Los funcionarios de Justicia de Ciudad Real, los más combativos en la huelga de 2008, vuelven a plantar cara y echan un pulso al Ministerio de Francisco Caamaño, a quien exigen que suspenda la implantación de la nueva Oficina Judicial en Ciudad Real ante el «estrepitoso» fracaso del proyecto en Burgos y Murcia. La gota que ha colmado el vaso en Ciudad Real ha sido que al llevarse a cabo el proceso de reorganización y acoplamiento de los funcionarios a los nuevos puestos, el Ministerio «incumple la legalidad y las normas, recolocando o confirmando a los trabajadores forzosamente sin respetar la antigüedad exigidos», según el STAJ.
Ciudad Real está en la lista y la previsión es que entre en funcionamiento el próximo enero. Para evitarlo, los funcionarios protagonizaron el lunes la que se presume va a ser la primera medida reivindicativa, ya que si su petición no obtiene la respuesta que esperan volverán a la carga.
Aseguran que no están en contra de que el sistema judicial mejore porque ellos son los más interesados. Pero, a juzgar por la información que les llega de Burgos y Murcia, no va a ser así. «En lugar de agilizar los trámites, que es lo que se persigue, se retrasan en el tiempo», afirmaron los representantes sindicales de los funcionarios. Y para muestra un botón. «Ahora la solicitud de una sentencia se puede conseguir al momento o al día siguiente, pero con el nuevo modelo de oficina puede tardar veinte días o más porque primero se registra en el servicio común general, luego pasa al servicio común de ordenación del procedimiento, pero como en este servicio no se encuentran los libros de sentencias se debe remitir a la UPAD donde se dictó el fallo y que tiene los libros. Desde aquí se tiene que llamar a un auxiliar administrativo del servicio común general para que haga las fotocopias de la sentencia y después tiene que volver al servicio común de ordenación del procedimiento para más tarde enviársela a la persona». Así lo aseguró José García Muñoz, quien afirmó que la implantación de la nueva oficina está siendo un «caos» por la tremenda falta de organización y coordinación, de formación del funcionariado y la escasez de medios humanos y técnicos. Los sistemas informáticos siguen sin funcionar como deberían.
El presidente de la Junta de Personal aseguró que se vulneran los derechos y se quedan en «total indefensión».
Fuente: latribunadeciudadreal.es
Ciudad Real está en la lista y la previsión es que entre en funcionamiento el próximo enero. Para evitarlo, los funcionarios protagonizaron el lunes la que se presume va a ser la primera medida reivindicativa, ya que si su petición no obtiene la respuesta que esperan volverán a la carga.
Aseguran que no están en contra de que el sistema judicial mejore porque ellos son los más interesados. Pero, a juzgar por la información que les llega de Burgos y Murcia, no va a ser así. «En lugar de agilizar los trámites, que es lo que se persigue, se retrasan en el tiempo», afirmaron los representantes sindicales de los funcionarios. Y para muestra un botón. «Ahora la solicitud de una sentencia se puede conseguir al momento o al día siguiente, pero con el nuevo modelo de oficina puede tardar veinte días o más porque primero se registra en el servicio común general, luego pasa al servicio común de ordenación del procedimiento, pero como en este servicio no se encuentran los libros de sentencias se debe remitir a la UPAD donde se dictó el fallo y que tiene los libros. Desde aquí se tiene que llamar a un auxiliar administrativo del servicio común general para que haga las fotocopias de la sentencia y después tiene que volver al servicio común de ordenación del procedimiento para más tarde enviársela a la persona». Así lo aseguró José García Muñoz, quien afirmó que la implantación de la nueva oficina está siendo un «caos» por la tremenda falta de organización y coordinación, de formación del funcionariado y la escasez de medios humanos y técnicos. Los sistemas informáticos siguen sin funcionar como deberían.
El presidente de la Junta de Personal aseguró que se vulneran los derechos y se quedan en «total indefensión».
Fuente: latribunadeciudadreal.es
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