El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha dado todo un varapalo al colectivo en Málaga y le ha quitado la razón en el conflicto que mantiene con la Junta de Andalucía y los funcionarios por el uso del aparcamiento interior de la Ciudad de la Justicia. STAJ ha mostrado su satisfacción porque "los mecanismos del Estado de Derecho funcionan, dando a cada poder unas facultades que no son vulnerables por otros en atribución de competencias de las que carecen" y destacó que la nulidad "no hace más que dar un espaldarazo definitivo a la tesis del STAJ".La comisión permanente del CGPJ acordó ayer dejar sin efecto los acuerdos que adoptaron el pasado 8 de julio el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo Fiestas; y el entonces juez decano, José Manuel Caballero Bonald, en los que atribuían el derecho de uso de los aparcamientos subterráneos del edificio de forma excluyente a jueces y magistrados. La permanente del Consejo, que tiene entre sus competencias el control de la legalidad de las decisiones de los jueces, considera que tanto el presidente de la Audiencia como el decano se excedieron en las competencias que tienen atribuidas sobre el uso de los edificios judiciales, por lo que los mencionados acuerdos "no se ajustan a la legalidad".
Más allá de anular los acuerdos de los dos jueces de Málaga con mando jurisdiccional en sus estrictos términos, la intervención del CGPJ debilita además el argumentario de los magistrados y fiscales en la disputa que mantienen con los funcionarios por el uso del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia. Y es que el órgano de gobierno de los jueces entiende que se trata de un asunto que excede el ámbito en el que los jueces decanos pueden tomar decisiones sobre el uso de medios materiales y locales.
El acuerdo ahora suspendido por el CGPJ fue argumentado por la juez Teresa Sáez para poner una denuncia hace una semana contra un agente de la Guardia Civil que le impidió el acceso al aparcamiento subterráneo porque estaba completo.
El protocolo de usos del edificio elaborado por la Consejería de Justicia permite que las 166 plazas de aparcamiento subterráneo sean utilizadas por orden de llegada del personal hasta completarse independientemente del rango y la categoría profesional de cada cual. Los que lleguen más tarde disponen de un estacionamiento al aire libre gratuito con 1.500 plazas en un solar contiguo a la Ciudad de la Justicia.
Los jueces y fiscales no se resignan y aducen razones de seguridad para reivindicar el derecho al uso preferente del aparcamiento subterráneo. De momento la Junta no cede, y según los sindicatos la decisión del CGPJ le da un espaldarazo que debe servir además para cerrar definitivamente el conflicto.
Ayer, la Subdelegación del Gobierno en Málaga negó haber dado ninguna orden para que la Guardia Civil acotara el lunes 60 plazas del aparcamiento subterráneo para uso de jueces y fiscales, algo que ocurrió durante dos horas, hasta que la Consejería de Justicia intervino.
Reunión con la consejera
Por otro lado, la junta de personal de funcionarios de la Administración de Justicia en Málaga ha mantenido una reunión con la delegada de Justicia, Blanca Sillero, sobre el uso del aparcamiento. En el encuentro, Sillero ha ratificado que "bajo ningún concepto se van a dar validez a los acuerdos de los jueces, porque las competencias son de la Junta de Andalucía", según informó a Europa Press el responsable del SPJ-USO, Adriano Moreno.
"Ya se estaba aplicando nuevamente el protocolo del aparcamiento, que supone que se aparca por estricto orden de llegada", ha señalado Moreno. Además, ha destacado que con el acuerdo del CGPJ "vuelve un poco la cordura porque se habían traspasado demasiadas fronteras y se habían invadido competencias que de ninguna forma corresponden al poder judicial ni a los órganos de gobiernos de jueces y magistrados".
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en Málaga han considerado que con la decisión de la Consejería de Justicia "se protegen los derechos de todos los trabajadores que prestamos servicio en la Ciudad de la Justicia" y que así "se pone fin a una situación en la que se ambicionaba, so pretexto de una interpretación subjetiva de la legalidad, imponer criterios clasistas por encima de la igualdad y dignidad de los trabajadores".
Además, han señalado en un comunicado que al ser anulados dichos acuerdos, la denuncia presentada por una magistrada contra un agente de la Guardia Civil tras no dejarla pasar para aparcar "debe quedar sobreseída por carecer de fundamento jurídico". "Queda por tanto zanjado un tema", apostillaron.
En la historia también están implicados los guardias civiles, que eran quienes tuvieron que decir a los trabajadores de la Ciudad de la Justicia, si no eran jueces, que no podían entrar al parking porque ya no había plazas para ellos. Reclaman que el asunto se aclare para no recibir más órdenes contradictorias. Ayer se volvió a utilizar el sistema de estacionamiento por orden de llegada.
Fuente: elpais.com , elmundo.es , cope.es
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