viernes, abril 30, 2010

Cataluña: Los sindicatos de Justicia convocan una huelga para el 3 de junio

Los sindicatos de la Administración de Justícia –CSIF, UGT, CCOO y STAJ– acusan a la Conselleria de “falta de voluntad” para negociar con ellos la nueva estructura y organización judicial de Cataluña. Por ello, han convocado manifestaciones para el 5 y 20 de mayo y una jornada de huelga general para el 3 de junio.


A través de un comunicado, los cuatro sindicatos expresan su frontal “rechazo” a la medida anunciada por el Departamento de Justicia que prevé la supresión de como mínimo 85 puestos de las cuatro Audiencias Provinciales, así como de las Salas Contenciosas del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados Contenciosos de Barcelona. Unos puestos de trabajo “clave” y “necesarios” para el buen funcionamiento de la administración y que de producirse supondrán “un mayor colapso” de estos órganos, añaden.

Aseguran también que temen que esta supresión de puestos de trabajo se amplíe a otros centros de trabajo que se encuentran ya en una situación de “colapso crónico desde hace décadas”. En este mismo sentido, los sindicatos denuncian que los últimos órganos judiciales creados en Cataluña a finales del año pasado “no se han dotado del personal suficiente para su funcionamiento”. Ponen como ejemplo los casos del Juzgado numero 8 de Rubí “que funciona con la mitad de la plantilla prevista” o muchos juzgados de lo penal de Barcelona “que trabajan con una plantilla de dos funcionarios”.

Finalmente, los representantes sindicales denuncian también “la falta de voluntad” del Departamento de Justicia por negociar el Decreto sobre estructura y organización judicial de Cataluña que tiene que determinar los nuevos órganos judiciales.

Por todo esto, STAJ, CSIF, UGT y CCOO convocan un nuevo calendario de movilizaciones que empezarán el próximo 5 de mayo con la convocatoria de una asamblea y concentración delante del Palau de Justícia de Barcelona y otra movilización para el próximo 20 de mayo.

Fuente: La Mañana

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jueves, abril 29, 2010

Sevilla: La Junta señala Los Gordales como la única opción para la Ciudad de la Justicia

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, aseguró que ya ha empezado a trabajar para lograr que se desbloquee el recurso que sobre los terrenos de Los Gordales, donde se prevé que se ubique la Ciudad de la Justicia, tiene el Gobierno central.


Así lo anunció en rueda de prensa, destacando que ha hablado de ello con la subsecretaria del Ministerio e Economía, Juana Lázaro y con el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. «Les he dicho que sería bueno que se produjese una reunión entre el Gobierno y el Ayuntamiento para buscar el desbloqueo» afirmó el consejero insistiendo en que la parcela de Los Gordales, de más de 40.000 metros cuadrados, será la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla puesto que así se comprometió con los operadores jurídicos de la ciudad cuando se reunió con ellos hace unos días. «Espero que mis gestiones tengan una respuesta positiva y ese encuentro será el primer paso para empezar a busca soluciones», dijo el consejero que, sin embargo, todavía no tiene fecha fijada para ese proyecto.

Después de que su antecesora en el cargo, la ex consejera de Justicia Begoña Alvarez, diera como fecha de inauguración del primer edificio el año 2012, Pizarro no quiso poner fecha a un proyecto que, admitió, «lleva demasiado tiempo». En este sentido el titular de Gobernación y Justicia recalcó que espera que la Ciudad de la Justicia «no se convierta en una quimera» y descartó cualquier otra ubicación de las apuntadas por los operadores jurídicos. «El compromiso es Los Gordales y no vamos a reabrir un debate que ya se cerró», recalcó.

El Puerto no será problema

Por otra parte, la Autoridad Portuaria aprobó retirar el recurso contra el plan parcial de Los Gordales e iniciar los trámites para la solicitud de desafectación de los suelos al Ministerio de Fomento y su posterior inclusión en el órgano gestor del citado plan, con lo que quedaría desbloqueado uno de los conflictos sobre el suelo donde debe ubicarse la Ciudad de la Justicia. Así, según informó Puerto de Sevilla en un comunicado, «consolidado el reconocimiento por el Ayuntamiento de Sevilla de la inclusión de cuatro hectáreas de suelo dominio público portuario en el SOU-DR-01 Los Gordales, se ha acordado el procedimiento administrativo de incorporación de la Autoridad Portuaria de Sevilla».

