En lo que en buen romance se le podría denominar como un “plan canje”, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza les ofreció a los empleados judiciales evitar el descuento en sus salarios por los días no trabajados en la última huelga a cambio de que los devuelvan durante la feria de julio. También comunicó que no se aplicarán sanciones administrativas, reconociendo el legal derecho de huelga.
El gremio judicial no tardó en reaccionar y Carlos Ordóñez, su titular, adelantó que rechazarán la resolución “porque condiciona el derecho de huelga de los trabajadores”, adelantando que “así el conflicto va a continuar”.
La Corte tomó esta medida previo a la reunión paritaria con el fin de que se pueda formalizar el acuerdo salarial con el sindicato judicial y el Gobierno y que quedó sellado de hecho hace dos semanas pero que todavía no ha sido plasmado en los papeles, condicionado por éste y otros dos puntos pendientes.
Sin embargo la Corte no tiene intenciones de someter a discusión en la paritaria la resolución sino de llevarla en carácter de decisión tomada.
Desde todo el país, los gremios de trabajadores judiciales se están dirigiendo al titular de la Corte Suprema de Mendoza, expresando el enérgico rechazo a la decisión de esa alta magistratura de retener parte de los haberes de los trabajadores judiciales en virtud de la huelga realizada durante el corriente mes para obtener una recomposición salarial.
Las comunicaciones de los sindicatos filiales de la FJA sostienen que dicha retención sería un sabotaje al acuerdo salarial que se intenta alcanzar, ya que tornaría inexistente el incremento: en efecto, los descuentos que se practiquen superarían las cifras de recomposición.
“En estas circunstancias –se agrega-, tal medida de la Suprema Corte solo podría entenderse como una abierta provocación a los trabajadores y un grave atentado al acuerdo paritario, en una inexplicable lógica de profundizar el conflicto que perjudicaría a toda la sociedad mendocina”.
Por tanto, los directivos de las filiales judiciales hacen responsable al tribunal “por los daños y perjuicios que tal actitud provocativa ocasione a los trabajadores y al funcionamiento del sistema judicial y, asimismo, hacemos responsables a cada uno de sus integrantes en forma individual por dichas eventualidades”.
Las filiales de la FJA advierten al alto tribunal de Mendoza que si no vuelve sobre sus pasos, se denunciará este atentado hasta la instancia misma de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Fuente: FJA
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