JpD avisa de las "disfunciones" de la Nueva Oficina Judicial y exige que los jueces no sean "meros observadores"

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado las "disfunciones" que, a su juicio, se han puesto de manifiesto en el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial en las ciudades de Burgos y Murcia. Para la organización, resulta "poco razonable" que los jueces no participen de forma activa en el desarrollo del nuevo modelo y se consideren "meros observadores" del proceso, por ello, ha exigido al Ministerio la creación de "un grupo asesor de apoyo" de los magistrados afectados.


JpD ha hecho un llamamiento, en un comunicado, para atajar "con urgencia" las "vicisitudes" de la Nueva Oficina Judicial. "Resulta poco razonable implantar una organización de apoyo sin participación efectiva de los titulares de la actividad destinataria del mismo, ni de sus órganos de gobierno, ni de la comisión asesora mixta designada a tal fin", ha reprobado la asociación, que ha criticado que los jueces se sienten "meros observadores" de un proceso tan "trascendente" para su trabajo diario.

"Celebramos la reacción del CGPJ delimitando un nuevo marco de responsabilidad profesional del juez, acordando, tras constatar la situación y la solicitud de las cuatro asociaciones judiciales al respecto, la inmediata exigencia al Ministerio de Justicia para la imprescindible coordinación en el proceso que se inicia, y la creación de un grupo asesor de apoyo a los jueces afectados", ha dicho.

SOLIDARIDAD CON LOS JUECES DE MURCIA Y BURGOS

Tras ello, ha mostrado su "total solidaridad" con los jueces destinados en Murcia y Burgos y ha reclamado que éstos tengan acceso "permanente" información ya que son coprotagonistas de este "profundo cambio".

Dicho esto, ha solicitado la adopción "urgente" de las medidas oportunas que corrijan las "actuales dificultades" y eviten "a la mayor brevedad" los desfases generados durante la implantación.

Después de criticar el "injustificable" retraso que ha sufrido la creación de las nuevas oficinas judiciales, JpD ha tildado de "inaceptable" que las aplicaciones informáticas, los protocolos de actuación procesal o los acuerdos internos hayan sido acordados "unilateralmente" sin la "mínima participación del poder judicial". En su opinión, los aspectos que afectan a la actividad estrictamente jurisdiccional se debe reservar en favor de los propios magistrados.

Asimismo, ha reclamado la "inmediata" intervención del CGPJ para resolver "adecuadamente" los conflictos de competencias y "fijar las interpretaciones disponibles".

Fuente: La Ley