La Coruña: Correos deja de enviar las cartas que remiten los juzgados

Las notificaciones, citaciones, requerimientos o cualquier tipo de carta que sale de los juzgados coruñeses vienen de vuelta. No llegan a los destinatarios porque Correos se niega a seguir enviando misivas que no lleven su correspondiente pegatina o sello postal y los funcionarios judiciales se oponen a realizar ese trabajo. En la última semana se cuentan por cientos los escritos devueltos.


Solo una minoría llegó a su destino, aquella correspondencia que, por ser de especial importancia o urgencia, los trabajadores de los órganos judiciales sí sellan «para evitar graves perjuicios a los ciudadanos», según afirma el portavoz de la junta de personal.

Esta caótica situación se veía venir desde hace mucho tiempo, desde hace dos años, cuando la sociedad estatal de Correos y la Consellería de Xustiza firmaron un convenio para la remisión de la correspondencia oficial a organismos y particulares. En el contrato se establecía que serían los trabajadores judiciales los responsables de pegar los sellos a las cartas que quisieran remitir. Los funcionarios, salvo alguna excepción, nunca lo hicieron. Alegan que «las secretarias de los juzgados ya están más que saturadas debido a la sobrecarga de trabajo que soportan diariamente, superando ampliamente el número de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial considera que un tribunal puede enjuiciar, fallar y ejecutar».

La junta de personal de los juzgados coruñeses asegura que el contenido de ese convenio era «totalmente desconocido» para ellos, «a pesar de implicar una evidente alteración de las relaciones laborales en el sentido de que obliga a los trabajadores de la Administración de Justicia a asumir otra función más, que no está por ningún lado claro que tengan que realizar».

Perjuicios

La junta de personal lamenta los «perjuicios irreparables» que genera esta situación, «si tenemos en cuenta el colapso en el que se encuentra inmersa la Justicia, derivando en suspensiones de juicios, declaraciones penales, etcétera». El hecho de que sean cientos los ciudadanos que no han podido enterarse, por ejemplo, de la fecha y hora en la que tenían que acudir a un juicio supondrá, según los empleados de los juzgados, un cúmulo de suspensiones, lo que provoca que los afectados tengan que volver a ser citados para más adelante, «incrementando aún más la paralización judicial». Por no hablar de las notificaciones por desahucio o embargos.

Asimismo, los funcionarios recuerdan que si «el opaco contrato» firmado entre Correos y Xustiza hace dos años ha sido incumplido por alguna de las partes, «debe ser denunciado por el cauce que la leyes prevén para ello, no siendo de recibo que se prive a los ciudadanos del tan necesario en estos tiempos servicio público de la Justicia». Creen que actuar de esta forma «sorprendente y de un día para otro» no es la mejor solución.

Fuente: lavozdegalicia.es