La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, destacó que la Generalitat "impulsa los juzgados de paz de la Comunidad con la transformación de las plantillas de aquellos municipios de más de 7.000 habitantes, cuyos trabajadores pasan de depender del municipio a ser costeados por la Dirección General de Justicia y Menor de la Generalitat".El coste de los funcionarios de los juzgados de paz que dependen de la Generalitat suponen un coste de casi 7,4 millones de euros anuales, ya que en los 86 juzgados de paz de localidades de más de 7.000 habitantes trabajan 243 funcionarios, según informó la Generalitat en un comunicado.
Para la consellera, "este impulso" es muy importante, si tenemos en cuenta que de los 506 juzgados de paz que hay en las tres provincias, 86 están servidos con funcionarios de Justicia, porque superan los 7.000 habitantes". El último municipio en incorporarse a esta categoría es el de Oropesa (Castellón).
Así, la localidad de Oropesa dispone ya de una plantilla para su juzgado de paz que hasta ahora estaba servida por funcionarios del municipio. La nueva plantilla estará compuesta por dos gestores, uno de ellos con funciones de secretario, y una plaza de auxilio judicial, puestos para los que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas invertirá 90.000 anuales.
Los juzgados de paz tienen competencias en multitud de temas, como los juicios verbales de cuantías inferiores a 90 euros, juicios de faltas, ejecutorias o actos de conciliación, así como todos los asuntos relacionados con el registro civil de esa localidad como inscripción de recién nacidos, matrimonios y defunciones, expedientes de nacionalidad y expedición de certificados, entre otros.
En este sentido, la consellera indicó que la Generalitat "realiza un gran esfuerzo para que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tengan la Justicia que merecen, ágil, eficaz y que responda a las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y del papel que las nuevas tecnologías desarrollan en su vida, una ciudadanía que exigen a la Administración una Justicia del siglo XXI".
Por este motivo, la consellera manifestó su deseo de que todas las administraciones "miremos hacia el mismo lugar y apostemos por un nuevo concepto de Justicia adaptado a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, y no el modelo actual basado en una organización decimonónica".
Fuente: Diariocritico
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