sábado, mayo 31, 2008

El TC ve razonable penalizar más a los hombres

El artículo 153 de la Ley Integral contra la Violencia de Género que impone mayores sanciones a los hombres que a las mujeres ante iguales hechos ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Este órgano ve "razonable y proporcionada" la diferenciación penal debido a las "altísimas cifras" y a la mayor desigualdad de la mujer. La sentencia ha sido avalada por siete votos frente a los cinco que se han opuesto. Queda así desestimada la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado número 4 de Murcia.


El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por siete votos a favor y cinco en contra la constitucionalidad del artículo 153.1 del Código Penal modificado por la ley de violencia de género y que permite elevar las penas en los casos en los que el varón sea el agresor y la mujer la víctima. El mismo acto merece mayor reproche penal cuando es cometido por el hombre contra la mujer, según el fallo del alto Tribunal. La resolución del Pleno del TC obedece a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia respecto al mencionado artículo. La duda de la juez se sustentaba en la posible violación del principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Según el TC, socialmente es más reprobable que un hombre pegue a una mujer que viceversa y, por tanto, defienden que el varón sufra mayor pena que si es la mujer la que ataca al varón. Para los jueces, las conductas de los hombres que son sancionadas por la ley de violencia sexista responden a una cultura dominante y machista. A su juicio, este tipo de hombres, en sus relaciones de pareja, actúan desde una posición de superioridad.

Tal tesis viene a romper con el tradicional principio de nuestro sistema jurídico que adopta un derecho penal de acto y no de autor, resultando prohibido punir o usar como agravantes personalidades, formas de ser o estados peligrosos. No se puede castigar a una persona por lo que es, sino por lo que hace. De tal manera el TC viene a resucitar las doctrinas de la Escuela de Kiel, en las que se basó el sistema penal del régimen nacional socialista de Hitler. Esta teoría del derecho penal de autor criminalizaba a las personas por la pertenencia a un colectivo o por sus cualidades y características personales, con independencia del acto criminal concreto que hubieran cometido. Así, análogamente, la bofetada del hombre contra su pareja femenina se castiga más severamente, como delito, mientras que la misma bofetada propinada por la mujer a su pareja masculina, se castiga más levemente, como falta. La razón de la punición pues no esta en el acto, sino en al autor y su pertenencia a un colectivo, el sexo masculino, que se presume obra siempre por móviles machistas.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Pascual Sala, justifica el distinto trato que recibe el hombre porque la norma se limita a regular las relaciones de pareja. En este marco concreto, los jueces apoyan que una ley proteja a las mujeres frente a las agresiones de los hombres castigándoles más severamente que a ellas por la comisión de los mismos actos, porque en el 99% de los casos, ellas son las víctimas de los delitos que recoge la ley de violencia sexista. Así a la pertenencia a un colectivo añadimos la frecuencia estadística de los actos para agravar la pena a la persona concreta.

Fuente: Libertad Digital , Minuto Digital

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martes, mayo 20, 2008

Bermejo, el cazador cazado


Mariano Fernández Bermejo no sólo tiene afición a las reformas caras de pisos oficiales -la última le costó al erario público 250.000 euros-. Al actual ministro de Justicia, que se considera de izquierdas -«y como tal actúo»-, le gusta también, y mucho por lo que se ve, la caza mayor. En un reportaje de «Época» aparece Bermejo en octubre de 2006 -unos meses antes de ser nombrado ministro-, en la finca El Sotillo, de Badajoz, después de una montería, rodeado de ciervos abatidos. Bermejo posa ante la cámara orgulloso por la cacería, agarrando las astas con el gesto del deber cumplido, mientras los cuerpos de los animales inertes yacen a su alrededor.


Se desconoce si en su ático recién reformado dispone a modo de trofeo de una o varias de las cabezas de los astados abatidos en esta cacería, o en otras que se le conocen. Porque a Bermejo también se le ha visto practicar la modalidad cinegética más cara, según «Época», en la finca Peñas Blancas, en Ciudad Real. Llama la atención que el pasado mes de marzo, justo antes de las elecciones, cuando los cazadores se manifestaron en Madrid en contra de algunos aspectos de la ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y algunos socialistas tardaran dos segundos en tildarles de «señoritos» y cosas por el estilo, el cazador Bermejo no dijera ni «mu» en defensa de esta actividad y de las reivindicaciones del sector. Medio millón de cazadores, según los organizadores, se manifestaron el 1 de marzo pasado en Madrid para pedir, entre otras cuestiones, una moratoria en la prohibición del plomo y que se defina dónde se prohíbe esta munición.

En la campaña electoral los españoles descubrieron otra de las aficiones de Bermejo: el baile. Se arrancó con la canción «Que el tiempo no te cambie», en un mitin en Murcia junto a su esposa, que llevaba un mes y medio de baja.

