuatro funcionarios. Los partidos judiciales de Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Villablino, Cistierna y Sahagún disponen de otros tantos juzgados de paz, «un fenómeno común en Castilla y León, que tiene casi la mitad de los juzgados de Paz de toda España·, asegura el decano, «la Administración de Justicia es la más descentralizada de las administraciones».

Fuente: diariodeleon.es

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lunes, junio 23, 2008

Madrid: Medio millar de funcionarios exigen a Prada que desarrolle el preacuerdo


Medio millar de funcionarios de la Justicia de Madrid, según los sindicatos, se manifestaron para exigir a la Consejería que dirige Alfredo Prada que desarrolle el preacuerdo alcanzado el pasado diciembre con los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CSI-CSIF que puso fin a la huelga que mantuvo el colectivo durante doce días.

"No han hecho absolutamente nada", denunció a Europa Press Paloma González, de STAJ. "La Consejería no ha desarrollado ningún punto del preacuerdo y tampoco nos ha convocado para ello", criticó. Los sindicatos que apoyaron la huelga presentaron hace dos meses al consejero un plan de trabajo para desarrollar el convenio, del que no han obtenido "ninguna respuesta". "Esta reivindicación afecta a todos los ciudadanos porque supondrá una Justicia mejor", agregó la sindicalista.


Al grito de "más personal y menos divagar" y provistos de sirenas, los empleados públicos marcharon desde la plaza de Rubén Darío hasta la calle Miguel Ángel, donde se ubica la sede de la Vicepresidencia Segunda de la Comunidad y la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Demandaron a Prada que convoque a los sindicatos para desarrollar el pacto acordado hace seis meses y que se elevará a definitivo el próximo 30 de junio.

El preacuerdo contemplaba una serie de medidas dirigidas a la mejora de las condiciones salariales para 2005-2007. Estableció una mejora retributiva gradual de 450 euros, siendo de 130 euros en 2008, otros 155 en 2009, 75 más en 2010 y 90 más en 2011. El convenio incluía un plan de choque para incrementar las plantillas de Registros Civiles y Juzgados de lo Penal.

La huelga de los funcionarios de la Justicia madrileña paralizó los tribunales de la región durante doce días, suspendiéndose un total de 12.000 juicios, 1.000 por día. El parón afectó especialmente a la Audiencia Provincial de Madrid y al Registro Civil de la calle de Pradillo.

Fuente: Europa Press

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19 mujeres fueron acusadas de inventarse malos tratos en 2007

En 2007, los fiscales encargados de perseguir este tipo de delito acusaron a 19 mujeres por fingir ser víctimas de maltrato, según revela la revista ‘Tiempo’. Desde la entrada en vigor de la ley de medidas de protección integral de la violencia de género en 2005, sólo cinco mujeres han sido condenadas en sentencia firme por denunciar en falso a sus parejas o ex parejas.


“Los procesos de separaciones y divorcios contenciosos- sin acuerdo entre los cónyuges- son el caldo de cultivo que esta favoreciendo el incremento de denuncias falsas por malos tratos por parte de mujeres que se amparan en la ley de violencia de género para lograr una ruptura más rápida y en mejores condiciones, según sostienen algunos jueces, fiscales, abogados y organizaciones de hombres separados”, señala el semanario.

Estas afirmaciones son negadas de forma rotunda por Soledad Cazorla, la fiscal de Sala que coordina a todos los fiscales que luchan contra esta lacra social. “No niego que no haya algún caso aislado, pero quien eleve eso a categoría de norma, no conoce el fenómeno del maltrato, afirma la superfiscal quien subraya que “los fiscales somos los más interesados en perseguir las denuncias falsas”. El prestigioso abogado de Familia, Luis Zarraluqui, acusa a algunos de sus colegas de “aconsejar de forma indebida a las mujeres” y de utilizar la denuncia falsa como estrategia procesal para lograr que sus clientes obtengan “beneficios colaterales como la guarda y custodia de los hijos y el disfrute de la vivienda familiar”.

Los datos de la próxima Memoria de la Fiscalía delegada para la Violencia sobre la Mujer, demuestra que los fiscales han empezado a mirar con lupa este tipo de denuncia para proteger mejor a las verdaderas víctimas. Así, el año pasado los representantes del Ministerio Público retiraron un total de 225 acusaciones contra otros tantos hombres denunciados como supuestos maltratadotes. En 112 de esos supuestos, no había pruebas para sostener la acusación y en otros 101 las propias denunciantes se acogieron al artículo 416 de la ley que les permite no declarar contra sus parejas o ex parejas.

Fuente: Tiempo

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Mendoza, Argentina: La Corte quiere jornadas laborales de 8 horas

La Suprema Corte de Justicia propuso a los empleados judiciales extender el horario de trabajo a 8 horas a cambio de un adicional, como ya lo hace el personal que trabaja en las oficinas fiscales.

"Para una mejor prestación del servicio de justicia y como un modo de mejorar las retribuciones de los agentes judiciales", dice el texto del correo electrónico que llegó a todas las direcciones virtuales de los agentes judiciales.


La idea fue presentada en paritarias y se trata de una jornada laboral de 8 horas "voluntarias", remarca la nota.

El incremento salarial es el correspondiente "al régimen laboral de las oficinas fiscales donde se aplican las disposiciones del Código Procesal Penal", detalla el texto que firma el presidente del Alto Tribunal, Jorge Nanclares. Fuentes judiciales señalan que este régimen tiene un buen rendimiento del personal en las dependencias fiscales. Actualmente el aumento representa el 25 por ciento de un salario normal de 6 horas de trabajo.

La comunicación oficial tiene por objeto testear el ánimo del personal de aplicar esta modalidad para ampliar las horas de atención al público.

La invitación está dirigida a funcionarios y empleados. Quienes estén interesados deben inscribirse en la Dirección de Recursos Humanos y en las delegaciones Administrativas de cada Circunscripción Judicial, según dice el texto.

La Corte presenta este ofrecimiento como un "beneficio" y sólo lo aplicará si hay un número suficiente de adherentes y "luego de realizar las previsiones presupuestarias correspondientes".

Anticipa Nanclares, pensando en una reacción gremial al comunicado, que "cualquier otra interpretación desvirtúa la posición que esta Corte ha formulado en las convenciones colectivas de trabajo".

La advertencia del alto magistrado es un preámbulo para los argumentos resistentes del sindicato judicial a la iniciativa lanzada en la mesa paritaria e informada individualmente a cada empleado.

El titular del gremio judicial, Carlos Ordóñez, remarcó con tono crítico que "la jornada laboral (de 6 horas) es un derecho adquirido".

Inmediatamente enfatizó apuntando a la Corte: "Estamos estudiando si no hay práctica desleal de la Corte al intentar negociar en forma individual cuando está abierta una instancia de discusión salarial colectiva".

De este modo el dirigente gremial aseveró que la propuesta de la Corte "no es más que intentar una justicia más barata a costa de los que menos ganan".

Ordóñez abundó más en su libreto de resistencia a la ampliación horaria para la atención de los ciudadanos que requieren del servicio de justicia. "Nosotros creemos que los 'cuellos de botella' no están en las mesas de entradas ni en la secretarías judiciales. Lo que habría que preguntarse es si no hay que exigir a los magistrados más horas de trabajo", remarcó el sindicalista que tiene categoría de funcionario judicial.

Por último, Ordóñez anunció que el gremio ya ha juntado 2.500 firmas rechazando la ampliación de la jornada de trabajo. "Es decir que ya el 70 por ciento de la planta judicial (son 3.600 agentes según Ordóñez) ha dicho que no quiere ese sistema", remató.

Fuente: Los Andes

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Ceuta: Movimientos para desbloquear la construcción del Palacio de Justicia

La Delegación del Gobierno realizará en las próximas semanas gestiones ante los Ministerios de Justicia y de Defensa para que entre los dos departamentos ministeriales se pueda producir un inicio de entendimiento que desbloquee la construcción del Palacio de Justicia en la antigua Comandancia de Obras.


Este punto se abordó en el encuentro que mantuvieron delegaciones de la Ciudad Autónoma y de la Delegación del Gobierno en la sede de la Administración General del Estado.

El interés de Vivas y Chacón es que la edificación de un nuevo Palacio de Justicia sea una realidad a la mayor brevedad posible y encima de la mesa se pusieron en valor una serie de realidades intangibles y muy claras.

Porque este punto junto con la construcción del nuevo instituto en la zona de los barracones del Sardinero son dos de las inversiones previstas por el Estado que más están enquistadas en estos momentos, debido a distintas circunstancias y que más se dilatarán en el tiempo.

De esta manera, se pensó que la solución más rápida es que los dos departamentos llegaran a un acuerdo, al igual que hizo el Ministerio del Interior, quien decidió comprar a Defensa el antiguo acuartelamiento de las Heras para edificar allí la nueva Comandancia de la Benemérita.

