sábado, octubre 31, 2009

México: Constituyen Tribunal Internacional de Libertad Sindical

Con el propósito de crear un órgano imparcial en defensa de la justicia laboral, debido a la poca credibilidad de la gente en las juntas de conciliación y arbitraje, varias organizaciones del mundo constituyeron el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Los integrantes de este tribunal destacaron la importancia de este nuevo órgano laboral, pues aseguraron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social abandonó su papel de vigilante del respeto a las leyes laborales.


Asimismo, la falta de imparcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje en la mediación de los conflictos, aseguraron el dirigente de la Federación Internacional de Derechos Humanos de Brasil, Luiz Guilermo Pérez, y el presidente del Instituto Observatorio Social, Kjeld Jakobsen.

El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, el integrante de la ANAD, Oscar Alzaga, la especialista en Derecho Social Comunitaria de España, Marta Olmo, entre otros, indicaron que no existe un "árbitro" en cuestiones laborales imparcial en los conflictos obrero-patronal.

Luego de la instalación del nuevo tribunal, a la que acudió un gran número de electricistas encabezados por su líder, Martín Esparza, se expusieron los conflictos laborales de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros.

Así como, los Trabajadores de la Vidriera del Potosí, del Instituto Federal Electoral, del Independiente de Trabajadores de la Salud, y del Independiente de Instituciones Educativas de la Universidad de Valle de México.

Señalaron que los agravios denunciados, serán analizados por un jurado de "calidad moral", integrado por el sacerdote Miguel Concha, la senadora Rosario Ibarra, el escritor y defensor de derechos humanos James Cockroft y la abogada laborista española Marta Olmo.

Reiteraron que este tribunal fue creado por iniciativa de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de poner en marcha una "instancia civil de peso" para juzgar los graves conflictos por el deterioro de la libertad sindical en México.

En su oportunidad, Martín Esparza expuso que el caso del SME, es fundamental para mostrar a la sociedad mexicana e internacional "los atropellos" de que ha sido víctima este gremio.

Fuente: cronica.com.mx

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Valencia: Expertos coinciden en que urge la especialización de los juzgados de Familia

Expertos en materia de Derecho de Familia coincidieron en la urgencia de la especialización de los juzgados de Familia, protección de los menores y capacidad de las personas, y han subrayado la necesidad de aumentar las vías de coordinación entre los juzgados y los puntos de encuentro familiar. Son parte de las conclusiones de las sextas 'Jornadas nacionales de magistrados, jueces de Familia, fiscales y secretarios judiciales', que han reunido durante tres días en Valencia a más de 170 especialistas de toda España.


El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha sido el encargado, en la clausura de las jornadas, de compendiar las conclusiones alcanzadas, y ha aplaudido el análisis realizado del futuro de una jurisdicción, la de Familia, "tan importante para la paz social".

Según ha explicado, los expertos han hecho un expreso reconocimiento de la labor y funciones desarrolladas por los puntos de encuentro familiar y han subrayado la necesidad de potenciar la autonomía de actuación concreta de estos espacios, aspecto que De Rosa ha apoyado.

En este sentido, ha manifestado que el CGPJ ha encargado una encuesta dirigida a los juzgados de Familia y a los puntos de encuentro para conocer su situación actual.

"Queremos saber en qué situación se encuentran y queremos que sean un ejemplo de colaboración con la Comunidad Autónoma, con los juzgados y con los profesionales", ha afirmado.

Los expertos han abogado también en su escrito de conclusiones por una "guía de buenas prácticas" en la jurisdicción de Familia, iniciativa que el vicepresidente del CGPJ ha apoyado asimismo por considerar que ofrece a los abogados y jueces "criterios para regular o afrontar las situaciones de crisis familiar que atienden".

Respecto a la custodia compartida, sobre todo en materia de menores, vivienda y pensiones alimenticias, que ha resultado otro de los puntos abordados en las jornadas, de Rosa ha manifestado que éste debe ser "un instrumento que el juez pueda utilizar pero nunca imponer".

Así, ha estimado que la custodia compartida "no debe ser impuesta pero sí favorecida en la ley como instrumento que hay que seguir utilizando y explorando".

Los expertos también han concluido, por lo que respecta a la ejecución de Familia, en la "necesaria reforma" legislativa para establecer un régimen especial y diferenciado de la misma, ya que el sistema de la Ley de Enjuiciamiento Civil es, en su opinión, "insuficiente".

Además, han pedido que la directiva europea sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles sea incorporada a los derechos nacionales antes de mayo de 2011, lo que supondrá para España potenciar los procesos alternativos para la solución de conflictos, conclusión, para De Rosa, "muy acertada".

Fuente: La Ley

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País Vasco: La demanda de justicia gratuita desborda los 11 millones previstos para 2009

La crisis económica se deja sentir en los litigios de los tribunales. Los once millones de euros presupuestados este año por el Gobierno vasco para la justicia gratuita se han quedado cortos debido al incremento imparable de las solicitudes. Según la viceconsejería de Justicia, entre enero y junio las asistencias a detenidos y los turnos de defensa financiados con cargo al contribuyente aumentaron un 10,5% en Euskadi respecto al mismo periodo de 2008; no obstante, esa tendencia se ha acentuado a la vuelta del verano, y ahora la demanda crece casi el 20%.


Sólo en el primer semestre de 2009 se aprobaron 23.250 expedientes frente a los 21.049 contabilizados durante los seis primeros meses del ejercicio anterior.

El Gobierno vasco ha prometido poner el dinero que haga falta para pagar los pleitos, un derecho que asiste a los ciudadanos con ingresos no superiores al doble del salario mínimo interprofesional (624 euros en catorce pagas); o al cuádruple, dependiendo de las cargas familiares. Al mismo tiempo ha preparado un borrador de decreto para mejorar el servicio, de modo que los beneficiarios de la Justicia gratuita podrán elegir, por ejemplo, el abogado de oficio, si bien los letrados de ese turno tendrán un número limitado de llamamientos.

El Ejecutivo autónomo también mantendrá la especialización de los abogados apuntados a la Justicia gratuita (por temas y por jurisdicciones); y uniformizará su formación, labor de la que se ocupan los colegios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Igualmente, la viceconsejería de Justicia controlará trimestralmente los servicios prestados y las compensaciones que llevan aparejados, «sin que ello signifique que exista ahora una mínima duda», recalcan en el Gobierno vasco.

La Administración autonómica ya ha empezado a discutir el borrador de decreto con los colegios de abogados. Sin embargo, paralelamente, prepara con las demás autonomías y el Gobierno central una reforma de la ley estatal de Justicia gratuita que endurecerá los requisitos de las subvenciones, una prestación mayoritariamente reclamado por delincuentes comunes, menores, automovilistas acusados de alcoholemias, cónyuges que quieren divorciarse y víctimas de violencia de género. En este último caso, las ayudas se conceden sean cuales fueren los ingresos de la víctima de la agresión machista. Sólo para esos delitos, el presupuesto del Gobierno vasco asciende a un millón de euros este año.

Cita autonómica

Las comunidades se quejan de que el gasto de la justicia gratuita no ha parado de crecer desde 2000, un fenómeno agravado ahora por la recesión. Para financiar ese servicio, el PSOE y el PP han pactado en el Congreso la aplicación de una tasa de 25 a 50 euros a los españoles que recurran una resolución judicial, un dinero que perderán si la apelación es rechazada. La medida, que entrará en vigor en 2010, pretende reducir los recursos 'sin fundamento', pero el dinero recaudado se destinará a costear los pleitos a las personas de ingresos bajos y la informatización de los tribunales.

La Comunidad de Madrid -que dedica 50 millones de euros anuales a la Justicia gratuita- ha denunciado el «uso abusivo» de las ayudas, un punto de vista que el Gobierno vasco no comparte, aunque sí es partidario introducir ciertas restricciones. Sin ir más lejos, el presupuesto de Euskadi para este capítulo ha pasado de los 4,2 millones de euros en 2005 a los once millones actuales, una cifra que tampoco va a resultar suficiente.

Precisamente, las autonomías y el Ejecutivo central se han reunido para preparar un encuentro en el que se discutirán formalmente los recortes de la legislación estatal, que data de 1996. Uno de los cambios analizados consiste en que las ayudas sean mayores o menores dependiendo de la situación particular del solicitante y de la jurisdicción en la que se litigue (contenciosa, penal, civil o social). Por ejemplo, la Administración podría pagar unas veces el abogado, pero otras sólo las copias que hay que presentar en el juzgado.

El Ministerio de Justicia también propone obligar al beneficiario de la subvención a pedirla no de una vez y para todo el procedimiento, como ahora, sino en cada fase del mismo, ya que muchas veces la situación personal y económica del demandante cambia durante ese periodo. De ese modo, si una vez dictada la sentencia se quiere apelar, habría que hacer otra vez los papeles para pedir la justicia gratuita.

Fuente: elcorreodigital.com

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Ferrol: La Xunta instalará un nuevo equipo de videoconferencias en los juzgados

La Dirección General de Justicia de la Xunta anunció al juez decano de Ferrol que en los próximos días se daría solución a los problemas de la sala de videoconferencias que sufren los juzgados locales.


La propia Dirección General ha informado de que se ha dado orden a la empresa correspondiente para que proceda al traslado de los equipos de teletransmisión que actualmente se encuentran en la sala de juicios del Juzgado de Primera Instancia número 2 a la sala de los juzgados de lo penal, que son los que mayor uso hacen de la misma.

Además, informa también la Dirección General, en el plan de urgencia en el apartado de medios audiovisuales que la Xunta implementará durante el 2010 se prevé la instalación de un segundo equipo de videoconferencias en los juzgados de Ferrol.

Ambas medidas supondrán una sensible mejora tanto para los justiciables como para la oficina judicial porque evitará muchas suspensiones de juicios o aplazamientos de señalamientos de actos. En la situación actual, no se podían celebrar porque la sala estaba ocupaba con actos del Juzgado de Primera Instancia número 2. Estos equipos de medios audiovisuales permiten celebrar un juicio, generalmente de los juzgados de lo penal, con el acusado sentado en el banquillo de Ferrol mientras que otros testigos declaran desde diferentes puntos de España, sin necesidad de trasladarse.