Fuente: ABC.es

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domingo, mayo 18, 2008

La presidenta del TC, amiga de un alto cargo de Batasuna

Maria Emilia Casas Baamonde y su esposo, Jesús Leguina, son amigos de Koldo Gorostiaga, ex europarlamentario de HB. El matrimonio de prestigiosos juristas ha puesto su saber al servicio de los nacionalistas vascos varias veces, la última cuando Casas rechazó el recurso del Gobierno de Aznar contra el Plan Ibarretxe.


María Emilia Casas Baamonde ha marcado varios récords en el Tribunal Constitucional. Fue el jurista más joven elegido para formar parte del Tribunal; fue la primera consorte que ‘sucedió’ a su cónyuge, Jesús Leguina, como magistrado del Tribunal; y es la primera mujer que lo preside.

La primera sorpresa que produce el curriculum de Casas es que una catedrática de derecho del trabajo presida un tribunal que juzga, sobre todo, casos de derechos fundamentales y pleitos entre las Administraciones. Pero existe el precedente de otro presidente, Francisco Tomás y Valiente, que era catedrático de historia del derecho. Ella se incorporó al TC en 1998, a propuesta del PSOE, dentro del cupo designado por el Senado.

Antes de su elección como presidenta del TC, Casas Baamonde respaldó con su voto casi todas las sentencias y resoluciones favorables a los intereses del PNV. La principal de éstas fue el rechazo en abril a la admisión a trámite del recurso del Gobierno del PP contra la tramitación parlamentaria del Plan Ibarretxe en la cámara autonómica vasca. El pleno se pronunció por siete votos frente a cinco. Si se hubiera admitido el recurso, el plan no habría podido votarse como pasó el 30 de diciembre; el sólo hecho de haberlo incluido en el orden del día habría sido una desobediencia. En caso de que Casas hubiera apoyado la aceptación del recurso, habría habido un empate y éste lo habría solucionado el voto de calidad del presidente, entonces Manuel Jiménez de Parga, que estuvo en el bando derrotado.

Según fuentes universitarias, uno de los amigos de la presidenta es Koldo Gorostiaga, que figura entre los principales dirigentes del brazo político de ETA. Ha sido europarlamentario por Batasuna y el juez Baltasar Garzón le acusó de transferir 200.000 euros del salario y de las dietas que cobraba del Parlamento Europeo a ETA.

Otra de las curiosidades de la biografía de María Emilia Casas es que, pese a su filiación izquierdista, fue discípula del catedrático de derecho del trabajo en la Complutense Manuel Alonso Olea, un jurista vinculado al desarrollo del derecho laboral durante el franquismo, y no sólo como profesor. Entre otros cargos de designación dentro del Ministerio de Trabajo, Alonso Olea fue Director General de Empleo y Jurisdicción y presidente del Tribunal Central de Trabajo. Pero si Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero tuvieron suegros que se ganaron la vida como militares en el Ejército de Franco, no hay nada reprochable en ser pupila de un universitario franquista.

Fuente: Minuto Digital

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Cantabria: STAJ pide medidas urgentes ante el estado de los juzgados de lo penal

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria (STAJ) ha trasladado al gobierno regional una seria de medidas para mejorar la "crítica" situación de los juzgados de lo penal que incluyen la creación de un quinto juzgado.

Este sindicato aconseja, además, la especialización de algunos juzgados para tramitar, en exclusiva, ejecutorias de sentencias.

STAJ solicita que se consolide la plantilla con un funcionario más del cuerpo de gestión procesal y administrativa y otro del cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el abono de complementos retributivos a los funcionarios destinados en los juzgados de lo penal y de violencia sobre la mujer, una cuestión que reclaman sea debatida en la próxima mesa sectorial.



También pide la revisión de las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, especialemente en los juzgados de lo penal. STAJ propone que se instauren protocolos que permitan la interconexión entre los juzgados, para conocer en tiempo real la situación jurídico penal de los procesados.

A medio plazo, cree necesario poner en marcha la nueva oficina judicial, sobre la que, a su juicio, "nada se ha avanzado en los últimos cuatro años". El sindicato ha asegurado en un comunicado que sus medidas contribuirán a hacer posible un servicio público de calidad cuya finalidad última consiste en garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y el libre ejercicio de los derechos y las libertades que la Constitución les reconoce.

El coste de las propuestas no debería, en su opinión, ser un obstáculo, si existe voluntad de solución. En su escrito al Gobierno, el sindicato reconoce los esfuerzos realizados por la Dirección General de Justicia para incrementar los medios personales, pero también cree que no se ha abordado el "importantísimo problema" de los juzgados de lo penal que, a su juicio, requieren una intervención prioritaria de refuerzo de plantilla y medios materiales.

Fuente: Alerta.

