martes, junio 30, 2009

Barcelona: STAJ denuncia que Justicia paga el aparcamiento de jueces y no el de los minusválidos

Los sindicatos de la administración de justicia han denunciado ayer que la Generalitat subvenciona el aparcamiento para los jueces en la nueva Ciudad Judicial pero no lo garantiza a los trabajadores de la administración catalana que tienen problemas de movilidad. Esta es una de las deficiencias de organización y seguridad que los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ han denunciado públicamente con una concentración conjunta ante la Ciudad Judicial, en protesta por los "innombrables problemas que se están suscitando desde el principio (del traslado) en temas tan importantes como la seguridad y la salud laboral", según se afirma en la convocatoria.


El Departamento de Justicia alega problemas de presupuesto para subvencionar el transporte público a los funcionarios y trabajadores de la administración de justicia pero, al mismo tiempo, garantiza a todos los jueces una plaza de aparcamiento por sólo 50 euros al mes.

"Si hay problemas de presupuesto, los hay para todos y no sólo para los trabajadores", ha afirmado una representante sindical, que ha argumentado que no se ha facilitado aparcamiento para los empleados con diversidad funcional (discapacitados) o las embarazadas de riesgo.

Los representantes de los trabajadores se quejan de que en las nuevas dependencias de la Ciudad Judicial no hay suficientes impresoras, los ordenadores se 'cuelgan' muy a menudo, retrasando el trabajo, y que numerosas dependencias son pequeñas.

Así, ha puesto el ejemplo de dos trabajadores de la Fiscalía, que deben trabajar con sus mesas en medio de un pasillo, por falta de espacio.

También opinan que el tema de la seguridad no está suficientemente resuelto y que, por ejemplo, en los juzgados de violencia doméstica, si un agresor no está imputado puede llegar a estar en la misma sala con su víctima, cosa que no sucedía en los antiguos juzgados.

Fuente: adn.es

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Murcia: Los forenses alertan de que dos de cada tres denuncias por violación son falsas


Las mentiras tienen las patas muy cortas y más si el que las tiene que detectar es un forense experto en estas lindes. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia alertó, en la presentación de su memoria de 2008, de que dos de cada tres denuncias que llegan a este centro por agresión sexual no son veraces. Concretamente, de los 120 casos reconocidos el pasado año, sólo 44 presentaron indicios de ser ciertos. «Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace varios años», insistió el director del instituto, Emilio Pérez Pujol, que también se refirió en el mismo sentido a los casos de malos tratos. «Hay gente que hace un uso torcido de la ley».


Pérez Pujol presentó su ya tradicional memoria anual en compañía del médico forense Antonio Rubio, jefe de Ordenación y Archivos. Durante el pasado año, el IML reconoció a 120 víctimas de agresiones sexuales, 107 mujeres y 13 hombres. La gran mayoría de ellas no sobrepasaban la treintena. Los casos, a partir de esa edad, comienzan a disminuir. Algo más de treinta de esas víctimas, sin embargo, eran menores de diez años.

«Entran en contradicciones»

Las agresiones más frecuentes, en estos casos, son la penetración vaginal y los tocamientos, que engloban más del 70% de los casos. Más de la mitad de los denunciantes de estas agresiones no presentaban signos de agresión sexual, lo que no quiere decir que su relato sea incierto. Los forenses, en el caso de que no existan señales físicas de la agresión, tratan de estudiar el relato que la víctima hace de los hechos. «Cuando alguien te cuenta una historia tiene que estar avalada», explicó Pérez Pujol. «Si es un rollo y le das carrete, entra en contradicciones».

Otro de los aspectos que se desprende de la memoria del IML del 2008 es el aumento en el número de homicidios. Durante el pasado año, 381 personas murieron en la Región de forma violenta. Un 7% de ellos, concretamente 25, fueron asesinados. El resto fallecieron por suicidio o muerte accidental.

El número de homicidios del 2008 es superior a los de años anteriores. Estos casos no han dejado de ascender desde los 16 asesinatos que Murcia registraba en el 2003, hasta los 21 del 2007.

Un 64% de las víctimas de homicidio perdieron la vida al ser atacadas con un arma blanca. Un 20% falleció a causa de golpes y traumatismos y sólo un 12% perdió el aliento por el disparo de una pistola. La asfixia fue la causa de una única muerte en la Región.

La «caída espectacular» de los muertos en accidentes de tráfico es otro de los titulares de esta memoria. Este centro realizó la necropsia, durante el pasado año, a 109 víctimas de accidentes de circulación, frente a las 167 que realizó en 2007. Esta disminución, del 33%, es, tal y como expresó ayer Pujol, un «motivo de satisfacción».

El 57% de estas muertes por accidente de tráfico se produjeron en un automóvil y un 10% de las víctimas conducía una motocicleta. Llama la atención el fuerte aumento que se ha producido en víctimas por atropello. Un 33%, siete personas concretamente, fallecieron en el 2008 de esta forma.

De las 16.135 personas que pasaron por el IML durante el pasado año para que éste reconociese sus lesiones, 8.461 de ellas habían sufrido un accidente de tráfico. El director del IML insistió en la existencia de un fraude para cobrar indemnizaciones de las compañías aseguradoras. «En tráfico siempre hay alguna lesión, pero ésta se exagera», explicó. Pérez Pujol llamó la atención, además, sobre un dato curioso: «El 75% de los causantes de los accidentes de tráfico mortales no habían bebido alcohol».

Emilio Pérez Pujol, director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia, se ha planteado un último reto. Antes de poner fin a su extensa trayectoria a la cabeza de este centro, quiere dejar todo atado para que su equipo, al que agradeció su «estupendo trabajo», cuente con mejores condiciones que las actuales. Su idea es que el nuevo IML esté ubicado en la Ciudad de la Justicia que se planea construir en Murcia y que cuente con un aparcamiento subterráneo para poder hacer frente, en el caso de que fuera necesario, a una catástrofe de grandes dimensiones. «Me jubilaré el día que esté hecho el proyecto y liberado el dinero para su construcción», afirmó contundente.

Esta reivindicación, que Pérez Pujol lleva años haciendo pública, parece seguir el camino adecuado. «Manuel Campos -presidente de la comisión de Justicia de la Asamblea Regional- me dice que las cosas van por buen camino», afirma. Sin embargo, el director del IML cree que aún es pronto para hablar de fechas. Las obras, en todo caso, podrían empezar a finales de 2010.

El proyecto que Pérez Pujol plantea es muy ambicioso ya que no tiene reparos en reconocer que se trataría del mejor de España. Su idea es que el nuevo edificio que se ubique en la Ciudad de la Justicia tenga «carácter integral» y en él puedan trabajar conjuntamente médicos forenses y policía judicial.

En el caso hipotético de que ocurriera una gran catástrofe en Murcia, las dos plantas subterráneas del edificio -que normalmente servirían de aparcamiento para los empleados- se podrían dividir mediante paneles y actuarían como zona de trabajo previo al traslado de los cadáveres a las salas de autopsia.

«En un caso de estos, estamos acostumbrados a ver cadáveres metidos en bolsas, alineados en un hangar o en cualquier otro sitio no preparado para ello», explicó Pérez Pujol.

Faltos de personal

Esta no es, sin embargo, la única reivindicación. La necesidad de personal es otra de las demandas acuciantes que Pérez Pujol ya ha transmitido al Ministerio. «Necesitamos dos forenses y un psicólogo en Murcia y un forense en Cartagena».

Fuente: laverdad.es

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lunes, junio 29, 2009

La Agencia de Protección de Datos no multará a 5 tribunales que tiraron expedientes a la basura

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, aseguró en la localidad de Yaiza (Lanzarote) que el organismo no impondrá sanciones económicas a los cinco tribunales sobre los que pesan procedimientos de declaración de infracción por arrojar documentación relacionada con causas de abusos y violencia de género a la basura. La investigación de la Agencia afecta, además, a tres consejerías de Justicia.


En su intervención de una mesa redonda organizada en ocasión de la celebración de las XXIII Jornadas de la Fé Pública del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, --en la que también participó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes-- Rallo destacó que "en ningún caso" se impondrán a los tribunales sanciones económicas y puso de manifiesto que el organismo no impone multas a las administraciones públicas sino que da órdenes para que se reparen los daños, dado que su objetivo es que se subsanen los errores que han provocado las deficiencias.

Los tribunales afectados son el Juzgado de Violencia contra la Mujer número ocho de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira (Valencia), el Juzgado de Primera instancia número 6 de Sevilla, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada, la Audiencia Provincial de La Coruña y las Consejerías de Andalucía, Galicia y Valencia.

El director de la Agencia calificó, además, como deficitaria la aplicación del derecho fundamental a la protección de información sensible por parte de la Administración de Justicia y tachó la cuestión como uno de los "puntos calientes" en los que trabaja en la actualidad su agencia.

LOS JUECES INCUMPLEN POR IGNORANCIA

Por su parte, Lesmes se refirió también a la mala aplicación de la protección de datos en juzgados y tribunales y dijo que la administración de Justicia "aún no se ha tomado en serio" este derecho fundamental.

"La administración de Justicia infringe con relativa frecuencia un derecho fundamental, no por malicia sino por desconocimiento", afirmó Lesmes, que añadió que la protección provoca conflictos con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la defensa.

Lesmes destacó que los jueces deben tener una "especial responsabilidad" para velar por la aplicación de este derecho en defensa de los ciudadanos. "Debemos de ser especialmente sensibles en el tema de protección de datos y no lo somos", concluyó.

REFORMA PROCESAL

Por otras parte, los integrantes del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales trataron en una ponencia las reformas procesales y concluyeron que después de los distintos esfuerzos realizados durante los últimos seis años "por fin parece que se va a aprobar una legislación que va a permitir disponer de un proceso judicial moderno y occidental".

