A la ya de por sí sobrecarga de trabajo diaria que existe en la Administración de Justicia, la crisis ha contribuido a aumentarla y ha ‘golpeado’ a los juzgados, especialmente en el área de lo Social, encargados de dirimir las causas laborales, despidos o rescisiones de contratos y en lo Mercantil (con protagonismo absoluto de las suspensiones de pagos). Por ello, desde el Ministerio de Justicia se propuso reforzarles cara al exceso de trabajo registrado con la recesión económica. Sin embargo, León ha quedado excluido de este plan de refuerzo puesto que el acuerdo del Gobierno sólo se extiende a las sedes que tengan cuatro juzgados o más de lo Social y aquí existen tres.El juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se muestra tranquilo en este aspecto porque “gracias al esfuerzo ingente que han hecho los jueces de lo Social duplicando sus resoluciones, están poniéndose al día en los señalamientos”. De este modo, las vistas están programadas hasta junio de 2010 y todos los juicios “van a celebrarse a pesar de la sobrecarga que implica”.
Respecto a la posibilidad de que León disponga de un juzgado ‘bis’ de lo Mercantil, el juez decano confía en que se resuelva pronto y León pueda beneficiarse (esta vez sí) de esta medida impulsada por el departamento ministerial de Francisco Caamaño para tramitar los asuntos derivados de la crisis. “Se está gestionando para que León entre en este programa diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ahora debe aplicar el Ministerio de Justicia”, apostilla.
Pero Suárez-Quiñones también opta por mostrarse cauto ya que “hay juzgados de lo Mercantil que están muchísimo peor que León que, pese a todo, está en el furgón de cabeza” y subraya que es el Gobierno el que deberá diseñar la cuantía económica y el orden de prioridades. Por tanto, aún habrá que esperar para poder conocer si el Juzgado de Primera Instancia número 8 y de lo Mercantil (ubicado en la Audiencia por falta de espacio en las instalaciones de Sáenz de Miera) recibirá esta ayuda ‘extra’ para aliviarle de trabajo.
Además, en León se da la circunstancia de que no es exclusivo y también tramita asuntos civiles. Cada juzgado de Primera Instancia recibe una media de 950 asuntos al año cuando el límite establecido por el CGPJ es de 720 casos anuales.
Necesidad de cinco juzgados
A principios de año, durante una junta de jueces de León, se demandó la creación de cuatro juzgados más debido a la crisis. Un Juzgado de lo Social, otro de lo Mercantil y dos más de Civil, uno exclusivo para Familia y otro genérico, fueron entonces las peticiones.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, solicitó seis sedes judiciales nuevas para León para el próximo año: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, el Juzgado de Primera Instancia número 10 exclusivo para Familia, el Juzgado de Primera Instancia número 11, el Juzgado de Violencia de Género número 1, el Juzgado de lo Social número 4 y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada.
Una vez confirmado que a finales de este 2009 se pondrá en marcha el demandado tercer Juzgado de lo Contencioso Administrativo y el número 8 de Primera Instancia e Instrucción para Ponferrada, el juez decano cifra en cinco los juzgados que más urgentemente necesita León.
A saber. Dos juzgados de Primera Instancia (uno de ellos para Familia), uno de Mercantil exclusivo, otro de Violencia de Género y un cuarto juzgado de lo Social.
Sede piloto de la oficina judicial
Hasta la fecha, tal y como confirma el decano, aún no está decidido si León se convertirá en sede piloto de la oficina judicial junto a Burgos en la comunidad. “En estos momentos lo estamos evaluando pero todavía no hemos tomado una decisión definitiva sobre si sería bueno para León”, explica Suárez-Quiñones.
Las nuevas instalaciones de Sáenz de Miera prevén albergar los servicios comunes procesales de la oficina judicial. Ésta se encuentra en la Ley Orgánica 19/2003 que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar toda la estructura, implicando una reforma legislativa, reglamentaria, arquitectónica y de funcionarios.
El proceso de implantación ha sido muy lento y seis años después sigue sin materializarse aunque la intención del Gobierno es impulsarla; en principio, se espera que para el próximo ejercicio comience a ser efectiva.
El Pleno del Senado aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, lo que supone un avance para la modernización de la Administración.
El juez decano expresó su confianza para que estas reformas “den efectividad al paquete normativo que necesita el desarrollo de la nueva oficina judicial”. El objetivo es “concentrar determinadas tramitaciones en órganos que trabajen para todos los juzgados para no tramitarse por separado y por funcionarios distintos”.
Fuente: La Crónica de León
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