Fuente: ABC.es

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miércoles, abril 28, 2010

Vigo: La falta de espacio para juzgados obliga a buscar sitio en los viejos calabozos

La falta de espacio en los juzgados de Vigo y el retraso en las expropiaciones de los terrenos de la futura Ciudad de la Justicia han obligado al juez decano de Vigo, Germán Serrano, a buscar soluciones para ubicar los próximos tribunales que se creen en la ciudad. Agotada la última zona libre del ático del viejo edificio judicial, solo queda disponible el semisótano, donde están ubicados los viejos calabozos, que almacenan ahora pruebas judiciales, y el antiguo juzgado de guardia.


El juez decano recorrió los viejos calabozos, acompañado de altos cargos de la Fiscalía y de la delegada de la Xunta en Vigo, Lucía Molares. Propone reorganizar los tabiques y aprovechar los amplios pasillos para ganar sitio para uno o dos juzgados. El tiempo apremia porque el Poder Judicial podría aprobar un nuevo tribunal de Primera Instancia en Vigo a finales de diciembre para aliviar la carga de pleitos de la crisis.

El último espacio disponible lo agotó el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Ocupa la casa del personal de mantenimiento en el ático. Carece de un acceso directo pero comenzaron las obras para elevar hasta allí una parada de ascensor. Además, está previsto ampliar la sala de notificaciones para adaptarla a la nueva ley de la oficina judicial que entra en vigor el 4 de mayo y crear un habitáculo cerrado en la oficina de atención a las víctimas para proteger su intimidad.

La solución a la falta de espacio libre pasa por construir la Ciudad de la Justicia, que consiste en un tercer edificio en la calle Lalín. El proyecto está bloqueado porque el Concello no ha iniciado las expropiaciones de las parcelas de O Chouzo. En previsión de que las obras sigan paralizadas, la Xunta se da de plazo hasta el verano antes de decidir si traslada el Registro Civil desde su actual ubicación en los juzgados al centro, al Casco Vello o al antiguo Rectorado en Areal. Así, ganaría sitio para uno o dos juzgados más.

Lucía Molares indicó que la Xunta tiene un dinero (15 millones) en la mesa para invertir en la Ciudad de la Justicia y recordó que, el pasado noviembre, el alcalde se comprometió por carta a expropiar el suelo.

Fuente: lavozdegalicia.es

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martes, abril 27, 2010

Canarias: STAJ y otros sindicatos denuncian ''ilegalidades'' en la selección de interinos en juzgados

Cobas Canarias, CCOO, UGT, CFIC Justicia, IC y STAJ denunciaron que la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias "comete ilegalidades en el proceso de selección del personal interino para prestar servicios en los juzgados y tribunales de Canarias".


El personal interino de la administración de Justicia de Canarias representa entre el 50 y el 60 por ciento del total y las listas se elaboran para establecer una relación de personal que podrían ocupar las plazas que queden vacantes.

Las listas se elaboran en función de determinados requisitos y para elaborar la provisional la Dirección General de Justicia contrató una empresa privada, que, según, dijeron ayer los representantes sindicales, no ha respetado los criterios de la comisión de selección sino los que les puso la administración autonómica.

La lista provisional ha dado como resultado que se presenten unas seis mil reclamaciones, con lo que no se cumplirán los plazos para que salga la relación definitiva, según dijeron los representantes sindicales.

Critican que la Dirección General de Justicia actúe en contra de las normas que emite, pues la comisión de selección tiene potestad para establecer los requisitos de los interinos y la administración se la niega.

Lo lógico, afirmaron los representantes sindicales, hubiera sido que los miembros de la comisión de selección hubieran realizado el proceso para establecer al lista de interinos, ya que afirmaron que tienen atribución legal para ello.

Las centrales sindicales consideran que la "gravísima situación" puede desencadenar en una paralización de la Administración de Justicia en Canarias, que a juicio de los sindicatos se encuentra en un "estado de deterioro".