Durante las XXIII Jornadas de la Fé Pública consideraron que la reforma permitirá que se estructure la nueva oficina judicial prevista en el año 2003 y se pueda prestar al ciudadano un servicio público del siglo XXI". En su opinión la nueva filosofía supone un incremento de las competencias del secretario judicial en la fase de alegaciones y en la ejecución lo que constituye "el único sistema posible de alcanzar la Justicia moderna".

Fuente: EcoDiario

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Valencia: De Rosa considera "puntual" el cierre de un juzgado por falta de funcionarios

El vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa, consideró un tema «absolutamente puntual» el cierre durante un día del juzgado de lo Penal número 7 de Valencia por la falta de funcionarios, y resaltó que la Conselleria de Justicia reaccionó «enseguida».


De Rosa se pronunció en estos términos tras reunirse, junto a su compañera y también vocal territorial, Gabriela Bravo , con la Junta de Jueces de Valencia, al ser preguntado por su opinión acerca del cierre, el pasado lunes, de este juzgado por la ausencia de funcionarios.

Al respecto, subrayó que es un tema «absolutamente puntual» en la «realidad» de la Ciudad de la Justicia de Valencia y de los juzgados de la Comunidad, y destacó que su obligación, como miembro del CGPJ, es velar para que esto no vuelva a ocurrir porque «se perjudica al ciudadano y a la imagen de la Justicia».

De Rosa y Bravo reclamaron que la Administración haga «el esfuerzo necesario» para eliminar las «graves deficiencias que sufren los jueces en el ejercicio de su función».

Bravo explicó que en las visitas que realizan en los últimos meses, a partidos judiciales de la autonomía, se ha percatado de que faltan órganos y medios. Así, concretó que hay juzgados en los que no sólo existen graves deficiencias en los propios edificios, sino que tampoco reúnen las condiciones de salubridad. Ante esta situación, indicó que el CGPJ está intentando instar a la Conselleria de Justicia para que aborde estas «graves problemáticas».

Hay jueces que se quejan de falta de personal y de la interinidad «poco preparada», cuando, en realidad, «se tendría que tener una bolsa de personas especializadas, con cursos que les preparen, ya que van a desempeñar un trabajo importante».

Fuente: lasprovincias.es

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Cantabria: La procuradora Cristina Dapena recibió la Cruz de San Raimundo de Peñafort

La procuradora de los tribunales de Cantabria, Cristina Dapena Fernández, recibió en un acto solemne la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, condecoración con la que el Ministerio de Justicia reconoce los servicios prestados por esta profesional del Derecho a lo largo de sus 20 años de carrera profesional. Dapena Fernández se convierte así en la primera procuradora de Cantabria que recibe tan alta distinción.


El acto estuvo presidido por el decano de la Corporación colegial, Dionisio Mantilla Rodríguez, que impuso la cruz a la galardonada. Junto al decano, arropando a Cristina Dapena, se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla; el presidente de la Sala de lo Social, Rubén López; la fiscal superior de Cantabria, Teresa Calvo; el presidente de la sección tercera de la Audiencia, Agustín Alonso Roca, y el vicedecano del Colegio de Abogados, Carlos Soto. La familia de la homenajeada y los compañeros de profesión respaldaron también con su asistencia a la procuradora que recibió el aplauso unánime de todos los asistentes.

En las palabras de laudatio, el decano Dionisio Mantilla subrayó que la concesión de la Cruz es «una acto de justicia» del Ministerio para con Cristina Dapena, de quien destacó «su rigor jurídico». Mantilla sintetizó lo que el colegio profesional siente por la galardonada: «una gran procuradora, una gran compañera y una buena mujer». Y en este contexto destacó la labor que ha ejercido como miembro de la Junta de Gobierno y tesorera de la corporación profesional desde 1989.

Pero el homenaje fue también un acto de apoyo y respaldo a la procuraduría y a la función del procurador que el presidente Tolosa consideró «esencial para el desarrollo del servicio público de la justicia». El consejero de Justicia profundizó en este concepto y resaltó la «importancia de los procuradores a la hora de defender nuestros derechos e intereses legítimos y el buen hacer de la procuraduría».

Orgullo

La propia galardonada enfatizó en su discurso sobre la relevancia de la profesión y mostró su orgullo «por ser la primera procuradora que en nuestro colegio recibe esta condecoración», que compartió con todos sus compañeros, familiares y amigos. Definió el colegio como «el encuentro de personas distintas, de conceptos diversos y de pensamientos diferentes, válidos todos ellos, porque esa pluralidad de corrientes es precisamente lo que lo singulariza y le da vida propia». Dijo además que es «centro de diálogo, inteligente y responsable, un vehículo de autoformación y una rica explosión de la juventud».

Dapena tuvo un especial reconocimiento para el decano Dionisio Mantilla por su gestiones fructíferas en defensa de la profesión en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Fuente: eldiariomontanes.es

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Los secretarios judiciales piden al Ministerio que mantenga su presencia en las vistas para garantizar la seguridad jurídica

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) solicitó al Ministerio de Justicia que mantenga en el nuevo Proyecto de Ley de la Fe Pública la obligatoriedad de la presencia del secretario judicial en las vistas con objeto de garantizar, así una "esencial medida de seguridad jurídica para el bien del ciudadano".


Esta ha sido una de las conclusiones a las que ha llegado el CNSJ durante las XXIII Jornadas de la Fe Pública celebradas en la localidad de Yaiza (Lanzarote). El Colegio defiende la existencia de un secretario judicial que ejerza "la fe pública con carácter de autoridad, autonomía e independencia".

"En garantía de los derechos del ciudadano que acude a los Tribunales y un elemental principio de seguridad jurídica, con la nueva regulación de la fe pública judicial en el Proyecto de Ley se exige el ejercicio de la misma con responsabilidad pues consideramos imprescindible la presencia física del Secretario Judicial en las vistas", indican los secretarios en sus conclusiones.

Advierten, además, que la ausencia del secretario en los juicios podría provocar posibles nulidades procesales derivadas de la utilización de sistemas tecnológicos. "Si nos precipitamos en fallidas soluciones, provocaremos más daño que el bien que se pretende alcanzar", añaden.

Los secretarios reclaman a las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia que ejerzan su responsabilidad en el proceso de modernización de la Justicia, con objeto de ofrecer un servicio público "de calidad al ciudadano". Para ello, destacan la necesidad de aprovechar el capital humano disponible y, muy especialmente, el del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, así como la inversión en organización judicial, medios materiales y nuevas tecnologías.

Las conclusiones del Congreso de los secretarios se han referido también al Proyecto de Reforma de la Legislación Procesal, aprobado en el Congreso de los Diputados, que, en su opinión "constituye el instrumento mínimo imprescindible para el inicio de la modernización de la Justicia a través de la implantación de la Nueva Oficina Judicial".

En su opinión, la supresión de alguna de las competencias que se atribuyen en la actualidad al secretario judicial imposibilitaría los fines de optimización y mejora pretendidos por la reforma y "cercenaría el derecho de los ciudadanos a un proceso moderno y a un servicio público de calidad".

UNIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Después de unas Jornadas que se han prolongado durante tres días, el colectivo considera también imprescindible la homogenización de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal.

Los secretarios han detectado, problemas de funcionamiento en el Sistema Integrado de Registros Administrativos (SIRAJ) por lo que piden al Ministerio de Justicia en sus conclusiones "la urgente unificación e interconexión de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal con los distintos Registros dependientes del Ministerio de Justicia, en especial los Registros de Violencia Domestica, Penados y Rebeldes y Medidas Cautelares".

En cuanto a la Nueva Oficina Judicial, el CNSJ destaca que es el único modelo organizativo posible en este proceso de modernización y reclama que la realización de la mayoría de las tareas procesales se lleve a cabo en los Servicios Comunes Procesales, regidos por criterios de eficiencia, eficacia y calidad.

En materia de protección de datos de carácter personal, los secretarios destacan la urgencia de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el campo de la Administración de Justicia, en cuya regulación --dicen-- la figura del secretario judicial deberá ser un elemento "clave y esencial".

Por último el colectivo pide una adaptación urgente del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales en concreto, en lo relativo al excesivo lapso temporal existente para la consolidación de categorías, la percepción retributiva que discrimina a los secretarios judiciales respecto de otros funcionarios, el sistema de concursos que confunde las diferentes categorías, la regulación de las Juntas de Secretarios, y principalmente, "el discriminatorio e injusto régimen disciplinario".

Fuente: EcoDiario

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domingo, junio 28, 2009

Albacete: El "Giner de los Ríos" será demolido este año para construir la Ciudad de la Justicia

El Ministerio derribará el Giner de los Ríos para construir la nueva Ciudad de la Justicia. La decisión la anunciará en Albacete el próximo 8 de julio la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Marta García Nart, y el arquitecto titular del mismo departamento, en una visita que realizarán para presentar el nuevo proyecto tanto al Ayuntamiento como al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.


Tal y como explicó el gerente territorial de Justicia, Luis Miguel Fresneda, ese día se anunciará la demolición total del edificio del antiguo Giner de los Ríos, donde se ubicará las nuevas dependencias de los juzgados albaceteños ya que no se ajusta a las necesidades ni de espacio ni arquitectónicas de las instituciones judiciales en la capital, y se realizará una presentación preliminar del nuevo proyecto que supondrá la construcción de tres edificios independientes, uno destinado a la sede de los Juzgados Centrales de Albacete, otro para albergar al Instituto de Medicina Legal y un tercero destinado a acoger el Archivo Territorial de Justicia.

Con ello se solucionarían los problemas de espacio que tradicionalmente tiene la justicia en Albacete, ya casi desde la construcción del nuevo edificio a principio de los ochenta, y que hace que los diferentes órganos judiciales estén dispersos por varios puntos de la ciudad.

