viernes, diciembre 31, 2010

Adiós, 2010, adiós...

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jueves, diciembre 30, 2010

Cantabria cuenta a partir de hoy con dos nuevos juzgados

Las nuevas unidades judiciales creadas por el Ministerio de Justicia para Cantabria en el ejercicio 2010 se ponen en funcionamiento este jueves. Se trata de un nuevo Juzgado de Primera Instancia para Santander, el sexto Juzgado de lo Social y un juez de adscripción territorial, figura de nueva creación con la que se cubrirán aquellas plazas vacantes de larga duración.


La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) venía reclamando estas dotaciones en las últimas Memorias, con el fin de paliar el incremento de la carga de trabajo que se ha producido con la situación socioeconómica de estos últimos años.

El nuevo Juzgado de Primera Instancia para Santander que se ha creado como número 12 cambiará su denominación este mismo jueves, ya que el hasta ahora Juzgado número 10, con funciones mercantiles y una cuota de asuntos civiles, pasa a convertirse, también este jueves, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander, para ventilar exclusivamente los asuntos relacionados con los procesos concursales y otros de la jurisdicción mercantil.

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia que comienza a funcionar pasará a denominarse Juzgado número 10 y entrará en el reparto de asuntos civiles, exceptuando aquellos mercantiles —que desde 2004 los lleva el ahora denominado Juzgado de lo Mercantil número 1— y los relacionados con familia e incapacidades —que se ventilan en los Juzgados de Primera Instancia número 9 y número 11—.

El nuevo Juzgado estará dotado con seis funcionarios y se ubicará en el Complejo Judicial de Las Salesas, junto al resto de Juzgados de Primera Instancia de la capital.

Coincidiendo con su puesta en servicio, el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, visitarán sus instalaciones, acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en funciones, Rubén López Tamés; el secretario de la Sala de Gobierno del TSJC, Luis Cabria, y el juez decano de Santander, José Arsuaga, explica el Gobierno regional.

Por otro lado, también entra en funcionamiento el nuevo Juzgado de lo Social nº 6, dotado con siete funcionarios y situado en el edificio judicial de la Calla Alta, junto a los otros cinco juzgados laborales; así como la figura del juez de adscripción territorial dependiente del Tribunal Superior de Justicia.

Juez de adscripción territorial

De nueva creación, el juez de adscripción territorial es un magistrado de carrera que estará a disposición del presidente del TSJ para cubrir vacantes de larga duración, ausencias temporales del titular de un Juzgado o bien llevar a cabo funciones de refuerzo. Hasta ahora estas labores las vienen realizando jueces sustitutos.

Con esta figura, creada en 2009, se persigue reducir la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de tal forma que sean los propios miembros de la carrera judicial quienes cubran temporalmente o refuercen los órganos judiciales.

En una Instrucción, el Consejo General del Poder Judicial considera que la entrada en funcionamiento de esta figura "ha de suponer una mejora de la calidad del servicio, sin que esta afirmación suponga demérito alguno al reconocimiento que la actuación desarrollada por la llamada justicia interina merece".

En dicha Instrucción, el CGPJ subraya el carácter "excepcional" de los nombramientos de magistrados suplentes y jueces sustitutos, "pues decididamente se apostó (en la Ley Orgánica del Poder Judicial) por que las sustituciones en los órganos judiciales se lleven a cabo, en la medida de lo posible, por los miembros de la Carrera Judicial".

"La entronización de los jueces de adscripción territorial supone profundizar, con realismo, en la dirección antes apuntada, ya que a partir de la efectiva entrada en funcionamiento de esta modalidad, buena parte de la actividad hasta ahora desarrollada por la justicia interina va a ser realizada por verdaderos jueces profesionales", señala la Instrucción.

Fuente: 20minutos.es

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miércoles, diciembre 29, 2010

Almería: Entrega de premios del IV Concurso de Dibujo Navideño de STAJ

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El Gobierno y La Rioja culminan el traspaso de los medios de la administración de Justicia

La Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja ha culminado ayer martes el traspaso a la comunidad de los medios personales, materiales y económicos al servicio de la administración de Justicia, que se hará efectivo a partir del próximo 1 de enero.


La Comisión Mixta, presidida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se ha reunido en el Ministerio de Política Territorial para aprobar el traspaso definitivo de las competencias de justicia, que lleva negociándose desde 2003 y ahora ha finalizado con la satisfacción de ambas administraciones, que esperan que mejore el servicio ofrecido a los ciudadanos.

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha celebrado el acuerdo que ahonda en la concepción de Estado autonómico contemplada en la Constitución y ha recordado que La Rioja es la comunidad número 12 en asumir estas competencias con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio de justicia "ágil y eficaz".

También ha mostrado su satisfacción el consejero de Administraciones Públicas del Ejecutivo riojano, Conrado Escobar, quien ha destacado el esfuerzo de ambos gobiernos y ha garantizado la colaboración con el Ministerio de Justicia para ofrecer el mejor servicio posible y mantener la calidad a partir del 1 de enero.

El acuerdo establece que La Rioja asumirá a partir del próximo año el ejercicio de las funciones que ha venido desempeñando hasta ahora el Estado para la provisión de los medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de los servicios judiciales, incluidos los Juzgados de Paz.

El acuerdo incluye el traspaso de seis inmuebles, entre ellos la parcela del antiguo hospital militar de Logroño, donde se construirá el futuro Palacio de Justicia. En este sentido, el portavoz socialista, Francisco Martínez Aldama, ha anunciado que el Gobierno se ha comprometido a retirar el recurso jurídico que la Abogacía del Estado había interpuesto contra la decisión del Ayuntamiento de reservar toda la parcela del antiguo hospital para uso judicial.

El traspaso incluye también 352 puestos de trabajo, en los que se incluye parte de los efectivos de la Gerencia Territorial. En materia económica, el coste efectivo del acuerdo es de 16 millones de euros, a los que hay que añadir 24,1 millones que el Ministerio de Justicia aportará por una sola vez para la construcción del Palacio de Justicia, así como otros 1,5 millones para inversiones en nuevas tecnologías.

Fuente: Europa Press

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Segovia: Entra en funcionamiento el Juzgado número 6

Fuentes judiciales han informado de que ha entrado en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia, que se ubicará provisionalmente, hasta la construcción del futuro edificio de juzgados, en dos pisos de un inmueble de la calle Fernán García, próxima al Acueducto.


La Gerencia de Justicia en la Comunidad Autónoma ha estado realizando en las últimas semanas las obras necesarias y el equipamiento del nuevo órgano judicial del partido de Segovia, así como también la mudanza del Juzgado de lo Penal, que a partir de ahora tiene su sede también en ese lugar.

Además, se han habilitado dependencias para el personal de refuerzo que el Ministerio de Justicia ha asignado a este último órgano, el único juzgado penal de la provincia, por ser uno de los que más carga de trabajo soporta entre los de Castilla y León.

Hasta ahora, el Juzgado de lo Penal se encontraba ubicado en un bajo de la calle San Nicolás, en régimen de alquiler.

El Boletín Oficial del Estado publicó en octubre una orden del Ministerio de Justicia que establece que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia se pondrá en marcha el 30 de diciembre. Su creación fue aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de junio.

Fuente: eladelantado.com

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Zubiri: "Lo que no quiero es una expansión indeterminada de juzgados y tribunales"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, ha lamentado la situación de los juzgados en la Comunidad, aunque ha reconocido que no quiere una expansión indeterminada de éstos y tribunales. Actualmente, hay en Zaragoza siete sedes y la Audiencia Provincial comparte edificio con el TSJA.


Hace dos años que Aragón asumió las competencias en materia de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, nos acerca sus impresiones sobre los cambios que ha sufrido esta Administración pública.

Pregunta.- Sustituyó a Benjamín Blasco al frente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en enero de 2004. Tras seis años al frente de esta institución ¿qué es lo que ha cambiado? y ¿qué le gustaría cambiar?

Respuesta.- Muchos asuntos han cambiado porque seis años dan para mucho. Destaco especialmente la forma de trabajar porque antes era muy para adentro y ahora estamos en el camino de salir al exterior, dando a conocer al público nuestro trabajo. En definitiva, lo que nosotros desarrollamos es un servicio público y hay que ser críticos con nuestras deficiencias y valorar el esfuerzo que se realiza.

Otra de las cosas que han cambiado es que el Ministerio de Justicia ha dejado de tener la competencia en medios para pasar a tenerlos el Gobierno de Aragón. Esto nos ha ayudado a acercarnos al Ejecutivo autonómico, pero con la distancia porque no queremos depender de ningún partido.

P.- La sala de lo Social es la que resuelve los asuntos de forma más ágil. ¿Qué pasa con la de lo Contencioso-Administrativo?

R.- Ciertamente la sala de lo Social es ágil y así lleva muchos años. La sala de lo Contencioso-Administrativo es más compleja quizá en cuanto a los procedimientos, ya que les corresponde hacer en gran parte jueces de Primera Instrucción –tienen que practicar la prueba o celebrar las vistas– algo que hace el trabajo más complejo. También hay que tener en cuenta que viene de unos años de retraso porque sólo tenían una sección que tenía que conocer todos los asuntos. Ahora hay una segunda y la sala de lo Civil-Penal hace un refuerzo. Pero con todo eso no se llega a agilizar.

Yo deseo que lo Contencioso-Administrativo se ponga al día porque revisa la legalidad de los actos de la Administración, la cual afecta a los ciudadanos porque está en todas partes.

P.- En cuanto a lo Civil y Penal, ¿cómo va el trabajo en esta sala?