Fuente: canarias24horas.com , ABC.es

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Venezuela: Las consecuencias de la politización de la Administración de Justicia

“El día que me meten presa considero que el sistema de administración de justicia independiente falleció“, dijo la jueza María Lourdes Afiuni en su pequeña celda iluminada con luz natural, en una cárcel de mujeres en la ciudad de Los Teques, vecina de Caracas. Detenida en una prisión a la que ella ha enviado varias convictas, dijo que el sistema judicial venezolano teme ahora hacer dictámenes que irriten al presidente Hugo Chávez. Sus adversarios lo acusan de autocrático.


El mandatario ha incrementado su influencia en el Poder Judicial desde que llegó a la presidencia en 1999, lo que ha sido denunciado por organismos internacionales, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, cuya conformación fue alterada años atrás por la Asamblea Nacional que domina el “chavismo”.

Afiuni está separada de la población general de reclusas y usa en secreto la red social Twitter para comunicarse con el mundo exterior, pero asegura que ha recibido amenazas contra su vida.

La policía la arrestó en diciembre, luego de que liberó con prohibición de salida del país y régimen de presentación a un banquero acusado de corrupción que tenía tres años en detención preventiva, uno más de lo que permiten las leyes del país.

Chávez dijo en televisión que ella debía estar encarcelada por 30 años, la pena máxima del país, y dijo que en la época fundacional de Venezuela la hubieran fusilado.

“Mi detención sirve como amenaza a los jueces”

“Mi detención sirve como amenaza a todos los jueces, la mayoría tiene miedo”, dijo Afiuni sentada en un borde de su litera y fumando en lo que admite que es la “mejor suite” de la prisión, sin compañeras y con su propia ducha.

Las cárceles venezolanas están entre las más peligrosas del continente y cada año mueren cientos de personas en violentos enfrentamientos entre internos.

“Poco a poco se va politizando el sistema de administración de justicia”, dijo.

La acusación dice que la jueza permitió la evasión del banquero Eligio Cedeño sin advertir su salida a los fiscales, lo que le permitió escapar a Estados Unidos, donde permanece actualmente. Ella asegura que actuó ajustada a derecho.

“Sabía que este caso me iba a traer problemas (…) pensé que me suspenderían, me investigarían, pero jamás que me detendrían”, puntualizó.

“Vida amenazada”

En sus primeros días en la prisión, ubicada en una colina, algunas reclusas amenazaron con quemarla y en otras ocasiones en que las prisioneras entraron al pasillo donde está su celda dijeron que cortaría su cara y sacarían sus ojos, cuenta.

Defensores de derechos humanos dicen que Afiuni debe ser liberada bajo fianza y que su vida estará amenazada mientras permanezca en prisión. Expertos de Naciones Unidas dicen que su encarcelamiento socava el estado de derecho.

La Fiscalía afirma que está encarcelada en condiciones adecuadas. Su celda cierra por dentro con una frágil cerradura que se ha roto varias veces con un empujón.

En una ofensiva contra la oposición, varias figuras públicas han sido detenidas, incluso por opinar.

“Ya no guardan ni las formas, están más descarados”, dijo Afiuni respecto a la detención de Oswaldo Alvarez Paz, uno de los líderes del pequeño partido político Copei que acusó al Gobierno de Chávez de estar vinculado a grupos subversivos.

Afiuni explicó que basó la liberación a Cedeño en argumentos de Naciones Unidas sobre que el banquero tenía derecho a ser juzgado en libertad.

La primera audiencia de la jueza fue postergada para el 3 de mayo porque Chávez celebraba una parada de milicianos en las cercanías de los tribunales.

Se comunica a través de Twitter

Afiuni, que tiene una hija de 18 años de edad y vivía con sus padres antes de ir a la cárcel, dice que solía ser dura, pero que la prisión la cambiado su visión de la profesión.

Ahora tiene buenas relaciones con las reclusas de las siete celdas de su pasillo, incluyendo a una que lleva cuatro años presa sin jucio por un caso de secuestro y asesinato.

“No vuelvo a ser la misma jueza”, dice. “Yo era de los jueces que internamente decía ‘que se pudran’”, agregó. “Muchas personas tienen derecho de ser juzgado en libertad”, dijo.

Afiuni afirma que las autoridades de la prisión la han tratado bien en general, pero que se siente sola al no participar en actividades grupales temiendo por su vida.