El objetivo del Ministerio es que los trabajos de demolición del edificio, que data de los años cincuenta, antes de que acabe el año. Con ello se acabarán los problemas de vandalismo que está sufriendo el edificio en los últimos meses y que está ocasionando importantes destrozos.

Contratar vigilancia

Así lo reconoció el gerente territorial de Justicia, que explicó que cuando la Diputación cedió el edificio al Ministerio, cesó la vigilancia privada que tenía contratada la institución provincial. Por ello, la propia Gerencia tuvo que solicitar una partida para la contratación de la vigilancia privada que realiza una «cobertura dinámica» que se complementar con la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, tal y como explicó el propio gerente. Pero la vigilancia no ha frenado el problema, «aunque lo ha paliado bastante».

No obstante, Fresneda reconoció que la vigilancia del edificio «no es fácil» debido a «sus grandes dimensiones», aunque explicó que dentro no hay mobiliario que puedan robar «más allá de alguna puerta». Pero la Policía recibe denuncias casi a diario de actos vandálicos e incluso han llegado a incautarse varios objetos a un chatarrero de Albacete aunque en su mayor parte eran tapas de alcantarilla, puertas o tubos que se habían llevado los vándalos del edificio. Pero estos hechos tampoco preocupan en exceso a Justicia «ya que el edificio está predestinado a la demolición».

Tras el derribo del actual edificio, se pretende que las obras puedan comenzar a finales del 2010 «una vez que se haya superado toda la tramitación administrativa que es de inexorable cumplimiento».

Con el derribo quedará limpia una parcela de unos 34.000 metros cuadrados para las nuevas dotaciones judiciales de Albacete, que el Ministerio de Justicia valoró en cerca de 15 millones de euros, tal y como se contempla en las partidas plurianuales establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Fuente: laverdad.es

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sábado, junio 27, 2009

Utrera: STAJ y otros sindicatos convocaron una concentración por el estado "lamentable" de los juzgados

Respaldados por la corporación municipal y su alcalde, Francisco Jiménez, los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, CCOO y STAJ, integrantes de la Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia de la provincia de Sevilla, convocaron ayer viernes una concentración de 30 minutos frente al edificio que alberga los juzgados de Utrera con el objetivo de protestar contra la situación "lamentable e insostenible" de la Administración de Justicia en este municipio. Según Aníbal Jiménez de Piñar, presidente de la Junta de Personal y delegado del STAJ, la solución pasa por incrementar la plantilla.

Ver declaraciones de Aníbal Jiménez.

En un manifiesto conjunto firmado por los cinco sindicatos, critican la situación de los juzgados y convocaron a la protesta a delegados sindicales, funcionarios de los juzgados, jueces y fiscales, colegios de abogados y procuradores, ayuntamientos y colectivos y organizaciones ciudadanas.

En este sentido, reclaman un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción, una adscripción de Fiscalía y un servicio común de partido judicial, además de exigir un incremento "sustancial" de funcionarios, advirtiendo en este punto de que la situación "de atasco" que padecen los juzgados de Utrera "es insostenible y no puede prolongarse por más tiempo".

Al hilo de ello, explica que el incremento del número de procedimientos judiciales ha sido del 487 por ciento en asuntos civiles desde el año 1989, y del 98 por ciento desde el año 2000, mientras que en asuntos penales el incremento ha sido de más del 82 por ciento desde 1989 y del 38 por ciento desde 2000.

Además, recuerdan que la memoria del TSJA correspondiente al año 2008 "señala que los juzgados de Utrera superan el módulo de trabajo establecido por el CGPJ en un 63,4 por ciento, y los sitúa dentro del grupo de sedes conflictivas de Andalucía", criticando en este punto que, "a pesar del incremento en el volumen de asuntos, la plantilla ha permanecido inalterable todos estos años, salvo en el Juzgado número 2".

Asimismo, se refieren al inmueble donde se ubica la sede judicial en Utrera, "que ocupa un edificio construido hace poco menos de 15 años, y que se ha demostrado obsoleto y absolutamente insuficiente para albergar las instalaciones judiciales, además de incumplir las más elementales normas sobre acceso a personas con movilidad reducida". El propio defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha estudiado la situación que vive el municipio desde que en 2008 el grupo municipal del PP le comunicara la problemática de los Juzgados utreranos.

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), informó de que la concentración se celebró "pacíficamente" durante más de media hora con la asistencia de más de 60 personas entre las que figuraban concejales de PA, PSOE y PP del Ayuntamiento utrerano. Jiménez advirtió de que el partido judicial de Utrera cuenta con "sólo tres juzgados" para un ámbito de casi cien mil personas y los funcionarios "carecen de recursos". "Hay, casi literalmente, expedientes apilados en los pasillos", dijo el alcalde para ilustrar la situación que viven los juzgados de Utrera.

Fuente: utrerainformacion.com , Europa Press

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viernes, junio 26, 2009

Canarias: Rivero pide para las comunidades autónomas mayor capacidad de decisión en la administración de Justicia

El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, solicitó este miércoles, para las comunidades autónomas, “como instancia más cercana para resolver los problemas reales de una organización compleja, una mayor capacidad de decisión” para lograr una justicia más ágil y eficaz. Rivero hizo estas declaraciones en la presentación de las ’Jornadas de la Fe pública judicial’ en Playa Blanca organizadas por el Colegio nacional de secretarios judiciales.



El presidente señaló que “es indispensable el consenso y la unidad de criterios a la hora de promover una más que necesaria modernización de la Administración de Justicia” y que “las dificultades que aquejan a la Justicia no se corrigen atendiendo exclusivamente a criterios cuantitativos”.

Frente a la creación de más órganos judiciales, apostó por “impulsar una gestión eficiente de los recursos públicos”. En este sentido, destacó la implantación de la nueva Oficina judicial, compuesta por una comisión de participación, una comisión técnica de coordinación y una comisión técnica de estudio de los criterios para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

La primera de ellas tendría las funciones de asesoramiento, como órgano de impulso, programación, coordinación y seguimiento de los trabajos necesarios para el diseño, creación, organización e implantación de la nueva oficina, y la segunda sería un grupo de trabajo para el diseño de la Oficina judicial.

ARRECIFE Y ARONA

Destacó que ya están constituidas la comisión de participación y asesoramiento y la comisión técnica, en cuyo seno se acordó comenzar el estudio de la situación de los partidos judiciales de Arrecife y Arona. “El cuerpo de secretarios judiciales está llamado a convertirse en protagonista, y alma organizativa, del proyecto de la nueva oficina judicial”, terminó Rivero.

Fuente: lavozdelanzarote.com

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Mendoza, Argentina: Los empleados judiciales rechazan la oferta de la Suprema Corte


En lo que en buen romance se le podría denominar como un “plan canje”, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza les ofreció a los empleados judiciales evitar el descuento en sus salarios por los días no trabajados en la última huelga a cambio de que los devuelvan durante la feria de julio. También comunicó que no se aplicarán sanciones administrativas, reconociendo el legal derecho de huelga.


El gremio judicial no tardó en reaccionar y Carlos Ordóñez, su titular, adelantó que rechazarán la resolución “porque condiciona el derecho de huelga de los trabajadores”, adelantando que “así el conflicto va a continuar”.

La Corte tomó esta medida previo a la reunión paritaria con el fin de que se pueda formalizar el acuerdo salarial con el sindicato judicial y el Gobierno y que quedó sellado de hecho hace dos semanas pero que todavía no ha sido plasmado en los papeles, condicionado por éste y otros dos puntos pendientes.

Sin embargo la Corte no tiene intenciones de someter a discusión en la paritaria la resolución sino de llevarla en carácter de decisión tomada.

Desde todo el país, los gremios de trabajadores judiciales se están dirigiendo al titular de la Corte Suprema de Mendoza, expresando el enérgico rechazo a la decisión de esa alta magistratura de retener parte de los haberes de los trabajadores judiciales en virtud de la huelga realizada durante el corriente mes para obtener una recomposición salarial.

Las comunicaciones de los sindicatos filiales de la FJA sostienen que dicha retención sería un sabotaje al acuerdo salarial que se intenta alcanzar, ya que tornaría inexistente el incremento: en efecto, los descuentos que se practiquen superarían las cifras de recomposición.

“En estas circunstancias –se agrega-, tal medida de la Suprema Corte solo podría entenderse como una abierta provocación a los trabajadores y un grave atentado al acuerdo paritario, en una inexplicable lógica de profundizar el conflicto que perjudicaría a toda la sociedad mendocina”.

Por tanto, los directivos de las filiales judiciales hacen responsable al tribunal “por los daños y perjuicios que tal actitud provocativa ocasione a los trabajadores y al funcionamiento del sistema judicial y, asimismo, hacemos responsables a cada uno de sus integrantes en forma individual por dichas eventualidades”.

Las filiales de la FJA advierten al alto tribunal de Mendoza que si no vuelve sobre sus pasos, se denunciará este atentado hasta la instancia misma de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Fuente: FJA

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jueves, junio 25, 2009

Benavente: Dos años de prisión para una funcionaria que se llevó 15 expedientes judiciales a su casa

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a una funcionaria judicial de Benavente (Zamora) a dos años de prisión al considerar que fue responsable de haber hecho desaparecer 15 expedientes judiciales que fueron encontrados en su domicilio.


El juicio estaba previsto que se celebrara este martes 23 de junio, pero no llegó a tener lugar, ya que las partes llegaron a un acuerdo, según informaron fuentes de la Audiencia de Zamora. La funcionaria fue condenada finalmente a seis meses de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y a año y medio por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario en el ejercicio de su cargo.

Además se le impuso una multa de seis meses a cuatro euros diarios y la inhabilitación para cargo público durante dos años, por el primer delito. El segundo de los delitos le supondrá también una multa de ocho meses con la misma cuota diaria y las costas judiciales.