R.- La carga competencial de esta sala es pequeña, pero sí que hay otras salas –las de las Audiencias Provinciales– que tienen la apelación civil con respecto a las sentencias de los juzgados de Primera Instancia. En ese punto, había una necesidad porque se encuentran agobiados, pero se va a paliar con la creación de dos juzgados más de Primera Instancia (20 y 21 de Zaragoza).

De esa manera creo que vamos a resolver parte del problema que tenemos porque el número de asuntos que tramita cada uno es muy elevado. Es por ello que hemos pedido la creación de varios juzgados en todo el territorio de Aragón, avanzando bastante en provincias como la de Huesca con la creación en Barbastro, Fraga y en la capital. En lo que se respecta a Teruel ya se palió bastante, pero nos queda Zaragoza que es la que tiene mayores problemas por el volumen de asuntos.

No obstante, me preocupa especialmente el Penal de Huesca, que tiene un juzgado único, porque existe un cuello de botella, ya que, aunque se creen tres nuevos de Instrucción los asuntos van sólo a uno.

P.- ¿Es porque existen pocos recursos de casación en este ámbito?

R.- La verdad es que el número de asuntos no es muy elevado, una veintena de ellos, pero si conseguimos que aumenten y que los letrados conozcan y ejerciten esta última instancia conseguiremos que haya más asuntos. Para nosotros es muy importante porque legisla la jurisprudencia aragonesa.

P.- Hablamos que la principal causa de los retrasos es debido al número de asuntos, pero ¿la situación de medios con los que se cuenta tampoco ayuda no?

R.- Reconozco que es un momento difícil porque desde hace unos años estábamos en una situación deficitaria en las administraciones públicas. Por ello, nosotros estamos insistiendo en dotar de lo estrictamente necesario.

No obstante, hay que pensar que, junto a la creación de nuevos juzgados, está la creación de la Nueva Oficina Judicial. En ella hay que hacer un esfuerzo porque se va a ganar agilización y se va a ahorrar efectivos.

P.- Parece que la esperanza está puesta en manos de la Nueva Oficina Judicial...

R.- Está en muchas cosas, pero en parte en la Nueva Oficina Judicial. Especialmente, en los nuevos edificios y, concretamente, en el déficit notorio en la ciudad de Zaragoza. Con la construcción del nuevo edificio de la Audiencia Provincial de Zaragoza se va a ganar mucho, ya que se descongestionará el Palacio de los Condes de Morata en el que en estos momentos está el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía Superior de Aragón y el alto tribunal zaragozano.

Además del espacio que vamos a conseguir, se va a poner en marcha un plan director que va a modernizar este Palacio manteniendo la estructura básica, pero mejorando su operatividad.

También cabe resaltar lo positivo del traslado de los juzgados al recinto de Ranillas porque actualmente tenemos siete sedes y eso es insostenible.

P.- Uno de los temas más “problemáticos”, por lo menos desde el punto de vista organizativo, es el aspecto de los servicios comunes de la Nueva Oficina Judicial.

R.- La Nueva Oficina prevista por el legislador tiene dos tipos de unidades administrativas: las de apoyo directo a los jueces y los servicios comunes de tramitación –unos de ordenación del procedimiento y otros de ejecución–. Lo que parece que se va a poner primero va a ser el de ejecución y es que hay que señalar que lamentablemente tenemos un número muy importante de asuntos que ya se han sentenciado y que estamos pendientes de su ejecución. En Zaragoza hay un número muy elevado, casi 40.000 asuntos.

P.- Cuando se habla de esta nueva Justicia se habla mirando a los ciudadanos. ¿Antes no se les había tenido en cuenta?

R.- Creo que históricamente se consideraba la Justicia como algo muy serio y distante, por lo que se le tenía cierto temor. Quizá eso lo hemos propiciado todos. Yo creo que sin mermar lo que es la seriedad de lo que es un juicio, hay que acercar esta Administración al ciudadano.

P.- Junto con esa redistribución de personal y mejora informática, ¿también sería necesario un aumento de los juzgados y de magistrados?

R.- Lo que no quiero una expansión indeterminada de juzgados y tribunales. A mí me gustaría que llegase un día en el que dijéramos que ya tenemos el número de jueces y magistrados suficiente para desarrollar bien nuestro trabajo.

Si se ha producido una demanda de este tipo es porque ha habido un aumento de la litigiosidad; es decir, un aumento de los procedimientos que hay que tramitarse.

P.- Hay que reconocer que con la llegada de las competencias de Justicia al Gobierno de Aragón, se han arreglado algunas cosas como en el tema de infraestructuras… -Palacio de Justicia de Teruel, Juzgados de Fraga o Audiencia Provincial de Zaragoza-.

R.- Se va avanzando y eso es positivo, pero creo que queda mucho por hacer. Por ejemplo, en Huesca hay una Audiencia Provincial que es la misma desde los años 50-60 y que no da más de sí. También hay una serie de juzgados en los que ya no caben más salas. De hecho, con la nueva creación de juzgados implicará que alguno va a tener que salir de allí.

Fuente: aragondigital.es

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martes, diciembre 28, 2010

¡ Feliz Día de los Inocentes!


Tenemos en exclusiva una escena de la película que va a hacer furor en todos los juzgados. Se titulará "El derrumbe" y su estreno está previsto para el primer trimestre del próximo año. Para ver el avance, haz click sobre la imagen, o haz click aquí.


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lunes, diciembre 27, 2010

El Gobierno aumenta con 100 nuevas plazas la plantilla de fiscales que alcanza los 2.407 efectivos

El Consejo de Ministros ha aumentado con 100 nuevas plazas la plantilla del Ministerio Fiscal, que alcanza los 2.407 profesionales. Además, ha aprobado la creación de un fiscal de sala para la coordinación de la criminalidad informática y otro para la coordinación de la cooperación penal internacional.


El Gobierno ha dado luz verde a la propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a través de un Real Decreto por el que se amplía la plantilla fiscal y nombran dos nuevas plazas de fiscal de sala de primera categoría en la Fiscalía General del Estado.

En concreto, dos de los nuevos fiscales trabajarán en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer creados de la Comunidad de Madrid mientras que otro atenderá los casos de violencia de género en el órgano de Asturias.

Por categorías, dos de estas plazas creadas corresponden a la primera, mientras que a la segunda categoría pertenecen otras 78 y a la tercera categoría las 20 restantes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En relación con su distribución geográfica, a los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado corresponden cinco nuevas plazas. A Madrid se destinarán 21 efectivos, a Cataluña 18, a la Comunidad Valenciana 14, mientras que a Andalucía se destinan 12 profesionales.

Las plantillas fiscales de Castilla-La Mancha y Canarias se incrementan con cuatro nuevos fiscales, Baleares, Galicia, Castilla y León y Murcia aumentan sus efectivos en tres fiscales cada una. Por su parte, Aragón, Asturias, Navarra y el País Vasco se incrementan con dos plazas mientras que Extremadura y La Rioja aumentan su plantilla con un nuevo fiscal.

Con esta reorganización, que será efectiva desde el próximo 30 de diciembre, el total de efectivos de la carrera fiscal queda constituido por 2.407 miembros, de los cuales 25 pertenecen a la primera categoría, 1.778 a la segunda y 604 a la tercera categoría.

Fuente: La Ley

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domingo, diciembre 26, 2010

Andalucía: UGT regala una cámara de vídeo a los periodistas en una comida de Navidad

Lo ha podido saber Libertad Digital en fuentes solventes. La cámara regalada es de la marca Toshiba. Se ha entregado al grupo de periodistas invitados por UGT Andalucía a una comida de Navidad. Su número estaba entre 30 y 40. Cualquiera de estas cámaras, por bajo que estén en la gama correspondiente, suele valer entre 300 y 600 euros. Recuérdese que hace bien poco Manuel Pastrana, secretario general de UGT Andalucía, consideraba un "error muy serio" eliminar la ayuda de 426 euros que era como "abandonar a su suerte" a miles de personas. Pues mientras muchos se aprietan el cinturón la UGT parece que se lo afloja con los periodistas.


Algunos de los periodistas asistentes a la comida ni siquiera repararon en el regalo sino que fue cuando llegaron a sus casas que descubrieron la magnitud del regalo. Algunos de ellos, sorprendidos, preguntaron a la UGT si había habido algún error pero por parte de la UGT andaluza se les certificó que ese era el regalo de Navidad.

Desde hace años, es costumbre en Andalucía que los partidos y sindicatos organicen ágapes navideños para congraciarse con los periodistas si bien algunos de ellos han suspendido estos festejos cuando hay más de 1,3 millones de parados en Andalucía y una situación social desastrosa. No es, como se ve el caso de UGT.

Manuel Pastrana Casado, secretario general de UGT Andalucía ha considerado un "error muy serio" la eliminación de la ayuda de 426 euros a los parados que hayan agotado su prestación cuando expire el último plazo marcado (febrero) anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero al "abandonar a su suerte" a cientos de miles de personas que no pueden hacer frente a las necesidades mínimas.

El pasado mes de noviembre Pastrana anunció que propondría a la Junta de Andalucía en la mesa de la función pública que sólo se realicen oposiciones libres para garantizar que cualquier ciudadano pueda tener acceso a trabajar en la Administración en las "mismas condiciones", eliminando los concursos públicos que se realizan en la actualidad. Pero claro, estas oposiciones tendrían lugar después que hayan entrado en masa los 35.000 trabajadores que, según UGT, están colocados en las empresas, entes instrumentales y fundaciones que, gracias al Decretazo de Griñán , pasarían a la Junta en calidad de "laborales de agencia". De paso, Pastrana reconoció la participación de UGT en las tropelías cometidas por el PSOE en la contratación de empleados públicos desde su fundación.