Un ejemplo

El pasado día 10 se hizo uso de esta moderna tecnología, en ocasión de una vista oral contra un mariscador de la Cofradía de Pescadores de Ferrol al que se le imputa un delito de desórdenes públicos por cortar el tráfico en As Pías, durante una protesta. Un guardia civil que intervino y que intervino como testigo de cargo propuesto por el Ministerio Fiscal se encuentra actualmente destinado en Canarias. Pues bien, prestó declaración desde un juzgado de las islas. Antes de existir estos modernos medios telemáticos era necesario que el agente viajase a Ferrol para comparecer ante el tribunal local. Actualmente es necesario que el testigo declare en presencia de un funcionario judicial al lado de la cámara. Se pretende incluso, a medio plazo, que en un caso semejante el guardia pueda declarar desde su propio cuartel, o un preso desde la cárcel donde se encuentre. El ahorro económico y la agilidad que le puede inferir a la Administración de Justicia es innegable.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Soria: Concepción afirma que el Palacio de la Audiencia Provincial "se ha destrozado" y apuesta por un nuevo edificio funcional

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se mostró partidario en Soria de que el actual palacio de Justicia albergara únicamente la Audiencia Provincial y Fiscalía y que un nuevo edificio reuniera el resto de órganos judiciales de la capital. Indicó que se trata de un inmueble histórico "destrozado por la mala política de la Subdirección de Obras del Ministerio de Justicia, un edificio representativo en Soria y con gran importancia".


Subrayó que se deberían reunir los diferentes órganos judiciales en un edificio nuevo, moderno, con "con todas las comodidades". José Luis Concepción hizo estas declaraciones antes de comenzar un café informativo con los diferentes medios de comunicación sorianos. Un encuentro que sirvió para que los periodistas comunicaran al presidente los principales obstáculos con los que se encuentran a la hora de realizar su trabajo en el ámbito de la Justicia. Concepción llegó a Soria acompañado de Almudena Lastra y Miguel Collado, ambos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente del TSJCyL y los dos vocales mantuvieron también un encuentro con los jueces y fiscales de Soria con el objeto de conocer de primera mano sus necesidades y su situación. Los responsables judiciales alabaron la situación de la Justicia en Soria, aún asumiendo los problemas que existen de orden estructural. Concepción, reconoció en la capital que "se están comenzando a aplicar algunas medidas para asumir el endurecimiento de las leyes pero hay jurisdicciones a las que no llegan dichos recursos". Dijo, además, que se necesita aumentar la plantilla en las diferentes sedes judiciales y "el Estado se ha dado cuenta de que la excesiva demora en la tramitación de procedimientos, sobre todos sociales, está generando un gasto añadido".

Por otra parte, el presidente del TSJ, quiso destacar los avances que se han aplicado en la Justicia española desde hace unos años. "Es insuficiente, pero al menos el proceso de informatización actual permite que en todas las provincias de la Comunidad las notificaciones de las sentencias se hagan por vía telemática, algo impensable hace un tiempo".

El presidente reiteró en Soria, tal y como ha manifestado en otras provincias, la petición al Ministerio de Justicia de la creación de 39 unidades judiciales en la Comunidad para 2010. Concepción reconoció que "el Ministerio, quizá, no puede afrontar, la creación de 39 unidades judiciales de modo inmediato e inminente". Si bien, añadió que han querido "concienciar y transmitir" su preocupación para que "se atienda en una décima parte o en una parte muy pequeña las necesidades del territorio".

Asimismo, recordó que el hecho de que 1.500 jueces se hayan puesto en huelga es sintomático de que algo está ocurriendo. En su opinión, el hecho de un grupo de jueces tomen esta medida es porque "algo grave está pasando" en el país y ahí es donde hay que hacer el "diagnóstico".

Por otra parte, y haciendo un repaso a la situación actual de la Justicia, José Luis Concepción señaló que la crisis económica está suponiendo un importante aumento de la carga de trabajo de los juzgados de lo civil, lo mercantil y lo laboral.

En cuanto a las relaciones del TSJCyL con el nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, Concepción destacó los cambios que se han producido desde su llegada al Ministerio y la buena voluntad que existe de mejorar el sistema. En este sentido, los vocales del CGPJ fueron más optimistas y destacaron la dotación económica que en los Presupuestos se ha dedicado a la mejora y modernización de los juzgados, aunque aún queda mucho por hacer.

Fuente: heraldodesoria.es

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viernes, octubre 30, 2009

Castilla - La Mancha: Sin fecha el traspaso de competencias, la Junta ve preocupante la situación de la Justicia

El Gobierno regional y el Ministerio de Justicia mantienen "importantes" diferencias en cuanto a la dotación económica que debe acompañar al traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuya situación en Castilla-La Mancha es "realmente preocupante", según la consejera Magdalena Valerio. Así lo ha expuesto la responsable de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha, durante un debate parlamentario sobre la situación de la Justicia en la comunidad y sobre el proceso de transferencia competencial solicitado por el grupo popular.


La consejera ha subrayado la voluntad manifestada por el Gobierno central de culminar el proceso de transferencias antes del final de la Legislatura en 2012, límite que la portavoz del PP en este área, Natalia Tutor, le ha pedido que adelante a 2011, antes de que se disuelvan las Cortes castellanomanchegas.

De hecho, el PP ha introducido esa demanda en una propuesta de resolución que ha sido rechazada por los votos del grupo socialista, iniciativa en la que se pedía también respeto a los procesos judiciales y que el Gobierno central dé respuesta a "las numerosas carencias" de la administración de Justicia en la región.

Las Cortes, con el apoyo del PSOE y la abstención del PP, sí han aprobado una resolución por la que instan al Ejecutivo central a tener en cuenta en la negociación del traspaso de competencias el déficit histórico de infraestructuras que sufre la región, su dispersión territorial y el aumento de población experimentado.

Valerio ha indicado que hay acuerdo en "prácticamente todos" los aspectos técnicos de la negociación, pero no en cuanto a la dotación y costes de personal ni en lo que afecta a las inversiones en sistemas informáticos y en inmuebles.

La consejera ha subrayado la importancia de que se tengan en cuenta la dispersión territorial, que encarece la prestación del servicio, y el mal estado de las infraestructuras en la región, por lo que ha rechazado que se apliquen los mismos criterios que se han manejado en la negociación con otras comunidades.

En cuanto a la situación de la Justicia en la comunidad, ha reconocido que es "realmente preocupante", pues a las carencias históricas en medios humanos y materiales se han sumado los efectos de la huelga del año pasado y el sensible aumento de la litigiosidad, sobre todo en lo Civil y en lo Mercantil, derivado de la crisis económica.

Valerio ha avanzado que el aumento de la litigiosidad experimentado en 2008 (casi un 12 por ciento) se mantiene en los tres primeros trimestres de este año, mientras que la región mantiene la menor tasa de jueces por habitante, con una ratio de 8,2 por cada 100.000 personas.

Ante esta situación, ha apuntado que la Junta ha solicitado un incremento en los órganos judiciales y de la plantilla de jueces, fiscales y secretarios, junto a medidas de refuerzo temporales hasta que se doten esas plazas.

A su juicio, el Ministerio "ha dicho stop" a esta situación y ha emprendido un ambicioso plan para modernizar la Justicia, pues "es el momento de la Justicia" en España.

La portavoz del PP, Natalia Tutor, ha puesto en duda la voluntad del Gobierno regional para dar el paso necesario para asumir las competencias, proceso del que empezó a hablar en 2003.

La diputada ha enumerado las carencias que padece la planta judicial de la región, con especial atención a los juzgados de violencia machista y los de lo mercantil, y ha concluido que el Ministerio no se compromete lo suficiente con Castilla-La Mancha.

Además, ha puesto en duda que el presidente regional, José María Barreda, tenga este asunto entre sus prioridades, pues suprimió la Consejería específica de Justicia tan sólo un año después de crearla y no hizo ninguna mención a su situación en el último debate sobre el estado de la región.

Fuente: ABC.es

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jueves, octubre 29, 2009

Paraguay: La Justicia se paraliza por la huelga

Sin funcionarios, poco pueden hacer los actuarios y jueces. El principal sindicato de funcionarios judiciales inició ayer al mediodía la huelga que paraliza a la mayor parte de este poder del Estado. Aunque existe disconformidad de algunos gremios, la medida de fuerza ha seguido hoy, en todas las circunscripciones del país.


Los asociados al Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), presidido por Porfiria Ocholasky, aseguran que con la misma se paralizará la Justicia. Indican que sólo prestarán los servicios básicos a la ciudadanía. El objetivo es el 10% de aumento salarial y la equiparación de los sueldos de los actuarios.

No obstante, entre los mismos funcionarios del Poder Judicial no existe consenso sobre la medida. Los afiliados al Sindicato de Funcionarios de los Registros Públicos (Sifurep), y la Coordinadora de Actuarios y la de Ujieres no se acoplaron a la huelga.

Además, tanto la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y del Colegio de Abogados del Paraguay, así como la Asociación de Abogadas del Paraguay, se oponen a la medida. Estos últimos pedirán que se declare ilegal, porque no se cumplieron los motivos legales para convocar una huelga, según alegan.

AGOLPADOS

A primera hora de ayer, una cantidad inusitada de abogados estuvieron en los juzgados para revisar sus expedientes, teniendo en cuenta que desde hoy se iban a paralizar las actividades. El tercer piso de la Torre Sur, donde están la mayoría de los juzgados Civiles y Comerciales, prácticamente fue invadido.

Asimismo, ayer, representantes de los escribanos, abogados, magistrados y de los sindicatos que no acompañan la huelga, esperaron dos horas para al final ser recibidos por los ministros César Garay y Alicia Pucheta de Correa, ante la ausencia del titular de la Corte, para dialogar sobre la medida sindical.

Afirman que aún no es el momento para adoptar medidas de este tipo y que primero se deben agotar todas las instancias existentes y recurrir a la huelga como el último recurso.

Ángel Cohene, de la Asociación de Magistrados, aseguró que respetarán el acuerdo firmado con los más de 14 gremios de colegios de abogados y escribanos. "Vamos a agotar todas las instancias, a los efectos de que todos juntos luchemos por un mejor salario y un mejor servicio para ellos. Ese es el acuerdo al que hemos llegado", dijo.

