Aragón: Los tribunales deben revisar las penas de cientos de reclusos

Los jueces aragoneses deberán revisar cientos de condenas por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal el 23 de diciembre, que reduce las penas de algunas variantes del tráfico de drogas, los delitos del top manta al por menor, varios tipos de estafa, los daños provocados por piratas informáticos y las infracciones de seguridad vial. Paralelamente, endurece el tratamiento penal de algunos delitos sexuales, el cohecho, el narcotráfico por grupos organizados y el blanqueo de dinero sucio de la droga.


Los agravamientos no comportarán revisiones, ya que solo tienen carácter retroactivo las modificaciones beneficiosas para el reo.

La cárcel de Zuera custodia a algo menos de 1.700 internos. Su población era esta semana de 1.895, incluyendo los alrededor de 60 presos en régimen abierto del Centro de Inserción Social de Huesca y los más de 120 que pernoctan en el de Torrero.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que más de la cuarta parte de los presos que cumplen condena en España --el 27,5%-- lo hacen por delitos contra la salud pública. Son el segundo grupo, solo superado por los reos de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que suponen el 41,56% del total y una parte de los cuales comete robos y atracos por la necesidad de obtener dinero para costearse su adicción.

ESTIMACIÓN

La extrapolación de ese dato a la población penitenciaria de Zuera indica que allí cumplen condena por narcotráfico entre 450 y 500 presos, entre los que se halla el grueso de posibles beneficiarios de la reforma.

Los jueces y tribunales aragoneses todavía no han comenzado a revisar las sentencias, si bien fuentes jurídicas sostienen que deberían hacerlo de oficio porque los reclusos deben pasar a su nueva situación penológica el próximo 23 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma.

Con todo, en Zuera ya había esta semana quien sabía qué día sale --por habérsele rebajado de nueve años de prisión a seis la pena que cumple por narcotráfico-- y quien ya intuye que va a tener que buscar abogado para pleitear porque la Fiscalía se opone a reducir de seis años a cuatro y medio su pena en aplicación del principio de proporcionalidad. En ambos casos se trata de reos condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, que sí ha comenzado a revisar, tanto de oficio como por petición de los afectados, las penas dictadas por los jueces y tribunales de su territorio que siguen vigentes.

VIGENCIA

Sus resoluciones incluyen una cláusula por la que la vigencia de las revisiones se pospone a la víspera de Nochebuena. Es decir, que si una condena de nueve años por tráfico de droga se reduce a seis y el reo lleva siete cumplidos, ese día saldrá libre.

Aragón será uno de los territorios que no puedan beneficiarse del precepto incluido en la reforma para agilizar las revisiones. El texto habilita al Consejo General del Poder Judicial para encomendar el repaso de las condenas firmes a uno de los juzgados de lo Penal o secciones de la Audiencia exclusivamente dedicados a ejecuciones. No hay ninguno en la comunidad aragonesa, por lo que cada tribunal deberá revisar las emitidas por él mismo.

La reforma penal incluye una novedad relacionada con el modo de abono de la prisión preventiva sobre la pena final al eliminar el llamado dos por uno, es decir, la posibilidad de aplicar el periodo de encarcelamiento cautelar a más de una condena de forma simultánea.

Por otro lado, elimina el llamado periodo de seguridad, que solo se aplicará de oficio a los delitos de terrorismo, abuso y agresión sexual a menores de trece años, uso de menores en espectáculos porno y difusión de imágenes pedófilas. Esta medida impedía a los condenados a más de cinco años de prisión acceder al tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena. No obstante, el tribunal puede aplicarlo si lo piden la Fiscalía o la acusación particular.

Fuente: elperiodicodearagon.com