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Elche: Un virus informático paraliza los juzgados

Los funcionarios que lo han visto al encender su pantalla de ordenador dicen que el virus reproduce la imagen de un oso panda -que es el logotipo de una famosa multinacional de programas anti-virus- y que lleva clavado en un ojo un destornillador por el que cae un reguero de sangre. A los técnicos de la Dirección General de Justicia no les cabía la menor duda de que el problema que tiene paralizada la actividad judicial en Elche se debe a un programa malicioso que se ha instalado cómodamente en el servidor que rige los destinos de todos los ordenadores del Palacio de Justicia de Elche y de otros órganos anexos.


Se han dado órdenes para que nadie encendiera sus pantallas porque no pueden permitir que el virus vaya "saltando" de uno a otro y nunca se resuelva esta situación de caos.

Algunas fuentes consultadas aseguraron que el problema se ha producido porque la Generalitat no tiene actualizado su programa anti-virus y el que ha entrado al sistema es de última generación por lo que nadie se atreve a valorar cuánto daño puede estar haciendo en los bancos de memoria y si se podrán recuperar todos los documentos que muchos funcionarios dan por perdidos. Lo más probable es que el programa haya entrado al sistema en una memoria portátil, una herramienta de trabajo que utilizan principalmente los secretarios, fiscales y magistrados para traer o llevarse trabajo de casa por lo que su descarga ha sido accidental.

Fuente: informacion.es

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El CGPJ recuerda que el PSOE "ha gobernado 20 años y algo tendrá que ver" con el caos judicial

El portavoz del CGPJ, Enrique López, contestó al ministro de Justicia que restó importancia al grave problema de la Justicia y lo achacó al franquismo. López recordó que los socialistas "han gobernado 20 de los últimos 30 años" por lo que "algo tendrán que ver", con un problema que "no es el franquismo" sino "la falta de inversión”.


El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en declaraciones a Europa Press, señaló que "tras el franquismo recibimos unas carreteras mediocres, unos hospitales normales y unos sistemas determinados y treinta años después se han mejorado las carreteras, los hospitales...” y se preguntó “¿por qué no se ha hecho lo mismo con la justicia?", al tiempo que añadió que "de seguir con ese argumento llegaríamos a los tiempos de Alfonso X".

En rueda de prensa convocada para valorar la situación de atraso de la justicia, el ministro aseguró que España "heredó una Justicia raquítica de un sistema no democrático, la cosa ha cambiado mucho pero no es suficiente, se han hecho muchos esfuerzos, pero no es suficiente".

En ese sentido, López recordó que Bermejo "forma parte del Gobierno de un partido que ha gobernado en España durante 20 de los 30 años de democracia" por lo que "algo tendrán que ver entonces en la situación actual". "El problema es que en los Presupuesto Generales del Estado se destina el 1 por ciento, cuando en otros países se destina un 2 o un 3 por ciento, ese es el problema y no otros", dijo.

En cualquier caso, López dio a Bermejo la "bienvenida a la modernidad aunque sea cuatro años después" ya que, según dijo, algunas de las propuestas anunciadas ayer son "buenas", pero matizó que algunas de ellas ya habían sido propuestas por el CGPJ.

López valoró que "lo importante es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y no al pasado", por ello solicitó al Ministerio que "se pongan a trabajar ya con todos y no unos contra otros, sin esperar ni un sólo minuto para dotar a España de una justicia acorde con la octava potencia de mundo y no como ahora que tenemos una justicia acorde a la 40 O 50 potencia".

Fuente: Libertad Digital

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Málaga: "No se pueden crear 5 juzgados de hoy para mañana"

La delegada provincial de Justicia de la Junta de Andalucía, Aurora Santos, entiende las quejas efectuadas por los diez jueces de lo Penal de Málaga sobre la situación de más de 11.000 ejecutorias en sus órganos, pero matiza sus propuestas: "No se pueden crear cinco sedes judiciales nuevas de un día para otro. Este año comienza a funcionar otro juzgado de lo Penal y, en 2009, se podrán pedir uno o dos, los que consideremos, pero todo depende del Ministerio de Justicia", dijo.

Por su parte, José Luque, delegado del STAJ, lo tiene claro: "para los trabajadores de los juzgados de lo Penal de Málaga la situación es insostenible".


Aurora Santos respondía a las propuestas de los magistrados de lo Penal que habían solicitado la creación inmediata de cinco nuevos juzgados penales ante la saturación que sufren estos órganos en Málaga debido a las ejecuciones de sentencia, 11.000 pendientes, según el Decanato, y 16.000, según estiman los sindicatos.

En una Junta Sectorial de Jueces, los magistrados recordaron que algo como lo sucedido con Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz y con antecedentes de pederastia que nunca pisó la cárcel, podría ocurrir aquí en cualquier momento, y solicitaron a la Administración autonómica un refuerzo en el número de funcionarios de estas sedes judiciales y que las bajas de los mismos se cubran rápidamente.

Santos ve "razonables todas las propuestas", pero insiste en que no se puede pasar de diez a quince juzgados de lo Penal "tan rápido". "Todo eso habrá que analizarlo tranquilamente, con datos sobre la mesa", añadió.