NOTAS

Sin embargo, gran parte de los actuarios judiciales, especialmente del área Penal, enviaron notas al titular de la Corte, Dr. Antonio Fretes, por la que desautorizan la labor de Silvia Patiño, de la Coordinadora de Actuarios, donde indican que nunca fueron consultados para firmar el citado acuerdo.

Es más, rechazan las cláusulas insertadas en el documento. "Desconocemos y desautorizamos rotundamente a la Coordinadora de Actuarios de la Capital para llevar adelante cualquier tipo de acuerdos o negociaciones que nos incluyan", alegan.

Refieren que apoyan la postura de lograr el aumento del 10% y la equiparación salarial de los actuarios judiciales. Finalmente, afirman que, de ser necesario, harán uso de su derecho constitucional a la huelga.

De todos modos, los funcionarios de Registros Públicos no se acoplarán aún a la medida, ya que alegan que es extemporánea. Los ujieres, por su parte, tampoco la acompañarán. Pese a todo, al no haber funcionarios, poco pueden hacer los jueces y actuarios para atender sus despachos. Con ello, la huelga sí paralizará la Justicia.

SENADORES PIDIERON LEVANTAR LA MEDIDA

El senador Alfredo Jaeggli, titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, junto al titular del Congreso, Miguel Carrizosa, y otros parlamentarios, mantuvieron una reunión con los directivos de los sindicatos del Poder Judicial. Les pidieron posponer la realización de la huelga hasta tanto sea aprobado el Presupuesto General de la Nación para el 2010. Según el legislador, la huelga es extemporánea, porque aún se estudia el plan de gastos.

Refirió que los sindicatos piden G. 35.000 millones, para así acceder a un aumento salarial del 10%.

Entretanto, el senador Marcial González Safstrand, de Patria Querida, manifestó que la huelga de funcionarios judiciales se repite año a año, y que en noviembre, generalmente, la ciudadanía que tiene problemas de carácter judicial se ve en vilo y con dificultades.

Fuente: ultimahora.com

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Alicante: La Audiencia tendrá una sección especial para combatir mafias

La Audiencia Provincial contará en 2010 con una nueva sección, la décima, que estará especializada en asuntos de crimen organizado y en la celebración de macrojuicios, gracias a las incorporaciones de magistrados que están previstas en los próximos meses. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, señaló que su objetivo es que tenga menos asuntos que las demás secciones, pero se tratará de casos de gran calado.


De esta manera, el resto de magistrados podrán volcarse con sacar adelante el trabajo del día a día. Magro estima que la nueva sala tendrá una media de un centenar de asuntos al año. En el resto de las secciones se trabaja con una media de 150 casos anuales.

El próximo mes de diciembre se incorporan dos nuevos magistrados, unas plazas ya aprobadas por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de reforzar las tres secciones penales en adelantar trabajo acumulado. Asimismo, la Conselleria de Justicia ha pedido un tercer magistrado más para la Audiencia en su previsión de necesidades judiciales presentada ante el Ministerio para el próximo año 2010. Una vez que se produzca la incorporación de este juez, será el momento en que la Audiencia pida formalmente la constitución de la Sección Décima.

El presidente de la Audiencia señaló que en estos momentos cada sección penal controla un promedio de 200 presos preventivos esperando juicio, una cifra que consideró "exorbitante". "Las causas con preso tienen más prioridad, ya que si hay retrasos tienen que quedar en libertad. Por mucho trabajo que se haga, no se consigue reducir esta cifra", aseguró Magro.

La iniciativa de crear un juez de crimen organizado empezó a barajarse hace dos años cuando se empezaron hablar de los nombramientos de jueces para reforzar la Audiencia. La iniciativa de Magro se basa en el hecho de que son las causas de mayor complejidad las que están causando ,mayores trastornos al trabajo de los jueces. "Hay procesos que pueden tener una sección de la Audiencia totalmente paralizada durante una semana o hasta un mes", explicó. Magro insistió que lo más preocupante en la provincia no es sólo la cantidad de asuntos que entran, sino su calidad.

Redes de narcotráfico, blanqueo de capitales, grandes estafas, secuestros y asesinatos son algunas de las causas que podrá asumir esta nueva sección. El objetivo es que descargue de trabajo al resto de las secciones para sacar adelante el trabajo del día a día. La proliferación de asuntos de gran complejidad ya llevó a la Audiencia hace unos años a crear un turno especial para celebrar macrojuicios. De esta manera, cada asuntos complejo que llegara a las dependencias judiciales se repartía entre todas las demás por riguroso orden de llegada. Ahora, el planteamiento es que todas vayan a la misma sección. "La especialización también da mayor agilidad al trabajo, en las que se cuenta con una persona que es experta en determinadas situaciones", dijo.

La pretensión inicial de la Audiencia con la Sección Décima era la de especializarla en casos de violencia doméstica hasta que se optó por este nuevo modelo.

Fuente: informacion.es

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Lalín: Los juzgados tienen pendientes más de la mitad de asuntos penales abiertos en 2008

Las dos salas de Primera Instancia e Instrucción de Lalín terminaron el ejercicio de 2008 con 1.243 asuntos penales pendientes, lo que supone un 51,7% respecto a las 2.400 causas ingresadas en ese mismo año. Los datos sobre el funcionamiento de los tribunales de la comarca dezana aparecen recogidos en la Memoria Judicial de la comunidad autónoma de 2008 que publica el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.


De este modo, en jurisdicción penal la Sala Número 1 iniciaba 2008 con 919 casos ya pendientes del ejercicio anterior. A lo largo del citado año, ingresaba 1.098 pleitos, de los que se resolvían 936. Por tanto, este juzgado terminaba el curso judicial con 735 asuntos sin resolver, muy por encima de los 508 aún en trámites que registraba, a fin de año, la Sala Número 2. Esta diferencia se debe, precisamente, a los asuntos que arrastra la Sala Número 1 de 2007, puesto que el segundo tribunal tenía en 2008 311 causas aún en proceso del año anterior e ingresaba 1.302, es decir, casi 300 más que el otro juzgado. Al término del año, resolvía también casi 200 más, al fallar 1.105 asuntos, por lo que terminaba 2008 con el medio millar de penales pendientes ya citadas. En conjunto, se resolvieron 2.141 litigios.

En lo que concierne a la jurisdicción civil, se indica que los dos tribunales rozan el millar de temas en proceso, con 984 causas aún abiertas frente a las 826 resueltas en 2008. Cabe señalar que a lo largo del año se ingresaron, en conjunto, 1.119 asuntos, a los que se deben añadir los 691 que quedaron sin resolver de 2007.
Por áreas, en jurisdicción familiar se registraron 157 pleitos –70 en la Sala Número 1 y 87 en la 2– a los que se añaden 46 al primer juzgado y 43 al segundo pendientes del año 2007. Pues bien, se resolvieron 159 casos, de los que 85 se fallaron en el Juzgado Número 1 y 74 en el 2, quedando pendientes 87 pleitos, de los que 31 se sentenciarán en la primera sala y 56 en la segunda.

En cuanto a los casos que se rigen por la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (en vigor desde el año 2000), se arrastraban 582 casos, que hubieron de sumarse a los 932 que se ingresaron en el ejercicio de 2008, de los que 449 pertenecían a la Sala Número 1 y el resto, 483, a la segunda. También en este apartado se detecta mayor índice de resolución en el segundo tribunal, que falla 371 casos y deja pendientes 319, frente a los 268 y 556 que muestra, respectivamente, el Juzgado Número 1.

La carga de trabajo que soportan ambos tribunales y su elevado índice de asuntos pendientes se explica, en muchos casos, por las continuos cambios de sus jueces y a una plantilla de personal que se queda reducida. Ello explica que en el apartado de sentencias ejecutorias –a las que no se puede apelar– los juzgados lalinenses terminen 2008 con 1.019 asuntos en trámite, muy por encima de los 789 que estaban pendientes al final de 2007 y multiplicando por 10 las 104 causas resueltas en ese ejercicio. Los dos tribunales ingresaron 334 causas ejecutorias, de las que 138 recayeron en la Sala Número 1 –que falló 32– y 196 en el segundo juzgado, que sentenció 72. Esta sala, además, tiene vacante desde diciembre de 2008 la plaza de juez titular, que ahora ocupa Cecilia Vázquez.

Fuente: farodevigo.es

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miércoles, octubre 28, 2009

Canarias: "No me atrevo a hablar por teléfono de asuntos reservados", declara el primer presidente del TSJ

José Mateo, primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), señalaba que la policía no depende del Ministerio de Justicia, razón por la que es muy difícil desconectarla del carácter político. “Hoy en día nadie puede estar completamente seguro de no ser escuchado; tengan por cierto que jamás he sentido lo que siento ahora: Cuando tengo que comentar con ciertas personas asuntos reservados no me atrevo a hacerlo por teléfono”.


Después de la huelga de jueces no ha cambiado absolutamente nada. Los gobiernos tienen en sus manos el poder para dotar a la administración de Justicia de todos los medios históricamente reivindicados y no lo hacen ni lo harán; no tiene actitud ni ganas, pero sí capacidad infinita para aguantar estos “alfilerazos”, sentenciaba José Mateo, primer presidente del TSJ de Canarias y segundo del TSJ de Madrid.

Respecto al derecho y a la Justicia, tantas veces puesta en tela de juicio por los ciudadanos, cree que la falta de confianza puede estar motivada por la idiosincrasia del español, completamente distinta a la del inglés o norteamericano. En España, a pesar de las enormes tardanzas, se confía más en un juez que en un árbitro, pudiendo ser que aunque nuestro sistema judicial es bueno, esté mal aplicado. Recuerde que sólo hay un Poder Judicial, verdaderamente jerarquizado, por lo que los jueces están sometidos a esa escala de mandos, advertía José Mateo.

Canarias: La Justicia, los jueces, los políticos y la policía

José Mateo, miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, afirma que los jueces que desarrollan su trabajo en la Comunidad Autónoma Canaria están completamente sensibilizados con su labor y “super-preparados para desempeñar su carrera” a pesar de las limitaciones de los medios, juzgados dispersos e insuficientes, mala planificación de la administración de Justicia y de las transferencias de competencias que, a su juicio, fue un craso error. “La administración, con los medios que cuenta, no puede realizar su labor de una forma más decorosa”, sentenciaba.