Ahora mismo, la antigua Comandancia de Obras es propiedad de Defensa y existe un Ministerio que está interesado en edificar allí. Por tanto, a altos niveles es posible reeditar la misma acción que para la nueva ubicación de la Comandancia de la Guardia Civil.

Hasta el límite

La Ciudad Autónoma presta una colaboración indispensable a la Administración General del Estado, más allá incluso del Ministerio de Defensa, porque no nos olvidemos que este departamento tiene en Ceuta tanto suelo como el mismo Ayuntamiento. Y mientras todas las cesiones del equipo de gobierno son gratuitas, en el caso de Defensa es previo paso por caja.

Así, por ejemplo, la colaboración a la hora de ceder terrenos para la construcción de la nueva Jefatura Superior de Policía ha ido más allá de lo pactado en un principio.

En las primeras estimaciones hablaron desde Madrid de unas necesidades de tres mil quinientos metros cuadrados y al final han solicitado el doble, siete mil, sin que les haya puesto el más mínimo impedimento, al entenderse que es una inversión que va en la mejora da la seguridad de los ceutíes.

Sin embargo, debido a esa situación, la Ciudad Autónoma, que tampoco estaba sobrada de solares, se quedaba sin la posibilidad de edificar unas viviendas destinadas a grupos desfavorecidos en régimen de alquiler.

De ahí, que cuando estos planteamientos fueron expuestos por el presidente de la Ciudad Autónoma durante la reunión mantenida el miércoles en la Delegación del Gobierno, no existía ninguna fuerza moral que permitiera no aprobar su intención de que esas viviendas para grupos desfavorecidos se llevaran a la actual parcela del Cine Africa que, en su día fue cedida al Ministerio de Justicia.

Situación

Entre los acuerdos cerrados para el II Convenio con el Ministerio de Defensa se encontraba la obligación por parte de la Ciudad Autónoma de recalificar los terrenos de la antigua Comandancia de Obras, de manera que el departamento ministerial pudiera enajenar este solar y venderlo para la construcción de viviendas privadas, aparte que el Ayuntamiento tenía la posibilidad de quedarse con una parte pequeña también, la cual se destinaría a viviendas protegidas.

Pues bien, puede ser que en esos contactos que mantenga el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Defensa para la compra de una zona que servirá para la construcción del nuevo Palacio de Justicia, se dictamine por parte de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa que ellos, si aceptan esa posibilidad, entonces pueden perder lo que se denomina plusvalía, ya que no es lo mismo la venta para una infraestructura estatal, que a un promotor privado para la construcción.

Si esa fuera una de las pegas que se pusiera encima de la mesa, entonces existe un plan B, donde ya si entraría la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Para que el Ministerio de Defensa no tuviera argumentos en contra por esa posible pérdida de plusvalía, existe ya un acuerdo entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno para que se le haga llegar a la Gerencia de Infraestructuras la absoluta disponibilidad a matizar esa posible pérdida y auxiliar al Ministerio de Justicia para que pueda hacerse con la parcela en la Comandancia de Obras.

¿Cómo se haría? En primer lugar, se establecería, de manera conjunta, la cuantificación del citado déficit en euros.

Entonces, en una futura negociación entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ministerio de Defensa en relación con el III Convenio no existiría ningún problema que en uno de los solares que fuera entregado se buscara el mismo espacio, el cual sería recalificado, para que Defensa obtuviera las ganancias que dejaría de tener en la antigua Comandancia de Obras.

Fórmulas imaginativas entre las dos instituciones, las cuales han abierto un período de entendimiento como hasta nunca había existido cuando se ha pertenecido a siglas políticas distintas, para lograr al final el objetivo del nuevo Palacio de Justicia.

Por tanto, habrá que esperar sobre cual es la contestación que desde la Gerencia de Infraestructuras de Defensa se le da al Ministerio de Justicia, aunque no sería nada descartable que con la intermediación de la Delegación del Gobierno ante lo que se considera una necesidad para el mundo de la Justicia en Ceuta, pueda existir algún tipo de “situación favorable”.

Fuente: elfarodigital.es

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Oviedo: Se inician las obras en el Juzgado de Violencia sobre la mujer

El juzgado de violencia sobre la mujer se quedará con parte del gran vestíbulo de la Audiencia Provincial. La empresa Coniprofer S. L., por encargo de la Consejería de Justicia, ha iniciado las obras de ampliación del tribunal. En 50 o 60 días, en principio, el órgano ganará una sala de vistas de 27 metros cuadrados. Además, se crearán otros 14 metros para el despacho de orientación jurídica, como informaron fuentes del Principado. En total, 41 metros que suponen una inversión de 56.596 euros.


El juzgado nació en diciembre de 2006 y, a pesar de su corta andadura, pronto se quedó corto de espacio. Y los sindicatos denunciaron la falta de salas y de privacidad. No obstante, la consejería salió al paso y remarcó que la sala polivalente consta de dos entradas que posibilitan distintos accesos a denunciantes y denunciados. Accesos que, tras las obras, «se mantendrán».

Con la ampliación en marcha del tribunal que preside la magistrada Marta Iglesias, sólo queda que la fiscalía y el juzgado de Menores inaugure nueva sede en el barrio de La Ería. Dispondrán de 767 metros cuadrados en los que el Gobierno regional ha invertido casi un millón de euros. Con su apertura, el partido judicial de Oviedo tendrá siete sedes judiciales.

Fuente: elcomerciodigital.com

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domingo, junio 22, 2008

Valencia: Miles de condenados no constan como delincuentes en los registros de Justicia

El dato es alarmante pero real. Más de 2.000 personas condenadas en Valencia no constan como delincuentes al no estar recogidos en el Registro Central de Penados y Rebeldes, un listado dependiente del Ministerio de Justicia que custodia los antecedentes penales de las personas sobre las que pesa un fallo que es firme.


Así lo indica un requerimiento de la Subdirección General de los Registros Judiciales en una nota remitida a los tres juzgados de Ejecutorias de Valencia (el número 5, 13 y 14). El escrito insta a los órganos judiciales a volver a enviarle cerca de 2.000 notas de condena que, según los propios magistrados, ya fueron tramitadas pero que, sin embargo, no constan.

El Registro de Penados es un instrumento de vital importancia al que acceden los magistrados, la Policía y la Guardia Civil para comprobar los antecedentes penales de cualquier detenido o imputado. Si no aparecen en este directorio, es como si nunca hubieran delinquido.

El requerimiento del ministerio ha enervado a uno de los magistrados afectados, cuya reacción ha sido firme y así ha quedado plasmada en otro escrito enviado al Gobierno.

La notificación rescata el grave problema de saturación que viven los juzgados de Ejecutorias. El hecho de tener que volver a remitir las notas de condena puede hacer tambalear el ya de por sí frenético funcionamiento de los tres juzgados, asfixiados por el atasco de papel y con un elevado número de sentencias pendientes de ejecución. "Hay un gran tapón y esto supondría un trabajo extra que trastocaría todo", señalaron fuentes judiciales.

Uno de los juzgados puso los hechos en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y el secretario de Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto.

Carta al Ministerio de Justicia

En una carta dirigida al Ministerio de Justicia, expone que los documentos que ahora se piden ya fueron remitidos en su momento "tanto telemáticamente como en papel", aclara. Por eso, recalca que desconoce la causa que ha determinado que todavía estén pendientes y subraya que es "inasumible" para estos tres juzgados volver a realizar el trabajo.

"Se desconoce la causa que ha determinado la pendencia que, en todo caso, no parece achacable a estos órganos judiciales y, con la insuficiente plantilla con que cuentan, entiendo que resulta inasumible", recoge el escrito enviado al subdirector general de Medios Personales, perteneciente al Ministerio de Justicia.

Asimismo, advierte de que en caso de tener que volver a realizar todo el trámite "se podrían provocar dilaciones en la labor procesal ejecución penal y estado de las causas que, entiendo, deberían ser preferentes a otras tareas".

"Es por ello que solicito que se arbitre algún sistema que permita que sea el propio Registro Central de Penados y Rebeldes el que se subsane el defecto apreciado, a lo que parece no advertido por el mismo pese a que determinadas notas se remitieron hace más de dos años", concluye.

Cruce de misivas

El cruce de misivas se inició hace varias semanas después de que los secretarios judiciales de los tres juzgados de Valencia especializados en ejecutorias recibieran un oficio de la Subdirección General de Registros Judiciales.

En el documento, se les informaba de que se desconocían las causas por las que las notas de condenas no habían sido recibidas y les instaban a que se confirmara la validez de las pendientes y que se volvieran a imprimir, firmar y sellar para incorporarlas al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Un trámite que trastoca, y mucho, la actividad de los tres órganos judiciales dado el intenso volumen de trabajo que soportan a diario con un número de funcionarios exiguo.

El alto tribunal autonómico está ahora a la espera de la contestación de Justicia. La inscripción de un delincuente permite a cualquier magistrado saber si la persona a la que va a enjuiciar carga con algún tipo de antecedente penal.