Lo que sí anunció es la puesta en marcha de un plan de choque de forma inmediata "para paliar y resolver el asunto de las 11.000 ejecutorias que tenemos pendientes", aclaró. "Ahora debemos normalizar la situación con un plan de actuación contundente y después analizaremos todo lo que se plantee", dijo.

¿En qué consistiría ese plan de choque? "Contamos con dos posibilidades: o bien prolongamos la jornada de los funcionarios de los juzgados de lo Penal, de forma que hagan horas extra y se les incentive económicamente; o bien se sigue a jornada completa y reforzamos los juzgados con más empleados públicos, tal y como piden los jueces", expuso la delegada provincial de Justicia y Administración Pública.

Reacciones. Los sindicatos continúan incidiendo en lo mismo: es necesario que se creen más órganos penales, que se potencien las fiscalías, los servicios de notificaciones y se informatice realmente la administración de justicia. En estos términos se expresó el delegado en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Luque, quien explicó que "para los trabajadores de los juzgados de lo Penal de Málaga la situación es insostenible, aunque desgraciadamente no hay nada nuevo bajo el sol".

Según Luque, cada funcionario carga con una media de 500 asuntos en los órganos de esta jurisdicción y las bajas "tardan meses en ser cubiertas y, cuando así ocurre, llega gente sin formación".

Fuente: laopiniondemalaga.es

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Bermejo niega que exista un caos judicial

Fernández Bermejo compareció ante los medios para explicar el colapso que vive la Justicia aunque para él se trata de "un problema endémico de retraso". Pese a los informes que apuntan a los cientos de miles de expedientes sin ejecutar –algunos elevan esa cifra para los asuntos no penales– el ministro de Justicia ha intentado bajar la alarma matizando algunas cifras y ha negado que exista caos o colapso ya que "no hay 400.000 sentencias sin ejecutar sino que están en ejecución". Por otro lado, el CGPJ ha acordado analizar los sistemas de refuerzo y estudiar nuevas medidas para rebajar la pendencia existente.



Bermejo negó referirse a la situación de la Justicia con términos como "colapso" o "caos" y, aunque admitió el "mal endémico y atraso" de la Administración, matizó el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegurando que "no hay 400.000 sentencias sin ejecutar sino que están en ejecución".

Durante una rueda de prensa, el ministro afirmó la "enorme voluntad de resolver la situación no sólo por parte del Gobierno", ya qué es su deseo "contar con todos los grupos que tienen el mismo interés". Además, anunció la puesta en marcha de quince nuevos juzgados de lo Penal en 2008, así como la implantación de un nuevo sistema informático para dichos órganos.

El CGPJ anuncia sistemas de refuerzo

Las medidas serán estudiadas por la Comisión de Modernización del órgano de gobierno de los jueces que ha acordado igualmente remitir el citado informe tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito para que tengan el conocimiento exacto de la situación y estudien asimismo las medidas paliativas.

Igualmente, el CGPJ ha acordado ordenar a su Servicio de Inspección que estudie la situación en la que se encuentra el Juzgado de Ejecuciones número 2 de Madrid, del que es titular el magistrado Eduardo López Palop, quien denunció públicamente que la situación de colapso en este órgano le situaba 'encima de un polvorín'. Según los datos del Consejo, y pese a contar con refuerzo, este juez no alcanzó el 2007 el 81 por ciento de los asuntos que le correspondía tramitar, como mínimo.

Fuente: Libertad Digital

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León: El Juzgado de Instrucción 5 llegará en diciembre

El Juzgado de Instrucción número 5 de los de León, cuya creación ha sido ya consensuada con el Ministerio de Justicia, entrará en funcionamiento el próximo día 30 de diciembre, de no mediar ninguna novedad en este aspecto hasta esa fecha. Así se recoge en las previsiones del Gobierno, según tiene constancia el decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presidido por José Luis Concepción, hizo públicos también los datos referentes a la memoria del año 2007 del Alto Tribunal, en cuyo informe se recoge la necesidad de crear la cuarta sección de la Audiencia Provincial, para poder hacer frente a las necesidades de El Bierzo, circunstancia que se podría acometer con sólo dotar de dos Magistrados más a la institución a nivel provincial.

El balance recoge la necesidad de la creación del Juzgado de Instrucción número 5 y aconseja también una tercera sala de lo Contencioso-Administrativo, a la vista del volumen de trabajo en el que se encuentran actualmente los órganos judiciales.

Ponferrada y Villablino

En lo que corresponde a la provincia, se habla de la condición de imprescindible que acompaña a la creación del Juzgado de 1ª Instancia Número 7 de los de Ponferrada y la exigencia de un funcionario más en prácticamente todos los órganos.

Villablino presenta unas pésimas condiciones en sus dependencias por lo que se reclama una nueva ubicación en un espacio más luminoso y ventilado, acorde a las funciones jurisdiccionales de la comarca de Laciana.