En el acuerdo tomado entre las partes, se tuvo en cuenta la atenuante de alcoholismo, lo que rebajo la pena inicialmente pedida por el fiscal, un año y seis meses por el primer delito y cuatro años y seis meses por el segundo.

La sentencia considera probado que la funcionaria se llevó a su casa una quincena de expedientes cuya tramitación se inició entre los años 1991 y 2001. Según el libro de registro del juzgado de Benavente esos documentos fueron remitidos a la Audiencia Provincial o el juzgado de lo Penal, aunque realmente nunca llegaron allí. Todos los casos están relacionados con tráfico de drogas, robo, lesiones, delitos relacionados con el tráfico y contra la propiedad industrial. La trabajadora ocultó los expedientes judiciales para evitar reprimendas por el retraso que sufrían las causas.

Fuente: expansion.com

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El ex ministro Bermejo zozobra en su escaño y busca quien le quiera

Fue uno de los gatillazos de Zapatero. Iba de "rojo" del Gobierno para toda la Legislatura, pero su afición a la caza lo hizo imposible. El hoy diputado raso espera destino y anda inquieto.


Mariano Fernández Bermejo apuntaba maneras. Fustigó sin piedad al PP durante su etapa de ministro de Justicia y se ganó calificativos como sembrador de minas en su condición de fiscal sectario de izquierdas o cara jurídica del Tinell. De su boca salieron algunas de las llamaradas más contundentes contra la Oposición. Una de sus ocurrencias fue burlarse del entonces portavoz popular, Ignacio Astarloa, respondiéndole: "Yo qué quiere que le haga si no le gusto. Usted me gusta y, además, le quiero".

Lo curioso es que ahora mismo es Bermejo quien se encuentra necesitado de amor, según han detallado fuentes del Grupo Parlamentario Socialista. Si no cambian mucho las cosas, el ex titular de Justicia vive con incomodidad la actual situación de mero diputado raso que, evidentemente, no colma sus aspiraciones, siempre según las impresiones recabadas entre compañeros de escaño. La salida por la puerta de atrás del Consejo de Ministros significó el ostracismo y el apagón de su lengua viperina.

Completamente fuera de juego, quien estuvo llamado a permanecer al frente de las más altas responsabilidades durante toda esta Legislatura ha dejado entrever cierto malestar. "Mariano Fernández Bermejo no ha digerido todavía su abandono de Justicia", dicen las mismas fuentes socialistas. Lo cierto es que los méritos para su caída los puso el propio perjudicado con sus correrías cinegéticas sin licencia y con el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, imbuido en la investigación de la trama Gürtel.

Desde entonces, pocos son en las filas socialistas quienes mantienen una buena relación con Bermejo. El ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han sido dos de sus apoyos, aseguran los consultados. Hay quien cree que Mariano Fernández Bermejo, pendiente de destino, ha ido impacientándose a la espera de la bicoca de la presidencia de la Comisión de Administraciones Públicas, "que es lo que ha venido acechando en agradecimiento a los servicios prestados".

Pero, ¿qué salidas le quedarían si no sustituye al también ex ministro Juan Fernando López Aguilar, que en breve tomará posesión de su escaño en el Parlamento Europeo? Pocas. "Vegetar en el escaño", opina gráficamente un compañero de filas, "aunque eso no vaya con su carácter". En todo caso, a Bermejo ya le resulta rentable su situación. La suma de sus nóminas es de 11.185 euros mensuales. Y por si fuera poco, sumaría otro sueldo de 1.855 euros si terminara consumando el relevo de López Aguilar.

Fuente: elsemanaldigital.com

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Valencia: El juzgado cerrado por falta de funcionarios avisó hace una semana de las carencias

En el mostrador del juzgado de lo penal número siete de Valencia no se veía ya el histórico cartel de «cerrado por falta de funcionarios». Aunque el panorama que se vislumbraba en las mesas de los funcionarios seguía siendo igual de desolador. Pese a que la Conselleria de Justicia cubrió el martes la baja de uno de los cuatro empleados públicos, el órgano judicial no tuvo atención al público durante media mañana.


Los únicos dos funcionarios se hallaban en la sala de vistas celebrando juicios: uno como agente judicial y la interina notificando resoluciones a los detenidos. Mientras, en el juzgado, teléfonos que sonaban sin ser atendidos y profesionales y ciudadanos que se acercaban al mostrador del juzgado sin encontrar a nadie que les atendiera. «Esto es vergonzoso», lamentaba Rafael, un abogado que acudió a consultar un expediente.

«Volveré en una hora a ver...», apuntó el letrado al funcionario del juzgado de lo penal número seis, el mismo que contestó algunas de las llamadas sin atender del juzgado anexo. Y eso que, en dicho órgano, el empleado público también se hallaba solo.

Desde la Conselleria insistieron en que no se enteraron de la ausencia total de funcionarios en el órgano judicial hasta la mañana del lunes. Y aseguraron que tuvieron noticia a través de la prensa. Pero la propia secretaria del juzgado de lo penal número siete confirmó que a las «ocho de la mañana» del polémico día contactó con una jefa de área de la Conselleria.

«Entro en sala para celebrar juicios y el juzgado se me queda sin nadie», fue su advertencia. Y ni siquiera era su primer aviso de la escasez de personal en su juzgado por la conjunción de bajas y vacaciones. Ya el anterior martes remitió un fax a la Conselleria para pedir «urgentemente» la cobertura de una de las plazas «pues al faltar personal este juzgado se puede colapsar», como refleja en un escrito.

Más funcionarios por juez

Una petición que repitió a los tres días ante la falta de respuesta de la Conselleria, como consta en un informe de transmisión del fax remitido por la secretaria judicial. Desde Justicia reiteraron que una de las plazas del juzgado de lo penal número siete estaba previsto cubrirla ayer y se adelantó al martes al tener conocimiento de la urgencia de la situación. Fuentes de la Conselleria lamentaron que otro problema reside en el escaso número de plazas de interinos que se convocan por parte del Ministerio y destacaron que, a pesar de todo, la Comunitat es la cuarta de España con mayor número de funcionarios por juez.

La falta de funcionarios en el juzgado durante estas jornadas no sólo se ha traducido en falta de atención a ciudadanos, abogados y procuradores. Cerca de «una docena» de casos que entraron en el juzgado entre el lunes y el martes sufrirán también un ligero retraso de tramitación, como confirmaron desde el propio órgano.

La situación de cierre del juzgado de lo penal número siete es la primera vez que se produce, aunque la escasez de personal no es única. Y un juez de lo penal confirmaba, en los pasillos de la Ciudad de la Justicia, la sobrecarga de trabajo que sufren.

«Cuando éramos jóvenes señalábamos los juicios en mes y medio», recordaba el magistrado. Ahora lo hacen en seis meses, y eso el órgano que no va muy saturado. El Poder Judicial baraja fijar 500 asuntos como máximo por juzgado penal. «Aquí hace años que pasamos de 700», afirma con sonrisa resignada el juez.

Fuente: lasprovincias.es

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El CGPJ multa con sólo 300 euros a Garzón por la fuga de un narco y el Supremo admite otra querella por prevaricación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido ayer a trámite otra querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actuación en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, interpuesta por la asociación Libertad e Identidad.


Asimismo, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer una multa de 300 euros a Garzón al estimar que incurrió en una falta leve en relación con la excarcelación de dos presuntos narcotraficantes turcos, uno de los cuales aprovechó esta circunstancia para huir. Este asunto ha tenido que ser resuelto por el órgano de Gobierno de los jueces después de que el pasado día 8 la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional le devolviera este expediente, cuya resolución fue encargada inicialmente a la Audiencia Nacional al calificarse inicialmente los hechos de leves.

No obstante, la Audiencia Nacional consideró que la fuga de uno de los presuntos narcotraficantes -que no se había producido cuando el CGPJ le remitió esta cuestión- supone una novedad que podría elevar la responsabilidad del juez al respecto. Por ello, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que no tiene competencia para decidir sobre faltas graves o muy graves, consideró que las consecuencias de la decisión de Garzón deberían volver a ser analizadas por el CGPJ, y le devolvió el expediente.

Sin embargo, el Consejo no entiende que el "error de carpetilla" del instructor de la Audiencia Nacional, tal y como él mismo calificó el fallo que permitió la excarcelación de los narcos, deba ser sancionado con un falta grave tal y como dejó entrever el propio tribunal en el que trabaja Garzón al elevar el asunto al órgano de gobierno de los jueces.

Actualmente, uno de los presuntos narcotraficantes puestos en libertad en julio pasado por error se encuentra en busca y captura por orden de la Sala de lo Penal desde el pasado 24 de febrero, si bien la causa causa corresponde a la Sección Tercera y no al juez instructor desde octubre pasado.

El voto de calidad del presidente, clave en la decisión

Según establece la LOPJ, la falta leve es de incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, cuya sanción podía ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.

Para adoptar esta decisión ha sido clave el voto de calidad del presidente de la comisión disciplinaria, Pío Aguirre, quien ha propuesto la referida multa por una falta leve, al igual que el vocal Miguel Carmona. El vocal José Manuel Gómez Benítez, se ha abstenido de este asunto al haber ejercido como abogado de Garzón y ha sido sustituido por la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.

Por su parte, Bravo, ha propuesto el archivo de este asunto, al igual que la vocal Margarita Uría, mientras que Gemma Gallego consideraba que los hechos constituían una falta muy grave.

Se da la circunstancia de que Pío Aguirre, presidente de la Comisión Disciplinaria, natural de Jaén como Garzón, es amigo íntimo del juez, una relación mucho menos conocida de cara a la opinión pública que la que une al instructor con Gómez Benítez y a pesar de la cual el vocal jienense no se aparta de los asuntos que competen a su colega. Un ejemplo de la relación que los une es que el pasado mes de marzo cuando Garzón acudió a la sede del Consejo a defender su candidatura para presidente de la Audiencia Nacional, lo primero que hizo fue ir a ver a su amigo el vocal Pío Aguirre.