Si un magistrado juzgara a una persona, que está sancionada pero que no consta en este listado, no podría aplicar el agravante de reincidencia ni apreciar la medida penal que hubiera quebrantado.

Dicho de otra manera, si la segunda condena fuera inferior a dos años no entraría en prisión porque, una vez consultado el registro, no figuraría y, por tanto, podría obtener los beneficios dispuestos por la ley.

Fuente: elmundo.es

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Madrid: Prada se pone de acuerdo con Bermejo

La Justicia de Madrid será una de las primeras en beneficiarse de la gran reforma del sistema judicial. El Ministró de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, acordaron poner todos sus esfuerzos en común para sacar del atasco actual a los juzgados de la Comunidad de Madrid, los que más presión sufren de todo el territorio español.


Durante una reunión de una hora mantenida el pasado martes en el Ministerio de Justicia, Prada y Bermejo acordaron estrechar la colaboración entre ambas instituciones, después de que el consejero madrileño le expusiese las cifras que han arrojado los sucesivos informes y memorias de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En las mismas se pone de manifiesto que Madrid acabó 2007 con 467.950 asuntos pendientes de resolver. Además, llegaron a unos juzgados con una tasa de interinidad del 37% hasta 1.310.599 casos, un 7% más que el el año anterior.

Optimización de recursos

A la salida del encuentro, Bermejo aseguró que la demanda de 70 nuevas unidades judiciales y de plazas para funcionarios realizada por Prada "es una demanda importante y hay que atenderla". Ahora bien, vinculó su creación a la "optimización" de los actuales recursos de la Comunidad. "La meta no es sólo seguir aumentando siempre el número, sino aprovechar mejor lo que hay con los recursos del siglo XXI", concretó el ministro.

Así, entre los objetivos que se marcaron Prada y Bermejo se encuentra la generalización de la Administración Electrónica en el sistema de Justicia, la digitalización de los procesos y la eliminación del papel, considerado como la principal lastra del sistema actual. La tecnología permitiría sustituirlo y evitar el esfuerzo y la pérdida de tiempo actuales, que obligan a trasladar al papel cada auto, archivarlo (con el volumen de espacio que conlleva) y después consultarlo.

Colaboración de la Comunidad

Prada, que recalcó la "voluntad de colaboración" de la Comunidad de Madrid y la inversión del ejecutivo autonómico en infraestructuras y formación, subrayó que las nuevas tecnologías "permitirán ordenar los recursos existentes". Así se conseguiría "una Justicia ágil y eficaz que resuelva los problemas de los ciudadanos", concluyó.

Fuente: madridiario.es

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Sevilla: La Junta investiga a los funcionarios que tramitaron el caso Mari Luz

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha iniciado una investigación para tratar de depurar las posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que intervinieron en la tramitación de la ejecución de la sentencia que condenó a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, por abusar sexualmente de su propia hija.


La delegación provincial de la Consejería de Justicia en Sevilla, que dirige Francisca Amador, ha solicitado al juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que informe sobre los funcionarios adscritos a este órgano que durante el año 2006 se encargaban de la tramitación de las causas ejecutorias. Entre estos expedientes se hallaba el 31/06, por el que el pederasta debía haber ingresado para cumplir una condena de dos años y nueve meses de cárcel por un delito de abusos sexuales.

La investigación se enmarca en el acuerdo de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en abril pasado decidió abrir un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención al magistrado Rafael Tirado, titular del juzgado de lo Penal número 1. La comisión disciplinaria también acordó en aquella resolución remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía para que valoraran las conductas de los funcionarios de estas instituciones que intervinieron en el caso por si podían haber incurrido en algún tipo de infracción de carácter disciplinario.

El Ministerio de Justicia abrió, a raíz de la propuesta del CGPJ, un expediente disciplinario a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez, mientras que la Fiscalía realizó un informe en el concluía que no había detectado ninguna negligencia del Ministerio Público en el retraso de la ejecución de la sentencia de Santiago del Valle.

La propia Consejería de Justicia, a través de su entonces titular, María José López, descartó cualquier responsabilidad de los funcionarios destinados en el juzgado y atribuyó lo ocurrido a un "error personal" del magistrado.

Fuente: diariodesevilla.es

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El Tribunal Constitucional sigue en el candelero


Los miembros del Tribunal Constitucional no dejan de dar motivos de alarma sobre el uso que dan de su cargo. Primero fue Pérez Tremps y su informe favorable al nuevo Estatuto de Cataluña; luego Mª Emilia Casas y su asesoramiento a una abogada que mandó asesinar a su marido; ahora es el abogado Eugenio Gay, al que se acusa de usar su cargo para enviar clientes a su despacho profesional.


Ha sido un abogado murciano, José Luís Mazón, el que ha levantado la liebre. Acusa al miembro del TC, Eugenio Gay Montalvo, de estar “utilizando el cargo institucional que ocupa para aumentar o mejorar la captación de clientela de la firma de abogados Gay-Vendrell”.

MIEMBRO DEL TC Y PRESIDENTE DE UNA FIRMA DE ABOGADOS

Lo justifica con diversa documentación y datos de entre los que destacan que sigue siendo el presidente de la firma de abogados, según consta en el Registro Mercantil; su despacho oferta con especial interés el recurso de amparo ante el Constitucional.

Además en la página web de la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas se lee en su literalidad: “Como ya conocéis, Gay-Vendrell Abogados, coordinan las acciones tanto en vía administrativa como judicial (incluido el Tribunal Constitucional) encaminada a conseguir el 100% de la pensión de jubilación de los pensionistas que tengan 65 años”.

Por si fuera poco a esta demanda se ha unido la asociación de prejubilados y pensionistas catalanes contratando al despacho Gay-Vendrell.

Mazón afirma en su escrito, presentado al Tribunal Supremo tras haber sido desestimado en el Constitucional, que “incumple la regla deontológica del Colegio que habla del deber de prioridad, es decir, deber de honestidad”.

Pero el controvertido abogado Eugenio Gay no es un caso suelto en el desprestigiado Tribunal. Hay más miembros que juegan a ser juez y parte.

LAS AMISTADES PELIGROSAS DE MARIA EMILIA CASAS

A esto debemos de unir el caso de Maria Emilia Casas, presidenta del Constitucional para mayor escarnio del tribunal, a la que se le acumulan las querellas y ampliaciones de querellas.

Está en el ojo del huracán por su relación con la letrada Mª Dolores Martín Pozo, que encargó el asesinato de su marido para quedarse con la custodia de su hijo.

EL INFORME DE PEREZ TREMPS PARA LA GENERALITAT

Claro, que el caso de Pérez Tremps no les va a la zaga a los dos anteriores. Este miembro del Constitucional, que tres meses antes de ser nombrado había elaborado un informe favorable al nuevo Estatuto de Cataluña, pretendía votar en la reunión del Constitucional que decidía sobre la constitucionalidad del mismo.

Fuente: lanacion.es

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Cádiz: Los Juzgados de lo Penal ordenan 31 demoliciones en 2007

La demolición de edificaciones ilegales se configura ya como la consecuencia necesaria de la condena por delito contra la ordenación del territorio, anota la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz de 2007. De hecho, frente a las cinco sentencias que en 2006 ordenaban el derribo de la obra ilegal, los Juzgados de lo Penal de la provincia dictaron el año pasado 31 resoluciones que incluyen la demolición a cargo del autor del delito.


No obstante, la Memoria advierte sobre un obstáculo a esa posición que poco a poco se va imponiendo: la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha confirmado varias condenas por delito contra la ordenación del territorio pero ha revocado las demoliciones y ha remitido a la Administración la decisión al respecto.

La Sección Séptima se pone así frente a la doctrina indicada por la Audiencia en la sentencia de la Sección Primera de 29 de noviembre de 2007, que estableció: "La demolición de una obra contraria al ordenamiento urbanístico que prevé el artículo 319.3 del Código Penal no debe ser la excepción sino la regla general".

La Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que fue una sentencia de la Sección Primera de octubre de 2006 la que provocó un punto de inflexión en las posiciones de la Audiencia Provincial de Cádiz. Las acercó a las que desde hace años defiende el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, empeñado en convencer a los tribunales de que si no dictan la demolición de la obra ilegal, la sanción se queda en papel mojado.

"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", señala Núñez en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".

El fiscal explica también que se están dilatando "en exceso" los plazos para que sean efectivas las demoliciones ya acordadas por los tribunales e indica que no son pocos los problemas que se plantean en ese ámbito, entre ellos la necesidad de elaborar los oportunos proyectos de obra y de contratar la ejecución de las obras de derribo.

