Castilla y León: La Junta confía aún en "asumir" la Justicia en esta legislatura

La Junta de Castilla y León tiene la «voluntad» de alcanzar un acuerdo en esta legislatura para asumir la competencia de los medios materiales y humanos de la administración de Justicia. Así lo manifestó en Burgos el consejero de Justicia e Interior del gobierno regional. Alfonso Fernández Mañueco admitió en su intervención en el XXIV congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y su equipo llevan poco tiempo y merecen una «tregua», aunque expresó su deseo de avanzar en la negociación de la transferencia y poder culminarla «esta legislatura».


Precisamente, el ministro participó en la primera jornada del congreso donde recordó que quedan seis comunidades para completar el mapa de trasferencias.

En todo caso, el consejero advirtió también de que la Junta de Castilla y León será «exigente» en esa negociación porque conocen «las demandas de todos los actores implicados en la administración de Justicia».

«Cuanto antes»

También el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, expresó su deseo de que la competencia en esta materia se transfiera «cuanto antes» para poder acometer el «desarrollo pleno del Estatuto del Ministerio Fiscal en muchos aspectos».

Martín Granizo fue elegido en el congreso de la UPF candidato por esta asociación a las elecciones para el Consejo Fiscal, un organismo que asesora a la Fiscalía General del Estado y que será renovado en noviembre.

A la clausura del congreso de la UPF asistió el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que calificó de «inaplazable» la reforma del proceso penal en España. Opinó que en este momento el debate sobre la necesidad de esa reforma en la que trabaja el Ministerio de Justicia «está maduro», por lo que este podría ser un «buen momento» para alcanzar un acuerdo político que permita sacar adelante una reforma que termine con «una situación que nos coloca en un lugar marginal dentro de derecho comparado europeo».

Precisamente la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la actual, de 1882, fue la principal conclusión del congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que asistieron 150 fiscales. Para el Fiscal General del Estado este nuevo marco legal para el ámbito penal «no tiene ninguna línea política determinada, sino la voluntad de convertir una justicia del siglo XIX en la justicia del siglo XXI».

El presidente de la UPF, Emilio Sánchez, reelegido en el congreso para un segundo mandato, opinó que en la reforma de la Ley que prepara el Ministerio de Justicia se debe contemplar que la investigación previa a los juicios sea «dirigida y no sólo impulsada» por los fiscales.

Fuente: ABC.es