Único responsable de la fuga

El expediente contra Garzón fue incoado a principios del pasado mes de octubre a raíz de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra el magistrado tras conocerse por la prensa la puesta en libertad de los dos presuntos 'narcos'. Poco después, el magistrado asumía que, en cuanto a titular del Juzgado, él es el único responsable de la situación de los presos preventivos. Igualmente, argumentó que desde la Fiscalía "en ningún momento se advirtió o se avisó del agotamiento del plazo" y que las fechas en las que se produjo este error su Juzgado controlaba un total de 270 presos preventivos, todos "en plazo y debidamente controlados".

En definitiva, la falta de Garzón consistió en un retraso a la hora de solicitar la prórroga de la prisión preventiva de los delincuentes, mismo error que apartó a su colega el magistrado Guillermo Ruiz de Polanco de la Judicatura.

El día 8 de septiembre de 2004, el CGPJ sancionó a Ruiz Polanco con un año de suspensión de funciones por falta muy grave de desatención y retrasos injustificados en sus competencias, que originaron la excarcelación del proetarra Ibai Ayensa. Así, en el expediente abierto al magistrado se relataba que los proetarras Ibai y Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz y Arturo Fernández debían haber comparecido en el Juzgado el 19 de febrero de ese año para que se decidiera sobre la prórroga de su prisión preventiva, pero que la diligencia se suspendió hasta el 23 de ese mes porque el juez estaba de viaje.

El retraso de cuatro días motivó que se obligara a computar la prisión preventiva desde la fecha de la detención y no desde la de ingreso en prisión por lo que se tuvo que decretar la puesta en libertad de los cuatro imputados, de los cuales tan sólo Ibai Ayensa quedó materialmente en libertad, ya que los demás permanecieron en prisión por otras causas seguidas contra ellos.

Viaje a Perú

Por otra parte, la Comisión Disciplinaria también ha decidido archivar la investigación abierta al instructor a raíz de una queja de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -que impulsaron la querella contra este magistrado por cobrar durante su estancia por estudios en Nueva York-. En esta ocasión, los letrados denunciaron al juez por utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar a Perú en 2007.

La denuncia reflejaba que Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. No obstante, "el juez aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo", según publicó un diario al que aludían los letrados.

La decisión se ha acordado después de que el juez justificara que el permiso fue utilizado para acudir a dos eventos diferentes, y que fue durante el fin de semana que quedó en medio el que aprovechó para conocer el Amazonas. Los denunciantes consideraban que el juez mintió al señalar al CGPJ las fechas, ya que, dicen, el encuentro tuvo lugar en Lima entre el 6 y el 9 de agosto.

Fuente: Libertad Digital

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miércoles, junio 24, 2009

Puertollano: La Inspección de Trabajo cierra la mayoría de dependencias de los juzgados

Jueces, funcionarios y secretarios judiciales que este lunes han acudido a los juzgados de Puertollano apenas pudieron trabajar: la Inspección de Trabajo ha decretado el cierre de la mayoría de las dependencias al detectar graves deficiencias y problemas que ponen en peligro la salud laboral. Es la primera vez que pasa algo así en unos juzgados de la provincia, y según fuentes del Comité de Salud Laboral de Justicia podría no ser la última.


En concreto se ha clausurado la sala de vistas, la oficina del secretario y las secciones civil y penal del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3; la sala de vistas del 2, y la sección civil y penal del número 1, lo que se traduce en la paralización casi completa de la actividad, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y la creación de más retraso del que ya tiene este partido judicial, de los más atascados en estos momentos.


“Sólo la guardia se presta con normalidad”, asegura el juez decano, Luis José Saenz de Tejada, harto de denunciar la situación de unas instalaciones que datan del año 1985 -no son de las más viejas de la provincia- pero que a su juicio carecen del mantenimiento adecuado. “No se han adaptado a los avances tecnológicos de los últimos treinta años”, afirma.


Según denuncian los funcionarios en los juzgados se producen constantes apagones y fallos en el sistema informático, porque la instalación eléctrica no se ha adaptado. Hay cables por el suelo, el aire acondicionado no funciona en la mayoría de las salas, las barandillas entre planta y planta no están aseguradas y además el martes pasado, por una avería en un desagüe, se mojaron los cables eléctricos y se produjo un apagón que impidió realizar el trabajo.


Ante el cariz que la semana pasada comenzaron a tomar los acontecimientos, el Comité de Salud Laboral de Justicia puso la correspondiente queja ante la Inspección de Salud Laboral que el viernes inspeccionó las instalaciones y ha decretado el cierre hasta que se subsanen las carencias.

El juez decano espera que ahora sí intervenga la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, que según dice hace tiempo que tiene conocimiento de la situación, al igual que la mayoría de estamentos con competencias.


Pero además el juez dice que el pasado jueves, un día antes de la paralización por la Inspección, envió un escrito comunicando la situación a Gerencia Territorial de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), al Ministerio de Justicia e incluso a la Junta de Comunidades, para que estén informados.

Gerencia

Sorprendido por la drástica medida, el gerente Territorial de Justicia, Luis Fresneda, confirmó que a finales de mayo visitó los juzgados, comprobó las deficiencias y “ahora estamos poniendo en práctica aquellas decisiones”.

Fresneda asegura que ya hay una empresa encargada de subsanar las deficiencias. En medio de estas actuaciones se produjo la avería del martes, y la denuncia y visita de la Inspección de Trabajo, “de la que me hubiera gustado haber tenido conocimiento antes”, afirmó Fresneda.

Muchas dependencias

Por su parte el juez decano de Ciudad Real, Antonio Moreno de la Santa, afirmó no estar sorprendido, “no me extraña, hay muchas dependencias judiciales que están en un estado lamentable”.

Fuente: lanzadigital.com

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Granada: Oliver pretende imponer la ley del silencio a la Junta de Personal

El delegado provincial de Justicia y Administración Pública, Baldomero Oliver, apeló ayer a la "responsabilidad sindical" para que no se utilicen "datos incorrectos" sobre la situación actual de los juzgados que puedan generar una "alarma social injustificada" entre la ciudadanía.


En un comunicado, Oliver ha considerado que "no son admisibles" las declaraciones efectuadas por el portavoz de la Junta de Personal de Justicia en Granada en las que aseguraba que "no están garantizados los derechos y libertades públicas con los medios de los que se dispone" en los juzgados.

Para el delegado, aunque la situación de la Justicia "es siempre mejorable", no se pueden efectuar tales afirmaciones "alegremente" ya que "no se corresponden en ningún caso con la realidad".

Aunque considera "respetables" todas las reivindicaciones sindicales, Oliver ha matizado que "de ningún modo se puede apelar a que los derechos ciudadanos están sin garantizar".

A su juicio, lo referido por el representante sindical del STAJ "pondría además en cuestión la profesionalidad de los funcionarios de Granada y el trabajo que desarrolla la Consejería de Justicia y Administración Pública por modernizar la estructura judicial y mejorar el propio trabajo de todos los operadores vinculados a la esta administración".

Por último, el delegado ha asegurado que no es "necesario" crear este tipo de alarma social y tratar de poner en "tela de juicio" la prestación de derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva cuando el conjunto de operadores han de colaborar para tratar de ofrecer un servicio público propio del siglo XXI.

Los sindicatos que integran la Junta de Personal de Justicia en Granada se concentraron el lunes para reclamar más medios materiales y humanos para los juzgados de la provincia, y denunciaron que los órganos judiciales de lo Penal tienen una carga de 10.000 ejecutorias pendientes actualmente.

Fuente: radiogranada.es

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Valencia: Múgica alerta de la saturación de los juzgados de lo Contencioso

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha advertido de la saturación de trabajo que existe en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, y ha señalado que esta situación se debe, mayoritariamente, "a las nuevas competencias asumidas" por estos órganos judiciales.


Múgica, en el informe de la institución de 2008, afirma que esta situación afecta a la "generalidad de los juzgados de lo contencioso-administrativo", y señala que en algunos casos la fecha para la celebración de la vista se fija hasta en dos años después de la admisión del recurso.

"Los niveles de ingreso de asuntos quedan muy lejos de las cifras que son asumibles, incluso en los parámetros de un rendimiento extraordinario de los magistrados", concluye el informe, que explica que se solicitó un estudio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al respecto, en el que se ratifica este argumento.

Según el CGPJ, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia "ha superado el cumplimiento de los módulos de entrada en un 70,8 por ciento en el año 2006, y en un 70,6 por ciento en el primer semestre de 2007", una situación, que afirma, "es común" a los nueve juzgados valencianos de lo contencioso.

Asimismo, destaca "el considerable aumento en materia de extranjería experimentado en estos juzgados que, en concreto en Valencia, representa un 43,31 por ciento en el año 2006".

El CGPJ concluye que, con el "actual volumen de entrada de asuntos" en relación con la planta judicial en el orden contencioso-administrativo de Valencia, "se mantendrá el distanciamiento entre el señalamiento y la celebración de la vista".

Asimismo, destaca que el grado de rendimiento de todos los magistrados es "satisfactorio" porque "superan los estándares exigidos por el CGPJ", y en este sentido pone de ejemplo al titular del Juzgado número 1, cuya productividad "se ha mantenido entre el 120,5 y el 133,5 por ciento en los dos últimos años".

El informe explica que la Inspección del Poder Judicial propuso, tras visitar los juzgados valencianos, que la Conselleria de Justicia "amplíe la plantilla funcional en un funcionario de tramitación más, al ser la plantilla actual insuficiente para el volumen de competencia del órgano".

De igual modo, apunta la "conveniencia de que la comisión mixta Ministerio de Justicia-CGPJ amplíe la planta de los juzgados de los contencioso-administrativo de Valencia en seis juzgados más".