Otro problema que apunta el fiscal es el de resolver si el Juzgado o tribunal sentenciador que acuerda la demolición a costa del penado la ha de ejecutar por sí mismo si el condenado no la realiza o bien cabe la posibilidad de recurrir a la mediación de la Administración, sea el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma, en este caso la Junta de Andalucía. Como las soluciones aplicadas no son siempre las mismas, el fiscal plantea que sería bueno que el fiscal general del Estado ofreciese criterios que garanticen la unidad de actuación.

La Memoria señala que el número de diligencias de investigación de la Fiscalía en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico ha experimentado "un extraordinario crecimiento". En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras.

Fuente: diariodecadiz.es

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jueves, junio 19, 2008

Sevilla: STAJ denuncia la brutal agresión sufrida por un funcionario

Un funcionario adscrito al servicio común de Notificaciones y Embargos del juzgado decano de Sevilla sufrió una brutal agresión el pasado lunes en la zona de Su Eminencia, a la que se desplazó para practicar una diligencia de notificación. Según denunció el sindicato de Justicia STAJ, el agresor, que llevaba anillos en los dedos, propinó al funcionario varios puñetazos en la cara, uno de los cuales le causó un desprendimiento de retina del que está pendiente de ser intervenido.


La Junta de Personal de la Administración de Justicia de Sevilla -integrada por los sindicatos CSI-CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT Y CCOO- convocó un paro desde las 9.00 a las 9.30 horas en la explanada de la Audiencia Provincial de Sevilla, en apoyo al funcionario.

En un comunicado, el presidente de la Junta de Personal, Aníbal Fernando Jiménez de Piñar, dijo que, como consecuencia de la agresión, el funcionario ha sufrido lesiones cuya gravedad aún se desconoce con certeza.

Los sindicatos critican «la total ausencia de medidas de seguridad que protejan a los compañeros que realizan diligencias en zonas conflictivas». Desde la Junta de Personal se ha remitido escrito a la Consejería de Justicia y Administración Pública y al juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, para que se adopten cuantas medidas sean necesarias.

Fuente: ABC.es , diariodesevilla.es
Más información en STAJ Andalucía

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Cantabria: El presidente del TSJ propone desligar los registros civiles del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, propuso que los registros civiles se desliguen del Poder Judicial, ya que están servidos por magistrados pero la labor que en ellos se realiza no tiene carácter jurisdiccional, y puso como ejemplo el registro de la Propiedad o el Mercantil, independientes de la justicia.


Tolosa hizo estas afirmaciones durante la inauguración del cuarto Panel de Formación de Jueces de Paz, en la que le acompañaron el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y la presidenta de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Blanca Rosa Gómez Morante, informó el TSJC.

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior subrayó el papel que desempeñan estos jueces como encargados de los registros civiles, unos órganos de notable importancia como pone de manifiesto el hecho de que los ciudadanos percibieran la huelga en la Administración de Justicia de principios de por los problemas en los registros civiles y las consecuencias que para ellos tuvieron al no poder, por ejemplo, cobrar una pensión, y no tanto por la suspensión de juicios.

Por su parte, el consejero de Presidencia explicó a los jueces de paz asistentes a la jornada que para septiembre estará 'plenamente operativa' la aplicación informática INFOREG, que supondrá una 'mejora sustancial' en el funcionamiento de los registros civiles.

En estos momentos ya se ha concluido el proceso de conectividad que asegurará a todos los municipios con Juzgado de Paz acceder a esta tecnología. Una vez concluido el proceso, se ofrecerán cursos de formación a las personas encargadas de utilizar esta herramienta que, según Mediavilla, supondrá un 'avance considerable en la llevanza de los libros registrales'.

Por otro lado, destacó que la Consejería acometerá próximamente la digitalización de los libros desde 1950, que contienen una 'parte importante de la historia de la Comunidad Autónoma'. Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del convenio suscrito entre el departamento dirigido por Mediavilla y la entidad pública empresarial Red.es, que supone actuaciones por valor de 478.167 euros, de los que 286.900 los proporciona la Consejería.

FORMACIÓN.

El cuarto Panel de Formación de Jueces de Paz, que se ha consolidado como el punto de encuentro anual de los jueces no profesionales que ejercen en la región, reunió hoy a medio centenar de jueces de paz de Cantabria que han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y poner al día sus conocimientos en materia civil y penal.

Así, el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Luis López del Moral, ha abordado las cuestiones penales, mientras que la secretaria judicial Milagros Fernández Simón se ha encargado de los asuntos civiles y, un año más, el oficial encargado del Registro Civil de Santander, Carlos Alonso Izquierdo, ha explicado las últimas novedades de este órgano.

Los jueces de Paz asistentes al IV Panel de Formación prestan sus servicios en los municipios de Ampuero, Arenas de Iguña, Arredondo, Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo, Campoo de Enmedio, Cartes, Castañeda, Comillas, Corrales de Buelna, Escalante, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Limpias, Luena, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Miengo, Miera, Noja, Peñarrubia, Pesquera y Piélagos.

También asistieron los de Polaciones, Polanco, Potes, Puente Viesgo, Ramales de la Victoria, Rasines, Reocín, Ribamontán al Mar, Riotuerto, Ruiloba, Santa María de Cayón, Santillana del Mar, Santiurde de Reinosa, Selaya, Solórzano, Tresviso, Udías, Val de San Vicente, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Villacarriedo, Villaescusa, Villaverde de Trucíos y Voto.

El Panel de Formación de Jueces de Paz es una iniciativa del Tribunal Superior y cuenta con el apoyo de la FMC en virtud de un convenio suscrito entre ambas instituciones en mayo de 2006. Desde entonces, este encuentro permite a los jueces de Paz intercambiar experiencias y plantear sus dudas a los jueces de carrera.

MEDIO MILLAR DE JUECES DE PAZ.

En Cantabria existen 94 Juzgados de Paz, que se encuentran servidos por titulares y sustitutos. Son elegidos por el pleno de los ayuntamientos por mayoría absoluta de sus concejales y nombrados por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia por periodos de cuatro años.

Desde la creación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en 1989, su Sala de Gobierno ha realizado un total de 905 nombramientos, que han recaído en 554 personas, ya que muchos son reelegidos. Así, actualmente continúan siendo jueces de paz desde su nombramiento en 1989 un total de 19, en su mayoría como titulares y tres como sustitutos.

Del medio millar de jueces de paz que han sido nombrados durante estos casi veinte años, 223 lo fueron como titulares y 331 como sustitutos. Aunque los hombres representan el 90% de los nombramientos realizados en estos casi veinte años, la presencia de la mujer se está incrementando. Así, actualmente ejercen como jueces de paz 122 hombres y 66 mujeres.

Entre sus cometidos, los jueces de paz ventilan, en el orden civil, asuntos de cuantía inferior a 90 euros, y en el penal, procesos de faltas como, por ejemplo, el maltrato cruel a animales o la perturbación leve del orden en actos públicos, espectáculos o reuniones numerosas.

Fuente: Terra

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Teruel: Los 300 juicios atascados empiezan a repetirse a partir del dia 30

El próximo día 30 de este mes está previsto que se repita el primero de los más de 300 juicios del Juzgado de lo Social de Teruel que quedaron sin sentencia debido a la inactividad del magistrado anterior, José Luis Eduardo Morales, quien apenas emitió veredictos en los algo más de dos años que ejerció en la capital turolense. Morales en la actualidad se encuentra sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un año de suspensión de empleo y sueldo por este motivo.


El retraso de Morales provocó que cerca de un millar de empresarios y trabajadores de la provincia estén todavía aguardando una resolución judicial dos años después de que se celebraran sus respectivas vistas orales.

El magistrado de refuerzo que, en comisión de servicio, se ocupará de desatascar el Juzgado de lo Social, Cristóbal Iribas Genua, tomó ya posesión de su cargo. Además, está previsto que el secretario y algunos funcionarios sean remunerados por las horas extras que deberán realizar para repetir los juicios. De hecho, todos ellos están ya citando de nuevo a testigos y peritos con el fin de que el último día de este mes pueda celebrarse la primera de las vistas.

En julio, las primeras sentencias

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) señalaron que en el mes de julio ya podrían salir las primeras sentencias, si bien la mayoría se emitirán en agosto y septiembre. Para adelantar en lo posible el trabajo, se ha acordado que haya señalamientos hasta finales de julio, cuando lo habitual es dejar de celebrar vistas a mediados de ese mes debido a las vacaciones de los funcionarios.

También desde el TSJA indicaron que se comenzará por los juicios más urgentes por ley, que son aquellos relativos a indemnizaciones por despidos, periodos vacacionales o elecciones sindicales. Una vez celebrados estos, se continuará por orden de antigüedad. En el paquete de juicios atascados existen algunos con un retraso de dos años pese a que la legislación fija tres días para su resolución.

