El Gobierno regional y el Ministerio de Justicia mantienen "importantes" diferencias en cuanto a la dotación económica que debe acompañar al traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuya situación en Castilla-La Mancha es "realmente preocupante", según la consejera Magdalena Valerio. Así lo ha expuesto la responsable de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha, durante un debate parlamentario sobre la situación de la Justicia en la comunidad y sobre el proceso de transferencia competencial solicitado por el grupo popular.La consejera ha subrayado la voluntad manifestada por el Gobierno central de culminar el proceso de transferencias antes del final de la Legislatura en 2012, límite que la portavoz del PP en este área, Natalia Tutor, le ha pedido que adelante a 2011, antes de que se disuelvan las Cortes castellanomanchegas.
De hecho, el PP ha introducido esa demanda en una propuesta de resolución que ha sido rechazada por los votos del grupo socialista, iniciativa en la que se pedía también respeto a los procesos judiciales y que el Gobierno central dé respuesta a "las numerosas carencias" de la administración de Justicia en la región.
Las Cortes, con el apoyo del PSOE y la abstención del PP, sí han aprobado una resolución por la que instan al Ejecutivo central a tener en cuenta en la negociación del traspaso de competencias el déficit histórico de infraestructuras que sufre la región, su dispersión territorial y el aumento de población experimentado.
Valerio ha indicado que hay acuerdo en "prácticamente todos" los aspectos técnicos de la negociación, pero no en cuanto a la dotación y costes de personal ni en lo que afecta a las inversiones en sistemas informáticos y en inmuebles.
La consejera ha subrayado la importancia de que se tengan en cuenta la dispersión territorial, que encarece la prestación del servicio, y el mal estado de las infraestructuras en la región, por lo que ha rechazado que se apliquen los mismos criterios que se han manejado en la negociación con otras comunidades.
En cuanto a la situación de la Justicia en la comunidad, ha reconocido que es "realmente preocupante", pues a las carencias históricas en medios humanos y materiales se han sumado los efectos de la huelga del año pasado y el sensible aumento de la litigiosidad, sobre todo en lo Civil y en lo Mercantil, derivado de la crisis económica.
Valerio ha avanzado que el aumento de la litigiosidad experimentado en 2008 (casi un 12 por ciento) se mantiene en los tres primeros trimestres de este año, mientras que la región mantiene la menor tasa de jueces por habitante, con una ratio de 8,2 por cada 100.000 personas.
Ante esta situación, ha apuntado que la Junta ha solicitado un incremento en los órganos judiciales y de la plantilla de jueces, fiscales y secretarios, junto a medidas de refuerzo temporales hasta que se doten esas plazas.
A su juicio, el Ministerio "ha dicho stop" a esta situación y ha emprendido un ambicioso plan para modernizar la Justicia, pues "es el momento de la Justicia" en España.
La portavoz del PP, Natalia Tutor, ha puesto en duda la voluntad del Gobierno regional para dar el paso necesario para asumir las competencias, proceso del que empezó a hablar en 2003.
La diputada ha enumerado las carencias que padece la planta judicial de la región, con especial atención a los juzgados de violencia machista y los de lo mercantil, y ha concluido que el Ministerio no se compromete lo suficiente con Castilla-La Mancha.
Además, ha puesto en duda que el presidente regional, José María Barreda, tenga este asunto entre sus prioridades, pues suprimió la Consejería específica de Justicia tan sólo un año después de crearla y no hizo ninguna mención a su situación en el último debate sobre el estado de la región.
Fuente: ABC.es
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