Respecto a la corrupción dentro de la administración de Justicia, subraya que en teoría pueden existir jueces corruptos, aunque él no conoce a ninguno, exceptuando los condenados por prevaricación.

Asimismo, el magistrado señalaba que la policía no depende del Ministerio de Justicia, razón por la que es muy difícil desconectarla del carácter político. “Hoy en día nadie puede estar completamente seguro de no ser escuchado; tenga por cierto que jamás he sentido lo que siento ahora: Cuando tengo que comentar con ciertas personas asuntos reservados no me atrevo a hacerlo por teléfono”.

Los políticos que desobedecen a un juez lo hacen porque la Ley de lo Contencioso Administrativo pone en manos de la administración perdedora el cumplimiento de la sentencia, aclara José Mateo, añadiendo que los ayuntamientos y demás instituciones públicas tiene mil fórmulas para burlarla. El poder ejecutivo es capaz de modificar cualquier ley que le parezca pero esta, que data del anterior régimen franquista, la dejan como estaba por propio interés.

José Mateo fue firme en sus declaraciones y en demostrar su profunda tristeza por la tremenda presión que ejerce el ejecutivo canario, ayudado de ciertos medios de comunicación, sobre el judicial en el Caso Tebeto. Han llegado a montar una Comisión de Investigación, no para indagar en el origen, las causas y depurar responsabilidades, pero sí para colocar en la picota, lanzando las más horribles insinuaciones sobre la honorabilidad de un magistrado. Esto es algo vergonzoso que supondrá la desconfianza del pueblo canario en su Justicia y, lo que es aún más grave, lo hacen por un plato de lentejas, apostillaba.

El magistrado, que también es presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), terminaba comentando las curiosidades del cargo que desempeña. Entre otras, destacamos la sentencia que emitió sobre la figura y decisiones de los árbitros, que es inapelable por muy injusta que pueda parecer.

Fuente: radioaventura.com

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Paraguay: Trabajadores judiciales inician una huelga indefinida

Los funcionarios del Poder Judicial de Paraguay comenzaron hoy una huelga indefinida para exigir al Congreso la incorporación en el presupuesto del año próximo de un aumento salarial del 10 por ciento. La medida de fuerza, anunciada con anterioridad, empezó este mediodía local luego de que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso rechazara el pedido de los miembros del Sindicato de Funcionarios Judiciales, que agrupa a unos 4.500 empleados.


"No vamos a aceptar el 5 por ciento" de aumento salarial que nos ofrecen, dijo a periodistas Porfiria Ocholasky, una de las coordinadoras de la medida de fuerza.

La dirigente señaló que se paralizarán todos los servicios salvo los vinculados con la concesión de libertades, prestación alimentaria, hábeas corpus, amparos y restitución de menores.

La huelga también tiene como objetivo exigir la equiparación salarial para los actuarios judiciales.

Por su parte, algunos gremios de fiscales y abogados repudiaron la medida de fuerza y la calificaron de "apresurada".

Resaltaron además que no se han sumado otros grupos organizados como el Sindicato de Funcionarios del Registro Público, la Coordinadora de Actuarios Judiciales y la Coordinadora de Ujieres.

Fuente: epa

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Los abogados no quieren juicios laborales por las tardes

El Plan de Refuerzo de la Jurisdicción Social por el que, desde el pasado 1 de octubre, se celebran juicios por las tardes, es para la mayoría de abogados laboralistas una “faena” o un “parche”. Los bufetes critican una medida que obliga a que los grandes se reorganicen y que es para los pequeños, “una catástrofe”. Los jueces tampoco lo ven claro. Los afectados alertan de las consecuencias inesperadas en gasto y dilaciones: perjudica a la gestión de los despachos, a la Justicia misma, ya que los jueces acumularán aún más sentencias por redactar, y al trabajador, pues su abogado laboralista, desbordado, no le podrá atender.


Ante el incremento de casos laborales que ha provocado la crisis, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una reunión que se fraguó en un encuentro en la Audiencia Nacional, decidieron poner en marcha un plan que emplea más de un millón de euros en organizar juicios por las tardes con funcionarios de refuerzo.

Pero, alerta Esteban Ceca Magán, socio responsable de Ceca Magán Abogados, “el motivo fundamental es que la Jurisdicción Social es la única cuya dilación provoca un coste directo al Estado. La intención es más ahorrar que modernizar”, afirma.

Ceca Magán cree que “se va a hacer permanente y que se va a extender a otras jurisdicciones. De hecho, ya se hace en Penal en Andalucía”. A su juicio, “habría que llevar a cabo una verdadera reorganización de la Justicia, en la que un mal endémico es que no hay juzgados suficientes”.

Según Benito Raboso, juez decano de los juzgados de lo Social de Madrid, “con un incremento de 10.000 casos por año, estamos desbordados, pero se debería haber aprovechado la partida para crear más juzgados, se van a gastar mucho dinero en este sistema paralelo cuyas consecuencias ignoramos”.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia recuerdan que cada año se estudia la carga y se hace una previsión de creación de juzgados, –en 2008, 7, y en 2009, 5, uno en Madrid–. Este año vieron con el CGPJ que se incrementaban mucho los despidos. “Es una cuestión coyuntural que no justifica que se creen más juzgados que no sean necesarios dentro de dos años”, dice. Desde el Ministerio, explican que “la mayoría de los jueces son de carrera; no dejan su juzgados y dedican dos tardes o dos mañanas al refuerzo”. El Ministerio paga a los jueces con cargo a sus presupuestos en las CCAA no transferidas, en concreto, Castilla y León, Murcia y Baleares, las que tienen colapso.

Lo suscribe Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ: “Se trata de aliviar una sobrecarga creada por la crisis, que puede no hacer falta dentro de un tiempo”. Y llama a “abrir el debate sobre qué tipo de Justicia queremos y si entra en este esquema que se trabaje por la tarde como en Sanidad, lo que agilizaría las cosas”. “Es un plan de choque prudente y abierto”, zanja.

En esta línea, David Díaz, socio de Baker & McKenzie, cree que “es una medida necesaria, una forma de equiparar horarios con la empresa”.

Sin embargo, Ceca Magán no aplaude “la comparación con Sanidad”, ya que “el médico de guardia no está siempre”. Recuerda: “Los funcionarios tienen refuerzo, pero el abogado es el gran perjudicado”. Además, añade, “el ciudadano se va a encontrar la misma o superior dilación ya que se incrementarán las sentencias y el juez no tiene tiempo de redactarlas”. No menos importante le parece que “el trabajador va a quedar desprotegido, ya que su abogado laboralista no le va a poder atender y no puede pagar a los grandes bufetes”.

Para Daniel Álvarez, abogado de Laboral con despacho propio, “el plan es una faena. Es un parche que va a crear más descontento. Los abogados de Laboral sabemos cuándo entramos en el juzgado pero no cuándo salimos y ahora esto se extiende a las tardes. El 99% de los jueces llega sin mirarse el asunto y no tiene tiempo de redactar sentencias. Yo trabajo solo, la situación que se me presenta es negra, tendré que derivar casos a compañeros”.

Todo ello, teniendo en cuenta que los abogados de Laboral son los que más viajan y que el 95% de su actividad es oral. “O aumentas plantilla o disminuye la calidad del servicio”, plantea Ceca Magán.

A juicio de Pilar Cavero, socia de Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “como medida coyuntural no es mala, pero lo que debería hacer el Gobierno es pensar sistemas más equilibrados alternativos al pleito como la mediación, que tiene mucho éxito en otros países, pero que en España no se han explorado”.

A Luis Enrique de la Villa, socio de Laboral de Lovells, le parece “un mal menor que, si no consigue agilizar, no se debe perpetuar”. Así, “complica mucho la organización de los bufetes; los grandes podemos recibir ayuda de Procesal”, apunta. “Sobre la dimensión de las plantillas va a haber que esperar”, apostilla.

Fuente: expansion.com

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Palencia: El Ministerio dispondrá en noviembre de la sede del Banco de España

El Ministerio de Justicia recibirá oficialmente el próximo mes de noviembre la obra que se acomete en la actualidad para convertir la sede del antiguo Banco de España en nuevas oficinas judiciales. El objetivo de la Administración del Estado es agilizar la instalación del mobiliario, de forma que el nuevo inmueble judicial pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre del año 2010.


Con una inversión global que supera los cuatro millones de euros, el nuevo edificio judicial permitirá disponer de más espacios y más medios para impartir la administración de Justicia en Palencia. El plan del Gobierno establece que en este edificio se ubicarán los juzgados de lo Social, Contencioso, Menores y Violencia de Género, además de la Fiscalía y otras instancias judiciales, excepto la propia Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Penal y los seis de Primera Instancia e Instrucción, que tendrán su sede en el actual edificio judicial de la plaza de Abilio Calderón, una vez que se realice la remodelación prevista a partir del próximo año.

El diputado socialista Julio Villarrubia destacó la trascendencia que tendrá para los profesionales de la Justicia, los trabajadores y los propios ciudadanos la inauguración del edificio de la calle La Cestilla. «Es fundamental poner fin a la dispersión actual y que entre estos dos edificios, tan próximos entre sí por la escasa distancia física que les separa, aglutinen todas las oficinas judiciales de Palencia. Es un paso adelante fundamental en el proceso de modernización de la Justicia que ha emprendido el Gobierno», agregó Julio Villarrubia.

El diputado del PSOE explicó que no se trata únicamente de la puesta en marcha de un edificio y de contar con más espacio físico, sino que la inauguración del inmueble coincidirá con la aplicación de un nuevo plan estatal que tiene como una de las actividades más destacadas la apertura de la nueva Oficina Judicial, que tendrá su sede en el Banco de España. «Esto supone que cada juzgado ya no será un órgano independiente, sino que desde un mismo lugar se llevará la coordinación en la asignación de procesos o señalamientos. Será algo que ya no tenga que hacer de forma independiente cada juez y cada secretario, sino que se centralizan los servicios judiciales», agregó el parlamentario socialista palentino.

Fuente: nortecastilla.es

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martes, octubre 27, 2009

Madrid: STAJ no permite dejar en el olvido que la Comunidad sigue sin resolver los problemas de los juzgados de Aranjuez

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado que la Comunidad de Madrid sigue sin resolver los problemas de los juzgados de Aranjuez, cuyos techos se derrumbaron el pasado 22 de septiembre. Francisco López, portavoz del STAJ, ha asegurado que la "situación es grave" y que las obras acometidas "no son una garantía", ya que "se siguen colocando barras" de sujeción de los techos, ante el evidente riesgo que corren los trabajadores y los usuarios.