La actitud del magistrado titular de lo Social de Teruel salió a la luz pública en la primavera de 2007, pero desde hacía meses la demora en el dictamen de sentencias se había ya constatado por el personal técnico del Ministerio de Justicia. A mediados del pasado mes de marzo, el CGPJ acordó sancionar a José Luis Eduardo Morales con un año de suspensión de empleo y sueldo por el retraso "reiterado e injustificado" en la tramitación de las causas judiciales. Morales había sido sancionado ya en dos ocasiones en un destino anterior, el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real, por el mismo motivo: retraso en la emisión de sentencias.

Fuente: heraldo.es

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miércoles, junio 18, 2008

Lorca: El alcalde apuesta por mantener la ubicación de los juzgados


El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha reiterado su apuesta por ubicar el futuro Palacio de la Justicia de la ciudad en el casco histórico. El Primer Edil, que ha visitado la manzana donde se ubican los juzgados junto a la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de España, Susana Peris, el Delegado del Gobierno Rafael González Tovar, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, y el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Javier Parra, ha señalado, en sus propias palabras, que “el Ayuntamiento quiere que el Palacio de Justicia no salga del Casco Histórico, ya que estamos luchando por revitalizar esta zona desde todos los vértices posibles".


"La construcción de esta infraestructura en el enclave por el que apostamos sería una inyección de vida para el casco histórico, y por ello vamos a seguir luchando en lo sucesivo. Nuestro empeño es que el Palacio de Justicia siga donde ahora está, y eso aunque tengamos que superar las dificultades y condicionantes necesarios. Queremos que se haga en esta zona porque estamos hablando de una reivindicación no sólo del Ayuntamiento, sino también de los colectivos profesionales del mundo de la judicatura de nuestra ciudad”.

La Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Susana Peris, ha señalado, por su parte, que “esta era una visita obligada. Es cierto que existen ciertas dificultades, ya que tenemos que adaptarnos a la recuperación del patrimonio histórico en los inmuebles que contempla la manzana donde queremos desarrollar este Palacio de Justicia. Vamos a volver a analizar este asunto para buscar más espacio, teniendo presente la reclamación expresada por parte del Alcalde de Lorca y de los colectivos profesionales de mantener en el casco histórico esta infraestructura”.

Fuente: murcia.com

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Entrevista a Teresa Gisbert, Fiscal jefe de Valencia

Un retoque de color en los labios antes de sentarse -para "estar presentable"- precede la entrevista. Teresa Gisbert apoya las manos en su escritorio y se inclina hacia adelante para empezar a radiografiar la situación de la Fiscalía. La mesa está despejada. No se apoya en papeles con estadísticas ni en tablas porque no las necesita. Domina los datos con precisión.


También los tiempos. Considera que todavía es pronto para emitir ciertas conclusiones aunque avisa de que será combativa en aquellos asuntos que lo requieran. "Soy una persona que se cree lo que hace y que disfruta haciéndolo", advierte. La Fiscalía que dirige, sentencia, "está abierta al ciudadano".

Pregunta. No sé si llamarla fiscal jefe o fiscala jefa...

Respuesta. Lo tengo claro: la fiscal jefe. Entiendo que fiscal es un término profesional y, por lo tanto, es fiscal jefe. Firmo la fiscal jefe. Pero es que la fiscala jefe... suena fatal.

P. ¿Cree que se exagera con estas cosas?


R. Es evidente que los continentes arrastran contenidos y no es ninguna tontería usar un léxico u otro. Pero hay cosas que son un poco forzadas. Hablar de fiscala a mí no me gusta. El fiscal es una institución, no es un género.

P. Entremos en materia. La suya, ¿es una Fiscalía dinámica?

R. Es muy dinámica en volumen de denuncias, fiscales y expedientes.

P. Los jueces hablan de colapso, ¿sucede aquí lo mismo?

R. Hablar de colapso en los juzgados es generalizar demasiado. No todos están colapsados ni todos lo mismo. La Fiscalía no está colapsada pero necesita más medios, eso es evidente. El fallo más importante está en los juzgados de ejecutorias y por eso tienen un refuerzo. Yo ahora voy a pedir que se refuerce también de fiscales y funcionarios para las ejecutorias porque no tiene sentido que hagamos todo el trabajo previo y luego no se ejecuten las sentencias. No hay duda de que hacen falta más medios y unas leyes más modernas.

P. Una Fiscalía con un gran volumen de trabajo en la que hacen falta más personas, ¿están bajo mínimos?

R. Lo primero que necesitamos son más funcionarios. Si queremos una justicia ágil hay que aumentar la plantilla. Tenemos pocos, ochenta para ciento siete fiscales. Llevamos papel que entra y sale de los juzgados y somos una Fiscalía muy dinámica en diligencias de investigación penal. No sólo tramitamos lo que viene de los juzgados. Estamos en conversaciones con la Conselleria de Justicia porque consideramos que el refuerzo que nos ofrecen no es suficiente.

P. De medios materiales tampoco andan muy sobrados...

R. Faltan. Los fiscales en su ordenador no tienen acceso a internet o yo misma, que no tengo escaner. Es muy fuerte pero es así.

P. ¿Cree que hay voluntad para atajar estas carencias?

R. Sí la veo pero el problema es económico. No soy la que decide dónde va el dinero pero parece que para unas cosas lo hay y para otras, menos. Voluntad sí que existe, ahora hay que ver que se puedan cumplir los compromisos con el dinero que tienen. Estoy esperando cosas.

P. En el área de Menores, los problemas con la plantilla del equipo técnico está causando más de un quebradero de cabeza...

R. La falta de personal retrasa la instrucción de los procedimientos. Si ése informe se retrasa, se retrasa todo. La Conselleria asegura que el problema está en vías de solución. Fuera de esto, el tema de menores funciona muy bien.

P. La inversión en este área, ¿es suficiente?

R. Hay que invertir lo más posible y buscar medios que sean reeducativos. Porque cuanto más invirtamos en ellos, menos tendremos que invertir en el mañana.

P. Le Ley del Menor ha recibido críticas al considerarla blanda...

R. Quien diga que es blanda habla desde el más puro desconocimiento. Lo más grave es que la sociedad no la conoce. No se puede legislar ni para casos concretos ni a golpes de titular de periódico. La Ley del Menor es dura y permite imponer hasta diez años en régimen cerrado. Es una ley buena pero desconocida. Eso de que eres menor y no pasa nada no responde en ningún caso a la realidad. Sí que pasa. Hay una tendencia en el derecho penal de adultos que debe copiar lo que se ha hecho.

P. Otro asunto que afecta a los adolescentes es el acoso escolar, en auge en los últimos años. ¿Se está exagerando?

R. Se ha exagerado, sin duda. No habrá ni el 10% de lo que se ha dicho. Otra cosa es que haya una mayor agresividad y violencia en los colegios. No es acoso que dos compañeros riñan o discutan.

P. Y, ¿dónde está el límite?

R. El acoso se produce por hechos en los que la víctima es sometida a una situación donde queda anulada. Para eso hace falta un periodo de tiempo y hechos continuados. Siempre digo que tanto el acoso escolar como la violencia de género no sería posible sin el silencio cómplice y cobarde de los demás.Tenemos que mojarnos todos.

P. Hablando de violencia, la fiscal jefe de Valencia ¿cree en la reeducación de los maltratadores?

R. Considero que algunos son reeducables y otros es muy difícil porque creen que no tienen nada que reeducar. Se les debe exigir que pongan de su parte y que se sometan a esos cursos.

P. ¿Hay algún asunto que le preocupe sobre el resto?

R. La violencia de género es uno de ellos. Cualquier víctima que quiera asesoramiento ha de saber que tiene Fiscalía abierta. El medio ambiente también y los asuntos que afectan a las personas discapaces.

P. Con su experiencia, ¿hay algo que le quede por hacer?

R. Claro que sí. Tengo que hacer que la Fiscalía siga siendo magnífica y preste un mejor servicio a la sociedad. Mi interés es gestionarla bien, potenciarla y ofrecer a los fiscales todos los medios para que cumplan sus funciones en las mejores condiciones. Pediré lo que tenga que pedir y donde corresponda.

Fuente: elmundo.es

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Italia: Desmantelan una red de mafiosos que impedían la celebración de juicios

La Policía de Sicilia ha confirmado la desarticulación de una red formada por miembros de la mafia y la masonería local. Entre sus actividades delictivas destaca la utilización de sus influencias para impedir que se celebrasen algunos juicios. Entre los arrestados destacan un agente de policía, un ginecólogo de Palermo, varios empresarios y un funcionario del Ministerio de Justicia.


Al menos ocho personas han sido detenidas por la Policía de Sicilia durante una operación para desmantelar una red de masones y mafiosos que impedía la celebración de juicios. Las autoridades deberán responder a las acusaciones de asociación mafiosa, corrupción, peculado, abuso de poder y revelación de secretos oficiales.