Fuente: Diario de Leon

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sábado, mayo 17, 2008

Palma: STAJ denuncia la situación de Penal 8

Los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y STAJ denunciaron que sobre cada funcionario del Juzgado de lo Penal número 8 de Palma encargado de las sentencias ejecutorias, pesa un ratio de 407 expedientes a resolver, debido a la carga procesal contabilizada en dicho Juzgado, que en el mes de abril era de 8.148 expedientes.

Así lo han asegurado los sindicatos en un comunicado, en el que afirmaron que se contabilizaron en dicha instancia más de 8.600 expedientes en tramitación, a los que se han de sumar 3.000 expedientes pendientes de incoación y 12.000 expedientes más en archivo provisional.


Así lo han asegurado los sindicatos en un comunicado, en el que afirmaron que se contabilizaron en dicha instancia más de 8.600 expedientes en tramitación, a los que se han de sumar 3.000 expedientes pendientes de incoación y 12.000 expedientes más en archivo provisional.

En este sentido, recordaron que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha dado instrucciones de que todos los funcionarios además de tramitar los asuntos, han de incoar los expedientes pendientes, al mismo tiempo que solicita que detallen una relación de causas con preso, expedientes por abusos sexuales, requisitorias en vigor y expedientes en tramitación con suspensión de pena privativa de libertad.

A juicio de los sindicatos, este volumen de trabajo redunda en la "calidad y control" del trabajo, lo que ha llevado a un malestar psicológico a estos funcionarios "que no tiene la certeza de poder realizar un trabajo como ellos desearían" ya que, según señalaron, les es "imposible" tener controlados cada uno de estos expedientes.

Los sindicatos explicaron que este Juzgado consta de un 80 por ciento de funcionarios interinos, que a pesar de estar cualificados, no pueden afrontar la situación real del Juzgado "al ser la misma incontrolable", mientras que en relación a los funcionarios titulares, se produce una "fuga masiva" ya que solicitan cambio de destino ante las presiones "internas y externas".

Fuente: mallorcadiario.com

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Los magistrados asturianos, los más eficaces

Los jueces asturianos destacan sobre la media. En mitad del marasmo de sentencias sin ejecutar -270.000 en todo el país- y de asuntos acumulados por la huelga de los funcionarios, queda el consuelo de que los Juzgados y tribunales asturianos son los que sacan más asuntos adelante en España, 1,02 por cada caso que ingresa. La región es la que más se acerca a los objetivos marcados por el Consejo General del Poder Judicial, según un informe de este órgano. El número de asuntos pendientes está, además, por debajo de la media nacional. Por otro lado, crece la litigiosidad, sobre todo la social, que es la más alta del país.


Los jueces y magistrados asturianos son los más eficaces de toda España. Un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo a 2007 refleja que Asturias es la comunidad autónoma que, en proporción, resuelve un mayor número de casos. A falta de conocer en términos absolutos la cifra total de asuntos ingresados y resueltos en 2007, que aún no ha sido publicada, el informe del CGPJ sitúa a la región a la cabeza en cuanto a la tasa de resolución. La siguen Andalucía y Cataluña. En el otro extremo de la balanza figura Castilla-La Mancha.

Según el Consejo, los jueces y magistrados asturianos resuelven actualmente más casos de los que ingresan, algo que no sucede en ninguna otra comunidad española. Esto es, por cada cuestión que entra en el Juzgado, los jueces sacan adelante 1,02, lo que poco a poco va ganando terreno al número de asuntos pendientes (dependiendo, claro está, del volumen de la bolsa de entrada). Esto sólo sucede en el Principado, a la vista de las conclusiones del CGPJ. Cataluña y Andalucía resuelven el mismo número que ingresan. El resto se sitúa por debajo.

La tasa de resolución de Asturias es más alta que la media del país en todas las jurisdicciones -civil, penal, social y contencioso-adminisitrativa. La que saca una mayor ventaja es la social, que supera en 19 puntos a la media nacional y en 14 a la comunidad más próxima, el País Vasco.

Asturias es, además, la región con mejor nota en lo que se denomina «tasa de sentencia», es decir, la que mejor cumple con los objetivos del Consejo. Y es que el órgano de gobierno de los jueces establece unos módulos que cada Juzgado debe cumplir o, al menos, intentarlo. Según el informe, Asturias está muy por encima de la media (0,27 frente a 0,18). Por jurisdicciones, el Principado es la más brillante del país en cuanto a objetivos en el orden civil y en el social, este último, por mucho con respecto a la media.

Durante 2007, ingresaron en los Juzgados y tribunales de Asturias 154,35 casos por cada 1.000 habitantes, bastante menos que la media nacional, 184,93 asuntos. Aún así, esta cifra, que se denomina «tasa de litigiosidad», aumentó en el Principado -y en España en general- con respecto a años anteriores. En 2005, se recibieron en la región 145,45 casos por cada 1.000 habitantes. La media nacional se situó en 175,11.