Ahora, este regalo de cámaras de vídeo a periodistas en plena crisis parece demostrar que los bolsillos de los andaluces pueden estar vacíos, pero que la caja fuerte de UGT está llena de dinero recibido, muy destacadamente entre otras fuentes, de la Junta de Andalucía.

Fuente: Libertad Digital

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Palencia: La nueva Audiencia Provincial será una realidad en 2014

Después de la puesta en marcha del nuevo edificio judicial emplazado en la antigua sede del Banco de España, una de las dos patas de las sedes judiciales en la capital, queda pendiente ahora la remodelación integral del emblemático edificio de la Audiencia Provincial, en la plaza de Abilio Calderón.


Los retrasos e incumplimientos para poner en marcha la reforma de un inmueble que ha quedado obsoleto hacían temer lo peor, pero finalmente los responsables del Ministerio de Justicia constataron en Palencia que el compromiso se cumplirá.

El secretario general de Modernización del Ministerio de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, acompañado por arquitectos de su equipo y por técnicos e ingenieros, se entrevistó en Palencia con responsables de la Audiencia, Fiscalía, los secretarios judiciales y los jueces para escuchar sus propuestas. «Primero hay que definir las necesidades, y una vez superada este fase, se convocará un concurso público para la redacción del proyecto. Posteriormente se hará la obra», explicó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

La próxima reunión está fijada para finales del mes de enero, y en ella se fijarán ya plazos concretos. El objetivo es que antes de que concluya el año 2011 puedan comenzar las obras, que tendrán un plazo aproximado de dos años, por lo que en el 2014 ya podría estar el nuevo edificio en funcionamiento. Además, se constató que Palencia será la tercera provincia de Castilla y León en al que se pondrá en marcha la nueva Oficina Judicial, después de Burgos, donde ya está implantada, y León. En principio, no se sabe si esta oficina se implantará por fases. También se acordó ayer que el Ministerio implantará en Palencia el expediente digital, una nueva fórmula ligada a las nuevas tecnologías que permitirá agilizar la Administración de Justicia.

Fuente: nortecastilla.es

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Huesca: Dos de los nuevos juzgados creados, sin ningún juez al frente

El refuerzo de la jurisdicción civil en Aragón, con la creación de cinco nuevos juzgados que empezarán supuestamente a funcionar el 30 de diciembre, nacerá a medio gas. Dos de los nuevos órganos unipersonales, que en tres casos son mixtos (abarcan la instrucción penal), se estrenarán sin que tengan jueces adscritos. Se trata de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga y Barbastro, dos cabeceras con un ingente trabajo y problemas de saturación judicial.


Eso significa que, mientras ambos órganos permanezcan vacíos en su jefatura, serán los jueces del número 1 de ambas ciudades los que tendrán que se hacerse cargo de ellos, con el consiguiente aumento del atasco.

"Habrá que recurrir a jueces sustitutos", señalaron fuentes judiciales en Zaragoza que subrayaron la dificultad de hallar jueces para ambos puestos, incluso entre los miembros de la escuela de práctica.

La inexistencia de jueces nuevos para Barbastro y Fraga se supo el pasado martes, a raíz de la reunión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En dicho encuentro se nombraron los titulares del resto de juzgados que se crean en Aragón a partir del 30 de diciembre. Se trata del Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca (Luis Aranda Pardillas), Primera Instancia número 20 de Zaragoza (Juan Carlos Fernández Llorente), Primera Instancia número 21 de Zaragoza (Amalia Sanz Franco) y el juez de adscripción territorial del TSJA (Benjamín Cleto Monreal).

Por otro lado, la Comisión Permanente del CGPJ designó a otros titulares para distintos tribunales. Así, Beatriz Muñoz Yangüela pasa al Penal número 5 de Zaragoza y María José Gil Lázaro, al Social de Teruel.

En este caso, cabe recordar que hace aproximadamente un año fue sancionado su titular, debido a que el juzgado presentaba un gran atasco en la tramitación de causas. A raíz de esa medida, se adscribió a un juez sustituto para que fuera desarrollando el trabajo pendiente. Se trata de un juzgado con alto nivel de asuntos, pues canaliza toda la conflictividad laboral de Teruel.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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Los jueces de la Audiencia Nacional rechazan su traslado a San Fernando y piden que la sede continúe en Madrid capital

Los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han rechazado el traslado temporal de sus juzgados a San Fernando de Henares (Madrid), con motivo de las obras que está previsto acometer en el edificio de la calle Génova, y han pedido un "esfuerzo excepcional" para encontrar unas nuevas instalaciones en Madrid capital.


Así lo manifiestan los jueces Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco en un comunicado en el que manifiestan su "grave preocupación" por el eventual traslado a San Fernando, y señalan que esta medida causaría "importantes disfunciones que perturbarán las condiciones de prestación del servicio público de la Administración de Justicia".

El acuerdo, aprobado por unanimidad tras una Junta de Jueces extraordinaria celebrada el pasado martes, rechaza el traslado apelando a la "propia idiosincrasia y organización del servicio prestado por estos juzgados centrales", que recuerdan que es "absolutamente dispar al propio de la Sala de lo Penal".

"GRAVES PERJUICIOS"

De igual modo, los seis jueces centrales de instrucción opinan que el cambio de sede podría provocar "graves perjuicios para los funcionarios, usuarios y profesionales vinculados al trabajo ordinario desarrollado en estos órganos judiciales".

Por este motivo, solicitan a las "autoridades competentes" que doten a las instalaciones provisionales de "todas las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio público propio de estos órganos judiciales, con plenas garantías para los particulares y profesionales que pudieran verse afectados por la medida".

El acuerdo será trasladado a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia. Las obras que está previsto realizar en la sede del tribunal en la calle Génova suponen la demolición parcial del edificio, por lo que podrían extenderse durante varios años.

Fuente: La Ley

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Cádiz: La Fiscalía pide el archivo "inmediato" de la denuncia contra un profesor por hablar del jamón

La Fiscalía de Cádiz ha solicitado el "archivo inmediato y sin más trámites" de las actuaciones tras la denuncia presentado por los padres de un alumno musulmán que denunciaron a un profesor tras hablar del jamón en clase en un colegio en La Línea de la Concepción (Cádiz). La Fiscalía entiende que no hay "el más mínimo indicio de la existencia de ningún tipo de infracción penal".


Según el escrito de petición al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público argumento que "aún cuando de las versiones contradictorias de las dos partes que se desprenden del atestado, nos quedáramos con la más favorable a la de la denunciante, nada justificaría, de ningún modo, la apertura de un procedimiento penal dirigido contra una persona, con los importantes costes personales que ello conlleva".

Además, señala que "la Jurisdicción penal es algo más serio y su utilización no puede quedar al capricho de nadie, cuando no existe justificación jurídica para ello".

Para la Fiscalía, la postura inicial del menor, que dará lugar posteriormente al resto de los acontecimientos, "es una postura caprichosa, abusiva, sectaria e inadmisible, porque no de otra forma puede calificarse el hecho de que un alumno pretenda censurar el contenido de la docencia que se le está impartiendo, imponiendo su voluntad a la de su profesor y a la del resto de sus compañeros".

Además, añade que el contenido de su queja es "insostenible, porque no hace falta practicar la religión del menor, sino tener unos conocimientos básicos de cultura general, para saber que la religión musulmana prohíbe a sus practicantes comer carne de cerdo y sus derivados, pero no hablar, u oír hablar sobre el mismo".

Así, argumenta que "escuchar una referencia indirecta al jamón en el marco de una clase de geografía en nada violenta a los practicantes de dicha religión y menos aun convierte al profesor en racista, xenófobo o algo parecido". Asimismo, recuerda que "tampoco en el sistema de valores de nuestra cultura tiene cabida la esclavitud y eso no impide que se mencione y estudie como un fenómeno que, por desgracia, estuvo vigente en todo el mundo, sin que ello convierta en esclavistas a los centenares de profesores de historia que ejercen su labor en todo el territorio nacional".

En cuanto al hecho de si el profesor tuvo una reacción inadecuada, la Fiscalía señala que tendrá que denunciarse y valorarse ante las autoridades educativas que tiene instrumentos suficientes para dar cauce a este tipo de quejas. En este sentido, insiste que "nunca estas cuestiones deben resolverse en el ámbito penal", por lo que el procedimiento debe archivarse sin más trámites.


EL PAPEL DE LOS PADRES

En su escrito, la Fiscalía señala "otras cuestiones paralelas" en relación con la polémica suscitada. Así, manifiesta que "es comprensible que el menor haya mantenido una postura pueril", ya que "no es más que un niño", "pero que esa postura no haya sido corregida, sino amparada por su propia madre, a la que se supone que es una adulta responsable, es algo ya más preocupante, sobre todo cuando en las actuaciones se hace referencia a otra serie de datos, que por respeto a la intimidad del menor no deben reiterarse".

Para la Fiscalía, eso "justifica, como mínimo una preocupación sobre su situación personal y sobre el cumplimiento por sus progenitores de los deberes de cuidado y custodia que hacia el mismo tienen encomendados". Por ello, el fiscal interesa que, tras archivarse el procedimiento, se remita tanto al Ministerio Público, como a los órganos competentes de la Junta de Andalucía un testimonio de todo lo actuado a los efectos de poder efectuar un seguimiento y valoración de la situación del menor.

Igualmente, anuncia que la Fiscalía llevará una investigación de oficio por el hecho de que "nada justifica que ciertos datos personales del menor se hagan públicos, máxime cuando son irrelevantes de cara al núcleo central del debate". En este sentido, recuerda que la intimidad del menor denunciante, como la de todos los menores, debe ser objeto de una protección de especial intensidad.

Por eso, para la Fiscalía, debe valorarse si algunos de los datos del niño que no deberían ser conocidos más que por sus familiares y por los docentes que intervienen en su educación han sido objeto de noticia pública.