"Se trata de un servicio público que debe estar a la orden del día, porque es muy utilizado por los vecinos de Aranjuez", ha dicho López que ha destacado que "no existen garantías de que la obra vaya a quedar bien y viable".

En los últimos días, el STAJ se ha reunido con la Consejería de Justicia e Interior y con la Dirección General de Infraestructuras, que habría manifestado a los trabajadores que las reparaciones se acometerían "de forma inminente", aunque ha pasado ya más de un mes "y seguimos en las mismas", ha dicho López.

El sindicato está a la espera de que la juez decana del juzgado ribereño autorice la celebración de una rueda de prensa en las instalaciones que permita a los medios de comunicación comprobar el estado en que se encuentran los juzgados de Aranjuez.

El Ayuntamiento de Aranjuez cedió en 2006 una parcela en el PAU de La Montaña para la construcción de un Palacio de Justicia, cuyas obras están sin presupuestar por parte de la Comunidad de Madrid.

Fuente: adn.es

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Aragón: La banca ejecuta 50 hipotecas por impago a la semana

Medio centenar de aragoneses pierden cada semana sus bienes hipotecados al ejecutar los bancos los créditos contratados por impago de las cuotas, según indica el informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales: segundo trimestre del 2009, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


El documento revela que en el primer semestre de este año los juzgados de Primera Instancia ejecutaron un total de 1.257 hipotecas, lo que arroja un promedio de 48 por semana o casi siete diarias. El grueso de las ejecuciones hipotecarias se registra en Zaragoza, provincia en la que se registraron mil actos --38,46 por semana--, mientras que entre Huesca y Teruel sumaron 257 en ese mismo periodo de tiempo. La media en la primera demarcación fue de casi ocho ejecuciones semanales y en la segunda, de algo más de dos.

DESBORDADOS

No obstante, la ejecución de las hipotecas no es la principal tarea de los juzgados de Primera Instancia, una de las jurisdicciones --junto con la Social y la Contenciosa-- que con mayor gravedad está sufriendo los efectos de la crisis. A ellos les toca lidiar con las reclamaciones entre particulares, unos pleitos que se han disparado ante la oleada de insolvencias que desde hace unos meses azota tanto a las empresas como al comercio y a las familias. El aumento de la carga de trabajo prácticamente se ha duplicado en estos órganos judiciales, que en Zaragoza han pasado de recibir una media de 556 asuntos en el 2007 a superar los 700 el año pasado y, tras rebasar esa cifra en los primeros nueve meses y medio del 2009, enfrentarse a la perspectiva de haber superado el millar al cerrar el ejercicio.

El CGPJ estima que un Juzgado de Primera Instancia se ve desbordado si recibe más de 720 demandas en un año.

La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del 2007 calificaba de "correcto" el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia, aunque alertaba de "un aumento constante en los asuntos".

Ocurre lo mismo en la jurisdicción Mercantil, en la que se ha pasado de un juzgado con "una carga excesiva de trabajo" a, desde el mes de abril, dos tribunales en esa situación. La única oficina judicial de esta especialidad existente en Zaragoza ya recibió 565 causas en el 2007 cuando la ratio de saturación se sitúa en 350. A final de año ambos habrán superado esa cifra.

RIQUEZA

El inasumible aumento del volumen de trabajo en las jurisdicciones que tutelan las operaciones económicas se está traduciendo en retrasos en la resolución de los pleitos, lo que, de rebote, empantana más si cabe las actividades empresariales, laborales y comerciales.

"Los juzgados de lo Social, de lo Mercantil y de lo Contencioso necesitan más medios. Deben ser ágiles porque influyen en la economía y en la creación de riqueza", señalan fuentes judiciales.

El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, ya llamó la atención, tanto a la sociedad como a las instituciones, sobre esta situación, cuya resolución calificó de "reto" en el que "nos jugamos el prestigio y la credibilidad". "Sin garantía de los derechos y sin una justicia que dote a la sociedad de seguridad jurídica, la recuperación de la inversión económica y de la creación de empleo resultará imposible", concluyó.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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Manacor: El ministerio de Justicia estudia instalar cámaras y vallas en el aparcamiento de los juzgados

El ministerio de Justicia vallará e instalará cámaras de seguridad en el aparcamiento de la plaza Font i Roig, junto a la sede central de los juzgados de Manacor, si se confirma durante los próximos días que efectivamente es el propietario útil de los terrenos. "Es intolerable que sea un lugar de libre paso y estacionamiento, ya que nos hemos encontrado en más de una ocasión con coches abandonados", confirmaba el Tribunal Superior de Justicia.


La iniciativa se expuso hace unos días en una reunión a tres bandas entre los magistrados de los seis juzgados del Partido Judicial de Manacor, representantes del Ayuntamiento y de los cuerpos de seguridad. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de limitar temporalmente las plazas de aparcamiento sólo para los magistrados y sus secretarios mediante una pequeña cadena metálica, hasta que el consistorio manacorí aclare si el terreno es de su propiedad o bien está cedido al ministerio de Justicia, como así se supone.

Fuente: diariodemallorca.es

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Dívar asegura que el túnel por el que ha pasado la justicia ya ve alguna luz

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha considerado que "el túnel por el que ha pasado en gran parte la justicia está viendo alguna luz" y ha invitado a los magistrados a afrontar los problemas de la Justicia con paciencia, sin inquietud.


Dívar ha hecho estas manifestaciones ante los asistentes al XVIII Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), desarrollado en Valladolid con el lema "Por un juez del siglo XXI", en una comparecencia en la que ha asegurado que la salud de un pueblo se muestra por el acatamiento de las leyes.

Ha admitido la existencia de "décadas de retraso en la Administración de Justicia" y ha considerado que esa situación ha emergido en un momento determinado para poder encontrar soluciones a los problemas planteados.

El presidente del CGPJ ha citado los nuevos medios, nuevas tecnologías y la creación de juzgados que está aportando el Ministerio de Justicia, además del Plan de Modernización del Consejo, para avanzar en la solución de los problemas de la Administración de Justicia.

Como las dificultades son muchas, a pesar de las medidas que se están poniendo en marcha, Dívar ha alentado a jueces y magistrados a afrontar la situación con paciencia, con una paciencia entendida como "la virtud de sufrir sin inquietud".

Les ha instado a no caer en la tentación de que, cuando son muchos los problemas, no se soluciona ninguno, y ha destacado la importancia de estar orgullosos de los profesionales que integran la carrera judicial, una carrera "prácticamente sin ninguna corrupción" y con dificultades "constantes".

Dívar ha repasado la creación de la APM y la filosofía que inspiró su constitución y ha citado en concreto la independencia, la imparcialidad, y el ejercicio profesional por encima de cualquier situación e ideología.

"No podemos estar permanentemente en un horizonte arrugado, tiene que estar despejado, y para ello contamos con algo tan importante como las personas que componen la carrera judicial", ha resumido.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención, ha calificado 2009 como un "año capital" para el proceso de modernización de la justicia y ha recordado en este sentido la dotación de 150 nuevas unidades judiciales, 220 plazas de jueces y 150 de fiscales.

Ha añadido que el principal logro de este años no es económico y el aumento de las plazas, sino la definición del modelo de justicia del siglo XXI, y ha situado las novedades en este ámbito en un "amplio cambio que no tiene marcha atrás".

El presidente de la APM, Jesús Chamorro, ha recalcado la necesidad de devolver la confianza al ciudadano, de "regenerar" la imagen pública de jueces y magistrados y ha reclamado de forma "urgente" un plan de choque para dar cobertura a los planes de refuerzo que prevé el CGPJ con el fin de "buscar la descongestión de los puntos negros de la justicia".

Ha reivindicado la necesidad de que los ciudadanos sepan la labor que desarrollan los jueces y ha puesto como ejemplo de su desconocimiento actual que, en casos como el "de una niña terriblemente asesinada", todo el mundo conoce el nombre del juez y muy pocos el del asesino.

Es necesario un pacto de Estado con seria vocación de futuro, no imaginar soluciones sino apostar decididamente por la justicia, ha subrayado.

Fuente: ABC.es

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lunes, octubre 26, 2009

Oviedo: STAJ le "canta las cuarenta" al Principado mientras Vidau anuncia el colapso

Durante el acto de apertura del año judicial, una veintena de representantes de la CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) se han manifestado a la puerta del Palacio de Camposagrado con pancartas para reclamar el pago del complemento autonómico que llevan "10 meses sin cobrar" y para protestar por el "abandono, incompetencia y falta de gestión" de la Administración regional. Según Jesús Aguiar, delegado sindical del STAJ, los trabajadores seguirán con las movilizaciones "hasta mejorar las condiciones de trabajo y el servicio público" y para denunciar el "ninguneo" del Principado.


El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, ha advertido hoy de que, con los medios actuales y a la vista del "imponente" aumento de asuntos, "el colapso de algunos juzgados y tribunales está próximo a producirse porque la capacidad de resolución está en el límite de lo posible".

Según Vidau, aunque la litigiosidad se incrementa año tras año, este aumento va a ser "muy superior" durante 2009 debido a la crisis económica por la que atraviesa el país y que se está traduciendo en que en los juzgados civiles, mercantiles y sociales registren un 25 por ciento más de casos.

Vidau ha lanzado este aviso en presencia del jefe del Ejecutivo asturiano, Vicente Álvarez Areces, durante la recepción de apertura del año judicial, acto que ha contado con la presencia de distintas autoridades civiles, militares, religiosas y judiciales.

El acto, celebrado en el Palacio de Camposagrado, ha contado también con la asistencia de los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial delegados para Asturias, Manuel Almenar y Ramón Camp.

El presidente del TSJA, tras afirmar que el contexto de la Justicia en España no es "nada halagüeño", ha señalado que durante 2008 esta administración ha funcionado "razonablemente bien" en Asturias dado el "elevado número" de resoluciones dictadas y los "buenos tiempos de respuesta" que se ofrecen a los litigantes.

Durante 2008 se ingresaron en Asturias 170.842 asuntos (16.928 más que un año antes) y se dictaron 164.923 sentencias.

