El Plan de Refuerzo de la Jurisdicción Social por el que, desde el pasado 1 de octubre, se celebran juicios por las tardes, es para la mayoría de abogados laboralistas una “faena” o un “parche”. Los bufetes critican una medida que obliga a que los grandes se reorganicen y que es para los pequeños, “una catástrofe”. Los jueces tampoco lo ven claro. Los afectados alertan de las consecuencias inesperadas en gasto y dilaciones: perjudica a la gestión de los despachos, a la Justicia misma, ya que los jueces acumularán aún más sentencias por redactar, y al trabajador, pues su abogado laboralista, desbordado, no le podrá atender.Ante el incremento de casos laborales que ha provocado la crisis, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una reunión que se fraguó en un encuentro en la Audiencia Nacional, decidieron poner en marcha un plan que emplea más de un millón de euros en organizar juicios por las tardes con funcionarios de refuerzo.
Pero, alerta Esteban Ceca Magán, socio responsable de Ceca Magán Abogados, “el motivo fundamental es que la Jurisdicción Social es la única cuya dilación provoca un coste directo al Estado. La intención es más ahorrar que modernizar”, afirma.
Ceca Magán cree que “se va a hacer permanente y que se va a extender a otras jurisdicciones. De hecho, ya se hace en Penal en Andalucía”. A su juicio, “habría que llevar a cabo una verdadera reorganización de la Justicia, en la que un mal endémico es que no hay juzgados suficientes”.
Según Benito Raboso, juez decano de los juzgados de lo Social de Madrid, “con un incremento de 10.000 casos por año, estamos desbordados, pero se debería haber aprovechado la partida para crear más juzgados, se van a gastar mucho dinero en este sistema paralelo cuyas consecuencias ignoramos”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia recuerdan que cada año se estudia la carga y se hace una previsión de creación de juzgados, –en 2008, 7, y en 2009, 5, uno en Madrid–. Este año vieron con el CGPJ que se incrementaban mucho los despidos. “Es una cuestión coyuntural que no justifica que se creen más juzgados que no sean necesarios dentro de dos años”, dice. Desde el Ministerio, explican que “la mayoría de los jueces son de carrera; no dejan su juzgados y dedican dos tardes o dos mañanas al refuerzo”. El Ministerio paga a los jueces con cargo a sus presupuestos en las CCAA no transferidas, en concreto, Castilla y León, Murcia y Baleares, las que tienen colapso.
Lo suscribe Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ: “Se trata de aliviar una sobrecarga creada por la crisis, que puede no hacer falta dentro de un tiempo”. Y llama a “abrir el debate sobre qué tipo de Justicia queremos y si entra en este esquema que se trabaje por la tarde como en Sanidad, lo que agilizaría las cosas”. “Es un plan de choque prudente y abierto”, zanja.
En esta línea, David Díaz, socio de Baker & McKenzie, cree que “es una medida necesaria, una forma de equiparar horarios con la empresa”.
Sin embargo, Ceca Magán no aplaude “la comparación con Sanidad”, ya que “el médico de guardia no está siempre”. Recuerda: “Los funcionarios tienen refuerzo, pero el abogado es el gran perjudicado”. Además, añade, “el ciudadano se va a encontrar la misma o superior dilación ya que se incrementarán las sentencias y el juez no tiene tiempo de redactarlas”. No menos importante le parece que “el trabajador va a quedar desprotegido, ya que su abogado laboralista no le va a poder atender y no puede pagar a los grandes bufetes”.
Para Daniel Álvarez, abogado de Laboral con despacho propio, “el plan es una faena. Es un parche que va a crear más descontento. Los abogados de Laboral sabemos cuándo entramos en el juzgado pero no cuándo salimos y ahora esto se extiende a las tardes. El 99% de los jueces llega sin mirarse el asunto y no tiene tiempo de redactar sentencias. Yo trabajo solo, la situación que se me presenta es negra, tendré que derivar casos a compañeros”.
Todo ello, teniendo en cuenta que los abogados de Laboral son los que más viajan y que el 95% de su actividad es oral. “O aumentas plantilla o disminuye la calidad del servicio”, plantea Ceca Magán.
A juicio de Pilar Cavero, socia de Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “como medida coyuntural no es mala, pero lo que debería hacer el Gobierno es pensar sistemas más equilibrados alternativos al pleito como la mediación, que tiene mucho éxito en otros países, pero que en España no se han explorado”.
A Luis Enrique de la Villa, socio de Laboral de Lovells, le parece “un mal menor que, si no consigue agilizar, no se debe perpetuar”. Así, “complica mucho la organización de los bufetes; los grandes podemos recibir ayuda de Procesal”, apunta. “Sobre la dimensión de las plantillas va a haber que esperar”, apostilla.
Fuente: expansion.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario