El delegado provincial de Justicia y Administración Pública, Baldomero Oliver, apeló ayer a la "responsabilidad sindical" para que no se utilicen "datos incorrectos" sobre la situación actual de los juzgados que puedan generar una "alarma social injustificada" entre la ciudadanía.En un comunicado, Oliver ha considerado que "no son admisibles" las declaraciones efectuadas por el portavoz de la Junta de Personal de Justicia en Granada en las que aseguraba que "no están garantizados los derechos y libertades públicas con los medios de los que se dispone" en los juzgados.
Para el delegado, aunque la situación de la Justicia "es siempre mejorable", no se pueden efectuar tales afirmaciones "alegremente" ya que "no se corresponden en ningún caso con la realidad".
Aunque considera "respetables" todas las reivindicaciones sindicales, Oliver ha matizado que "de ningún modo se puede apelar a que los derechos ciudadanos están sin garantizar".
A su juicio, lo referido por el representante sindical del STAJ "pondría además en cuestión la profesionalidad de los funcionarios de Granada y el trabajo que desarrolla la Consejería de Justicia y Administración Pública por modernizar la estructura judicial y mejorar el propio trabajo de todos los operadores vinculados a la esta administración".
Por último, el delegado ha asegurado que no es "necesario" crear este tipo de alarma social y tratar de poner en "tela de juicio" la prestación de derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva cuando el conjunto de operadores han de colaborar para tratar de ofrecer un servicio público propio del siglo XXI.
Los sindicatos que integran la Junta de Personal de Justicia en Granada se concentraron el lunes para reclamar más medios materiales y humanos para los juzgados de la provincia, y denunciaron que los órganos judiciales de lo Penal tienen una carga de 10.000 ejecutorias pendientes actualmente.
Fuente: radiogranada.es
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