Fuente: La Ley

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sábado, diciembre 25, 2010

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS


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viernes, diciembre 24, 2010

Murcia: La transferencia de Justicia se va al traste

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, se ha quedado compuesto y sin transferencias. Un desacuerdo económico de última hora, a causa de las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, ha dado al traste con el traspaso de las competencias de Justicia, cuya gestión estaba previsto que asumiera la Comunidad Autónoma el 1 de enero.


Fue el propio Campos el que propuso al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dejar en suspenso el acuerdo de transferencias alcanzado con el Ministerio de Justicia al menos hasta mediados del próximo año, para ver si mejora la situación financiera de la Administración regional o bien Hacienda modifica su postura.

Campos, que entró en el Ejecutivo autónomo en septiembre precisamente para gestionar la recepción de la Justicia, tenía todos los flecos cerrados con el Ministerio de Francisco Caamaño. El coste efectivo estaba tasado en unos 70 millones de euros, a los que se sumaban 4,5 millones más para inversiones como pago único y un millón más para mejoras informáticas.

El consejero se reunió en Madrid el pasado jueves con representantes del Ministerio de Justicia y acordó que la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por ambas administraciones, se reuniera en Murcia para dar carpetazo al proceso, de modo que los decretos de traspaso se aprobaran antes de final de año y Murcia pudiera asumir la gestión a partir de enero.

Sin embargo, según explicó Campos, el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo de traspaso incluía una sorpresa. El departamento de Elena Salgado daba el visto bueno a los términos del acuerdo, pero indicaba que podían verse afectados por la disposición adicional 41 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Según dicha disposición, el Ministerio puede bloquear el pago de convenios a las comunidades autónomas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria los años 2010 y 2011.

Según interpreta el consejero, esto significa que el Gobierno central puede negarse a abonar los 4,5 millones de euros del pago único para inversiones por el incumplimiento de la Comunidad Autónoma del objetivo del déficit presupuestario para este año, algo que ya da por hecho la propia consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.

«No podemos arriesgarnos»

Campos, jurista y fiscal en excedencia, no tiene del todo claro que el Gobierno central pueda hacerlo, ya que la disposición adicional 41 habla de convenios con comunidades autónomas y la transferencia se aprueba por decreto. Pero no quiere arriesgarse.

«No se puede supeditar la financiación de la transferencia al déficit de la Comunidad, porque su presupuesto para el próximo año está muy ajustado y si al final el Ministerio de Hacienda bloquea el pago de los 4,5 millones de euros nos quedamos muy cortos», explicaba el consejero de Justicia.

El problema de la Región de Murcia es que este año ya es seguro que no va a cumplir plan de estabilidad presupuestaria, que fija para 2010 un déficit no financiero del 2,4%. Según los datos publicados el pasado lunes por el Ministerio de Hacienda, el déficit de Murcia a final del tercer trimestre del año ya superaba el 3%. A ello se suma que el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2011 es aún más exigente, del 1,3%.

A causa, precisamente, del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria el PP y el Gobierno regional se vieron obligados a presentar en la Asamblea Regional una proposición de ley con drásticas medidas de recorte del gasto para el próximo año.

En julio, nuevo intento

Ante estas circunstancias, la decisión adoptada por Campos, tras varias consultas con el Ministerio de Justicia y hablarlo con Ramón Luis Valcárcel, ha sido «abrir un paréntesis en la negociación y esperar hasta junio y julio» para ver si, ya con el presupuesto de 2011 en su ecuador, es posible asumir las competencias el 31 de julio sin el riesgo de que la hacienda estatal pueda condicionar el pago de las cantidades económicas pactadas con el Ministerio de Justicia.

El consejero pidió a sus interlocutores en el departamento de Francisco Caamaño suspender la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias y les comunicó que el acuerdo quedaba en suspenso hasta nueva orden.

El consejero confía en que el Ministerio de Justicia respete hasta mediados de año las condiciones económicas pactadas, ya que, aseguró, «las relaciones son excepcionales, el problema que ha surgido nada tiene que ver con ellos y ambas partes estábamos totalmente de acuerdo en todos los detalles».

Campos reitera que el acuerdo con el Ministerio «era muy bueno para Murcia», pero que con las nuevas condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda «sería temerario asumir las competencias». El primero plazo de algo más de dos millones de euros, del total de 4,5 destinados a la mejora de las infraestructuras judiciales, debía abonarse el próximo año. «Esa cantidad es fundamental para nosotros y al día de hoy no era seguro que fuéramos a recibirla», precisa.


Fuente: laverdad.es

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jueves, diciembre 23, 2010

Vigo: Los magistrados urgen el tercer juzgado de Familia y otra sala de lo Penal

La junta de jueces de Vigo recomendó el traslado en el 2011 de las oficinas del Registro Civil fuera de los juzgados con el fin de dejar sitio a las nuevas salas que lleguen a la ciudad. Todo apunta a que el juzgado de lo Social número 6 entrará en servicio el 30 de diciembre del 2011 aunque, actualmente, ya está agotado todo el espacio disponible en los dos edificios judiciales.


Pese a la falta de sitio, la actividad judicial de Vigo no para de crecer. Por ello, los magistrados pidieron la creación «urgente» del juzgado de Familia número 3 (Primera Instancia número 15) y del Penal número 4 para que entren en servicio en el 2012. La propuesta fue remitida al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) para que la incluya en su memoria anual.

Los magistrados reclaman con prioridad el tercer juzgado de Familia, que resuelve asuntos de divorcios y custodias de menores. La razón, según explicó el juez decano, Germán Serrano, es que estos tribunales «siempre sobrepasaron el número» medio de litigios que tienen asignados.

La segunda petición es la de un juzgado de lo Penal número 4 para hacer el seguimiento de las ejecutorias de las sentencias y evitar errores como el del supuesto asesino de la niña MariLuz. Actualmente, los expedientes de las ejecutorias se apilan sobre las estanterías y sillas de los juzgados de lo Penal.

La junta de jueces también pide la creación de una plaza de magistrados más en la Sexta Sección de la Audiencia, que ahora cuenta con dos refuerzos, cuya estancia acaba de ser prorrogada por otros seis meses.

Para ubicar las futuras salas, la junta de jueces pidió que «a medio plazo» las oficinas del Registro Civil sean mudadas desde la planta baja de los juzgados a otro lugar antes del 2012. «Espero que salga en ese año», señaló Serrano. Tanto el Concello como la Xunta estudian desde hace más de un año un lugar adecuado en el centro de la ciudad para ubicar el Registro Civil. Han sido barajadas varias propuestas como el Casco Vello o el antiguo Rectorado. El espacio libre que deje en el viejo edificio judicial sería ocupado probablemente por el juzgado de lo Social número 6, aprobado por la Comisión Mixta de Justicia.

El juez decano también hizo hincapié en la necesidad de construir la Ciudad de la Justicia, como se denomina a un tercer edificio que quedará conectado con los dos actuales. «No sabemos nada, ni siquiera tenemos constancia de si el Concello empezó la expropiación. Si esto no se empieza sería preocupante, porque esta nueva dotación es un tren que no hay que dejar escapar. Nos gustaría que Vigo no perdiese el tren».

Los juristas se preguntan por el destino que dará la Xunta a los 15 millones presupuestados para la construcción de la Ciudad de la Justicia. Si no se gastan, ¿a dónde irá el dinero cuando expire el presupuesto? Expertos consultados señalan que la Xunta tiene potestad para gastar las partidas sin destino en otros proyectos. Están previstos 30 millones en obras judiciales en Galicia.

Fuente: lavozdegalicia.es

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APM pide que el Ministerio de Justicia suspenda la extensión de la Nueva Oficina Judicial

La sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León ha aprobado en su última reunión un comunicado en el que los magistrados y jueces piden que se "suspenda" la extensión de la nueva Oficina Judicial a otras provincias hasta que se asegure un funcionamiento adecuado.


En el comunicado se pide al Ministerio de Justicia que suspenda la inminente puesta en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial en otros Partidos Judiciales, y en el caso de Castilla y León en el de León, mientras no se solucionen de manera efectiva los "problemas y descoordinaciones" que se aprecian en la Oficina Judicial de Burgos, pionera en España desde el 10 de noviembre.

Además, se solicita también al Consejo General del Poder Judicial una implicación real y decidida en esta reforma, "que impida el desapoderamiento del Poder Judicial que parece estar llevándose a cabo".

La sección territorial de Castilla y León de la Asociación Profesional de la Magistratura expresa en el escrito su preocupación por la situación creada en la Administración de Justicia de Burgos ante la forma en que se está desarrollando la implantación de la Oficina Judicial con "disfunciones que han ido de forma continuada más allá de lo previsible".

De hecho, los jueces y magistrados de la asociación consideran que esas "disfunciones" no se producen sólo en cuestiones informáticas, sino también "jurídico procesales y de estructuración de la plantilla", lo que consideran que ha provocado que el servicio se encuentre "prácticamente paralizado".

A esto se añade que, en su opinión, en lugar de evitar trámites, con el nuevo sistema de trabajo se ha incrementado de forma notable la burocratización, que podría haberse evitado en gran medida con el previo desarrollo del expediente digital, lo que ha provocado retrasos en un Partido Judicial que contaba con una Justicia "ágil y eficaz".

Los representantes de la asociación mayoritaria de los jueces en Castilla y León critican también lo que definen en el comunicado como "apartamiento de los Jueces, Magistrados y Magistradas en la implementación de la nueva oficina".

Consideran que se han visto relegados pese a que la Oficina Judicial existe precisamente para dar apoyo a la función judicial que encarnan y "pese a la disponibilidad de los miembros de la carrera judicial para colaborar lealmente en el éxito de esta reforma".

