La Rioja: Las incógnitas del traspaso

A partir del próximo 1 de enero 327 funcionarios de Justicia se integrarán en la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma y, aunque todavía es temprano para valorar cómo les repercutirá el traspaso, el presidente del Gobierno de La Rioja es tajante: «No les va a afectar en nada». La única diferencia que van a apreciar es que su nómina la pagará a partir de entonces la Administración autonómica y no la central como viene haciendo hasta ahora.


En cuanto a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, cuyo desarrollo recae en el titular de las transferencias, Pedro Sanz prefiere no pronunciarse por el momento y apela a la prudencia al menos hasta la firma del traspaso prevista el próximo 28 de diciembre en Madrid. Por ahora, el Ministerio ha invertido dos millones de euros en los últimos cinco años con el objetivo de poner en marcha este nuevo sistema de organización el próximo mes de febrero, pero el anuncio del traspaso de la gestión de Justicia puede retrasar una vez más su creación y de momento la incógnita continúa sin despejarse.

«No hay que precipitarse», reitera el presidente del Gobierno de La Rioja para recalcar a renglón seguido que lo importante es que, una vez que la Justicia esté en manos regionales, ésta «sea más ágil y más cercana, que tenga medios de todo tipo y que los jueces puedan dedicarse a impartir justicia y dejar la gestión en la que a veces se tienen que meter por falta de medios». En definitiva, asegura que no escatimarán esfuerzos para dotarla de los mejores medios técnicos posibles.

Desde el Tribunal Superior de Justicia, su presidente, Ignacio Espinosa, que continuará dependiendo del Consejo General del Poder Judicial, califica de «positivo» el anuncio del traspaso. Una noticia que, de acuerdo con sus datos, se viene arrastrando desde el 2003 «cuando ya se nos habló de la posibilidad de que en el 2004 hubiera transferencias». Cuando éstas sean efectivas, cree que se «conseguirá acercar la Justicia al justiciable y el justiciable es el ciudadano».

Otro de los factores «beneficiosos» es la proximidad de su interlocutor a partir del 1 de enero. Desde esa fecha recurrirá a la Comunidad Autónoma para plantear las necesidades de la Justicia en La Rioja, que a su vez las expondrá en la Comisión Mixta, integrada además por el Ministerio y el CGPJ. Hasta ahora «tenía que ir a Madrid y el 50% de mi exposición lo dedicaba a contar lo que sucede en esta región y luego a pedirles lo que necesitábamos», explica.

Fuente: larioja.com