El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) resuelve hoy el proceso que varios sindicatos han abierto contra el Ejecutivo regional por su forma de gestionar la carrera profesional de los funcionarios, un fallo que afectará a alrededor de 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público regional. Son todos a excepción de los 16.000 de la Sanidad, que disfrutan ya de la carrera.
Los once magistrados que componen el Pleno de la Sala tienen encima de la mesa, pendientes de votación y fallo, los cinco recursos presentados por los representantes de los trabajadores. En ellos, como informó el propio TSJA, «el objeto de impugnación es un acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la incorporación del personal laboral y funcionarial de la Administración autonómica a la denominada carrera profesional». El presidente de la Sala de lo Contencioso optó por convocar al Pleno «dada la trascendencia del litigio».
Este órgano es el encargado de dictar una sentencia que los sindicatos confían sea contraria a las tesis del Principado. Su esperanza radica en que «no hay una norma legal que sustente la carrera profesional como se articula en acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en mayo de 2007», explicó José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Los recursos fueron presentados por los sindicatos CSI, CSIF y Suatea al estimar que el modelo aprobado por el Gobierno regional para desarrollar la carrera profesional dejaba fuera al personal temporal y abría paso a la arbitrariedad. En otras palabras, entienden que, con el modelo que propone el Principado, los trabajadores extienden una especie de «cheque en blanco» a la Administración regional porque los funcionarios se inscriben en una carrera cuyo contenido se desconoce.
Piquero explicó demás que su sindicato y UGT firmaron un acuerdo «para que se adelantara el dinero de la carrera profesional, pero el Gobierno lo vulneró y añadió que la gente se tenía que adherir». Y eso es lo que espera «que ahora eche abajo el TSJA».
El malestar suscitado por la carrera profesional se une a las protestas por la inexistencia de mesas sectoriales en Educación, Justicia, Sanidad y Administraciones Públicas. Organizados por once sindicatos -todos, excepto UGT-, los funcionarios abogan por no dejar las relaciones entre el Principado y sus empleados sólo circunscritas a la mesa general.
Juan Gavira, de CSIF, tiene claros los asuntos que deberían abordarse, por ejemplo, en la Mesa Sectorial de Personal de Administración y Servicios: «Los referidos a plantillas, acción social, prevención de riesgos, jornada, horario y permisos, concursos de traslados y, por supuesto, todo lo relacionado con la carrera profesional y la evaluación del desempeño del funcionariado».
Educación, la mecha
Por la mesa sanitaria, según José Luis Sánchez Barbero, portavoz del Simpa, «debe pasar la carrera profesional en el turno ordinario, que nunca fue negociada, la ley de ordenación de recursos humanos y las ofertas públicas de empleo». Esas son «las cuestiones más importantes, además de la gestión clínica, y, en general, todo lo que atañe al Sespa», resume Barbero.
El listado de asuntos que deben ser tratados en la Mesa de Justicia también es extenso, a decir de José María Alejo, portavoz del sindicato STAJ. «Hay que estudiar las plantillas, con aumento de las que resulten necesarias, además de la creación de nuevos órganos judiciales que son realmente necesarios y se situarían en Gijón, Avilés y Siero». «El tratamiento especial de las infraestructuras de los juzgados de violencia sobre la mujer o la puesta en marcha de un servicio de atención al ciudadano en cada servicio» engrosan el listado de futuras negociaciones.
«Tenemos pendiente poder negociar con la Administración las remodelaciones de las plantillas de los centros educativos, las ofertas públicas de empleo, las contrataciones de interinos para el curso próximo, los procedimientos de los concurso de traslados, de las oposiciones, de las adjudicaciones de suprimidos, desplazados, en prácticas o de las comisiones de servicio», precisó José Ángel Piquero en lo que respecta al ámbito educativo, el que encendió la mecha de todos los conflictos.
Fuente: elcomerciodigital.com
Los once magistrados que componen el Pleno de la Sala tienen encima de la mesa, pendientes de votación y fallo, los cinco recursos presentados por los representantes de los trabajadores. En ellos, como informó el propio TSJA, «el objeto de impugnación es un acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la incorporación del personal laboral y funcionarial de la Administración autonómica a la denominada carrera profesional». El presidente de la Sala de lo Contencioso optó por convocar al Pleno «dada la trascendencia del litigio».
Este órgano es el encargado de dictar una sentencia que los sindicatos confían sea contraria a las tesis del Principado. Su esperanza radica en que «no hay una norma legal que sustente la carrera profesional como se articula en acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en mayo de 2007», explicó José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Los recursos fueron presentados por los sindicatos CSI, CSIF y Suatea al estimar que el modelo aprobado por el Gobierno regional para desarrollar la carrera profesional dejaba fuera al personal temporal y abría paso a la arbitrariedad. En otras palabras, entienden que, con el modelo que propone el Principado, los trabajadores extienden una especie de «cheque en blanco» a la Administración regional porque los funcionarios se inscriben en una carrera cuyo contenido se desconoce.
Piquero explicó demás que su sindicato y UGT firmaron un acuerdo «para que se adelantara el dinero de la carrera profesional, pero el Gobierno lo vulneró y añadió que la gente se tenía que adherir». Y eso es lo que espera «que ahora eche abajo el TSJA».
El malestar suscitado por la carrera profesional se une a las protestas por la inexistencia de mesas sectoriales en Educación, Justicia, Sanidad y Administraciones Públicas. Organizados por once sindicatos -todos, excepto UGT-, los funcionarios abogan por no dejar las relaciones entre el Principado y sus empleados sólo circunscritas a la mesa general.
Juan Gavira, de CSIF, tiene claros los asuntos que deberían abordarse, por ejemplo, en la Mesa Sectorial de Personal de Administración y Servicios: «Los referidos a plantillas, acción social, prevención de riesgos, jornada, horario y permisos, concursos de traslados y, por supuesto, todo lo relacionado con la carrera profesional y la evaluación del desempeño del funcionariado».
Educación, la mecha
Por la mesa sanitaria, según José Luis Sánchez Barbero, portavoz del Simpa, «debe pasar la carrera profesional en el turno ordinario, que nunca fue negociada, la ley de ordenación de recursos humanos y las ofertas públicas de empleo». Esas son «las cuestiones más importantes, además de la gestión clínica, y, en general, todo lo que atañe al Sespa», resume Barbero.
El listado de asuntos que deben ser tratados en la Mesa de Justicia también es extenso, a decir de José María Alejo, portavoz del sindicato STAJ. «Hay que estudiar las plantillas, con aumento de las que resulten necesarias, además de la creación de nuevos órganos judiciales que son realmente necesarios y se situarían en Gijón, Avilés y Siero». «El tratamiento especial de las infraestructuras de los juzgados de violencia sobre la mujer o la puesta en marcha de un servicio de atención al ciudadano en cada servicio» engrosan el listado de futuras negociaciones.
«Tenemos pendiente poder negociar con la Administración las remodelaciones de las plantillas de los centros educativos, las ofertas públicas de empleo, las contrataciones de interinos para el curso próximo, los procedimientos de los concurso de traslados, de las oposiciones, de las adjudicaciones de suprimidos, desplazados, en prácticas o de las comisiones de servicio», precisó José Ángel Piquero en lo que respecta al ámbito educativo, el que encendió la mecha de todos los conflictos.
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