Vidau ha reconocido que, aunque Asturias esté en la buena línea", hay que evitar caer en "cualquier autocomplacencia" y aunar esfuerzos para conseguir una Justicia "moderna, eficaz y bien dotada".

El presidente del TSJA se ha referido también a las movilizaciones de los jueces y a las huelgas que este año ha vivido la profesión al señalar que los últimos meses "han sido especialmente duros y reivindicativos para la administración judicial", pero que las reivindicaciones no son más que reflejo de una "enorme" carga de trabajo que genera "la saturación de todos".

De hecho ha precisado que mientras en Alemania hay 20 jueces por cada cien mil habitantes, en España esa ratio no llega a la mitad, y que los 4.600 jueces y magistrados españoles resuelven cada año unos nueve millones de asuntos.

En su opinión, con independencia de que algunos profesionales se hayan pronunciado a favor o en contra de la oportunidad de determinadas medidas, lo importante es que por primera vez en su historia, los jueces y magistrados se han unido "sin fisuras" para pedir una definición clara que garantice el fin de los problemas que se arrastran desde hace décadas.

"Se hace imprescindible un compromiso presupuestario que dote a la Administración de Justicia y al Poder Judicial de los recursos necesarios y le permita mantenerse ajeno a decisiones políticas coyunturales", ha concluido.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, ha reconocido que en el último año se han producido avances en la dotación de medios, con la renovación de los equipos informáticos, pero ha recordado que aún está pendiente una ampliación de personal.

El presidente del Principado, por su parte, se ha mostrado convencido de que hay que conseguir un servicio público "ágil, eficaz y accesible a toda la ciudadanía", pero ha advertido también de que nunca es sencillo solucionar los problemas que se arrastran de lejos.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno regional "ha ido más allá" de lo que le correspondía desde que asumió parcialmente las competencias de Justicia en 2007, y en su totalidad, desde enero de 2009, porque había necesidades acumuladas de años.

Fuente: soitu.es

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País Vasco: El TSJ anula artículos esenciales del decreto de euskaldunización de la Justicia

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha anulado artículos esenciales del decreto para la euskaldunización de la Justicia del anterior Gobierno de Ibarreche. En su sentencia, el alto Tribunal vasco cree que el Ejecutivo autónomo no puede establecer perfiles lingüísticos de forma genérica, sino sólo para puestos concretos.


El TSJPV ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra el decreto 152/2008 del 29 de julio por el que se regula el proceso de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.

El alto Tribunal vasco ha anulado varios artículos esenciales de la normativa del anterior Gobierno de Ibarreche, cuyo objetivo era que 800 empleados judiciales -de un total de 2.000- hablaran euskera en diez años.

La sentencia, hecha pública el pasado jueves por el TSJPV, mantiene que el Gobierno vasco no puede establecer perfiles lingüísticos de forma genérica en toda la plantilla judicial -excluidos jueces, fiscales y secretarios-, sino sólo en puestos "singularizados". Además, suprime la obligación de que las comunicaciones escritas y las notificaciones se realicen en euskera y castellano.

Los magistrados de la Sala, Ana Isabel Rodrigo, Angel Ruiz y Luis Angel Garrido Bengoetxea, consideran que, en base a la legislación vigente, las oficinas judiciales del País Vasco no tienen por qué contar con unidades bilingües para la tramitación de asuntos, y rechaza que el número de plazas con perfil de un juzgado dependa del censo de euskaldunes de la comarca.

El Tribunal Superior cree que el Gobierno vasco carece de atribuciones para decidir que los escritos de un procedimiento sean bilingües, al afirmar que la legislación procesal "es una competencia exclusiva del Estado".

Nivel de euskera

Asimismo, entiende que el decreto del Ejecutivo autónomo vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) cuando asigna un nivel de euskera a todas las plazas de la Administración de Justicia, incluso aunque no exija el conocimiento del idioma de inmediato, sino que conceda un plazo para conseguir el título.

En esta línea, defiende que la Ley establece la lengua cooficial para cometidos "singularizados" de la Justicia, pero no "para todos los puestos de trabajo".

En concreto, anula los artículos 3.A, el inciso inicial del 4.1, el segundo inciso del 12.2, el artículo 9.5, el tercer párrafo del 3.B, el 10.3, el segundo inciso del 10.2, el primer inciso del 12.2, el artículo 14, el 18.1B, el 3.E, así como la disposición adicional tercera.

El Gobierno Vasco hará un nuevo decreto

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha anunciado que el Gobierno Vasco elaborará un decreto que incluirá una relación de puestos de trabajo adaptada al modelo de oficina judicial y tendrá como uno de sus objetivos cumplir el objetivo de lograr la euskaldunización de la Administración de Justicia.

Mendia, en una entrevista en ETB, ha destacado que la actual dirección del departamento "comparte el espíritu y los objetivos" del decreto anulado parcialmente por el alto tribunal vasco y que estudia recurrir la sentencia del TSJPV.

La consejera ha subrayado que con la entrada en funcionamiento de la oficina judicial, que se irán implantando progresivamente hasta 2013, se modernizará la Justicia, pero también se posibilitará que "todo el procedimiento judicial se pueda hacer completamente en euskera".

Fuente: La Ley , ABC.es

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La Coruña: Ingresan 50 asuntos al día en el orden civil

De tres a cuatro años se necesitan para que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) emita una sentencia en su Sala de lo Contencioso Administrativo, lo que según los expertos puede provocar perjuicios irreparables. ¿La culpa? De los cerca de 19.000 asuntos pendientes que se arrastran. Ello ocurre al nivel más alto de la Justicia de la autonomía, pero en el más bajo, en los juzgados civiles del partido judicial de La Coruña están ingresando una media de 50 casos diarios, algo que es inasumible para tener una resolución ágil.


Pero hay otro problema añadido al trabajo diario, la falta de espacio. Seis juzgados ya se encuentran fuera del edificio central que en dos décadas se quedó pequeño. El Registro Civil, que por cierto se está digitalizando, será el próximo en emigrar. La Audiencia Provincial tampoco puede crecer, salvo que se remodele en su actual ubicación y se autorice la construcción de otras plantas, algo no previsto.

El papel desaparecerá de los juzgados en esta legislatura, se asegura desde el Consejo General del Poder Judicial, pero de qué vale la informatización de los procesos si no hay jueces o magistrados suficientes para resolver. La Fiscalía Superior de Galicia propone tribunales comarcales para asuntos leves y desde la judicatura se recuerda que ya existieron años atrás los llamados juzgados de distrito.

En suma, lo que se necesitan son más órganos judiciales (jueces y magistrados), secretarios, fiscales y funcionarios. El ministro de Justicia Francisco Caamaño anuncia 250 jueces por año en lo que resta de legislatura, pero sólo creará 160 unidades judiciales. Sólo el TSJG precisa 10, la Audiencia de La Coruña 3, y el partido judicial herculino, 6 según la memoria anual de la más alta instancia judicial gallega, y 14 según su juez decano. Un dato, a toda Galicia, le corresponderán 7 u 8 en el próximo reparto.

La esperada Torre da Xustiza

La construcción de la Torre de la Justicia en el puerto se anunció hace dos años, pero si la Autoridad Portuaria no desafecta los terrenos, el Ayuntamiento -que no está obligado- no los puede ceder a la Xunta, y desde María Pita se recuerda al Gobierno autonómico que dispone de parcelas en el Parque Ofimático para edificarla allí.

Antonio Fraga, al respecto, apunta una vez más que existen más opciones como "el edificio desocupado de la Fábrica de Tabacos o la antigua cárcel", mientras que Jesús Varela pide una pronta solución para "un servicio público fundamental, aunque nadie lo considera así porque no da votos". "Construir carreteras sí", apostilla.

Concentración

En el partido judicial de La Coruña se ubican las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Audiencia (cinco de sus seis secciones, la otra está en Santiago), y de los juzgados: 12 de primera instancia –incluidos dos de Familia–, siete de Instrucción, seis de Penal, cuatro de Social, cuatro de Contencioso, dos de lo Mercantil, y uno de Menores, Violencia contra la Mujer y Vigilancia Penitenciaria.
Necesidades

En la memoria 2008 del TSJG se solicitan que en esta institución se incorporen 10 magistrados, nueve de ellos para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el otro para la Sala de lo Social. Además se piden tres magistrados para la Audiencia Provincial (sección uno y dos de lo penal y la sección 6 de Santiago), y seis nuevos juzgados para A Coruña (tres de Primera Instancia, uno de Instrucción, otro de lo social y el tercero para violencia sobre la mujer).

Recursos

En la Audiencia Provincial, entraron en 2008 un total de 3.083 recursos que se unieron a los que ya había del año anterior. Se dictaron un total de 2.818 sentencias y quedaron pendientes de resolución 1.913 asuntos.

Ejecuciones

De las 15.960 sentencias penales que había a final del 2008 en trámite de ejecución de Galicia, 6.780 pertenecían a los seis juzgados de lo penal de A Coruña.
Pendencia

Es elevadísima en los juzgados 1, 2 y 3 de lo Penal, pero también en lo Social y lo Contencioso. En algunos órganos judiciales es tal la carga de trabajo que sólo llegan a resolver el 50%.

Fuente: elcorreogallego.es

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El Supremo vuelve a pedir al Banco de Santander los ingresos de Garzón en Nueva York

El Tribunal Supremo ha vuelto a reclamar al Banco de Santander y a la Universidad de Nueva York datos sobre los ingresos que el juez Baltasar Garzón recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, ya que se los requirió hace un mes y no ha obtenido respuesta de ambos organismos.


En una providencia, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ordena el "urgente cumplimiento" de lo solicitado "visto el tiempo transcurrido".

El TS ha acordado pedir dicha información antes de decidir si admite o no a trámite la segunda querella por estos cobros que ha sido interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.

Esta última querella por los posibles delitos de cohecho, prevaricación y estafa se basa, según los denunciantes, en los nuevos datos conocidos después de que el TS archivara el pasado mes de marzo la primera denuncia por cohecho que presentaron estos letrados.

No obstante, el Supremo remitió entonces el caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo archivó el pasado mes de julio. Según estos letrados, Garzón "gestionó y obtuvo" dinero del Banco de Santander para el patrocinio de sus conferencias en la Universidad de Nueva York y la escolarización de su hija y después intervino en una querella interpuesta contra los responsables de este banco.