De hecho, en el comunicado se desmarcan de las consecuencias que pueda tener la implantación del modelo de Oficina Judicial en las condiciones actuales y creen que las "disfunciones" que se puedan producir no se podrán achacar a los "jueces, magistrados y magistradas, omitidos en este proceso".

Fuente: ABC.es

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miércoles, diciembre 22, 2010

Los ciudadanos conocerán el coste de la Justicia con el plan de Estadística

Los ciudadanos podrán conocer a partir del próximo año aspectos como el coste de la Justicia o los asuntos disciplinarios a través del primer plan de Estadística Judicial de España aprobado ayer. La Comisión nacional de Estadística Judicial, que preside el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Dorado, ha aprobado ayer este plan que permitirá conocer el funcionamiento de la Administración de Justicia en toda España a través de una "radiografía" de 17 temas diferentes.


Así, el plan -que tendrá una duración de dos años (2011 y 2012)- incluirá estadísticas sobre la infraestructura judicial, los costes, los recursos humanos, la información socioeconómica, los asuntos disciplinarios, la justicia gratuita, la mediación, instituciones penitenciarias o la opinión de los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia.

Según ha indicado Dorado en la presentación de esta iniciativa, el plan actuará como una "brújula" de la Justicia para orientar a las instituciones que forman la Comisión de Estadística -El CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas- para adoptar las decisiones más adecuadas para el funcionamiento de ésta.

Con la información estadística que se incorpore a este plan, se dispondrá de información actualizada y contrastada sobre la carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de toda España y se podrá decidir sobre aspectos como, por ejemplo, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Tanto Dorado como el responsable de Modernización del Ministerio de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, han destacado que este plan contribuirá a mejorar las condiciones de transparencia de la Justicia española.

Fuente: La Ley

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El Consell bloquea la creación del primer juzgado de salud mental de Alicante

A pesar de tener el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la ciudad de Alicante no podrá contar con su primer juzgado especializado en salud mental a final de año. El citado órgano judicial es uno de los afectados por la moratoria reclamada por la Generalitat Valenciana en la creación de juzgados porque la conselleria cuyo titular es Rafael Blasco no tiene dinero para ponerlos en marcha. De los dos previstos en la provincia, sólo podrá crearse al final de este año el de Elche.


Estos juzgados de salud mental van a resolver sobre incapacidades a personas con problemas mentales, decretar su internamiento en un centro especializado e incluso obligar a tomar la medicación por orden judicial a aquellos enfermos mentales que se nieguen a tomarla. Se estima que en el partido judicial de Alicante se tramitan entre 1.200 y 1.400 expedientes cada año de internamiento involuntario en centros sanitarios o residencias. El juzgado de Alicante se encargaría de los asuntos tanto de la capital como de El Campello y Sant Joan, municipios que concentran un gran número de estos geriátricos y pretende ahorrar muchos trámites burocráticos a las familias cuando acuden a pedir el amparo de los tribunales.

El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que la especialización supone dar más facilidades al ciudadano, al concentrar en un solo órgano todas las resoluciones referentes a la salud mental. En la actualidad, todo este tipo de asuntos están dispersos entre diez de los doce juzgados de Primera Instancia. "De lo que se trata, y eso es lo que nos han reclamado las familias, es que el juzgado haga un control y seguimiento del estado del enfermo y cerciorarse de que está siendo atendido por la administración sanitaria", explicó Magro.

Asimismo, la medida aliviará de trabajo al resto de los juzgados de Primera Instancia, que se verán liberados del trabajo de tener que coordinarse con las residencias. En algunos juzgados se quejaban de que había días en los que coincidían en un mismo centro para una inspección personal de distintos órganos.

La iniciativa contaba con el respaldo de jueces, fiscales y forenses. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han dado el visto bueno a la petición de especialización. Fuentes judiciales señalaron que el siguiente paso sería hacer una propuesta para concretar cómo se va a hacer el reparto de asuntos del nuevo juzgado. La especialización fue reclamada por la junta de jueces de Alicante y tiempo después se sumaron los magistrados de Elche para llevar a la práctica la medida en esa localidad.

No habrá problemas para que este juzgado, el Primera Instancia número cinco se ponga en marcha en Elche el próximo 28 de diciembre, ya que la Ciudad de la Justicia fue inaugurada a finales del pasado octubre y tiene espacio de sobra para ubicarlo. La situación es distinta en Alicante, donde la saturación en el Palacio de Justicia ha obligado a tener que buscar un nuevo local para crear el juzgado de Primera Instancia número trece. La sede, que se va a alquilar, necesita además obras de adecuación, lo que ha hecho que el presupuesto se dispare en un año que está marcado por la austeridad. La conselleria ha pedido una moratoria para poder crear el año que viene algunos de los juzgados que tenía que poner en marcha en diciembre, entre ellos el de Alicante. La fecha de la moratoria aprobada es junio de 2011, por lo que hasta esa fecha no podrá ponerse en marcha.

Ocho órganos afectados en toda la provincia

De los diez juzgados que iban a entrar en funcionamiento a final de año en Alicante, tan sólo dos van a poder ponerse en marcha debido a las limitaciones presupuestarias del Consell. Los que salen adelante son precisamente donde no va a ser necesario recurrir al alquiler de locales, ya que irán en sus respectivos palacios de justicia de reciente edificación: Orihuela y Elche. La medida, además del juzgado de salud mental de Alicante, afecta a otros dos de Primera Instancia en Torrevieja y Benidorm, tres mixtos (que tramitan asuntos tanto civiles como penales) en Dénia, Villajoyosa y Novelda. Por último, había otro Social previsto en Benidorm y en penal en Torrevieja. La situación contrasta con la política que ha mantenido el Consell en los últimos años que ha hecho de la reivindicación de nuevos órganos judiciales al Ejecutivo Central ha sido una de sus banderas en materia de Justicia. Este año, cuando se le han concedido hasta diez juzgados nuevos, ha dicho que no tiene dinero para ponerlos en marcha y ha pedido una moratoria para su puesta en marcha. El Ministerio de Justicia ha aplazado su creación hasta el próximo mes de junio del año 2011.


Fuente: informacion.es

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El Tribunal de Cuentas acusa a UGT y CCOO de apropiarse de fondos para riesgos laborales

El Tribunal de Cuentas ha denunciado la existencia de un "posible reparto previo" de la asignación de recursos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales entre CCOO y UGT, ejecutado con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas. En su informe sobre los primeros ocho ejercicios de la Fundación, la institución completa su denuncia remarcando que, además, la comisión delegada de la entidad, que debería ser la que controlase la labor de la fundación, no cuenta con la asistencia de los miembros de la Administración, que apenas van a las reuniones.


"La reiterada falta de asistencia a las reuniones de la Comisión Delegada por parte de los miembros pertenecientes a la Administración General del Estado podría provocar una insuficiente defensa de los intereses de dicha Administración General del Estado, cuya representación ostentan, lo que podría afectar al grado de eficacia y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos públicos", avisa el Tribunal.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que comenzó a operar en el año 2000 y que está integrada en el sector público estatal, destinó a las actividades de prevención de riesgos laborales en los ejercicios 2007 y 2008 un total de 27,1 millones y de 26,67 millones de euros, respectivamente, lo que representó un 10,38% y un 9,34% en relación con el importe total destinado por el sector público estatal a estos conceptos en dichos ejercicios.

En ese periodo, se destaca que tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato de la Fundación (Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud -ISTAS-, y la Confederación Intersindical Galega), solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas.

En este sentido, se explica que el porcentaje ejecutado por UGT fue del 44,3% del importe total de las acciones directas aprobadas, mientras que el ISTAS, adscrito a CCOO, alcanzó un 44,1%. Esto quiere decir que cada uno de los sindicatos recibió algo menos de 24 millones de euros por realizar estas acciones (si realmente se llevaron a cabo).

"La existencia de porcentajes casi idénticos en la ejecución de acciones directas entre las organizaciones sindicales más representativas que forman parte del Patronato de la Fundación, reiterados a lo largo de las diferentes Convocatorias de asignación de recursos aprobadas por la Fundación, denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación, con independencia del contenido de las acciones y del resultado de las mismas, que puede afectar al grado de eficacia y economía con que se desarrollan las acciones", argumenta el Tribunal.

El 9,8% restante de las actuaciones en este periodo fue ejecutado por empresas privadas, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, señala que, desde la primera Convocatoria de asignación de recursos aprobada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el año 2000 hasta la Convocatoria del año 2007, las mismas organizaciones sindicales y sus entidades vinculadas que, en su calidad de Patronos de la Fundación, propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones.

Fuente: Libertad Digital

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martes, diciembre 21, 2010

Madrid: La falta de funcionarios en el 'caso Guateque' impide decidir si se envía al TSJ una pieza separada de López Viejo

La falta de funcionarios en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que dirige el juez Santiago Torres, está impidiendo tomar la decisión de enviar una pieza separada del sumario del 'caso Guateque' al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que investigue a varios responsables políticos implicados en la trama de licencias, entre ellos el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo, han informado fuentes jurídicas.


Se trataría de la resolución de una petición de investigación en relación al aforado regional López Viejo y otros cargos políticos. En el caso de López Viejo, su implicación estaría relacionada con el expediente de licencia del restaurante 'La Hacienda Argentina', ubicado en la calle Ibiza en el distrito Retiro.

La causa que investiga una trama corrupta de tráfico ilegal de licencias municipales para locales, que cuenta con más de un centenar de imputados, se encuentra paralizada desde hace casi un año con motivo de la incapacidad del juez Torres de practicar las diligencias de investigación solicitadas por las partes por la escasa plantilla de empleados públicos.

