La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el martes por unanimidad encomendar a sus servicios de Inspección que sigan investigando la posible responsabilidad disciplinaria en la que podría haber incurrido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el cobro de 203.000 dólares durante la excedencia que disfrutó en Estados Unidos entre marzo de 2005 y junio de 2006.Según informaron fuentes de este órgano, el CGPJ ha actuado "en estricto cumplimiento" de lo acordado en una sentencia dictada el martes pasado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ordenaba no dar carpetazo a esta cuestión hasta que se hayan practicado las diligencias de investigación oportunas. Esta resolución respondía al recurso planteado por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra una decisión inicial del Consejo de archivar este asunto.
Así, el órgano de gobierno de los jueces descarta por el momento archivar este expediente, tal y como proponían los servicios de Inspección en relación con unas diligencias abiertas por los mismos hechos el pasado mes de marzo, esta vez por orden de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ahora, ambas investigaciones, la encomendada por la Sala de lo Penal -tras archivar una querella criminal interpuesta por los abogados Panea y Mazón por este mismo asunto- y la instada por la vía de lo Contencioso, quedan acumuladas en un único expediente.
Asuntos pendientes
Además de este asunto, Garzón acumula otras investigaciones de carácter disciplinario en el órgano de gobierno de los jueces.
La Inspección tiene aún pendiente la redacción de una propuesta sobre unas diligencias informativas abiertas el pasado 15 de abril a raíz de otra queja interpuesta por los mismos abogados antes citados. En esta ocasión, denunciaron al juez por utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar a Perú en 2007.
Según la denuncia, Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. Los denunciantes afirman que el magistrado mintió al señalar al CGPJ las fechas del permiso, puesto que el encuentro tuvo lugar en Lima entre el 6 y el 9 de agosto y, con el tiempo restante, "aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo".
Por otra parte, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó devolver al CGPJ la investigación sobre la responsabilidad del magistrado de la Audiencia nacional en la excarcelación de dos presuntos narcotraficantes turcos, que había sido remitida a este órgano al entender el Consejo que se trataba de una conducta "leve".
El Consejo debe retomar este asunto tras a fuga, recientemente conocida, de uno de los dos presuntos traficantes. La Audiencia Nacional considera que la situación ha cambiado y que la responsabilidad disciplinaria del juez podría calificarse ahora de grave, por lo que la eventual sanción correspondería imponerla al órgano de gobierno de los jueces.
Sobre los cobros durante la estancia de Garzón en Nueva York, el alto Tribunal archivó la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en marzo de este año, si bien ordenó al órgano de Gobierno de los jueces que investigara los hechos denunciados por si se había cometido una falta muy grave al faltar a la verdad en la obtención de permisos, regulada en el artículo 417.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el informe estudiado por la Comisión Disciplinaria instando el archivo de la investigación se indicaba que las faltas muy graves prescriben a los dos años, por lo que, tomando en cuenta la fecha del 11 de julio de 2008, cuando el CGPJ tuvo por presentada la memoria del juez Garzón sobre su estancia en EEUU, la conducta de éste estaría prescrita en todo caso cuando se interpuso la denuncia.
Asimismo, el Servicio de Inspección entraba en la cuestión de fondo y concluye que Garzón no engañó para obtener el permiso. El magistrado hizo saber a la Comisión Permanente en diciembre de 2004 que no existía en estas fechas cantidad alguna acordada con la Universidad de Nueva York sobre su remuneración y que, en ese momento, se encontraba gestionando los gastos de desplazamiento y mantenimiento personal y familiar.
En lo referente a la incompatibilidad en la que hubiera podido incurrir Garzón, el inspector señalaba que la Comisión Permanente "no estimó que el magistrado solicitara la compatibilidad para ejercer un segundo empleo y, consecuentemente, no concedió esa compatibilidad sino una licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial, lo que consideró más acorde con la actividad que iba a desarrollar el señor Garzón en la Universidad de Nueva York".
La Comisión Disciplinaria del CGPJ tuvo también sobre la mesa un escrito remitido el pasado viernes por los abogados Panea y Mazón advirtiendo que la propuesta de archivo de esta investigación "es un acto de desobediencia a la sentencia del Supremo que ordenó investigar los cobros de Garzón", por lo que anunciaban el posible ejercicio de acciones penales contra el propio CGPJ por "conato de acto criminal".
A juicio de ambos letrados, ni es posible apreciar la prescripción (la denuncia reabierta por el Supremo se presentó en febrero de 2008, antes del plazo de dos años que terminaba en julio de 2008), ni transmutar una infracción de la ley de incompatibilidades en un sobreentendido permiso "para cobrar segundos sueldos". "Si archivan desobedeciendo al Supremo nos querellaremos contra los vocales del Consejo que voten a favor", afirmaban, si bien por el momento no hará falta que lleven adelante sus advertencias.
Fuente: elconfidencial.com
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