En concreto, en su querella indican que la propia web de la Universidad de Nueva York señala que Garzón obtuvo del Santander 302.000 dólares para el patrocinio.

Además, los denunciantes consideran como un "posible cohecho independiente" que Garzón recibiera los gastos de la matrícula de su hija en la escuela internacional de Naciones Unidas de la dotación de las jornadas que él dirigía, así como los gastos de transporte, superando ambas partidas los 40.000 dólares.

El TS ha pedido al Banco de Santander, entre otros documentos, copia del expediente sobre las cantidades entregadas en concepto de patrocinio al Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York efectuadas por la entidad bancaria los años 2005 y 2006.

Además, le ha reclamado que informe sobre la forma en que se idearon y gestionaron los mencionados patrocinios y las personas que intervinieron.

Al citado centro universitario el TS le reclama la contabilidad detallada del empleo de las cantidades entregadas en concepto de patrocinio por el Grupo Santander y las razones por las que hace constar en la pagina web que Garzón "obtuvo los fondos necesarios" para dos series de coloquios que pronunció.

Fuente: Libertad Digital

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domingo, octubre 25, 2009

Madrid: El hombre de los 800.000 casos

Las cifras que maneja el juez decano de Madrid José Luis González Armengol, apabullan. Y ya desde el principio. Este ilerdense de 48 años y con una dilatada carrera en la judicatura tiene bajo su responsabilidad a más de 1.000 funcionarios y a 291 jueces. Él se encarga muchas veces de hacer de malo para pedir en todas las puertas más medios para la justicia madrileña, que soporta uno de cada cuatro litigios que se generan en España.


González Armengol tiene su despacho en la primera planta de la sede de la plaza de Castilla. El parqué de su estancia contrasta con las paredes oscurecidas del resto del edificio, caduco y obsoleto para tanto trasiego. El juez decano empezó en esta carrera justo en 1989, hace ahora 20 años. Primero como juez de primera instancia en la localidad gerundense de Santa Coloma de Farners. Después ha estado en otros destinos como Figueras, Baracaldo y Madrid. En la capital, lleva como decano cerca de siete años y medio. Este cargo, de hecho, le ha eximido de tener que ver los casos que se presentan a diario en las distintas sedes de Madrid. "Yo hago de nexo entre los juzgados y las administraciones públicas, como el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid. Además, yo viví el proceso del traspaso de competencias, lo que da a uno mayor responsabilidad", plantea el magistrado.

El decano habla despacio, se piensa las palabras y, sobre todo, utiliza un lenguaje muy técnico, que costaría entender a más de un lego en la materia. Es el bagaje que dejan años entre legajos y diligencias previas.

-¿Cómo es un día laborable para un decano como el de Madrid, con tantos juzgados?

-Sobre todo, tengo muchas reuniones. Además de con las administraciones, con colectivos, con compañeros, con colegios profesionales, con todos los estamentos de la carrera judicial. Y tengo que leer muchas cosas para estar al día.

Las frases que más oye son quejas por la falta de medios, dice González Armengol. Cada año pasan por los juzgados cerca de 800.000 casos, lo que motiva que muchos estén colapsados. Sólo en la parte de instrucción penal, se ven 550.000 causas, de las que unas 200.000 se archivan porque no se logra encontrar al responsable del delito. Al menos, de momento. "Un caso típico es la persona a la que roban en el interior de su coche. El caso llega al juzgado, pero lo más fácil es que no sea resuelto nunca. Es lo que se denomina sp [sobreseimiento provisional]", explica el jefe de los jueces madrileños.

De media, cada día se detiene en la ciudad a 91 personas, lo que obliga a que seis juzgados estén de guardia. "Y voy a pedir que haya uno más, porque muchas veces no dan abasto con todos los procedimientos que se inician en un día, en especial, con temas de extranjería en el aeropuerto de Barajas", destaca.

La parte civil no resulta mucho más gratificante. En especial para los afectados. Estas sedes ven al año unas 170.000 causas. Y ahí es donde se produce el verdadero atasco de Madrid. Para algunos casos se está dando cita para dentro de tres años. "El 25% de los casos que se dan en toda España en esta materia recaen en Madrid, lo que hace que estemos con mucha carga de trabajo. Hay que tener en cuenta que muchas empresas tienen aquí sus sedes y todos sus litigios deben resolverse en Madrid", explica.

-¿Tiene solución el atasco de la justicia madrileña?

-La solución pasa porque se contrate a 30 jueces más. Eso supondría que seríamos perfectamente capaces de sacar todo el trabajo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la crisis ha disparado el número de casos que ven los dos únicos juzgados de lo financiero que hay en toda España, que se encuentran en Madrid.

Otro problema al que se enfrenta González Armengol y su equipo es la dispersión de las sedes. Hay 18 desperdigadas por Madrid. "Además de que se da una mala imagen de la administración de justicia, la dispersión trae muchos problemas e inconvenientes para los profesionales, en especial para los procuradores", afirma el juez decano.

Además, ahora está claro que la Ciudad de la Justicia, el gran proyecto en la materia de Esperanza Aguirre, ha entrado en dique seco. No hay dinero público para el proyecto y no se sabe cuando estará listo este campus judicial de Valdebebas. "Yo siempre he sido de la teoría de que era necesario que todos los juzgados estuvieran unidos, sobre todo en Madrid, que es capital de España y que es una ciudad moderna. Ahora tenemos sedes obsoletas y viejas, que no cumplen con las necesidades mínimas", añade el decano.

Cuando se le pregunta si se presentará a la reelección la próxima primavera, se lo piensa. Asegura que no lo sabrá hasta última hora. Detrás, la enorme sede judicial de la plaza de Castilla lo abraza. Tiempo al tiempo.

Fuente: elpais.com

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Castellón: El Consell quiere 15 jueces y secretarios más para celebrar juicios por las tardes

Para tratar de aliviar el colapso judicial, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas presentó recientemente ante el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un plan de actuación para celebrar juicios por las tardes. De esta forma se daría «una respuesta inmediata y acortarían los tiempos de espera de los ciudadanos en estos momentos», dijo la consellera Paula Sánchez de León. Poco después de este anuncio, el departamento que dirige ya ha hecho números para conocer el alcance del proyecto. De llevarse a cabo, en la provincia de Castellón se podrían celebrar al año hasta 11.200 juicios más en los órganos civiles y sociales.


Según los datos facilitados por la Conselleria, en la actualidad estos juzgados están celebrando cerca de 9.500 vistas anuales, con lo que con los señalamientos de juicios por las tardes se lograría duplicar el número. Entre los juzgados más beneficiados se encontrarían los mixtos de Vila-real y Vinaròs, así como los siete civiles de Castellón (los que asumen, entre otros asuntos, el incremento de ejecuciones hipotecarias) y los cuatro sociales (encargados de asuntos como los conflictos laborales por despidos o salarios impagados).

Pero para llevar a cabo este plan del Consell para descolapsar la justicia hacen falta más jueces, más secretarios judiciales y ampliar el actual horario de los funcionarios.

En la provincia de Castellón, la Conselleria ha estimado que harían falta al menos 15 jueces y otros tantos secretarios. «Lo deseable sería que la celebración de juicios en horario de tarde la llevaran a cabo los denominados jueces de adscripción territorial para no sobrecargar de trabajo a los actuales jueces titulares», recoge el documento del Consell. No obstante, a la espera de que se desarrolle esta iniciativa, desde el departamento apuntaron que «ante la necesidad de actuar inmediatamente para paliar la situación de atraso que se está generando, sobretodo por la crisis económica, parece adecuado poner el plan en funcionamiento con jueces y secretarios sustitutos».

El plan supondría la posibilidad de señalar y celebrar juicios en horario de tarde, dos o tres días por semana, y en horario de 16 a 19 horas. En toda la Comunitat harían falta 120 togados (41 en Alicante, 15 en Castellón y 64 en Valencia).

En cuanto al número de funcionarios que se verían afectados por esta medida, se estima que serían 444 en toda la autonomía. De ellos, 52 trabajan en la provincia.

Para el Consell esta medida apenas supondría gasto. «El coste económico es esencialmente el de remunerar la ampliación de la jornada al personal al servicio de la Administración de Justicia afectado», manifestaron. El periodo a retribuir es del 15 de septiembre al 15 de julio y el coste total del periodo (diez meses) asciende a 1.678.320 euros. En Castellón el coste para la Generalitat ronda los 200.000 euros al año.

Con la propuesta sobre la mesa, en Consell ha lanzado un órdago, ya que deben ser el Ministerio y el CGPJ los que aprueben la creación de plazas para jueces y secretarios. En caso contrario el proyecto se quedará en papel mojado y el colapso persistiría.

Según los últimos datos, los órganos más desbordados (los de Primera Instancia) han pasado de recibir 953 asuntos a 1.525 al año, cuando el CGPJ establece una media de 720. En los juzgados de lo Social, el montante de asuntos ha crecido casi un 50%.

Fuente: lasprovincias.es

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Francia: La reforma procesal penal y el juez de instrucción

Con el reinicio de la actividad política, el pasado 1 de septiembre se presentó (con un ligero retraso en relación con el plazo inicialmente concedido, que era antes del primero de julio) al presidente francés N. Sarkozy el llamado informe Léger -denominado así por ser el apellido del presidente de la comisión que lo ha elaborado, Philippe Léger, antiguo abogado general en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -cuyas 59 páginas recogen las líneas maestras de la gran reforma procesal penal que el presidente francés ya anunció en su programa y desea vivamente materializar.


Dicha presentación supone de hecho el pistoletazo de salida de la reforma. El procedimiento subsiguiente y la agenda para impulsar dicha reforma quedan, a partir de ahora, en manos de la ministra de Justicia (madame le Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie) quien ya ha anunciado una intensa actividad al respecto, lo que permitiría contar, en el mejor de los casos previstos, con un borrador de texto para enero de 2010, de manera que para la primavera de 2010 pudiera ser presentado ante el Parlamento el correspondiente proyecto de ley. No tengo ninguna duda de que el Legislador español está más que atento a lo que ocurre en el país vecino.