Hace más de dos años, el magistrado tramitó una petición de auxilio al TSJM para obtener más medios personales después de que la Comunidad de Madrid le retirara dos funcionarios de refuerzo y no se cubriera una baja de maternidad de una funcionaria en plantilla.

Desde la negativa que recibió entonces, el juez Torres reitera su petición cada seis meses ante la Sala de Gobierno del TSJM. Según las mismas fuentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaría a favor del refuerzo de plantilla, mientras que la Comunidad estaría reticente en el marco de su política de ahorro económico.

Las mismas fuentes han indicado que este Juzgado tramita actualmente más de 1.400 diligencias y tiene causas con 84 presos. Entre los procesos penales que más asfixia a este órgano judicial es la relativo a la 'Operación Yugoslovia', en la que se detuvo en junio de 2009 a 67 miembros de una banda que sustrajo más de 20 kilos de joyas en robos a viviendas.

A estas trabas habría que añadir la negativa de la Comunidad de Madrid de sufragar los peritajes económicos, según han indicado las citadas fuentes. Entre ellos figura la petición de análisis de los ingresos de varios responsables políticos para comprobar si sus movimientos de dinero se corresponden con sus competencias como altos cargos.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior han apuntado que hasta el 31 de enero de 2010 el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid tenía refuerzos y prolongación de jornada de funcionarios. Además, han insistido en que el CGPJ no ha remitido a la Comunidad de Madrid ninguna petición de refuerzo de funcionarios.

En cuanto a los peritajes económicos, han recalcado que, desde que están solicitados, se han remitido cuatro comunicaciones al citado Juzgado en las que se indica que se justifiquen los peritajes para proceder al pago de las facturas. Además, han indicado que la sustituta para cubrir la baja se incorpora este mismo jueves.

"Todo el mundo quiere que se investigue. No hay ninguna obstaculización de la causa, más bien dejación por su parte", han apostillado las citadas fuentes.

La 'Operación Guateque' estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención de 16 personas, entre ellos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal.

Fuente: La Ley

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Venezuela: Destituyen a 18 funcionarios de los tribunales laborales

Navidad es época de alegría y felicidad. Sin embargo, la de este año se vislumbra bastante deslucida, al menos para 18 trabajadores de los tribunales laborales de Caracas, quienes fueron removidos de sus cargos. La información la suministraron Edgar Romero y Freddy Gutiérrez, presidente y secretario de Cultura del Sindicato Nacional de Trabajadores Tribunalicios (Sintrat), respectivamente.


"Esto es una retaliación por el pliego conflictivo que interpusimos ante la Inspectoría del Trabajo. Quieren atemorizar a los trabajadores, para que no sigan participando en las acciones que estamos realizando a fin de reclamar la discusión de un nuevo contrato colectivo y del pago de las deudas", afirmó Romero, quien aseguró que tienen información de que se producirán 90 despidos más en tribunales penales, de protección del niño y adolescente y en los civiles.

El dirigente sindical informó que cada uno de los removidos recibieron una carta, firmada por el director Ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramos, y fechada el 10 de diciembre, en la cual se les anuncia que los retiran de sus cargos, los cuales son considerados por ese organismo como "de confianza".

"Archivistas, asistentes, auxiliares administrativos son considerados personal de confianza", se quejó.

Asimismo denunció que todos los afectados habían participado en una protesta realizada el pasado 17 de noviembre a las puertas de los tribunales laborales, con el propósito de exigir el pago completo de la bonificación de fin de año y la cual fue reseñada por este diario en su edición del 18 de noviembre.

"Todos los que aparecemos en la foto que publicó el periódico fuimos despedidos", denunció Arlina Gorrín, quien se desempeñaba como asistente de tribunal y tenía 32 años en el Poder Judicial. "Hace siete años me han debido jubilar, pero no me la dieron", agregó.

Violando la ley

En los juzgados encargados de proteger los derechos de los trabajadores son los primeros en irrespetarlos. A esta conclusión se arriba luego de escuchar las afirmaciones del presidente de Sintrat.

"Destituyeron a personas que tenían fuero paternal y sindical", aseveró y luego expuso los casos de Marcos Llovera, quien en septiembre fue padre y de acuerdo con la Ley de Protección de la Familia, Maternidad y Paternidad, no podía ser despedido durante un año, el cual vence en septiembre de 2011; y de Nelci Castillo, quien es miembro de Sintrat y por lo tanto goza de inamovilidad.

Los despedidos no dudaron en afirmar que su salida también tiene otro propósito: Abrir vacantes para los abogados egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). En enero pasado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, afirmó que los nuevos jueces y funcionarios tribunalicios saldrían de esa casa de estudios.

Fuente: eluniversal.com

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lunes, diciembre 20, 2010

Andalucía: El nuevo presidente del TSJ aboga por romper la imagen "corporativa" de los jueces y por una justicia "sostenible"

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha abogado el pasado viernes, en su toma de posesión, por "romper" con la imagen "excesivamente corporativa de los jueces" y por la necesidad de una justicia que cale "como un servicio público" y "sostenible", para evitar la "multiplicidad y reiteración de recursos con simple ánimo dilatorio".


Durante su discurso programático en el Salón de Plenos de la sede del Alto Tribunal Andaluz, en la Real Chancillería de Granada, Del Río ha avanzado algunas de las que serán las líneas de su próxima gestión, que estará "basada en las personas, erradicando toda tentación de una gestión excesivamente jerarquizada".

Según ha apuntado, será un presidente "de todos y para todos", con relaciones "fluidas" con la judicatura y con el Gabinete de Comunicación; intentará que la actuación de la Sala de Gobierno sea "lo más transparente posible" y que ésta esté más presente en todo el territorio andaluz, con desplazamientos para actos "singulares"; y potenciará a nivel provincial reuniones de trabajo "interinstitucionales", que debieran liderar los presidentes de las Audiencias Provinciales y jueces Decanos.

"Se trata de recordar, día a día, que la justicia por sí sola no es suficiente: más allá de la estricta aplicación del derecho es necesario un sentido profundo de respeto y de servicio al ciudadano. Debemos romper una imagen excesivamente corporativa y tender un puente entre los jueces, las instituciones y la ciudadanía, de forma que cale la idea de la justicia como un servicio público, lo que me lleva a insistir en la necesidad de ciertas medidas inmediatas destinadas a mejorar el trato, atención e información personalizada", ha señalado el magistrado, que hasta ahora era presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Del Río, que ha sido apadrinado por su padre, el magistrado ya jubilado Juan Del Río y por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Torres Vela, prestará además "permanente atención" a los problemas que "aquejan" al funcionamiento de la administración de justicia en Andalucía, ya que, según entiende, el TSJA está obligado a buscar "siempre" el "rendimiento óptimo" de la justicia, "pero sin potenciar la figura de un juez productivista en detrimento de la calidad de sus resoluciones, ni dudar en general, de su buena voluntad y capacidad de trabajo".

Su actuación como presidente conllevará el permanente control e inspección sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, "aspecto al que nunca podemos renunciar, con un sentido autocrítico que no puede faltar en ninguna profesión", promoviendo la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que procedan. En ese sentido, ha apostado por "un constante control" y flujo de información sobre los índices de litigiosidad, disfunciones y causas que la producen, necesidad de apoyos o refuerzos, "consciente de la especial problemática judicial andaluza, cercana a los 900 Jueces y Magistrados, en cuyo entorno casi una cuarta parte de órganos judiciales necesitan seguimiento o refuerzo".

VIGILANCIA DE LOS JUZGADOS "CON PROBLEMAS"

Ante un auditorio a rebosar, entre autoridades, familias, jueces y magistrados, fiscales, profesionales de la justicia y medios de comunicación, el nuevo presidente del TSJA ha señalado además que en ese afán de "vigilancia" y "control", implicará a los presidentes de Audiencias Provinciales, que ve como "figura desaprovechada en nuestro organigrama judicial", en la detección y previsión de problemas en su propio ámbito territorial, generalizando anualmente visitas de información a todos los Juzgados, "en especial a órganos con problemas".

Además, de cara a la futurible implantación de la nueva Oficina Judicial, trabajará por iniciar en Andalucía experiencias judiciales (con RPT de funcionarios), lo que permitiría despegar "esta primera fase inicial, que tanto cuesta arrancar, romper las actuales inercias y contribuir a la nueva cultura colegiada, así como avanzar en la correcta redistribución del personal".

También ha sugerido, aunque ello exija reformas legislativas, "eliminar las Secciones orgánicas de las Audiencias Provinciales, con la constitución, en su caso, de una Sala Civil y otra Penal cuando sea aconsejable por la entidad del órgano colegiado, de forma que su funcionamiento se asimile al de las Salas del TSJ, tal y como hemos asumido por amplia mayoría todos los presidentes de Audiencias de España", y de igual modo considera necesaria la especialización jurisdiccional y comarcalización de ciertos Juzgados.

"Esta segunda, demandada por ejemplo en Juzgados de Violencia contra la Mujer, Familia e Incapacidades, se ha demorado por nuestro legislador por razones no comprendidas por el colectivo judicial", ha dicho para indicar a continuación que impulsará de igual forma la digitalización de procedimientos y el uso de los medios electrónicos, intensificando además la comunicación informática entre el TSJA y los órganos judiciales.

Del Río ha hecho una reflexión sobre la situación actual de la justicia en Andalucía y en España, que no es "satisfactoria", si bien ha resaltado que todos los males "no son imputables a los propios jueces". Además, ha incidido en que el poder judicial carece de capacidad económica o de gestión propia "para ejercer dignamente una función que no es otra que la tutela, garantía y protección efectiva de los derechos fundamentales".