Según el fiscal del caso, Francesco Messineo, los jefes mafiosos se servían de la influencia de personas que pertenecían a la masonería siciliana para conseguir, bajo el pago de importantes sumas, retrasar los procesos en los que estaban imputados y que así prescribieran. Entre los arrestados destacan un agente de policía, un ginecólogo de Palermo, varios empresarios y un funcionario del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con las investigaciones, del sistema de tráfico de influencias se había beneficiado también el ginecólogo detenido, que había sido condenado en apelación por abusos sexuales contra una menor, según revelan los medios de comunicación locales.

El médico había pagado para que el proceso se estancase a su llegada al Tribunal Supremo para que prescribiera, como así ocurrió, ya que la sentencia final se espera desde hace tres años.

Fuente: Libertad Digital

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martes, junio 17, 2008

Cantabria: El presidente de la Audiencia Provincial toma posesión de su cargo

El presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Luis López del Moral, subrayó durante el acto de toma de posesión de su cargo, que el objetivo que se marca en la etapa que ahora inicia es el de "continuar en la línea de mejora del servicio público que presta el Poder Judicial, y ello mediante la optimización en la utilización de los recursos, y sobre todo impulsando el uso de los mecanismos de coordinación legalmente previstos".


López del Moral, hasta ahora magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, juró como presidente y miembro de la Sala de Gobierno ante este órgano gubernativo presidido por César Tolosa Tribiño, y en presencia del pleno de la Audiencia Provincial, así como del presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla; del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; de la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga; y del consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, entre otros invitados.

Durante este acto judicial solemne, también estuvieron presentes en estrados los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Victoria Ortega y Dionisio Mantilla, respectivamente, y la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, Marina Pacheco, así como representantes de los letrados del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Santander.

López del Moral, que fue apadrinado por el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Rubén López-Tamés, destacó el trabajo realizado por su predecesor, el magistrado Javier de la Hoz de la Escalera, de quien dijo que ha cumplido "de forma encomiable y poniendo en valor a la Audiencia Provincial y a quienes la forman".

Asimismo, se refirió a la transferencia de las competencias en materia de Justicia y destacó que "la práctica ha venido a demostrar la eficacia de los gobiernos autonómicos en la gestión de su, limitado pero importante, ámbito de competencia".

También destacó la implicación de otras instituciones que, como el Ayuntamiento de Santander, no tienen competencias en Justicia pero sí han trabajado con actuaciones que prestan un "eficaz auxilio a los juzgados", como es el caso de la creación del Punto de Encuentro Familiar de la capital cántabra.

"Cuantos más sean los organismos que aporten medios a la Administración de Justicia, mejores serán los resultados de nuestro trabajo, porque el aprovechamiento de estas sinergias reforzará nuestra capacidad de resolución de los conflictos que los ciudadanos plantean ante los Tribunales", añadió el presidente de la Audiencia Provincial.

Por otro lado, constató que el poder Ejecutivo sí considera a la Justicia "como un servicio público de cuyo correcto funcionamiento depende su propio prestigio y capacidad de gestión", e insistió en la necesidad de que para que funcione el entramado de instituciones que participan en la Justicia "se hace imprescindible la efectiva utilización de los mecanismos de coordinación previstos por la legislación".

"La reforma de la Justicia partió del necesario incremento del esfuerzo inversor del Estado, pero actualmente podemos asegurar que su culminación no depende solamente del dinero, sino que las reformas organizativas internas son prioritarias, y para la definición e implantación de las mismas, debemos coordinarnos todos los estamentos implicados", apostilló López del Mora, quien subrayó que "la Justicia no sólo es una cuestión de jueces".

MÁS DE VEINTE AÑOS AL SERVICIO DE LA JUSTICIA.

José Luis López del Moral Echeverría ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1987 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp (Lérida). Posteriormente, se incorporó a los Juzgados mixtos de Santander donde fue titular del nº 8 y, después, del nº 10 entre 1989 y 1997.

Su llegada a la Audiencia Provincial de Cantabria se produjo en 1997, donde ocupó puesto de magistrado en la Sección Primera. Luego, también ha sido magistrado en la Sección Segunda y en la Tercera, donde prestaba servicios hasta el pasado día 10.

Entre 1998 y 2001 fue presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, y de agosto de 2001 a junio de 2002 ocupó el cargo de director general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

El pasado 23 de abril el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó su nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, y el pasado día 10 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto de su nombramiento.

Fuente: Europa Press

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El ministro de Economía exige moderación salarial

Ante la situación de ralentización económica, el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reclamado contención en las políticas de gasto y salariales de la Administración General del Estado, así como un papel más activo en la determinación de los criterios de esas políticas. Solbes advierte que, ante el cambio del ciclo económico, no es factible el "expansionismo" de los últimos cuatro años, producido "en un escenario presupuestario favorable".


Las exigencias de Solbes figuran en un informe interno del Ministerio de Economía y Hacienda, que precisa los riesgos del "expansionismo" que hay que contener, después de subrayar que en la pasada legislatura, la masa salarial de los empleados de la Administración del Estado ha crecido el 7,25% de media anual, más de 3 puntos por encima de la inflación.

"Tensiones"

Lo primero que advierte el informe es de las "tensiones" que sobre el "escenario presupuestario" pueden tener acuerdos como el alcanzado por Justicia con el personal no transferido a las comunidades autónomas, negociación protagonizada en exclusiva por su titular, Mariano Fernández Bermejo, y cerrada en marzo tras una huelga de dos meses. El acuerdo supondrá un coste superior a los 15 millones para 2008 y más de 28 millones para 2009, con un coste anual consolidable de más de 24 millones de euros.

Solbes reclama que se escuche su opinión en las nuevas reivindicaciones sindicales de los funcionarios, a las que el informe tilda de "amenazas sobre el escenario presupuestario". Entre ellas figuran la reclamación del desarrollo de la jubilación anticipada y parcial no acompañada de reducción de plantillas; la extensión del sistema de carrera a todos los empleados, con un coste superior a 200 millones de euros; el convenio colectivo único del personal laboral que fija una retribución mínima de 14.000 euros anuales...

Solbes también alerta sobre cambios en la estructura de la Administración como los que han obligado a crear, desde 2004, hasta 68 cargos directivos, de los cuales 30 corresponden a las nuevas agencias estatales. El nacimiento de las siete primeras agencias (como la de Meteorología o el CSIC) se ha traducido en mayores plantillas y aumentos automáticos de los incentivos al rendimiento.

El nuevo Gobierno también ha contribuido a la inflación de altos cargos: 21 más que en la legislatura pasada con un coste extra de 6,1 millones de euros. Y además, 41 puestos nuevos con rango de subdirector general.

Hacienda reclama, en sus informes internos, que los departamentos ministeriales actúen con disciplina y no tomen iniciativas de acuerdos sindicales o compromisos con su personal en contra de los criterios de las políticas salariales y de gasto sin que antes hayan sido conocidas por el Ministerio de Economía y Hacienda y valorado su encaje dentro de dichas políticas.

Advierte, también, que las grandes cuestiones, como las retribuciones del Estatuto del Empleado Público y los modelos de carrera o la puesta en marcha de las agencias estatales, aconsejan centrar sus esfuerzos en ellas antes de entrar en nuevas dinámicas retributivas.

Hacienda pretende, con estas recomendaciones, impedir que la masa salarial de los empleados públicos crezca el 7,3% anual, como ha sucedido en la anterior legislatura. Este crecimiento es consecuencia de una mayor cualificación del empleo y de aumentos salariales propiamente dichos.

Fuente: elpais.com

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lunes, junio 16, 2008

Los funcionarios interinos son un grave problema, según los jueces


Una nueva edición de los Desayunos Legales, organizados por LA GACETA y El Derecho Editores, puso de relieve la gran preocupación que existe entre el colectivo de jueces y magistrados sobre la falta de formación de los funcionarios interinos. El debate contó con la presencia de José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Juanes; la magistrada María José García-Galán, y el abogado y magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño. También se debatió sobre la ejecución de las sentencias y pidieron recuperar la figura del juez de distrito, con todas las garantías, para reducir la sobrecarga de los tribunales.


Jueces de distrito y mediación, claves para agilizar la Justicia

La Justicia española se encuentra en una situación delicada. Su ritmo es demasiado lento para resolver los litigios de los ciudadanos y para dar una respuesta rápida cuando se solicitan medidas cautelares o se incoa un procedimiento abreviado. Las causas de que esta Administración no funcione correctamente son multifactoriales (falta de presupuesto, sobrecarga de trabajo de los jueces, falta de medios materiales y personales, informatizar los juzgados, demasiada introsimisón de políticas judiciales, etcétera). Este mal endémico, que dura varias décadas, ha vuelto a tener otro brote de alarma social. El caso Mari Luz ha dejado en evidencia al Poder Judicial al desvelar la falta de control de las ejecutorias.

