La crisis económica se deja sentir en los litigios de los tribunales. Los once millones de euros presupuestados este año por el Gobierno vasco para la justicia gratuita se han quedado cortos debido al incremento imparable de las solicitudes. Según la viceconsejería de Justicia, entre enero y junio las asistencias a detenidos y los turnos de defensa financiados con cargo al contribuyente aumentaron un 10,5% en Euskadi respecto al mismo periodo de 2008; no obstante, esa tendencia se ha acentuado a la vuelta del verano, y ahora la demanda crece casi el 20%.Sólo en el primer semestre de 2009 se aprobaron 23.250 expedientes frente a los 21.049 contabilizados durante los seis primeros meses del ejercicio anterior.
El Gobierno vasco ha prometido poner el dinero que haga falta para pagar los pleitos, un derecho que asiste a los ciudadanos con ingresos no superiores al doble del salario mínimo interprofesional (624 euros en catorce pagas); o al cuádruple, dependiendo de las cargas familiares. Al mismo tiempo ha preparado un borrador de decreto para mejorar el servicio, de modo que los beneficiarios de la Justicia gratuita podrán elegir, por ejemplo, el abogado de oficio, si bien los letrados de ese turno tendrán un número limitado de llamamientos.
El Ejecutivo autónomo también mantendrá la especialización de los abogados apuntados a la Justicia gratuita (por temas y por jurisdicciones); y uniformizará su formación, labor de la que se ocupan los colegios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Igualmente, la viceconsejería de Justicia controlará trimestralmente los servicios prestados y las compensaciones que llevan aparejados, «sin que ello signifique que exista ahora una mínima duda», recalcan en el Gobierno vasco.
La Administración autonómica ya ha empezado a discutir el borrador de decreto con los colegios de abogados. Sin embargo, paralelamente, prepara con las demás autonomías y el Gobierno central una reforma de la ley estatal de Justicia gratuita que endurecerá los requisitos de las subvenciones, una prestación mayoritariamente reclamado por delincuentes comunes, menores, automovilistas acusados de alcoholemias, cónyuges que quieren divorciarse y víctimas de violencia de género. En este último caso, las ayudas se conceden sean cuales fueren los ingresos de la víctima de la agresión machista. Sólo para esos delitos, el presupuesto del Gobierno vasco asciende a un millón de euros este año.
Cita autonómica
Las comunidades se quejan de que el gasto de la justicia gratuita no ha parado de crecer desde 2000, un fenómeno agravado ahora por la recesión. Para financiar ese servicio, el PSOE y el PP han pactado en el Congreso la aplicación de una tasa de 25 a 50 euros a los españoles que recurran una resolución judicial, un dinero que perderán si la apelación es rechazada. La medida, que entrará en vigor en 2010, pretende reducir los recursos 'sin fundamento', pero el dinero recaudado se destinará a costear los pleitos a las personas de ingresos bajos y la informatización de los tribunales.
La Comunidad de Madrid -que dedica 50 millones de euros anuales a la Justicia gratuita- ha denunciado el «uso abusivo» de las ayudas, un punto de vista que el Gobierno vasco no comparte, aunque sí es partidario introducir ciertas restricciones. Sin ir más lejos, el presupuesto de Euskadi para este capítulo ha pasado de los 4,2 millones de euros en 2005 a los once millones actuales, una cifra que tampoco va a resultar suficiente.
Precisamente, las autonomías y el Ejecutivo central se han reunido para preparar un encuentro en el que se discutirán formalmente los recortes de la legislación estatal, que data de 1996. Uno de los cambios analizados consiste en que las ayudas sean mayores o menores dependiendo de la situación particular del solicitante y de la jurisdicción en la que se litigue (contenciosa, penal, civil o social). Por ejemplo, la Administración podría pagar unas veces el abogado, pero otras sólo las copias que hay que presentar en el juzgado.
El Ministerio de Justicia también propone obligar al beneficiario de la subvención a pedirla no de una vez y para todo el procedimiento, como ahora, sino en cada fase del mismo, ya que muchas veces la situación personal y económica del demandante cambia durante ese periodo. De ese modo, si una vez dictada la sentencia se quiere apelar, habría que hacer otra vez los papeles para pedir la justicia gratuita.
Fuente: elcorreodigital.com
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