En definitiva, para el presidente, lo peor de la justicia es "la lentitud del proceso, la respuesta tardía", y lo mejor el "magnífico caudal humano con el que cuenta". A su juicio, sus problemas estructurales y de organización obligan "con urgencia" a modernizar y racionalizar los recursos, para que "la inversión" no se pierda "en las rendijas de la organización".

DISCURSO DE DÍVAR

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, ha cerrado el acto con un discurso en el que ha señalado que hoy en día "no es fácil ser juez en España", por lo que para ejercer en la judicatura haya que ser "valiente". En su opinión personal, un juez debe ser "discreto", "silencioso" y "callado", unas cualidades que deben aumentar en un presidente, por ejemplo del TSJA, que además ha de ser "cercano" a sus compañeros.

"Durante muchos años la justicia ha estado relegada al último lugar de las distintas administraciones y poderes, hay leyes antiguas que hay que poner al día, hay un número pequeño de jueces por número de procedimientos, y es muy difícil conciliar la vida laboral y familia. Por eso un juez tiene que ser valiente", ha explicado Dívar.

No obstante, "se vislumbra alguna luz" y se están creando leyes y trabajando para la implantación de la Oficina Judicial que mejorarán previsiblemente la justicia, según ha considerado el presidente del Supremo, que ha reiterado, como ya hiciera en anteriores ocasiones, que la justicia resulta "rentable" en tiempos de crisis.

Por otra parte, ha defendido la independencia de jueces y magistrados, "para que juzguen libremente, con arreglo a derecho y conforme a su conciencia", incidiendo en que esa dependencia "no es ajena" a la colaboración de otras instituciones. "El Estado de Derecho funciona porque existe una justicia", ha mantenido.

Al solemne acto de toma de posesión asistieron además el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, y un total de diez vocales del órgano de gobierno de los jueces, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, entre otros.

Fuente: Europa Press

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Procuradores: Cuando el juzgado es la oficina

Padre e hijo comparten despacho y profesión. Pasan más tiempo en el juzgado que en sus despachos. Son procuradores de los tribunales, una figura desconocida para muchos pero, sin embargo, imprescindible en el ordenamiento jurídico, que contempla que sean ellos quien ejerzan la representación procesal de las partes en litigio ante juzgados y tribunales.


Aunque por su vinculación familiar tienen incompatibilidades para ejercer su profesión -lo que supone que uno no puede llevar un pleito en el que la parte contraria sea el otro- padre e hijo comparten oficina y, reconocen, «si uno no puede ir al juzgado por cualquier cosa, va el otro».

Sin embargo, la llegada de ambos a la profesión que siempre han ejercido en Orense tiene matices muy distintos. El padre, Francisco Pérez Saa, se jubiló de su primer trabajo cuando tenía 55 años y pensó que era demasiado temprano para dejar la vida laboral. Había estudiado Derecho años antes y siempre le había apasionado el mundo de las leyes, así que decidió colegiarse y empezar a trabajar como procurador de los tribunales. Hoy, a sus setenta años, está más activo que nunca y reconoce que no piensa en la jubilación. Le queda mucha carrera por delante.

Años después le llegó el turno al hijo, Francisco Pérez Pérez, de estudiar carrera universitaria. Decidió seguir los pasos de su progenitor. Se marchó a Salamanca a estudiar Derecho y empezó a pensar en la posibilidad de convertirse también en procurador. Había visto a su padre en acción y se dio cuenta de que aquello también podría apasionarle a él. «Siempre había pensado en ejercer algo relacionado con el derecho y como mi padre era procurador, lo viví en primera persona y me gustó. Y aquí estoy, nunca me he arrepentido de haber escogido este camino», asegura.

De primera mano

Reconoce eso sí, que la figura que representan no solo es desconocida para los ciudadanos, «lo primero que hacen los clientes es preguntarnos quienes somos y cual es nuestra función», sino incluso para los propios estudiantes de Derecho o licenciados. «El procurador es el gran desconocido incluso para los licenciados, no se sabe muy bien cual es su labor, por eso muchas veces se escoge ejercer la abogacía. Yo tuve suerte porque lo pude conocer de primera mano gracias a mi padre», dice el hijo.

Y por ello verlos a ambos entrar y salir del juzgado es habitual, todos los días del año y casi a cualquier hora. Más aún en los últimos tiempos, cuando el trabajo se ha multiplicado debido a la complicada situación económica. «Antes nadie ponía una reclamación en el juzgado por 1.000 euros, pero ahora sí se hace», explican.

Una buena relación profesional tanto con abogados como con funcionarios y operadores judiciales es clave para el oficio del procurador. Las últimas reformas les han concedido aún más competencias y, aseguran, «hoy por hoy somos imprescindibles».

Fuente: lavozdegalicia.es

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domingo, diciembre 19, 2010

Las deudas llevan ante los tribunales a más de 70 aragoneses cada día

La insolvencia y la morosidad provocadas por el desplome de la actividad económica que siguió a la crisis financiera internacional asfixian a los aragoneses. Según revela la última actualización del informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados aragoneses tramitan una media diaria de 76 demandas --106, si se calcula de lunes a viernes-- provocadas por el impago de hipotecas y la imposibilidad de las familias para afrontar pequeñas deudas.


Los problemas judiciales de las familias y los particulares por falta de liquidez prácticamente se han triplicado en apenas tres años: los 10.001 procedimientos hipotecarios y monitorios presentados en todo el 2007, el año previo a la irrupción de los primeros efectos de la crisis en Aragón, se ven notablemente superados por los 13.766 generados en el primer trimestre del 2010, ejercicio en el que, de mantenerse el ritmo, superarán de largo los 27.000.

En esos tres años y medio se ha llegado a cuadruplicar el ritmo de ejecuciones hipotecarias, como consecuencia de las cuales han perdido sus viviendas más de 5.000 familias.

La remisión de este tipo de demandas a los juzgados era relativamente poco habitual en el 2007, cuando la media se situaba en torno a las diez por semana. El año pasado, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, rondaban el medio centenar por semana. En el primer semestre del 2010 se moderó la cadencia, si bien continuaba manteniéndose por encima de las 40 demandas semanales.

Prácticamente cuatro quintas partes de esos procedimientos hipotecarios --4.230 de 5.378-- se concentran en Zaragoza. En Huesca se registraron algo más de ocho semanales el año pasado, mientras que el Teruel no alcanza el centenar anual.

Los procedimientos monitorios también han estado cerca de triplicarse en esos mismos tres años y medio. Este tipo de pleito, instaurado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil a finales de los años 90, fue concebido para tramitar por la vía judicial la reclamación de pequeñas deudas siempre que el acreedor disponga de un soporte documental, como facturas o albaranes. De hecho, su regulación inicial permitía litigar sin abogado cuando se pedían cantidades inferiores a los 900 euros --150.000 pesetas-- y el débito máximo que podía tramitarse por esta vía era de 30.000. Esa última cifra se elevó hace unos meses a 150.000.

Las demandas de juicios monitorios presentadas ante los juzgados aragoneses han pasado de menos de 10.000 en el año previo al estallido de la crisis a rozar los 23.000 el pasado ejercicio, con la previsión de superar los 25.000 en este si se mantine el ritmo registrado en el primer semestre.

CONCENTRACIÓN

También en este caso Zaragoza concentra más de tres cuartas partes de la litigiosidad: 9.872 procesos de enero a junio de este año frente a los 2.164 instados en Huesca y los 629 de Teruel en ese mismo periodo. El año pasado, el de mayor actividad en esta especialidad en Aragón, las cifras respectivas fueron 17.552, 4.173 y 1.273.

Aragón fue una de las comunidades españolas a las que la crisis tardó más en llegar, principalmente por el mantenimiento de la actividad económica que provocó, hasta mediados del 2008, el millonario plan de inversiones públicas vinculado a la Expo.

Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial constatan que ahora mismo sus ciudadanos están sufriendo con especial dureza las consecuencias de la ola de insolvencia generada por esa misma crisis.

De hecho, Aragón es la comunidad en la que más crecen tanto los procedimientos de ejecución hipotecaria como los monitorios. En el primer caso, el 97,6% de aumento en relación con el año anterior tiene a su seguidor más cercano en el 75,7% de La Rioja. En el segundo, la subida del 48,1% le saca cuatro puntos al que registra Extremadura.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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jueves, diciembre 16, 2010

Tenerife: La conexión de los juzgados de Paz con el Atlante II arrancará en Los Realejos

El Gobierno de Canarias iniciará, en el Juzgado de Paz de Los Realejos (Tenerife) y mediante un proyecto piloto, la interconexión de la Justicia de Paz con el sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia en Canarias, Atlante II, al que ya están conectados el resto de los juzgados.


Este avance permitirá a los Juzgados de Paz, que se ubican en los municipios que no son cabecera de partido judicial, mejorar la gestión y la atención de una institución que es la más próxima al ciudadano, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, ha participado en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Juzgado de Paz realejero que, "gracias a la interconexión con Atlante II, podrá reducir los plazos asociados a los exhortos judiciales en aproximadamente 3 ó 4 meses".

Asimismo, el consejero detalló, ante la demanda del Ayuntamiento de creación de un partido judicial en el municipio, cuál es la estrategia de modernización y restructuración judicial del Ministerio de Justicia, a la que se adhieren las 11 Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

"No habrá cambios en la Administración territorial de la Justicia hasta que no se produzca la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en la que se supera el partido judicial como base del modelo, se extiende la organización colegiada, se crean tribunales de base o primer grado, se crean tribunales de instancia, y se atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal", explicó Ruano.

Será en ese momento, tras la reforma legislativa, cuando "se abordará la organización de la Justicia en la zona Norte de Tenerife", concluyó.