Por otro lado, la región finalizó el año con un volumen de casos pendientes y una tasa de congestión inferiores a la media. Los últimos números publicados corresponden a 2006. A 31 de diciembre de ese año, Asturias acumulaba 47.672 casos pendientes, a pesar de que resolvió más de 148.260, prácticamente el mismo número que ingresó. Los próximos, del año 2007, se presentarán próximamente, ya que la huelga retrasó la elaboración de la memoria del TSJA.

Dentro de la jurisdicción social -que se encarga de conflictos laborales o relativos a la Seguridad Social, entre otros-, Asturias fue la comunidad más litigiosa durante 2007, según el CGPJ. El documento refleja que el año pasado los Juzgados y tribunales de lo social asturianos recibieron 12,56 casos por cada 1.000 habitantes, cuando la media de España se sitúa en 7,48. La siguen en conflictividad Canarias (con 10,43 casos por cada 1.000 habitantes), Cantabria (9,58) y Galicia (9,46). La de menor litigiosidad fue Extremadura, con 4,63 casos.

En las jurisdicciones civil y contenciosa, la tasa del Principado se situó igualmente por encima de la media (aunque con poca diferencia). No ocurrió lo mismo en la penal, en la que durante 2007 se recibieron en los órganos judiciales 98,92 casos por cada 1.000 habitantes. La media nacional fue de 139,51 asuntos.

Sólo se situaron por debajo el País Vasco y La Rioja, con 86 y 81 casos, respectivamente. Esto responde a la baja tasa de criminalidad de la región. Asturias mantuvo durante 2007 la tasa de delitos más baja de España, 11 por cada 1.000 habitantes, la cifra más reducida de la década. Además, se aclaró el 51 por ciento de los delitos y faltas denunciados.

Fuente: lne.es

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Madrid: STAJ acusa a la Consejería de Justicia de no resolver la grave situación de los tribunales

Los sindicatos CCOO, STAJ y UGT acusaron a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid de no resolver la grave situación de los tribunales madrileños, que soportan más del 38 por ciento del volumen de asuntos que se tramitan en todo el territorio nacional.

Según los sindicatos, los Registros Civiles se encuentran "al borde del colapso" y los ciudadanos tienen que soportar "colas desde la madrugada para realizar cualquier diligencia". Esta situación de caos se traslada a los Juzgados de lo Penal, donde "el habitual exceso en la jornada laboral penaliza la vida de los trabajadores".


El atasco judicial se reproduce, apuntan los sindicatos, en el resto de los órganos judiciales de la región, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Fiscalía y el Instituto Anatómico Forense.

Para CCOO, STAJ y UGT, la única causa de la caótica situación "no es otra que la falta de voluntad política del Gobierno Regional, y en lo que le compete del Ministerio de Justicia, para resolverla". Según denuncian, desde hace más de veinte años se mantiene a la idéntica plantilla, de la cual el 43 por ciento del personal es interino.

Por ello, plantean al Gobierno regional la urgente creación de 3 nuevos Partidos Judiciales (Boadilla del Monte, San Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes); 10 Registros Civiles únicos (Alcalá de Henares, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Collado Villalba, Alcobendas, Coslada, Majadahonda, Torrejón y Alcorcón); la creación de 110 unidades judiciales y la ampliación de plantillas actuales, así como la creación de un Servicio Común de Intervención Inmediata y la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal.

Lamentan, finalmente, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el ejercicio de sus competencias, no haya urgido a la Comunidad de Madrid a poner inmediata solución al problema de la Justicia madrileña, teniendo conocimiento de la grave situación en la que se encuentra desde los últimos años.

Fuente: Europa Press

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Lérida: Un funcionario estafa 540.000 euros con la venta ficticia de fincas para el AVE


Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen entre sus listados de personas en busca y captura por la presunta comisión de uno o más delitos a Salvador Solsona Quintanilla, un histórico líder sindical de UGT Justicia en las Terres de Lleida.


El Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella criminal contra Solsona Quintanilla y otros dos presuntos cómplices por la presunta comisión de un delito continuado de estafa de especial gravedad, pudo llegar a embolsarse un total de 540.000 euros, tráfico de influencias y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Mientras que los presuntos cómplices han sido informados de la querella interpuesta, Solsona permanece desaparecido en combate, y sin rastro de su paradero, por lo que la policía anda tras sus pasos.

Fiscalía asegura que Solsona y el resto de querellados confeccionaron una serie de documentos ficticios y “convencieron a una serie de personas de las ventajas económicas que les podía reportar la compra de terrenos que, según les decían faltando a la verdad, estaban sometidos a un procedimiento expropiatorio por parte de ADIF-Ministerio de Fomento.

La Acusación Pública asegura en la querella criminal que Salvador Solsona se hacía pasar “por representante del Ministerio de Fomento afirmando además que por razón de su militancia en UGT tenía importantes contactos en el mismo que podían facilitar un lucrativo negocio”. Según Fiscalía, Salvador Solsona “tenía relativamente fácil conseguir esa credibilidad por cuanto es Oficial de la Administración de Justicia (fue durante muchos años líder sindical de la organización más votada entre los funcionarios de justicia) y había trabajado, al parecer, en la zona de Vinaixa, localidad en la que estaban sitas las fincas que supuestamente iban a ser expropiadas”.