Una de las conclusiones de los invitados para agilizar la Justicia fue la necesidad de recuperar la figura de los jueces de distrito (desaparecidos con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985), pero sin connotaciones políticas en su elección, es decir, a través de una oposoción objetiva. Con estos profesionales se descargarían de trabajo todos los órdenes jurisdiccionales. Así, José Luis Requero, vocal del CGPJ, manifestó que “uno de los mayores errores históricos que se han cometido fue suprimir la figura de los jueces de distrito”. Otra de las medidas para desatascar el colapso judicial sería la mediación, esto es, llegar a acuerdos antes de judicializar el pleito.

Los ponentes comenzaron su intervención tomando el pulso a la salud judicial. Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia, explicó que “la inflación de asuntos judiciales y la extraordinaria sobrecarga que sufren los jueces está provocando que los ritmos de esta Administración sean desesperantes”. Gómez de Liaño ilustró esta idea con un caso paradigmático: el Tribunal Supremo (TS) tardó siete años en resolver un recurso de uno de sus clientes, y cuando el bufete quiso comunicárselo, éste ya había fallecido.

¿Y quién ha causado este marasmo judicial? Unanimidad en el diagnóstico: los cuatro magistrados señalaron con el dedo acusador a la clase política. A pesar de que reconocieron que se han producido innovaciones y esfuerzos por parte de la Administración, todos afirmaron sin ambages que a ningún gobierno, con independencia de su color, le interesa que la Justicia funcione bien. Un ejemplo de que esta aseveración es cierta lo puso Requero: “En la jurisdicción contencioso-administrativa interesa que la Justicia sea cada vez más lenta, prueba de ello es que cuando se acomete una reforma en este ámbito, se le atribuyen nuevas competencias, por lo que aumenta la sobrecarga. Igual sucede en materia laboral con el personal estatutario”. Gómez de Liaño añadió: “Una Justicia que funcione bien es muy peligrosa”. El magistrado del TS, Ángel Juanes, reprochó a los políticos que no toman decisiones basadas en un criterio práctico. Y es que, según señaló Requero, “desde que se aprobó la Constitución, sólo se ha actuado en función del interés político y no social”. El mapa judicial es un buen ejemplo de ello. “Se aprueban muchos órganos jurisdiccionales para contentar al alcalde de turno porque Cartagena no quiere ser menos que Murcia”, ilustró el vocal del CGPJ. Esta política fue tildada de “facilona”, “simple” e “ineficaz”.

Otro punto del debate fue el cumplimiento de los plazos legales de abogados y jueces. Liaño afirmó que es “extremadamente injusto que los letrados tengan que cumplir con severidad estos plazos, mientras sus señorías no. Cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo construyó una atenuante analógica de dilaciones indebidas es que el propio órgano se daba cuenta de la pereza de muchos tribunales”.

María José García-Galán, magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, defendió a la judicatura: “Salvo barrer y fregar el juzgado, el juez tiene que ocuparse de todo. Cada vez se nos exige más y cada vez entran más asuntos complejos. Debemos reconocer el esfuerzo que se está haciendo porque estamos realmente saturados”. Requero matizó y le contestó que “cada juez tiene un secretario que se ocupa de organizar el trabajo”. García-Galán reprobó a los abogados su afán por la judicialización: “Hay muchos pleitos inventados que contribuyen a congestionar los juzgados”. Gómez de Liaño reconoció que los letrados no evitan los juicios porque suelen salir rentables. El magistrado del TS y el vocal del CGPJ reprendieron a los secretarios judiciales por “su obsesión por conseguir las mismas competencias que los jueces, cuando de lo que se deben preocupar es de ser expertos en la organización de los órganos jurisdiccionales para descargar a los magistrados”.

Depuradas las responsabilidades, se propusieron soluciones. Todos los ponentes insistieron en que no sólo hay que aumentar los medios, sino aprender a racionalizarlos. “No puede ser que en algunas salas del Supremo no haya trabajo y otras estén saturadas mientras hay magistrados desaprovechados”, enfatizó Juanes. Siguiendo con el capítulo económico, los ponentes debatieron si sería más eficaz que el propio CGPJ administrase los presupuestos, en lugar del Ministerio de Justicia. Liaño lo defendió afirmando que la independencia judicial debe ir acompañada por la económica. “Las experiencias de autogobierno judicial han sido insatisfactorias porque no sabemos administrarnos”, apuntó Requero. Una de las peticiones más reivindicadas fue la necesidad de modernizar la Administración. “El Ministerio de Justicia ha creado muchos programas informáticos, pero todos poco inteligentes y desarrollados”, denunció Juanes.

Los interinos, un grave problema para jueces y magistrados

Un asunto que trae de cabeza a jueces, magistrados, fiscales, abogados y secretarios judiciales es la falta de formación de los interinos de Justicia, que tramitan diariamente los expedientes. El magistrado Ángel Juanes criticó duramente “cómo se hacen las bolsas de trabajo de los interinos, pues al ser bolsas de paro no se realiza un proceso de especialización”. Juanes subrayó que “muchos de ellos, sin formación jurídica, no saben cómo funcionan los ordenadores; es un desastre. El 30% de las plazas están vacantes. Y lo que es peor, ningún ministro habla de las bolsas de trabajo”. Para colmo, “los concursos de traslado se hacen una vez al año y, además, en verano”. El vocal del CGPJ, José Luis Requero, que corroboró esta opinión, añadió que “el problema de los interinos no puede ser económico. ¿Por qué no se cubren todas las plazas con funcionarios de carrera? El dinero se gasta igualmente. Ahora, en vez de pagar a un titular se remunera a un interino”. La magistrada María José García-Galán criticó que el juez vive en un constante polvorín porque “tiene que controlar y ser responsable del trabajo de un interino, que puede proceder de una panadería y que a duras penas sabe leer y escribir”. La magistrada enfatizó que “en los juzgados civiles no se puede hacer responsable a un juez del trabajo de los interinos. Puso el siguiente ejemplo: “Yo no di posesión dos veces a una persona porque no sabía absolutamente nada. Entonces me llamaron los sindicatos y me pusieron en un brete al decirme que o le daba posesión o renunciaban a que se cubriera esa plaza”. Por su parte, el abogado Javier Gómez de Liaño apuntó que “es inexplicable que no se profesionalice a los funcionarios de Justicia”. Esta situación es un factor más de la falta de racionalización de los medios por parte del Ministerio de Justicia. En este sentido, “los ciudadanos no tienen por qué soportar las impotencias de la Administración para resolver los problemas”, afirmó Gómez de Liaño.

Cada juzgado debería ejecutar sus propias sentencias

Otro asunto por el que arrecieron fuertes críticas de los ponentes fue el relativo a la falta de control de las ejecutorias. “Es lamentable que, por un asesinato como el de la pequeña Mari Luz, se haya conocido la situación en la que se encuentran las ejecuciones de las sentencias penales”, apuntó Requero. Sin embargo, la alarma en este asunto está en las ejecutorias civiles que son muchísimas más que las penales, como señaló el magistrado del Supremo Ángel Juanes. Este experto criticó el modelo de Oficina Judicial que se ha creado, que según su opinión, “ha servido para dar respuesta a un grupo corporativista, lo que es un error; no creo en esas macrooficinas judiciales”. “Propondría que cada juzgado llevara sus propias ejecutorias porque no se deben segregar”, matizó. En este sentido, Requero añadió que “es mucho más cómodo quedarse en sentencia y mandar la ejecutoria a otro juzgado. Esto no lo entiendo porque es una tarea mecánica y no especialmente compleja”. Gómez de Liaño fue tajante al manifestar que la Constitución dice que al juez le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. Además, “históricamente a los jueces no les gusta ejecutar las sentencias”. María José Galán explicó que “la jurisdición penal debería aprender de la civil donde se ha potenciado el cumplimiento voluntario de las sentencias”. La magistrada se preguntó si habría alguna manera de premiar voluntariamente el cumplimiento de la pena como pasa en la Administración de Hacienda.

Fuente: gaceta.es

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El TSJPV condena a una cadena de supermercados por "desprecio absoluto a la intimidad" de una trabajadora

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a supermercados Ercoreca a readmitir o indemnizar con 23.000 euros a una trabajadora a la que despidió de forma 'improcedente' por el uso 'indebido' del PC de la empresa. Además, le impone el pago de las costas al incurrir en 'un desprecio absoluto' en el derecho a la intimidad de la empleada, al controlar el disco duro de su ordenador e incluso llegar a leer el contenido de sus correos electrónicos, lo que constituye 'una intromisión en el secreto de comunicaciones'.


La sentencia considera que la sociedad ha actuado de forma 'inaceptable en términos constitucionales' y destaca que el uso para asuntos personales de un elemento propiedad de la empresa -como el teléfono, el ordenador o las taquillas- 'depende de un debate constitucional' y no se resuelve 'de forma expeditiva con un acto unilateral ni con una advertencia'.

La cadena de supermercados alegó que la trabajadora, que formaba parte del personal de Administración, tenía designado un PC, pero carecía de cuenta de correo electrónico. No obstante, denunció que ésta, a través de una página de internet, había enviado por e-mail durante las jornada de trabajo mensajes 'relativos a cuestiones personales y extrañas a su actividad profesional' a otro compañero de que tenía una cuenta de correo facilitada por la empresa.