A la vista de estos antecedentes, el Defensor del Pueblo inició de oficio una queja con el Ministerio y la Conselleria para conocer si se había previsto alguna actuación al respecto, ante lo que la Administración del Estado respondió que en 2008 estaba prevista la apertura del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10.

Respecto de las eventuales medidas de refuerzo dirigidas a solucionar el retraso o acumulación de asuntos, "hasta la fecha sólo se había recibido una propuesta de medida, que se hallaba pendiente de estudio", recoge el informe.

Fuente: adn.es

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Lorca tendrá prioridad en las transferencias de Justicia por el estado de las infraestructuras

«Cuando asumamos las transferencias tendremos que hacer un Plan Integral de Necesidades de la Región en el que Lorca tendrá prioridad en atención al estado que presentan las infraestructuras de Justicia». Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Regional, Manuel Campos. El máximo responsable en materia de Justicia de la Región añadió que «si se asumen las transferencias en las fechas que tenemos previstas Lorca podrá tener sus infraestructuras de Justicia en el centro, en el recinto histórico, que es lo que quieren Ayuntamiento, abogados, jueces, funcionarios de Justicia y todos los lorquinos».



Las salas judiciales lorquinas se reparten por distintos inmuebles del centro de la Ciudad. En la Plaza del Caño, en el hasta ahora conocido como Palacio de Justicia, se sitúan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 1, 2 y 3, además de la Fiscalía y el Registro Civil. Éste último, por un acceso distinto al mismo inmueble.

En un nuevo edificio, en el solar en el que se situaba hace unos años la antigua Plaza de Abastos está el Juzgado de lo Penal número 2, que fue inaugurado el pasado 30 de diciembre. A pocos metros, en la calle Zorrilla, se sitúa el Servicio Común Procesal General que centraliza los trámites de registro y notificación judicial, que fue inaugurado el pasado 4 de marzo.

Y también, en el casco antiguo, en la calle Padre Morote, se encuentran en un inmueble señorial, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 4, 5 y 6, y el Número 1 de lo Penal. La dispersión de las salas provoca cada día el peregrinar de muchos ciudadanos recorriendo cada uno de los inmuebles hasta encontrar el juzgado al que tienen que dirigirse.

Igual ocurre con los profesionales de la abogacía que no son de la Ciudad. La situación no es nueva, ya que antes de trasladarse parte de los juzgados a la calle Padre Morote, ya estuvieron ubicados en el antiguo Palacio de Villaescusa por algún tiempo. Una nueva ampliación de salas, prevista en un futuro inmediato, podría provocar la búsqueda de nuevos inmuebles mientras se lleva a cabo la rehabilitación del conjunto que albergará a todos los juzgados.

Se trata de la manzana que conforman la Cárcel, el Pósito (que actualmente acoge el Archivo Histórico Municipal) y el Palacio de Justicia (la antigua Casa del Corregidor). A ellos, por falta de espacio suficiente, se sumará un solar ubicado detrás de los Juzgados, cedido por el Ayuntamiento, y el Centro Comarcal de Salud.

La intención es restaurar todos esos edificios y construir uno de nueva planta en el solar que llevaría consigo un importante número de plazas de aparcamiento para los funcionarios de la Administración de Justicia. Aún no hay fecha, según Manuel Campos, aunque todo el procedimiento se «iniciará en cuanto se lleven a cabo las transferencias de Justicia», dijo.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Regional señaló que «ahora, lo que toca, es reformar un poco el entorno de trabajo de jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia de Lorca, que necesitan más y mejores medios». Y añadió que «se harán los estudios pertinentes para conocer cuáles son las necesidades reales».

Fuente: laverdad.es

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martes, junio 23, 2009

Granada: Los pasillos de los juzgados acumulan 10.000 autos sin ejecutar

La situación en los juzgados granadinos no es como para tomárselo a chufla, advierten los propios funcionarios. En los pasillos judiciales permanecen «apalancadas» 10.000 sentencias pendientes de ser ejecutadas. Según el portavoz de la Junta de Personal de Justicia y delegado del STAJ, Nicolás Núñez, hay muchos casos en los que las ejecutorias «se dilatan durante años» porque no hay tiempo ni «para revisar en qué situación se encuentran».


Los delegados sindicales de Justicia volvieron a manifestarse a las puertas de los juzgados para reclamar más medios humanos y materiales en las salas de la provincia, refuerzos que pasan por nuevos órganos judiciales que alivien la carga de trabajo que actualmente acucian los tribunales granadinos.

Nuñez advirtió que, en esta situación, pueden darse «más casos como el de la familia Cortés» y que «lo raro es que no ocurran» porque a día de hoy no están garantizados los derechos y libertades públicas con los medios que hay.

Refuerzos

El portavoz recuerda que lo que piden, tras un año de negociaciones fallidas, es una mejora del servicio y no aumentos salariales. Los sindicatos reclaman tres juzgados de lo Penal, dos con sede en Granada y uno en Motril, además del «imprescindible» aumento de plantilla en otros tres funcionarios, así como que se estudie la viabilidad de crear un servicio común de ejecución de sentencias, entre otras cosas.

Fuente: 20minutos.es

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Logroño: Los trabajadores de Justicia piden el uso exclusivo de la parcela de Murrieta

El personal de la Administración de Justicia también activa la voz de alarma: la parcela donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia no debería tener un uso compartido con otras áreas administrativas del Estado. «Lo hemos dicho desde el primer día, el terreno del antiguo hospital militar de Murrieta tiene que ser exclusivo para Justicia», aclaró el presidente de la Junta de personal.


Su advertencia se suma a la de abogados y procuradores, que el pasado viernes convocaron a los medios para rechazar públicamente esta posibilidad. Lo hicieron después de conocer la respuesta del Ministerio de Justicia a una pregunta escrita de la senadora del PP Francisca Mendiola, en la que se detallaba que el Gobierno central convocará un concurso de proyectos para construir en la parcela un Palacio de Justicia y un edificio administrativo.

Una iniciativa de este tipo «puede parecer suficiente para lo que hay ahora, pero se trata de un proyecto de futuro; aunque sólo se edifique una parte, deberíamos tener espacio para posibles ampliaciones», razonó Herrería. También adujo razones de seguridad para rechazar que otro edificio con distinto uso comparta ese espacio.


Asimismo, apuntó que una edificación compartida crearía «confusión» entre los ciudadanos, al tiempo que indicó que la administración del Estado puede disponer de otros edificios en Logroño, como el que ellos mismos dejarán en la calle Bretón cuando se trasladen a su nueva sede.

«Falta de información»

El personal ya se ha reunido con el delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia, quien se comprometió a mantenerles informados. Pero entienden que debería ser el Ministerio quien les informe directamente sobre el proceso que concierne al futuro Palacio.

Fuente: elcorreodigital.com

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Ferrol: El Juzgado de lo Social 2 suspendió ya 50 juicios por falta de jueces sustitutos

La falta de jueces sustitutos para cubrir bajas de titulares en los juzgados de Ferrol comenzará a tener repercusiones serias esta semana. El Juzgado de lo Social número 2, uno de los órganos afectados tras el cese por traslado del magistrado Eloy Hernández, ya ha anunciado la suspensión de, al menos, 50 juicios que estaban señalados hasta el próximo 15 de julio.


A todo el mundo sorprendió esta situación porque, tras la marcha del magistrado Hernández, el juzgado contó con una jueza sustituta. Sin embargo, ha sido enviada para realizar otra sustitución en otra localidad por decisión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), competente en esta materia. «Por una vez no tiene la culpa la Xunta», comentó un letrado al enterarse del problema. En la jurisdicción laboral la suspensión de 50 vistas orales de una tacada, de ellas 32 por despidos, supondrá un enorme contratiempo tanto para los ciudadanos justiciables como para la propia oficina judicial. Incluso para el Estado, porque en caso de demorarse la solución más allá de 60 días, pasaría a ser la Administración Pública y no las empresas el responsable de pagar las indemnizaciones. Es lo que se denomina jurídicamente responsabilidad patrimonial.

Estaba todo al día

«Nos toca esta situación -comentó la secretaria del Juzgado de lo Social 2, Marta de Vicente- en un momento en que llevábamos todo al día». Porque el retraso que provocará a medio plazo, a pocas semanas de las vacaciones judiciales, será enorme. Se trata de un problema que no se había dado nunca en los tiempos recientes. El propio juez decano ha calificado la situación de los juzgados de Ferrol como «endémica y caótica». La causa de la falta de jueces sustitutos, que en la sede local afecta también al Primera Instancia número 3 (civil), se debe a que el Consejo General del Poder Judicial paralizó todos los concursos de ascenso de jueces, a la espera de un posible acuerdo entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia sobre la materia. En Ferrol, tradicionalmente, por ser ciudad de paso, los magistrados llegan precisamente por ascenso al segundo nivel de su carrera.

Marginación

Nuevamente se aprecia entre funcionarios judiciales y profesionales un sentimiento o creencia que apunta a la marginación de la ciudad: sea competencia autonómica, sea de otras instancias, los problemas se eternizan en los tribunales locales, hasta para reparar la calefacción, enviar funcionarios sustitutos o cambiar la sala de videoconferencias. «Si no falta gente en las plantillas, faltan jueces o secretarios, o la informática no funciona, cada día que llegas al trabajo te encuentras con alguna novedad desagradable», comenta un funcionario.

Fuente: lavozdegalicia.es

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lunes, junio 22, 2009

Valencia: La falta de funcionarios obliga a cerrar uno de los juzgados de lo Penal


El juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, en la Ciudad de la Justicia, no funciona hoy. El juzgado ha cerrado por falta de funcionarios, puesto que sólo se encuentran presentes el juez, la secretaria y un agente judicial. Este juzgado dispone normalmente de tres funcionarios, pero uno de ellos se encuentra de baja por maternidad y su sustituto está de vacaciones; el segundo funcionario está de baja por enfermedad desde la semana pasada, y el tercero que quedaba también se ha puesto de baja por enfermedad hoy mismo.