En la querella se especifica que Solsona ofrecía “efectuar una inversión comprando una finca que posteriormente sería expropiada por ADIF pagando un precio al propietario inferior al justiprecio que finalmente iba a ser pagado por la entidad expropiante”.

El primer engaño que denuncia la Acusación Pública fue cometido el 8 de setiembre de 2006. Solsona Quintanilla vendió ficticiamente una finca cuya propiedad era de un tercero a dos personas por 120.000 euros. Cuando los compradores descubrieron que era una estafa “en lugar de denunciar el hecho a los tribunales decidieron subirse al carro del querellado y recuperar el dinero por la vía de engañar a otras personas”. De esta manera se convirtieron en cómplices del funcionario de justicia y por ese motivo también han sido querellados por el Ministerio Fiscal.

Solsona y sus dos nuevos cómplices siguieron, siempre supuestamente, el mismo modelo de actuación haciendo “suscribir en Lleida a sus víctimas un documento de compraventa privada donde aparecía como vendedor el titular de la finca a expropiar a cambio de entregar diferentes cantidades”. Según las investigaciones de Fiscalía, “como justificante del dinero recibido los querellados entregaban una acta previa a la ocupación y un acta de justiprecio de mutuo acuerdo del Ministerio de Fomento- Adif y que sin unidad de acto firmaban los engañados compradores ante Solsona”.

El importe de las estafas asciende a 540.000 euros. A parte, se acusa al sindicalista de tráfico de influencias y de delito continuado de falsedad documental.

“No nos temblaría el pulso para cesarlo si continuara afiliado”

El Secretario General de la Federació de Serveis Públics de UGT Terres de Lleida, Pep González, aseguró que Solsona se dio de baja en el 2005 del sindicato aún así quiso dejar muy claro: “Si Solsona continuara no nos temblaría el pulso para cesarlo”.

Solsona Quintanilla fue durante varios años el cabeza de la lista más votada por los funcionarios de justicia en Lleida. Ostentó varios cargos sindicales.

En el 2005 con la entrada de Rosa Palau como líder del sindicato, Solsona se queda sin ningún cargo en la organización.

Fuente: La Mañana

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Villareal: El Ejecutivo no pondrá en marcha el juzgado de violencia hasta diciembre

El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, pedirá al grupo popular que presente mociones a través del Senado y de Les Corts Valencianes para reclamar al Gobierno central que sea la Comunitat la que decida la fecha de entrada de funcionamiento de los órganos judiciales, en consenso con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El conseller criticó que juzgados "urgentes" como el específico de violencia sobre la mujer de Villareal, no se pondrán en marcha hasta diciembre de este año.



El conseller realizó este anuncio tras inaugurar el juzgado de primera instancia número 27 de Valencia, el primero de los 22 órganos autorizados a la Comunidad por el Ministerio de Justicia para este año. De Rosa recordó que, en la actualidad, le corresponde al Gobierno central autorizar y decidir la puesta en marcha de los diferentes órganos judiciales de todas las comunidades autónomas, algo en lo que no se mostró de acuerdo, por lo que avanzó la propuesta de presentación de mociones para cambiar esta situación.

De Rosa mostró su "absoluto malestar" porque ha recibido un comunicado del Ministerio de Justicia en el que se fija para junio la puesta en marcha de tres órganos judiciales de los 22 presupuestados y solicitados, con lo que los 19 restantes se inaugurarán en diciembre. Así, dijo, "vuelve a repetirse la misma historia que el año pasado, dejando el grueso de la puesta en funcionamiento de órganos para el 28 de diciembre".

Entre ellos, juzgados "urgentes" como los relativos a violencia de género en Villareal o en Valencia, o los juzgados de Registros Civiles, "no se han autorizado hasta diciembre", dijo.

Fuente: lasprovincias.es

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STAJ critica que algunos jueces eludan su responsabilidad a costa de los funcionarios

El sindicato de funcionarios STAJ criticó que determinados jueces aludan a la falta de preparación de su personal e imputen a los funcionarios la culpa de los retrasos que arrastran sus juzgados.

Se refiere esta central al contenido del escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ex titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid), Gemma Susana Fernández Díaz, de quien se investiga su posible responsabilidad en los retrasos sufridos en un caso de violencia de género en Alovera (Guipúzcoa). En este lugar, el imputado terminó asesinando a su ex mujer, pese a la orden de alejamiento dictada contra él.


Según STAJ, es la Administración a quien compete asegurar la formación de los empleados y también subsanar la actual situación de falta de medios personales y materiales en los órganos judiciales. 'Porque no es suficiente con aprobar leyes y resoluciones que quedan muy bonitas sobre el papel y dan votos, porque resultarán inútiles sin la dotación de medios suficientes', añade el sindicato en un escrito.