Fuente: Europa Press

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miércoles, diciembre 15, 2010

Andalucía: STAJ solicita la supresión de las subvenciones del IAAP para formación

En el BOJA de 3 de diciembre se publica la concesión de subvenciones que concede el IAAP para formación de funcionarios a los sindicatos con representación en las mesas sectoriales de las diferentes Administraciones públicas. Como ya anunciábamos en el mes de junio, el STAJ ha renunciado a solicitar todo tipo de subvenciones; frente a quienes nos retaban hace pocas semanas a que lo demostrásemos, aquí tienen la primera prueba (vendrán más): en ese BOJA no aparece la concesión al STAJ, por no haberla pedido –nunca lo ha hecho-, de subvención para formación, que, sin embargo, sí han solicitado y recibido otras organizaciones con implantación en la Administración de Justicia: UGT (121.926,79 euros) CCOO (100.719,16 euros), CSIF (65.838,81 euros) y USO-SPJ (22.680,00 euros).


Desde el STAJ siempre hemos considerado que la formación de los funcionarios es una obligación de la Administración, y no de los sindicatos, cuyo cometido debe ser exclusivamente la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha por la mejora de sus condiciones laborales. El STAJ es coherente con esta afirmación (otros afirman lo mismo pero siguen pidiendo subvenciones), por ello, siempre hemos renunciado a las subvenciones para formación a las que tenemos derecho. Y por el mismo motivo, hemos solicitado expresamente a la Administración la supresión de las subvenciones para formación, máxime ahora en tiempos de profunda crisis económica. Se comprende mal que en el escenario en que nos encontramos los grandes sindicatos continúen recibiendo importantes partidas económicas para algo que puede y debe hacer la Administración por sí misma.

Sigue la información en STAJ ANDALUCIA

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El Supremo rechaza indemnizar a un abogado cuyo nombre coincide con el de un preso

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por un abogado que reclamaba un millón de euros al Ministerio de Justicia por los daños profesionales y morales que le había ocasionado que su nombre coincidiera con el de un condenado por un delito contra la salud pública, cuyo indulto publicó el BOE.


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) confirma así la anterior sentencia de la Audiencia Nacional que en 2009 rechazó el primer recurso presentado por el abogado contra una resolución del Ministerio del Justicia que consideró que no había lugar a la indemnización.

En 2007 el abogado reclamó a Justicia un millón de euros tras comprobar que al introducir sus datos personales en varios buscadores de Internet aparecía un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que indultaba a un condenado por un delito contra la salud pública cuyo nombre y dos apellidos eran los mismos que los del recurrente.

En el recurso alegaba para solicitar la indemnización que la resolución del BOE no contenía suficientes identificadores, ya que debería haber constado también el DNI y la fotografía del indultado, y que con esa publicación se había lesionado su prestigio profesional y personal.

El abogado argumentaba que los últimos diez años podían ser considerados los mejores para su despacho por su madurez profesional y su edad (52 años) y que, si no hubiera sido por esa publicidad negativa, "lo normal" sería que sus ingresos se hubieran duplicado, cuando había sucedido todo lo contrario.

El Supremo, sin embargo, sostiene que afirmar que la simple publicación del indulto desencadena una publicidad negativa y una pérdida de ingresos es una "mera especulación" del recurrente, y que además no puede trasladarse al Ministerio de Justicia la responsabilidad por la coincidencia de las identidades.

Además, recuerda que la publicación de los indultos es un imperativo legal que no puede dejarse de cumplir, pese a que en ocasiones puede llevar a la "consecuencia desgraciada" de que una o varias personas coincidan en nombres y apellidos con el reo indultado, lo que define como un daño antijurídico que el perjudicado "está obligado a soportar".

En cualquier caso, entiende que tampoco se ha acreditado que de ese hecho derive algún derecho de compensación como daño moral producido al recurrente, ni perjuicio económico alguno digno de ser indemnizado.

Fuente: nortecastilla.es

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martes, diciembre 14, 2010

Aragón: Los tribunales deben revisar las penas de cientos de reclusos

Los jueces aragoneses deberán revisar cientos de condenas por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 23 de diciembre, que reduce las penas de algunas variantes del tráfico de drogas, los delitos del top manta al por menor, varios tipos de estafa, los daños provocados por piratas informáticos y las infracciones de seguridad vial. Paralelamente, endurece el tratamiento penal de algunos delitos sexuales, el cohecho, el narcotráfico por grupos organizados y el blanqueo de dinero sucio de la droga.


Los agravamientos no comportarán revisiones, ya que solo tienen carácter retroactivo las modificaciones beneficiosas para el reo.

La cárcel de Zuera custodia a algo menos de 1.700 internos. Su población era esta semana de 1.895, incluyendo los alrededor de 60 presos en régimen abierto del Centro de Inserción Social de Huesca y los más de 120 que pernoctan en el de Torrero.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que más de la cuarta parte de los presos que cumplen condena en España --el 27,5%-- lo hacen por delitos contra la salud pública. Son el segundo grupo, solo superado por los reos de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que suponen el 41,56% del total y una parte de los cuales comete robos y atracos por la necesidad de obtener dinero para costearse su adicción.

ESTIMACIÓN

La extrapolación de ese dato a la población penitenciaria de Zuera indica que allí cumplen condena por narcotráfico entre 450 y 500 presos, entre los que se halla el grueso de posibles beneficiarios de la reforma.

Los jueces y tribunales aragoneses todavía no han comenzado a revisar las sentencias, si bien fuentes jurídicas sostienen que deberían hacerlo de oficio porque los reclusos deben pasar a su nueva situación penológica el próximo 23 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma.

Con todo, en Zuera ya había esta semana quien sabía qué día sale --por habérsele rebajado de nueve años de prisión a seis la pena que cumple por narcotráfico-- y quien ya intuye que va a tener que buscar abogado para pleitear porque la Fiscalía se opone a reducir de seis años a cuatro y medio su pena en aplicación del principio de proporcionalidad. En ambos casos se trata de reos condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, que sí ha comenzado a revisar, tanto de oficio como por petición de los afectados, las penas dictadas por los jueces y tribunales de su territorio que siguen vigentes.

VIGENCIA

Sus resoluciones incluyen una cláusula por la que la vigencia de las revisiones se pospone a la víspera de Nochebuena. Es decir, que si una condena de nueve años por tráfico de droga se reduce a seis y el reo lleva siete cumplidos, ese día saldrá libre.

Aragón será uno de los territorios que no puedan beneficiarse del precepto incluido en la reforma para agilizar las revisiones. El texto habilita al Consejo General del Poder Judicial para encomendar el repaso de las condenas firmes a uno de los juzgados de lo Penal o secciones de la Audiencia exclusivamente dedicados a ejecuciones. No hay ninguno en la comunidad aragonesa, por lo que cada tribunal deberá revisar las emitidas por él mismo.

La reforma penal incluye una novedad relacionada con el modo de abono de la prisión preventiva sobre la pena final al eliminar el llamado dos por uno, es decir, la posibilidad de aplicar el periodo de encarcelamiento cautelar a más de una condena de forma simultánea.

Por otro lado, elimina el llamado periodo de seguridad, que solo se aplicará de oficio a los delitos de terrorismo, abuso y agresión sexual a menores de trece años, uso de menores en espectáculos porno y difusión de imágenes pedófilas. Esta medida impedía a los condenados a más de cinco años de prisión acceder al tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena. No obstante, el tribunal puede aplicarlo si lo piden la Fiscalía o la acusación particular.

Fuente: elperiodicodearagon.com

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lunes, diciembre 13, 2010

Carnicer reclama un "pacto social" para regenerar la justicia

Para Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, la justicia española "sigue siendo lenta, mala e ineficaz". "Cientos y hasta miles de motivos se han esgrimido para explicar y nunca justificar el abandono de la administración de justicia", señaló en el ciclo de conferencias La coyuntura presente: alternativas y soluciones del Club Siglo XXI, "pero el más repetido y atinado ha sido que su solución no da ni quita votos".


De sus palabras se desprende que el máximo representante de los abogados españoles encuentra importantes lagunas en el sistema judicial y de ahí la petición de un pacto social para regenerar el modelo. "Parece cada vez más imprescindible un pacto social sobre la justicia que, recogiendo el sentir de todos, especialmente de la ciudadanía, acometa definitivamente una acción de regeneración del sistema", según expuso en su ponencia Economía, justicia y derecho de defensa.

Criticó que en un escenario global, tecnificado y digitalizado, exista "una incomprensible falta de coordinación entre los estamentos competentes de Justicia: ministerio, Consejo General del Poder Judicial y las 11 comunidades autónomas que actualmente cuentan con estas competencias" (próximamente, 13).

Fue especialmente duro con el desarrollo informático que estas comunidades están realizando. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española explicó que estos sistemas resultan "incompatibles con los del Ministerio de Justicia y los del Consejo General del Poder Judicial, y con cada uno de las restantes comunidades autónomas". Para Carnicer "ejercer competencias compartidas o superpuestas en la prestación del servicio de justicia entraña una extraordinaria dificultad ". A propósito de esto, el pasado jueves el Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, reconoció que el nuevo portal para los funcionarios de Justicia (http://portalfuncionarios.justicia.es) no podrán usarlo todavía los trabajadores de las 11 comunidades con competencias transferidas, al menos hasta que se firmen los convenios.

Carnicer reconoció el esfuerzo de Justicia con la Nueva Oficina Judicial y la informatización de os órganos judiciales, pero a pesar de ello fue tajante al señalar la lentitud del Tribunal Supremo. "Las resoluciones del Tribunal Supremo merecen el aprecio de la abogacía, pero la justicia no puede seguir siendo un espacio extravagante de actores políticos y judiciales, ni una organización sin líderes con cuatro asociaciones de 2.000 socios".

Fuente: cincodias.com

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