Como consecuencia, se han visto obligados a cerrar el juzgado de lo Penal número 7, con lo que no se podrá atender ni a abogados ni a personas interesadas, aunque los juicios si que se siguen celebrando en la Sala 32.

La Conselleria de Justicia ha anunciado que cubrirá este martes la baja médica de uno de los funcionarios y esperará a recibir la de otro para suplirla, puesto que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto, según informaron a Europa Press fuentes de este departamento.

A este respecto, informó de que este martes estaba prevista una reunión por el procedimiento de adjudicación de bajas, en la que se iba a nombrar a un funcionario sustituto, que se incorporaría al juzgado el miércoles. No obstante, al conocer la noticia del cierre, Justicia ha acelerado el proceso, y éste se incorporará de inmediato.

Sobre la decisión de cerrar el juzgado, Justicia se mostró sorprendida por la medida, puesto que, según manifestaron estas fuentes, la secretaria judicial debería haberse puesto en contacto antes con la Dirección General de Justicia, y, sin embargo, tan sólo avisó al Servicio de la Bolsa de Interinos. Incidió en que nada más conocer una baja, se había previsto cubrirla, y que de tener constancia de la otra, también se hubiera actuado.

Además, Justicia lamentó que, tras enterarse del cierre del juzgado, se puso en contacto con el secretario de gobierno del TSJ y aseveró que éste no sabía nada al respecto.

Fuente: elmundo.es

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Salamanca: STAJ propone la creación de siete juzgados nuevos

Siete juzgados nuevos y una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial para crear otra sección en el Alto Tribunal salmantino. Ésa es la solución propuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) para responder eficazmente a las necesidades de los ciudadanos, más cuando el número de causas aumentó en todos los juzgados, especialmente en relación a litigios civiles pero también en asuntos penales y de violencia de género, mientras que el Ministerio de Justicia apela, desde hace ya dos años, a la falta de medios que imposibilita la creación de más órganos judiciales.


El estudio realizado por el delegado provincial del STAJ, José Antonio Gómez, y que fue presentado ante el ministro de Justicia, Francisco Caamaño –que ya ha cumplido los 100 días al frente de esta cartera–, supera en dos juzgados más las reivindicaciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TJSCyL), que marcó en su Memoria de 2008 al partido judicial de Salamanca como uno de los más necesitados de toda la Comunidad y puso como fecha tope para conseguir las mejoras el 2010, tiempo suficiente según el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción.

En concreto, tanto el sindicato como el TSJCyL solicitaron la creación “imprescindible” del Juzgado de Instrucción número 5 o, de forma alternativa, sustituir este Juzgado por el número 1 de Violencia sobre la mujer ya que pese a la reciente apertura del Juzgado de Primera Instancia número 8, éste no ha aliviado el volumen de trabajo.

También es necesaria la conversión del Juzgado de Primera Instancia número 4 en Juzgado de lo Mercantil número 1 y la creación de los juzgados de Primera Instancia número 9 y de lo Social número 3, además de la sexta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, lo que la equipararía a otros tribunales cuyos partidos judiciales tienen el mismo número de habitantes.

En este punto, el estudio realizado por el delegado sindical de STAJ valora necesario, además, la instauración del Juzgado de lo Penal número 3, dado el incremento de causas delictivas, agravado con la crisis económica, y otro de lo Contencioso Administrativo. Mientras, la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, que sí contempla la consecución para el año que viene de 150 unidades judiciales en todo el ámbito nacional -de las que cerca de 30 son para Madrid- pero no para Salamanca es uno de los motivos que, como recordó Gómez, provocó el importante seguimiento de la huelga de funcionarios en la provincia salmantina pese a la inauguración este año del Palacio de Justicia de Peñaranda.

Aun así, las organizaciones de trabajadores de la Administración de Justicia reconocen que Caamaño es “más dialogante” que su predecesor, Mariano Fernández Bermejo, y que ya ha mantenido varias reuniones con los sindicatos además de prever futuras citas.

Fuente: tribuna.net

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No es válido reservar plazas a mujeres en una convocatoria de empleo público


El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo ha estimado el recurso de un opositor que impugnó la convocatoria del Ayuntamiento de Oviedo para cubrir cuatro plazas para trabajadores sociales que fueron reservadas íntegramente a mujeres. El juez considera que la exclusión del recurrente del proceso selectivo ha implicado "un trato discriminatorio por razón de sexo incumpliendo las exigencias constitucionales".


Según recoge la sentencia, la convocatoria no se ajusta a derecho por "haber excluido al recurrente del proceso selectivo por no ser mujer" por lo que declara la anulación de las oposiciones. Al mismo tiempo, reconoce el derecho del recurrente a "que sea admitido al proceso selectivo convocado y a que previa realización de las pruebas correspondientes, de obtener puntuación que superase la obtenida por alguna de las cuatro aspirantes que resultaron adjudicatarias de la plaza, le sea adjudicado el puesto de diplomado en trabajo social y se suscriba el contrato de trabajo con efectos económicos y administrativos desde la misma fecha que fueron contratadas quienes en su momentos resultaron adjudicatarias. El juez estima que en caso de no resultar adjudicatario de esta plaza por puntuación pase a formar parte de la bolsa de empleo formada.

El Ayuntamiento aprobó las bases reguladoras del proceso selectivo el 19 de febrero de 2009 en el marco del contrato programa entre el Principado y el Ayuntamiento. El recurrente concurrió al proceso selectivo convocado por la Administración local para la selección de 168 personas trabajadoras desempleadas, ya que en las bases reguladores se recogía que para los cuatro puestos ofertados de diplomados en trabajo social el colectivo específico al que estaba dirigido era el de mujer.

El recurrente presentó un escrito mostrando su disconformidad por entender "discriminatorio" el requisito de ser mujer para acceder a todas las plazas de diplomado en trabajo social. En el listado de aspirantes admitidos, el recurrente figuraba excluido por "no pertenecer al colectivo indicado para el puesto".

El juez considera probado que el hecho de que se reserven todas las plazas para mujeres "produce un trato discriminatorio por razón de sexo que no se estima venga dotado de una justificación objetiva y razonable ni tampoco que guarde una proporcionalidad con el fin perseguido".

El juzgado estima que las razones aducidas por la Administración para justificar la decisión adoptada -existencia de un mayor desempleo en las mujeres que en el colectivo masculino- pueden "entender a lo sumo como un soporte razonable para que se le otorgue cierta preferencia a los colectivos a los que está dirigido para acceder a dichas contrataciones pero no se estima justifique el que dicha preferencia se convierta en exclusividad de todas las contrataciones ofertadas cerrando de hecho el acceso pertenezca al sexo masculino".

Fuente: expansion.com

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domingo, junio 21, 2009

Las CC.AA. con competencias asumen el Acuerdo Social para modernizar la Justicia

Las once comunidades autónomas con competencias en materia de justicia han asumido el Acuerdo Social, propuesto por el ministro Francisco Caamaño, para modernizar la justicia, en la primera Conferencia Sectorial celebrada bajo su presidencia. Se trata de un plan con cinco ejes estratégicos, una veintena de programas y 120 actuaciones, compartidos por las once comunidades autónomas reunidas.


Una de las primeras medidas de modernización que se pondrá en marcha será la puesta a disposición de los órganos judiciales de todas las comunidades autónomas de 3.000 pulseras para el seguimiento telemático de personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica.

Además, y entre otros acuerdos, se ha pactado la constitución de un grupo de trabajo técnico con el cometido de inventariar los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento en cada comunidad, como primer paso para constituir una plataforma común que desemboque en la interconexión informática de todos los juzgados.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y las 11 comunidades han acordado un marco conjunto de trabajo para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial, así como el reforzamiento de la Conferencia Sectorial con la constitución de grupos de trabajo o un consejo interterritorial.

Protección integral contra la violencia de género

El Ministerio de Justicio informó a los asistentes a la Conferencia Sectorial que en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el propio Código Penal, el Gobierno pondrá el próximo mes de julio a disposición de los titulares de los órganos judiciales 3.000 unidades (pulseras) de seguimiento telemático de las personas sometidas a medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

En breve se remitirá a las comunidades autónomas con competencias un protocolo para la distribución y colocación de los dispositivos que será adaptado a las necesidades de cada autonomía.

Interconexión entre juzgados

El Ministerio y las Comunidades han acordado la creación de un grupo de trabajo que deberá acometer el inventario de todos los sistemas informáticos procesales actualmente existentes. Su propósito es determinar cuáles son los puntos donde se necesita converger para poder ofrecer al Consejo General del Poder Judicial aplicaciones homologables que superen el llamado test de compatibilidad. Este grupo de trabajo empezará a funcionar a principios de julio y supone el primer paso para constituir una plataforma informática común. Su implantación permitirá lograr el objetivo común de que todos los juzgados trabajen en red.

Nueva Oficina Judicial

La Conferencia Sectorial adquirió el compromiso unánime de implantar la Nueva Oficina Judicial como una tarea compartida entre el Ministerio y las comunidades. La primera medida ha sido la constitución de un grupo de trabajo para poner en marcha el proceso. Su primera reunión será el próximo 16 de julio. Igualmente se ha fijado una nueva reunión de la Conferencia Sectorial para octubre en la que se abordará la organización y el seguimiento del proceso de implantación.

Personal al servicio de la Administración de Justicia

Otro importante paso en la reunión ha sido el consenso alcanzado con las CC.AA. para realizar un estudio sobre la descentralización del personal al servicio de la Administración de Justicia y en particular en lo relativo a selección y provisión de puestos de trabajo. Con el modelo actual, las CC.AA. han manifestado que se produce una excesiva interinidad, que perjudica la calidad del servicio. El Ministerio se ha comprometido a valorar la viabilidad de la propuesta presentada por las comunidades en la reciente Conferencia de Barcelona.

