La Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja ha culminado ayer martes el traspaso a la comunidad de los medios personales, materiales y económicos al servicio de la administración de Justicia, que se hará efectivo a partir del próximo 1 de enero.La Comisión Mixta, presidida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se ha reunido en el Ministerio de Política Territorial para aprobar el traspaso definitivo de las competencias de justicia, que lleva negociándose desde 2003 y ahora ha finalizado con la satisfacción de ambas administraciones, que esperan que mejore el servicio ofrecido a los ciudadanos.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha celebrado el acuerdo que ahonda en la concepción de Estado autonómico contemplada en la Constitución y ha recordado que La Rioja es la comunidad número 12 en asumir estas competencias con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio de justicia "ágil y eficaz".
También ha mostrado su satisfacción el consejero de Administraciones Públicas del Ejecutivo riojano, Conrado Escobar, quien ha destacado el esfuerzo de ambos gobiernos y ha garantizado la colaboración con el Ministerio de Justicia para ofrecer el mejor servicio posible y mantener la calidad a partir del 1 de enero.
El acuerdo establece que La Rioja asumirá a partir del próximo año el ejercicio de las funciones que ha venido desempeñando hasta ahora el Estado para la provisión de los medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de los servicios judiciales, incluidos los Juzgados de Paz.
El acuerdo incluye el traspaso de seis inmuebles, entre ellos la parcela del antiguo hospital militar de Logroño, donde se construirá el futuro Palacio de Justicia. En este sentido, el portavoz socialista, Francisco Martínez Aldama, ha anunciado que el Gobierno se ha comprometido a retirar el recurso jurídico que la Abogacía del Estado había interpuesto contra la decisión del Ayuntamiento de reservar toda la parcela del antiguo hospital para uso judicial.
El traspaso incluye también 352 puestos de trabajo, en los que se incluye parte de los efectivos de la Gerencia Territorial. En materia económica, el coste efectivo del acuerdo es de 16 millones de euros, a los que hay que añadir 24,1 millones que el Ministerio de Justicia aportará por una sola vez para la construcción del Palacio de Justicia, así como otros 1,5 millones para inversiones en nuevas tecnologías.
Fuente: Europa Press
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