La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice las indagaciones necesarias para comprobar, o bien descartar, una queja interpuesta por dos abogados contra Garzón en relación con su actividad durante durante el permiso por estudios que disfrutó en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006.La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado José Díaz Delgado, estima el recurso de casación interpuesto por los letrados Antonio Panea y José Luis Mazón contra la decisión que adoptó la Comisión Disciplinaria del CGPJ en mayo de 2008, cuando archivó de plano la queja.
Casi un año más tarde, el pasado mes de abril, otra sala del Supremo, esta vez la de lo Penal, archivó una querella criminal contra Garzón por estos mismos hechos, si bien ordenó al CGPJ investigar su posible responsabilidad disciplinaria por la percepción de estos cobros, que habrían ascendido a algo más de 203.000 dólares, mientras se le ingresaba simultáneamente su sueldo íntegro de juez.
Es previsible que ambas investigaciones se acaben acumulando, al ser su contenido coincidente, aunque se trata de una decisión que deberá adoptar la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
Según esta sentencia, que fue deliberada dos días antes de que se admitiera una querella por prevaricación contra el magistrado por su investigación sobre el franquismo, los hechos denunciados "tienen una gravedad evidente, que exigía del Consejo General su comprobación".
Dicha gravedad queda acreditada por el hecho de que la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo dedujera testimonio el pasado mes de abril de los mismos hechos y abriera unas diligencias informativas cuya tramitación aún está pendiente.
NO SE INDAGÓ
"No es coherente que habiéndose ejercido una mínima actividad por parte del Consejo General del Poder Judicial -únicamente se pidió informe a Garzón, que ejerció su derecho a no pronunciarse- no realice ningún tipo de actividad complementaria que descarte unos hechos que podrían constituir, de ser adverados, una posible responsabilidad disciplinaria".
Según los abogados recurrente, los mismos que firmaron la querella criminal contra Garzón por sus cobros en EE.UU., el juez "gestionó y obtuvo del Banco Santander los fondos necesarios" para celebrar dos jornadas que llevaron por título 'Diálogos Atlánticos' y 'Derechos Humanos en América Latina', tras lo cual "no tuvo empacho" de asumir una querella interpuesta contra directivos de la propia entidad.
La Abogacía del Estado, por su parte, solicitó el archivo de este procedimiento argumentando que "el pleito ha perdido su objeto" al haber abierto el Consejo otras diligencias informativas por los mismos hechos el pasado mes de abril.
Fuente: lanacion.es
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