Justicia gratuita

De manera unánime las CC.AA han transmitido la insatisfacción del modelo actual de justicia gratuita y se han comprometido a hacer llegar sus propuesta de modificación y mejora de la Asistencia Jurídica Gratuíta al Ministerio, que ha asumido el compromiso de revisar la actual normativa, de 1996, a la vista de dichas propuestas.

Fuente: expansion.com

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Cantabria: Justicia pone en marcha un Centro de Gestión Informática

Una avería en el servicio informático de la Audiencia de Cantabria mantuvo paralizada la actividad en este órgano judicial durante 23 días el pasado mes de enero. El Gobierno de Cantabria había asumido las competencias de justicia un año antes, pero las transferencias en materia informática no llegaron a la administración cántabra hasta el 2 de enero de este año. Ahora, la Consejería de Presidencia y Justicia ha puesto en marcha un Centro de Gestión de Servicios Informáticos en la Administración de Justicia, que atenderá «con mayor rapidez» a los empleados públicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales y forenses ante cualquier contingencia.


El nuevo centro, también llamado Centro de Atención al Usuario para la Administración de Justicia, se ha puesto en marcha esta semana. Según el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, supone una inversión de 1,8 millones de euros en los próximos dos años y el servicio ha sido adjudicado a una unión temporal de empresas, formada por 'CiC', 'Price Waterhouse Coopers' y 'Mnemo'. El nuevo servicio dará soporte las 24 horas del día, 365 días al año, a todos los órganos judiciales de Cantabria y a unos 900 usuarios. Se crea así un único punto de contacto para atención, información y resolución de incidencias a los funcionarios de justicia en lo relativo a equipamiento, aplicaciones, telefonía, red y peticiones de material, que permite la recepción, apertura y seguimiento de todas las incidencias que se produzcan.

La Administración de Justicia en Cantabria cuenta con unos 750 ordenadores y, según anunció Mediavilla, a lo largo de este año se renovarán medio millar. El año pasado se instalaron más de un centenar de nuevos equipos.

Por otro lado, en dos meses comenzará a funcionar desde este centro un nuevo modelo de atención que, junto al nuevo Centro de Proceso de Datos que se pondrá en marcha la próxima semana, «incorporará más servicios y posibilidades al sistema informático y ofrecerá una respuesta más rápida a las incidencias que se puedan producir».

Mediavilla explicó que este nuevo modelo «se adaptará a las características de gestión del sistema de gestión procesal 'Vereda', cuya implantación comenzó hace dos meses».

El objetivo además es que Centro de Atención al Usuario se convierta en el «soporte adecuado para poner en marcha en 2010 un nuevo sistema procesal que mejorará la transmisión de datos, agilizará el trabajo y eliminará duplicidades».

Fuente: eldiariomontanes.es

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Marbella: El Juzgado de Violencia sobre la Mujer tramitó 1.250 casos en 2008

Desde su apertura a finales de 2007, el nuevo Juzgado de Violencia contra la Mujer de Marbella ha tramitado un total de 1.250 expedientes, el 13,83 por ciento de los casos que se han registrado en la provincia a lo largo del pasado año. En concreto, en Málaga se han registrado 9.038 expedientes, 5.728 de ellos en los tres juzgados especializados de la capital, otros 1.340 en la judicatura de Fuengirola y 720 en el juzgado mixto de Torremolinos que cuenta también con autoridad en esta materia.


El tribunal marbellí, del que es titular María del Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto a lo largo de 2008 un total de 488 diligencias previas (investigaciones en curso) y 592 diligencias con carácter urgente, debido a la peligrosidad del caso o a la necesidad de que se acelere el proceso.

Además, ha tramitado 19 procedimientos abreviados, que son aquellos en los que las penas son inferiores a nueve años; un sumario, que implica una pena superior a este periodo; 61 juicios por faltas; y 89 asuntos civiles, relacionados con la incapacidad de algunos de los miembros de la pareja o con la patria potestad de los vástagos.

Por acuerdo del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de la Violencia contra la Mujer de Marbella ha asumido también funciones de cooperación internacional, por lo que ha dispensado a lo largo de 2008 auxilio judicial en casos en los que la jurisdicción excedía los límites del municipio, ya fueran de carácter internacional, europeo o del resto del territorio nacional.

Historia

El nuevo tribunal marbellí entró en funcionamiento el pasado 28 de diciembre de 2007, a la par que otros juzgados especializados en este campo como el de Jerez de la Frontera, Huelva, Jaén, Fuengirola, Sevilla y el número 3 de Málaga, con los que ya son 17 los registrados en la comunidad.

De esta forma, se materializaba el compromiso de la Junta de Andalucía de tener antes del final de la pasada legislatura un juzgado con competencias exclusivas en esta materia en cada provincia, dando así respuesta a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La Ciudad de la Justicia, a la espera de suelo

La Ciudad de la Justicia de Marbella parece más un sueño que un futurible proyecto. Aunque la Junta de Andalucía quiere acabar con la dispersión de los órganos judiciales, el Ayuntamiento se afana en encontrar un terreno óptimo para tal fin y la disposición entre ambos es total, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no ofrece ninguna solución clara sobre el mapa.

Hay que tener en cuenta que haría falta una parcela de al menos 8.000 metros cuadrados para unificar los cinco juzgados de Instrucción situados actualmente en la Avenida del Mayorazgo, los seis de Primera Instancia de la avenida Arias de Velasco y el de Violencia contra la Mujer en calle Doha, además de otras dependencias.

Fuente: latribunademarbella.com

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Asturias: Lo peor de la crisis aún no llegó a los juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, desveló sus peores augurios sobre el reflejo que la crisis económica está teniendo en los juzgados: «Lo peor», dijo, «está por venir». La situación que atraviesa el país se resiente cada vez más en los juzgados y tribunales asturianos, que sufren las consecuencias en un «importante aumento» de la litigiosidad, fundamentalmente en las jurisdicciones social y mercantil, en torno a un veinte por ciento.


Los efectos de la recesión ya se hicieron notar en el cierre del balance de 2008. Según explicó Vidau durante el acto de presentación de la última memoria del TSJA, el número total de asuntos que se registraron en Asturias el año pasado se incrementó en un 3,49 por ciento. En cifras absolutas, durante 2008 ingresó un total de 159.275 asuntos, frente a los 153.914 del año anterior. «La tónica -apuntó Vidau- es de un aumento importante», y todo indica que irá a más.

Por el momento, los jueces y magistrados asturianos van «aguantando el tirón» con «mucho esfuerzo», apostilló el presidente del TSJA. No obstante, «según vaya aumentando el número de asuntos que ingresan, también aumentará el tiempo de respuesta, las "listas de espera"». Sin restar importancia al problema, Vidau partió una lanza a favor de la carrera judicial asturiana: «Ahora mismo nos movemos en unos márgenes tan razonables que podemos asumir un incremento en los tiempos de espera, y aún estaríamos por encima de muchas comunidades autónomas». Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de resolución de los juzgados y tribunales asturianos es la más alta del país.

Además del aumento de la litigiosidad, 2008 se topó con otro obstáculo que ahora se refleja en las estadísticas. El año pasado disminuyó el número de asuntos que los juzgados y tribunales lograron resolver a 31 de diciembre. En total, en 2008 se sentenciaron 151.071 casos, frente a los 155.132 del año anterior. Según Ignacio Vidau, esto se debe, en buena parte, a la huelga de funcionarios de justicia de 2008, que mantuvo prácticamente paralizada la administración durante dos meses. Pero no todo tiene su origen en el parón. El presidente del TSJA achacó también la situación precisamente al «incremento constante» de asuntos que entran, «que no puede ser asumido por los órganos judiciales, que en su mayoría están al límite de su capacidad».

Medios materiales.

Ignacio Vidau incidió en la «grave situación en la que se encuentran diversas sedes judiciales» de Asturias. El presidente del TSJA insistió en la necesidad de acometer «con carácter prioritario» la construcción de nuevos edificios en Infiesto, Cangas de Onís y Luarca. Vidau se refirió a la actual sede de esta última localidad como «deplorable», en un primer piso sin ascensor. En cuanto al futuro Palacio de Justicia de Oviedo, en la parcela del Vasco, Vidau aseguró que «según la información del Principado, tendrá espacio suficiente para todos los órganos judiciales actuales, además de una importante capacidad de reserva».

El presidente del TSJA también hizo alusión a los medios informáticos, que tachó de «obsoletos», aunque insistió en que el Principado está renovando en la actualidad la totalidad del parque informático.

Necesidades de planta judicial y, en especial, en Avilés.

Ignacio Vidau destacó la necesidad de que el Juzgado de lo penal número dos de Avilés, cuya entrada en funcionamiento está prevista para diciembre, adelantara el comienzo de su actividad «lo más posible», dada «la gravedad» de la situación actual, ya que el número uno -único en el partido judicial- está «saturado». Además, a finales de año también entrarán en funcionamiento un Juzgado de primera instancia en Oviedo (el número once) y uno de los contencioso administrativos (el seis), también en la capital.

Para Vidau, «en un futuro inmediato» sería necesario crear el cuarto Juzgado de Siero» y abordar la situación del oriente de Asturias, concretamente de Llanes y Cangas de Onís, ambos con una carga de trabajo notable. Creo que una óptima solución pasaría por una modificación de la actual demarcación, que posibilitase que el municipio de Ribadesella, actualmente integrado en Cangas de Onís, pasara a estar integrado en el de Llanes y a la vez se crease el Juzgado dos de esta localidad». Vidau defendió, además, la creación en Gijón de un Juzgado de lo mercantil y otro de violencia de género.

Fuente: lne.es

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