El contenido del informe Léger -cuya elaboración, como no podía ser menos según una correcta metodología, ha precisado de la consulta por parte de la comisión a numerosas instituciones, organizaciones y personalidades con directa implicación en la materia- ha suscitado vivas discusiones, para empezar en su propio seno, entre los 19 miembros que la han integrado. El documento se refiere, entre otras cuestiones de gran relevancia -acortamiento de los plazos de la prisión provisional y fomento de alternativas, una detención más aquilatada, un modelo único de instrucción, etc., en general, podríamos decir que se persigue un refuerzo sistemático de las garantías procesales- a una reforma de enorme calado, se pretende introducir en el Código Procesal Penal francés un elemento que hará, final y completamente, cambiar el modelo que durante prácticamente dos siglos ha regido en los tribunales del orden penal, y que ha sido exportado a otros países, incluido España, y también a otros continentes, fundamentalmente América, y no meramente de manera anecdótica.

Al respecto reza el informe: «En definitiva, la mayoría de los miembros de la comisión estima que el procedimiento de instrucción -que apenas tiene equivalente en Europa- ya no está adaptado a nuestro tiempo y que ni mejora la eficacia de la investigación, ni la protección de los derechos fundamentales de los imputados ni de las víctimas. Una minoría de miembros expresa, con variantes, opiniones diferentes».

La cuestión esencial en lo que a la polémica se refiere es la supresión de la figura del juez instructor, de tal manera que en lo sucesivo la instrucción de los sumarios recaerá en un representante del ministerio fiscal -la modificación de cuyo estatuto no se propone en el informe Léger- supervisada su actuación durante la investigación, especialmente en la medida en que suponga la afectación de derechos fundamentales (escuchas, registros, intervenciones corporales, etc.), por un juez de las libertades. Lo que literalmente reza la propuesta, precisamente la primera, del Informe es «transformar el juez de instrucción en juez de la investigación y las libertades, investido exclusivamente de funciones jurisdiccionales». Lo cierto es que el resultado no será, de producirse de ésta manera, nada inédito en el mundo, es una de las variantes que podríamos encuadrar en el modelo anglosajón, sistema acusatorio, que ya tiene implantación en países europeos que nos son próximos como Alemania o Italia, desde ya hace bastantes años, pero rompe con una tradición largamente asentada, que es además la única que generaciones de juristas -magistrados, fiscales, abogados, profesores, etc.- han estudiado, empleado y realmente conocen.

El revuelo está por tanto servido, inmediatamente se han esgrimido argumentos, yo diría que sobre todo se han visualizado los formulados en contra, siendo el principal de ellos que la nueva situación supondrá, de facto, el desembarco del ejecutivo en el proceso penal, de la mano del ministerio fiscal. Ya que mientras los jueces de instrucción son, precisamente por ser jueces, independientes (lo que les permite resistir las presiones que eventualmente pudieran producirse) no ocurre lo mismo con el ministerio fiscal que, al parecer y particularmente en Francia, tiene una manifiesta dependencia del ejecutivo, vía ministerio de justicia. Se ha llegado a hablar, en términos metafóricos, por parte del eximio jurista y político R. Badinter, de «un primer acto de una OPA del ejecutivo sobre los asuntos más importantes de la Justicia».

Una cuestión interesante y digna de ser tenida en cuenta en este momento, es que en la actualidad, en Francia, sólo un 5% de los asuntos, los delitos más graves, o «sensibles», son instruidos por un juez de instrucción, según los datos estadísticos más recientes. Existe por tanto un modelo de transición, pero la cuestión cualitativa, el símbolo, permanece, al menos por ahora. Lo cierto es que la situación actual, que supone la existencia de varios agentes en la dirección de la investigación -de manera que según el procedimiento que resulte adecuado para tramitar el asunto, prácticamente las mismas funciones se ejercerán bien por un juez de instrucción, bien por un representante del ministerio fiscal o incluso por la policía judicial, que actúa bajo la autoridad del juez de instrucción o del representante del ministerio fiscal- produce, y no sólo en el ciudadano, una cierta sensación de ininteligibilidad.

Por todo lo que hemos dicho o sugerido, recomendamos con fervor cívico, especialmente a los ciudadanos con formación jurídica, pero también a quienes simplemente ¡nada menos!, son conscientes y celosos de sus libertades -ya que las reformas procesales, y particularmente las procesales penales, inciden directamente en la calidad del Estado de Derecho- estar atentos, en la medida de lo posible, el debate que ya se ha iniciado en Francia y que más pronto que tarde, ¡ojalá sea así!, se reproducirá en España -que a este paso va a ser el último reducto del juez instructor en Europa y quizá en el mundo- con argumentos muy similares, sino idénticos, ya que la situación de partida es también comparable.

Un artículo de opinión de IÑAKI ESPARZA LEIBAR, Catedrático de Derecho Procesal.

Fuente: diariovasco.com

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sábado, octubre 24, 2009

Extremadura: Junta y Ministerio de Justicia firmarán un convenio sobre el uso del sistema Lexnet

El Consejo de Gobierno autorizó a la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura, Dolores Pallero, para firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia sobre el uso del denominado Sistema Lexnet, que tiene como finalidad agilizar la presentación de escritos y documentos, traslado de copias y realización de actos de comunicación procesal entre la Junta de Extremadura y los órganos judiciales.


Este acuerdo, según indicó el Gobierno regional, posibilitará la integración del Servicio Jurídico de la Administración de Extremadura como usuario del Sistema Lexnet del Ministerio de Justicia. Además, permitirá la interacción telemática y el envío de documentos electrónicos entre el Servicio Jurídico de la Administración de la región y los órganos judiciales radicados en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

Para la consecución de los fines previstos en el convenio ambas administraciones se comprometen a favorecer la utilización de las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia a través del Sistema Lexnet.

Asimismo, impulsarán el uso de certificados digitales de Prestadores de Servicio de Certificados reconocidos para asegurar la identificación y validación de los usuarios que operen en el Sistema Lexnet, así como la autenticación, integridad y confidencialidad de los documentos transmitidos.

A estos efectos, ambas partes se comprometen a la emisión de certificados digitales reconocidos a aquellos usuarios que se encuentren bajo su competencia, y al reconocimiento mutuo de los certificados electrónicos reconocidos que cada institución haya decidido utilizar en sus comunicaciones telemáticas.

Fuente: extremaduraaldia.com

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México: Aprueban derechos de usuarios de juzgados y tribunales

Los juzgados y tribunales del país, de todas las materias y fueros, crearon una carta de derechos y obligaciones para los usuarios de la justicia en México. La carta, que contiene 14 derechos y nueve obligaciones, fue aprobada durante la Cuarta Asamblea General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que reúne a todos los Poderes Judiciales del país.


El documento incluye una serie de compromisos que asumieron los juzgadores de toda la República para mejorar el servicio que prestan a la población, entre los que destaca la creación de una especie de defensor de los usuarios que se encargará de dar seguimiento a todas las quejas y sugerencias que se generen en cada juzgado y tribunal.

De manera novedosa, en la Carta se ubica entre los usuarios del servicio de los juzgados y tribunales no sólo a las personas que forman parte de un litigio, a los abogados y a los acusados, sino también a las víctimas de delitos, a los medios de comunicación y a quienes soliciten información relacionada con la administración de justicia.

En la parte de los derechos, la Carta privilegia la atención y protección de las víctimas de los delitos y la obligación de los jueces y magistrados de escribir sentencias en un lenguaje claro para que sean entendibles y accesibles para cualquier persona.

En el caso de las víctimas de delitos, en el punto ubicado como el número ocho, se establece que "tienen derecho a ser informadas con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso.

"Se asegurará -se agrega- que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas resoluciones que afecten su seguridad, sobre todo en casos de violencia familiar; en su comparecencia personal ante un juzgado o tribunal, tendrá derecho a que se respete y preserve su dignidad e intimidad y se garantice su seguridad".

Mientras que en el caso de las obligaciones de los usuarios, destaca la número siete, en la que se establece "no utilizar los medios legales previstos para retardar, injustificadamente, los procesos".

Y la ocho, en la que también, de forma recíproca, se le pide a quienes enfrenten o participen en un juicio que utilicen, "en la medida de lo posible, una redacción concisa y comprensible, procurando expresar con claridad su pretensión".

En el documento, que será analizado durante la mesa titulada "Acceso a la Justicia", de entrada, se establece que "la presente Carta tiene como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia, la cual debe ser moderna y capaz de servir a los usuarios con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia".

"Los órganos encargados de impartir justicia en México -se agrega- deberán informar a los usuarios sobre las funciones que tienen encomendadas y los compromisos de calidad en su prestación, los derechos y obligaciones de los usuarios en relación con estos servicios, así como los medios para hacer exigibles los derechos consignados en esta Carta y lograr que sea un instrumento para la defensa activa de los derechos de las personas".

Por este motivo, la Asociación Mexicana de Impartición de Justicia adquirirá el compromiso de revisar esta carta cada dos años para tomar en consideración los comentarios de los usuarios de la justicia como parte de un proceso de mejoramiento y evolución.

La idea de crear dicha Carta, se asegura, surgió de la necesidad de establecer un compromiso mutuo entre los órganos del Sistema de Justicia en México y sus usuarios, para solucionar los problemas que actualmente enfrenta la población en los juzgados y tribunales del país.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERECHOS

Acceder y recibir un servicio gratuito, imparcial y sin ningún tipo de discriminación.
Conocer el contenido y estado de los procesos en los que se acredite un interés legal.
Recibir información pública general y actualizada sobre el funcionamiento de los órganos que imparten justicia.
Ser atendidos de forma respetuosa.
Formular las reclamaciones, quejas y sugerencias que considere procedentes.
Conocer el tipo de conductas de los servidores públicos que puedan actualizar responsabilidad penal o administrativa y las vías posibles para presentar las denuncias respectivas.
Edificios con accesos para discapacitados.
Exigir el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Carta.


OBLIGACIONES

Otorgar un trato respetuoso al servidor público que les atiende y comportarse de manera adecuada.
Contar con medio adecuado de identificación para acceder a los juzgados y exigir sus derechos.
Llegar con puntualidad.
Cooperar con las medidas de seguridad.
No dañar las instalaciones, el equipo y mobiliario de los juzgados.
Abstenerse de ofrecer gratificaciones a los servidores públicos y denunciar a quien o quienes las soliciten.

Fuente: eluniversal.com.mx

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