El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, se ha quedado compuesto y sin transferencias. Un desacuerdo económico de última hora, a causa de las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, ha dado al traste con el traspaso de las competencias de Justicia, cuya gestión estaba previsto que asumiera la Comunidad Autónoma el 1 de enero.Fue el propio Campos el que propuso al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dejar en suspenso el acuerdo de transferencias alcanzado con el Ministerio de Justicia al menos hasta mediados del próximo año, para ver si mejora la situación financiera de la Administración regional o bien Hacienda modifica su postura.
Campos, que entró en el Ejecutivo autónomo en septiembre precisamente para gestionar la recepción de la Justicia, tenía todos los flecos cerrados con el Ministerio de Francisco Caamaño. El coste efectivo estaba tasado en unos 70 millones de euros, a los que se sumaban 4,5 millones más para inversiones como pago único y un millón más para mejoras informáticas.
El consejero se reunió en Madrid el pasado jueves con representantes del Ministerio de Justicia y acordó que la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por ambas administraciones, se reuniera en Murcia para dar carpetazo al proceso, de modo que los decretos de traspaso se aprobaran antes de final de año y Murcia pudiera asumir la gestión a partir de enero.
Sin embargo, según explicó Campos, el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo de traspaso incluía una sorpresa. El departamento de Elena Salgado daba el visto bueno a los términos del acuerdo, pero indicaba que podían verse afectados por la disposición adicional 41 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Según dicha disposición, el Ministerio puede bloquear el pago de convenios a las comunidades autónomas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria los años 2010 y 2011.
Según interpreta el consejero, esto significa que el Gobierno central puede negarse a abonar los 4,5 millones de euros del pago único para inversiones por el incumplimiento de la Comunidad Autónoma del objetivo del déficit presupuestario para este año, algo que ya da por hecho la propia consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.
«No podemos arriesgarnos»
Campos, jurista y fiscal en excedencia, no tiene del todo claro que el Gobierno central pueda hacerlo, ya que la disposición adicional 41 habla de convenios con comunidades autónomas y la transferencia se aprueba por decreto. Pero no quiere arriesgarse.
«No se puede supeditar la financiación de la transferencia al déficit de la Comunidad, porque su presupuesto para el próximo año está muy ajustado y si al final el Ministerio de Hacienda bloquea el pago de los 4,5 millones de euros nos quedamos muy cortos», explicaba el consejero de Justicia.
El problema de la Región de Murcia es que este año ya es seguro que no va a cumplir plan de estabilidad presupuestaria, que fija para 2010 un déficit no financiero del 2,4%. Según los datos publicados el pasado lunes por el Ministerio de Hacienda, el déficit de Murcia a final del tercer trimestre del año ya superaba el 3%. A ello se suma que el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2011 es aún más exigente, del 1,3%.
A causa, precisamente, del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria el PP y el Gobierno regional se vieron obligados a presentar en la Asamblea Regional una proposición de ley con drásticas medidas de recorte del gasto para el próximo año.
En julio, nuevo intento
Ante estas circunstancias, la decisión adoptada por Campos, tras varias consultas con el Ministerio de Justicia y hablarlo con Ramón Luis Valcárcel, ha sido «abrir un paréntesis en la negociación y esperar hasta junio y julio» para ver si, ya con el presupuesto de 2011 en su ecuador, es posible asumir las competencias el 31 de julio sin el riesgo de que la hacienda estatal pueda condicionar el pago de las cantidades económicas pactadas con el Ministerio de Justicia.
El consejero pidió a sus interlocutores en el departamento de Francisco Caamaño suspender la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias y les comunicó que el acuerdo quedaba en suspenso hasta nueva orden.
El consejero confía en que el Ministerio de Justicia respete hasta mediados de año las condiciones económicas pactadas, ya que, aseguró, «las relaciones son excepcionales, el problema que ha surgido nada tiene que ver con ellos y ambas partes estábamos totalmente de acuerdo en todos los detalles».
Campos reitera que el acuerdo con el Ministerio «era muy bueno para Murcia», pero que con las nuevas condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda «sería temerario asumir las competencias». El primero plazo de algo más de dos millones de euros, del total de 4,5 destinados a la mejora de las infraestructuras judiciales, debía abonarse el próximo año. «Esa cantidad es fundamental para nosotros y al día de hoy no era seguro que fuéramos a recibirla», precisa.
Fuente: laverdad.es
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