Málaga: Fuga de funcionarios en los juzgados de lo Penal

La carga de trabajo que se acumula, la responsabilidad y los nulos incentivos económicos de los juzgados de lo Penal de la capital están provocando la fuga masiva de funcionarios hacia otros destinos más tranquilos. La inmensa mayoría de los trabajadores se han acogido al concurso de traslado abierto recientemente por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia para poder hacer el cambio a otras oficinas judiciales bien en la ciudad, bien en la provincia o incluso fuera de ella.


Si las peticiones son atendidas buena parte de los once juzgados de lo Penal tendrán que ser atendida a corto plazos por empleados interinos.

La situación de estas sedes judiciales ha sufrido un importante deterioro. El aumento de la criminalidad, la implantación de los juicios rápidos y la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal como, por ejemplo, los relacionados con la seguridad del tráfico, han incrementado notablemente su carga de trabajo, que sigue despachándose con la misma plantilla: ocho funcionarios.

Algunos datos ponen de manifiesto cómo se encuentra esta jurisdicción que se encarga de enjuiciar todos los delitos cometidos en la provincia de Málaga. El más llamativo, quizá, es que acumula en torno a 16.000 sentencias pendientes de ejecutar, ya que además de celebrar los juicios y dictar sentencias, estos juzgados se encargan también de todos los trámites que lleva aparejada la ejecución de las mismas.

Esperas prolongadas

Los señalamientos de los juicios ordinarios también se resienten por el aumento del trabajo y los cuatro o cinco meses de espera para celebrarlos se han convertido en diez meses e incluso, once, dependiendo del juzgado. Lo mismo ocurre con los rápidos, que comenzaron a ser señalados a los quince días, tal y como se establecía en la normativa, y ya van por los cinco meses.

Y como telón de fondo está el 'caso Mari Luz', un desgraciado suceso que, sin embargo, colocó el foco de atención sobre la situación de estos juzgados y sus 16.000 sentencias pendientes de ser ejecutadas. Un polvorín sobre el que trabajan cada día todos los funcionarios. Y son conscientes de esa situación.

«Nada de lo que podamos decir es capaz de expresar lo que hay aquí. Estamos apagando fuegos», explica gráficamente un funcionario del Juzgado de lo Penal número 8 que, al igual que el resto de sus compañeros, ha pedido el traslado a otra jurisdicción y prefiere hablar desde el anonimato.

Tratan de controlar todos y cada uno de los expedientes, pero el volumen de papel es casi imposible de abarcar. «En un año se han triplicado las causas con presos; cada uno de nosotros lleva entre 70 y 80 ahora mismo», añade este funcionario.

«Nos quita el sueño»

«Un preso que se quede más tiempo del que debe en prisión porque se nos pase; un caso de violencia de género, que esté aquí y ocurra cualquier cosa; alguien que esté pendiente de entrar en la cárcel y cometa una barbaridad...Cualquier error puede ser fatal. Es una gran responsabilidad que nos quita el sueño», añade otro trabajador.

Otro funcionario, éste del Juzgado de lo Penal número 1, explica: «Yo, además de otras jurisdicciones de la capital me he pedido también, por si acaso, destino en Torremolinos y Fuengirola porque prefiero desplazarme que seguir en estos juzgados. Es más, también he pedido fuera de la provincia». Muchos de estos empleados acuden voluntariamente a las oficinas judiciales por las tardes «para sacar trabajo», explican, pero no reciben ningún tipo de compensación económica ni pago por horas extras, lo que crea un cierto agravio comparativo, por ejemplo, con los funciorios de los juzgados de instrucción, que cobran por las guardias.

Déficit estructural

La Junta de Andalucía está elaborando actualmente un estudio sobre las necesidades de la Administración de Justicia. Ha tomado Málaga como experiencia piloto y con sus conclusiones pretende tener una relación de puestos de trabajo en los distintos juzgados. De momento, la delegada provincial de Justicia, Blanca Sillero, ha reconocido que el problema de las plantillas de los juzgados de lo Penal es de «carácter estructural» por lo que la solución debe ir más allá de los simples refuerzos.

Fuente: sur.es