Andalucía: El plan de la Junta se atasca y se aplaza al año 2010

El nuevo servicio común de ejecuciones, con el que la Junta de Andalucía pretende evitar errores judiciales como el del 'caso Mari Luz', no entrará en funcionamiento antes de que termine este año, como estaba previsto. Lo confirmó, hace poco más de una semana, el director general de la Oficina Judicial, Jorge Pérez de la Blanca, durante una reunión con los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, en la que adelantó que será imposible cumplir los plazos previstos para poner en marcha esta medida, que ideó la anterior consejera, Evangelina Naranjo, y que prevé la creación de una oficina única de ejecuciones sentencias para todos los juzgados de lo Penal a partir de los funcionarios de estos mismos órganos.


Los plazos estimados inicialmente apuntaban a finales de este año como la fecha prevista para que este servicio empezase a funcionar, pero el plan se le ha atascado a la Consejería de Justicia, que ni siquiera tendrá listas a tiempos las obras necesarias en el edificio Noga, en la avenida de la Buhaira en Sevilla, donde no sólo se va a ubicar el servicio común, sino también todos los juzgados de lo Penal merced a una reordenación general de los juzgados sevillanos que irá acompañada, al menos en teoría, de la reforma integral del edificio que ahora ocupan en el Prado de San Sebastián.

Lo que sí entrará en funcionamiento antes de que termine el año es el Juzgado de lo Penal 14, cuya creación está aprobada por el Ministerio de Justicia y que ocupará una de las plantas del edificio de la Buhaira, alquilado por la Consejería de Justicia como edificio puente hasta la construcción de la Ciudad de la Justicia, para la que no hay fecha, sólo emplazamiento: los Gordales.

Pero las obras no son el único obstáculo para la puesta en funcionamiento del servicio llamado a desatascar las ejecutorias que se acumulan en los juzgados de lo Penal. Además, según detalló el director general de Oficina Judicial en la reunión con los sindicatos, el proyecto no está terminado, sino que se encuentra en fase de alegaciones, por lo que todavía puede sufrir alguna modificación antes de comenzar a aplicarse.

Las fuentes consultadas indicaron que no será hasta finales de enero cuando, como mínimo, empezará a trabajar el nuevo servicio de ejecuciones, que en Sevilla se implantará a modo de proyecto piloto para después extender el modelo, si arroja resultados positivos, al resto de provincias.

Este servicio dispondrá de una plantilla formada por alrededor de 60 funcionarios, detraídos de todos los juzgados de lo Penal, que se quedarían con una plantilla de tres trabajadores frente a los ocho actuales. Además, en el servicio estarían destinados la mitad de los 14 secretarios judiciales de esta jurisdicción, mientras que la otra mitad asumiría el trabajo de las oficinas de los juzgados, a razón de dos órganos por cada secretario que permanezca en su plaza.

Al hilo de esto, los sindicatos coincidieron en la reunión con Pérez de la Blanca en que los juzgados quedan muy perjudicados por la reorganización que conlleva el servicio de ejecuciones y reclamaron un esfuerzo para incorporar más plantilla.

Fuente: elmundo.es