El próximo día 30 de este mes está previsto que se repita el primero de los más de 300 juicios del Juzgado de lo Social de Teruel que quedaron sin sentencia debido a la inactividad del magistrado anterior, José Luis Eduardo Morales, quien apenas emitió veredictos en los algo más de dos años que ejerció en la capital turolense. Morales en la actualidad se encuentra sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un año de suspensión de empleo y sueldo por este motivo.El retraso de Morales provocó que cerca de un millar de empresarios y trabajadores de la provincia estén todavía aguardando una resolución judicial dos años después de que se celebraran sus respectivas vistas orales.
El magistrado de refuerzo que, en comisión de servicio, se ocupará de desatascar el Juzgado de lo Social, Cristóbal Iribas Genua, tomó ya posesión de su cargo. Además, está previsto que el secretario y algunos funcionarios sean remunerados por las horas extras que deberán realizar para repetir los juicios. De hecho, todos ellos están ya citando de nuevo a testigos y peritos con el fin de que el último día de este mes pueda celebrarse la primera de las vistas.
En julio, las primeras sentencias
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) señalaron que en el mes de julio ya podrían salir las primeras sentencias, si bien la mayoría se emitirán en agosto y septiembre. Para adelantar en lo posible el trabajo, se ha acordado que haya señalamientos hasta finales de julio, cuando lo habitual es dejar de celebrar vistas a mediados de ese mes debido a las vacaciones de los funcionarios.
También desde el TSJA indicaron que se comenzará por los juicios más urgentes por ley, que son aquellos relativos a indemnizaciones por despidos, periodos vacacionales o elecciones sindicales. Una vez celebrados estos, se continuará por orden de antigüedad. En el paquete de juicios atascados existen algunos con un retraso de dos años pese a que la legislación fija tres días para su resolución.
La actitud del magistrado titular de lo Social de Teruel salió a la luz pública en la primavera de 2007, pero desde hacía meses la demora en el dictamen de sentencias se había ya constatado por el personal técnico del Ministerio de Justicia. A mediados del pasado mes de marzo, el CGPJ acordó sancionar a José Luis Eduardo Morales con un año de suspensión de empleo y sueldo por el retraso "reiterado e injustificado" en la tramitación de las causas judiciales. Morales había sido sancionado ya en dos ocasiones en un destino anterior, el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real, por el mismo motivo: retraso en la emisión de sentencias.
Fuente: heraldo.es
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