La falta de funcionarios en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que dirige el juez Santiago Torres, está impidiendo tomar la decisión de enviar una pieza separada del sumario del 'caso Guateque' al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que investigue a varios responsables políticos implicados en la trama de licencias, entre ellos el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo, han informado fuentes jurídicas.Se trataría de la resolución de una petición de investigación en relación al aforado regional López Viejo y otros cargos políticos. En el caso de López Viejo, su implicación estaría relacionada con el expediente de licencia del restaurante 'La Hacienda Argentina', ubicado en la calle Ibiza en el distrito Retiro.
La causa que investiga una trama corrupta de tráfico ilegal de licencias municipales para locales, que cuenta con más de un centenar de imputados, se encuentra paralizada desde hace casi un año con motivo de la incapacidad del juez Torres de practicar las diligencias de investigación solicitadas por las partes por la escasa plantilla de empleados públicos.
Hace más de dos años, el magistrado tramitó una petición de auxilio al TSJM para obtener más medios personales después de que la Comunidad de Madrid le retirara dos funcionarios de refuerzo y no se cubriera una baja de maternidad de una funcionaria en plantilla.
Desde la negativa que recibió entonces, el juez Torres reitera su petición cada seis meses ante la Sala de Gobierno del TSJM. Según las mismas fuentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaría a favor del refuerzo de plantilla, mientras que la Comunidad estaría reticente en el marco de su política de ahorro económico.
Las mismas fuentes han indicado que este Juzgado tramita actualmente más de 1.400 diligencias y tiene causas con 84 presos. Entre los procesos penales que más asfixia a este órgano judicial es la relativo a la 'Operación Yugoslovia', en la que se detuvo en junio de 2009 a 67 miembros de una banda que sustrajo más de 20 kilos de joyas en robos a viviendas.
A estas trabas habría que añadir la negativa de la Comunidad de Madrid de sufragar los peritajes económicos, según han indicado las citadas fuentes. Entre ellos figura la petición de análisis de los ingresos de varios responsables políticos para comprobar si sus movimientos de dinero se corresponden con sus competencias como altos cargos.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior han apuntado que hasta el 31 de enero de 2010 el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid tenía refuerzos y prolongación de jornada de funcionarios. Además, han insistido en que el CGPJ no ha remitido a la Comunidad de Madrid ninguna petición de refuerzo de funcionarios.
En cuanto a los peritajes económicos, han recalcado que, desde que están solicitados, se han remitido cuatro comunicaciones al citado Juzgado en las que se indica que se justifiquen los peritajes para proceder al pago de las facturas. Además, han indicado que la sustituta para cubrir la baja se incorpora este mismo jueves.
"Todo el mundo quiere que se investigue. No hay ninguna obstaculización de la causa, más bien dejación por su parte", han apostillado las citadas fuentes.
La 'Operación Guateque' estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención de 16 personas, entre ellos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales. Los principales imputados son Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos. Además, varios concejales de distrito están implicados en la causa penal.
Fuente: La Ley
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