En este sentido, recordó que 'existe una expresa prohibición a utilizar los equipos informáticos y sus aplicaciones para fines ajenos al trabajo' y que así se le informó a la empleada cuando empezó a trabajar con ello.

La resolución judicial recuerda que en octubre de 2006 la sociedad despidió al compañero con el que la empleada se comunicaba por correo electrónico por 'uso indebido del equipo informático y sus aplicaciones', mientras que los tribunales declararon la improcedencia del despido.

A través del seguimiento informático realizado a este trabajador, la empresa obtuvo copia de los mensajes de la empleada y, tras despedirla en noviembre de 2006, procedió a obtener del disco duro del ordenador que ésta utilizaba los archivos que guardaba para su análisis por un experto informático.

La empleada recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao declaró su despido improcedente y condenó a la sociedad a su inmediata readmisión en las mismas condiciones o a abonarle una indemnización de 23.000 euros, más los salarios que había dejado de percibir hasta la notificación de la sentencia.

La empresa impugnó la resolución judicial y el TSJPV recuerda que 'el pleito viene determinado por la utilización que la trabajadora habría hecho de los sistemas informáticos propiedad de la empresa y dispuestos para su actividad laboral'.

En esta línea, subraya que 'los incumplimientos' que se atribuyen a la empleada 'derivan de una previa intromisión' de la sociedad 'en el disco duro del terminal' utilizado por ella y, más en concreto, en una cuenta de correo electrónico que ésta había dispuesto para comunicarse con uno de sus compañeros.

Además, señala que la empresa también 'habría sometido a control el disco duro, así como la cuenta de correo del ex compañero de trabajo, ahora despedido', justificando 'la intromisión en cierta rutina, amparada en una previa advertencia dirigida a los empleados, así como en un suceso extraordinario, cual es del descenso en los márgenes comerciales dentro de la sección' en la que éste trabajaba.


La sociedad dijo que 'la falta de recuperación de esos márgenes llevó a la intervención de su ordenador', mientras que el alto Tribunal vasco subraya que 'no ha quedado acreditada' que exista una relación 'de causalidad entre el descenso en los márgenes comerciales y el empleo de una cuenta de correo para comunicarse con terceros'.

'DESPRECIO A LA INTIMIDAD'

Para el TSJPV, 'el conjunto de actuaciones' de la empresa, 'en modo alguno pueden tenerse por un ejercicio ponderable y razonable de las medidas de control empresarial'. 'Sólo un desprecio absoluto por los derechos a la intimidad y al secreto en las comunicaciones podría viabilizar tales conductas', asevera.

La sentencia indica que 'la necesaria integración del ciudadano dentro de la empresa, a fin de obtener medios para su subsistencia, no significa renuncia a los derechos que le significan como tal, siendo éste un punto de partida inaplazable para todos los pronunciamientos encargados de tratar los enfrentamientos entre poderes directivos y derechos fundamentales'.

En este contexto, afirma que derecho constitucional vulnerado no es sólo el derecho a la intimidad, sino que 'la intercepción' de los e-mails y su lectura, 'constituye una intromisión en el secreto de las comunicaciones'.

Además, apunta que este derecho precisa de 'aún mayores exigencias' para su tutela que la requerida por el respeto a la intimidad del trabajador porque la Constitución Española 'establece en su artículo 18.3 que éste sólo habrá de ceder ante la autorización judicial'. En este contexto, señala que el acceso al texto de los correos 'revela una intromisión desproporcionada' porque, con el conocimiento de 'la existencia de ciertos destinatarios o remitentes, podría servir para imputar un uso disconforme con las previsiones empresariales'.

USO DEL ORDENADOR

La resolución judicial señala que 'la posibilidad de utilizar el ordenador para un uso personal o, mejor dicho, el que aquel instrumento resulte ajeno o no a los derechos a la intimidad y la secreto de las comunicaciones, no depende de una mera decisión libérrima de la empresa'.

'La decisión sobre si el trabajador puede proyectar su autonomía y libertad sobre un elemento propiedad de la empresa -como el teléfono, el ordenador o las taquillas-, depende de un debate constitucional y no se resuelve de forma expeditiva con un acto unilateral ni con una advertencia', asegura.

No obstante, puntualiza que el respeto a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, no impediría a la empresa 'operar una intromisión en el ordenador cuando su uso por parte del trabajador trajese consecuencias dañinas', como desatención de obligaciones, inutilización del terminal y costes añadidos por acceso a webs de tarificación adicional. 'Pero, para ello, deberá la empresa proporcionar un indicio que justifique su control implicado con esos presuntos daños', manifiesta.

El TSJPV precisa que éste no es el caso porque no se ha explicado 'cuál era el uso inadecuado' que la despedida 'estaría dando a la terminal'. 'La sospecha genérica no sirve para sostener la intromisión', señala, para subrayar que más aún cuando 'la empresa ya monitorizaba, de forma general, los terminales, al disponer de acceso a los mismos'.

Tras insistir en que 'el procedimiento protagonizado por la empresa resulta inaceptable en términos constitucionales', considera que 'el uso del terminal para fines no permitidos por la empresa, no determinan una desobediencia significativa en términos sancionatorios'. 'Aunque tales usos pudiesen ser contrarios a las indicaciones empresariales, es preciso dilucidar previamente si éstas son legítimas', reitera.

En su opinión, la denuncia del uso perjudicial para la empresa 'nunca' debe basarse en referencias como la lealtad o la obediencia debida 'a las instrucciones omnímodas del empresario, que no constituyen referente para medir el incumplimiento ni el abuso de confianza de no venir justificadas por un ejercicio correcto y racional de la libertad de empresa'.

Por todo ello, además de ratificar la sentencia del Juzgado de lo Social, impone a la sociedad las costas del recurso, incluidos los honorarios del letrado de la trabajadora.

Fuente: Terra

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domingo, junio 15, 2008

Córdoba: STAJ logra por primera vez dos delegados en la junta de personal

En estos comicios en la Administración de Justicia de Córdoba se elegían a 17 delegados, frente a los 15 de las últimas elecciones, por la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público. De esta forma, los 2 nuevos representantes de la junta de personal son para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), después de que hace 4 años no lograse obtener representación.


Los sindicatos que antes de las elecciones ya estaban en la junta de personal (CSI-CSIF, SPJ-USO, UGT y CCOO) seguirán contando con los mismos delegados, aunque todos han subido en votos, sobre todo los tres primeros. El reparto de votos fue el siguiente: CSI-CSIF, 6 delegados y 220 votos; SPJ-USO, 4 representantes y 126 sufragios; UGT, 3 delegados y 114 votos; CCOO, 2 representantes y 56 votos, y STAJ, 2 delegados y 60 sufragios.

El índice de participación en las elecciones fue del 98,3%, ya que emitieron su sufragio 670 de los 681 profesionales que estaban llamados a votar. En la Audiencia se instaló una mesa en la que votaron los trabajadores del Palacio de Justicia, Doctor Barraquer, Mercantil, Medicina Legal y el juzgado de paz de Castro del Río.

Por otra parte, se había instalado otra urna fija para los juzgados de la calle 12 de Octubre y contenciosos, mientras que en Lucena había otra para la localidad, Aguilar y los juzgados de paz de Rute e Iznájar. Además, se habilitaron mesas itinerantes para el resto de partidos judiciales de la provincia. En las elecciones de 2004, el índice de participación fue muy inferior, de un 75,76%.

Fuente: diariocordoba.com

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Alicante: Los forenses recurrirán en los tribunales el pago de un complemento

Una veintena de forenses se concentró a las puertas de los Juzgados de Alicante para exigir a la Conselleria de Justicia que les abone un complemento salarial. El Ministerio les reconoció ese plus, denominado «complemento específico de puesto», en septiembre del año pasado con efectos retroactivos a los ejercicios 2005 y 2006. Debían cobrar, por tanto, 117 euros mensuales más en sus nóminas, pero la Generalitat no ha incluido esas cantidades hasta ahora en ninguna de ellas, según informaron fuentes del Instituto de Medicina Legal.


La Consejeria de Justicia adeuda ya a cada especialista más de 4.000 euros. Los forenses han presentado recursos ante la propia Administración, pero en breve se cumplirán tres meses sin obtener respuesta, por lo que han decidido recurrir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para exigir el pago de los atrasos.

Además, han anunciado que reducirán su jornada laboral a la franja horaria comprendida entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

La protesta duró unos minutos. Los forenses se concentraron en la puerta del edificio antiguo de Benalúa con pitos y una pancarta en la que se podía leer «No a la discriminación salarial». Se trata de la primera protesta de este colectivo contra la Consejeria, que no fue secundada sin embargo ni en Valencia ni en Castellón.

Fuente: laverdad.es

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