500 cántabros no han cumplido sus condenas

Alrededor de 500 personas en Cantabria no han cumplido las penas de trabajo en beneficio de la sociedad que les ha sido impuesta por los jueces. Y no lo han hecho porque se han negado y la Justicia no les ha obligado y porque ni ayuntamientos, ni organizaciones sociales ni asociaciones sin ánimo de lucro han reclamado personal para trabajos comunitarios. Porque, aunque tienen empleados gratis durante una temporada, les cuesta dinero, desde el pago del seguro social a los desplazamientos desde su lugar de residencia al lugar donde prestarán ese trabajo social.


Puede tratarse de un simple bonobús en Santander, o los billetes para desplazamientos en autobús o tren por la región. La jornada laboral de uno de estos condenados a trabajos en beneficio de la sociedad es de cuatro horas diarias, distribuidas dependiendo de su ocupación laboral. Si ese trabajo en instituciones y organizaciones es de 8 horas en fin de semana (mañana y tarde), debe ser la organización donde cumplen quien pague la comida del condenado. Debido a ese gasto, no se reclaman más condenados a trabajos sociales.

Se calcula que cada mes se condena a 170 personas a trabajos en beneficio de la comunidad. Son penas principales o sustitutivas de las de prisión que no excedan de dos años. Consiste en que los condenados presten trabajo no retribuido en determinadas actividades de utilidad pública, preferentemente relacionadas con hechos que tengan que ver con la naturaleza del delito por ellos cometido. Pueden ser trabajos en parques si destrozaron un jardín, trabajo en las calles si rompieron mobiliario urbano, o en asociaciones contra la violencia o contra la droga, en caso de que sus delitos tengan que ver con estos ámbitos.

Estas penas de trabajo en beneficio de la comunidad son aplicables a los delitos contra la seguridad vial, hurto, robo, estafa, apropiación indebida y daños, siempre que no vayan acompañados de violencia o intimidación. También se aplica a delitos contra la salud pública, como tráfico de drogas, siempre que los productos no causen grave daño a la salud. En el balance sobre seguridad ciudadana del pasado año se señala que al 75 por ciento de las 15.545 infracciones penales cometidas en Cantabria se le podrían aplicar trabajos (penas sociales) en beneficio de la comunidad, según dio a conocer la Consejería de Justicia de Cantabria.

Para contribuir a que se cumplan estas penas, la Consejería de Justicia destina este año 30.000 euros con destino a cubrir los gastos que generan estos penados. Hasta el momento, 39 ayuntamientos de Cantabria han solicitado un total 157 personas para que cumplan en sus diferentes departamentos (jardinería, limpieza, administración..,) las penas de trabajos en beneficio de la comunidad que les han impuesto los jueces por diversos delitos.

Con respecto al año 2007, el cumplimiento de estas penas tiene una novedad: entonces las competencias en medios materiales y y personal de justicia era del Ministerio de Justicia y este año lo son de la Consejería de Justicia del Gobierno de Cantabria, cuyo titular es José Vicente Mediavilla que indicó que «gracias a esa aportación económica, aumenta el número de personas que cumplirán su penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que serán 250 este año. En total, 136 más que en el anterior ejercicio. Esos penados generarán 50.000 jornadas de trabajo al año, dijo José Vicente Mediavilla «lo que colaborará a agilizar que se cumplan las sentencias impuestas en materia de trabajo en beneficio de la comunidad» y «se normalizará la aplicación de estas penas», recalcó.

Mediavilla indicó que «se abre ahora un proceso en el que los ayuntamientos y las oenegés interesadas en tener a penados de estas características en sus departamentos puedan adherirse y realizar sus solicitudes «dando una segunda oportunidad a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes que por primera vez cometen una infracción de carácter penal». Los trabajos en beneficio de la comunidad -dijo- son una alternativa legal y perfectamente aceptable para dar una segunda oportunidad a las personas que han cometido delitos no especialmente dañinos contra la sociedad y desde el Gobierno regional impulsamos que se cumplan las sentencias», concluyó el responsable de Justicia de Cantabria.

Fuente: eldiariomontanes.es