'lo más deleznable -según STAJ-, es que haya jueces que lejos de asumir la parte de responsabilidad que pudiera corresponderles, en cuanto ven peligrar su impecable eficacia 'echan el muerto' al funcionario que tienen más próximo e incluso algunos llegan a soltar perlas como: 'No quiero que los interinos toquen un solo papel del Juzgado, prefiero, y así se lo digo, que pasen la mañana leyendo un libro o una revista'.

El problema de la falta de formación no afecta solo a los interinos, según el STAJ, es de todo el personal, incluso de los jueces sustitutos, 'que también llegan a los destinos sin haber superado la oposición y en muchas ocasiones destinados en Juzgados de Violencia de Género'.

'Los profesionales de la Justicia saben sobradamente que la Administración de Justicia funciona gracias al trabajo de los más de 16.000 funcionarios (titulares e interinos) que prestan sus servicios y en muchos casos lo que prestan es bastante más que sus servicios', añade la nota.

Fuente: Terra

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jueves, mayo 08, 2008

La Justicia, a pedales

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sábado, mayo 03, 2008

Cantabria: Mediavilla se burla de la buena fe de los funcionarios de Justicia...una vez más

«Nos sentimos humillados por la forma de proceder del Gobierno regional. Nadie nos ha informado de nada. Nos hemos enterado por la prensa y por la Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, de que había que fichar con la huella del dedo a la salida y a la entrada del trabajo... No son formas», se lamenta una funcionaria ayer a las ocho de la mañana, mientras intenta averiguar cómo funciona la 'dichosa maquinita' de control horario por huella dactilar, instalada en el edificio judicial de Las Salesas en Santander.


«A mí no me importa cumplir el horario y fichar, pero no de esta manera tan discriminatoria para los funcionarios de justicia», se lamentaba otra trabajadora. «¿Por qué para los demás empleados públicos de la Administración regional es indigno el sistema de control con huella dactilar, como dijo Revilla cuando era vicepresidente del Gobierno con el PP, y no lo es para los trabajadores del ámbito judicial?», se preguntaba otro.

¿Y por qué en la Dirección General de Justicia, situada en el Paseo de Pereda, se ficha con tarjeta y no con el dedo?», terciaba en la polémica otro trabajador. Eran las cuestiones generales y unidireccionales planteadas por los funcionarios públicos de justicia ayer, entre las 8 y las 8,30 de la mañana, mientras hacían cola o se apiñaban en pequeños grupos frente al nuevo mecanismo tecnológico, el primer día de entrada en vigor del control horario.

El sentir unánime de todos ellos se puede resumir en una palabra: desconcierto. Todos ellos al unísono se lamentaban de la «nula información» existente al respecto. «La semana pasada vinieron por la oficina judicial para recoger la huella dactilar y la entregamos. No sabíamos qué hacer y desde luego nadie nos dijo que era una toma voluntaria, como ha dicho el director General de Justicia en los medios de comunicación», precisa Pepa Castellanos. «Nadie sabía que nos podíamos negar a darla», media otra compañera que prefiere no dar su nombre. «Se oyen muchos rumores, entre ellos que no cobras sino fichas, esto es un caos. Son rumores, pero nadie nos ha dicho nada», apostilla otra.

Puerta cerrada

Algunos funcionarios, los menos, acudieron a la sede judicial de Las Salesas, en la Avenida Pedro San Martín de Santander, a las 7.30 horas y se encontraron con la puerta principal cerrada, ya que este acceso no se abre hasta las ocho de la mañana. Tuvieron que dar la vuelta al edificio y entrar por la calle Simancas, pero en esta puerta no hay máquina de fichar, por lo que los funcionarios se vieron obligados a «peregrinar» por el complejo judicial para poner su huella en el único aparato existente y allí dejar constancia de la hora de entrada.

Una vez superado este «primer escollo», se encontraron con otro: desentrañar el lenguaje críptico de la máquina, sobre el que nadie les había informado. «Probando nos hemos dado cuenta de que para entrar hay que dar al botón rojo y no al verde. Después te pide el código de funcionario, que son cinco dígitos.Yo, que soy interina, -dice Pepa Castellanos- tengo 4 números en lugar de cinco. Calculando, he puesto un cero delante y por fin he fichado. Pero, como veis, aquí estamos solos y nadie sabe nada». Otros trabajadores no tienen memorizado su código y directamente 'pasan' de fichar. Y otros pulsan la flecha, meten su código, ponen el dedo en la ranura de la máquina y..., nada. Tarea imposible. Lo intentan hasta cuatro veces sin resultado, y abandonan. «¿Que el secretario dé fe de que he llegado!», se dicen.

En las sedes judiciales de la región el control horario se implantará a lo largo de la semana. Los sindicatos han advertido ya a los trabajadores que no accedan voluntariamente a dar la huella.

Fuente: eldiariomontanes.es

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