Pero pese a la prohibición de tener teléfonos celulares en las cárceles, la jueza ha logrado reunir casi 10.000 seguidores en twitter (@mariafiuni).

Y quizás por su creciente presencia en internet, Afiuni dice que no descarta postularse a la elección legislativa de septiembre. En Venezuela los diputados tienen inmunidad y ella dice que su caso sería suspendido mientras ejerza el cargo.

Fuente: SUONTRAJ

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lunes, abril 26, 2010

Madrid: Justicia gratuita sólo para quien lo necesite

La Comunidad ha decidido poner coto a los abusos de la Justicia gratuita. El repunte del gasto que genera este servicio regional y el colapso de los expedientes ha llevado al Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre a elaborar un decreto que modificará los requisitos para acceder a un abogado de oficio de forma gratuita. Así lo anunció el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que adelantó que el decreto se pondrá en marcha antes del verano.


A partir de entonces, se racionalizará la gestión actual y se hará cumplir escrupulosamente la ley que establece que tendrán derecho a la Justicia gratuita aquellos que demuestren insuficiencia de ingresos. Y es que, actualmente, en la práctica, no se justificaba en todos los casos este hecho, lo que ha provocado un incremento exponencial del gasto destinado a esta función, que hoy supera los 50 millones de euros anuales, mientras que en 2002, cuando se reguló este servicio se presupuestó en nueve millones de euros.

De este modo, una vez entre en vigor el nuevo decreto desaparecerá la presunción de insuficiencia de ingresos por parte de los abogados.

Además, a partir de verano, será necesario que los abogados presenten siempre una acreditación en la que se especifique que recurren una resolución «por mandato expreso» del cliente. Un permiso que hasta ahora no era necesario y que ha provocado «muchos abusos» en el sentido de que algunos abogados seguían recurriendo las causas de sus clientes (y por tanto cobrando minutas y «colapsando» la Justicia) sin su consentimiento.

Revisión de facturas

Asimismo, se requerirá, con mayor rigor, a los letrados las facturas para tramitar los pagos, con el fin de establecer un mayor control de las cantidades que destina la Comunidad.

Por último, el decreto también modificará la asistencia en los juicios rápidos, como los de Tráfico, que han aumentado exponencialmente en el último tiempo. De tal modo, que únicamente se prestará asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos.

Fuente: larazon.es

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Extremadura: Los asuntos judiciales crecen en 5 años dos veces más que el número de juzgados

Los asuntos que ingresan anualmente en los tribunales extremeños se han incrementado un 24,5% en cinco años, pero no ha crecido en la misma proporción el número de órganos judiciales con que cuenta la Comunidad. De hecho, las causas ingresadas han aumentado dos veces más que los órganos, pues mientras estos han pasado de los 75 existentes en el 2005 a 84 al cierre del ejercicio 2009 (un 12% más), el número de asuntos que ingresaron en estos el año pasado ascendieron a 171.198, lo que supuso 33.742 más que los registrados hace cinco años (un 24,5% más).


Pero aún es mayor la diferencia si se habla de asuntos tramitados cada año, esto es, los que ingresan nuevos en cada ejercicio más los que al inicio de cada uno hay pendientes del anterior, pues en este caso los asuntos que los jueces y magistrados extremeños tramitan han aumentado tres veces más que los órganos judiciales. Las causas tramitadas en los últimos cinco años se han incrementado en un 31% --de 162.192 tramitadas en el 2005 se pasó a 212.710 el año pasado, 50.518 más que hace cinco años--.

Son datos que se desprenden de las memorias sobre la actividad judicial por territorios, en este caso el de la comunidad extremeña, de que dispone el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que avalan las peticiones de más juzgados para la región que vienen planteando en los últimos años desde los representantes de los trabajadores hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado.

De hecho, en la presentación de la memoria 2008 ya reconocía el presidente el "notable incremento" que de año en año se registra en el total de asuntos "tramitados por nuestros juzgados", algo que se sigue poniendo de manifiesto en la última memoria, la correspondiente al 2009, ya facilitada por el CGPJ.

El incremento de asuntos, así lo prueban los datos, se sigue produciendo: En el 2006 los tribunales extremeños asumieron 171.682 --26.387 pendientes del año anterior y 145.295 nuevos, ingresados a lo largo del año--, al año siguiente asumieron 175.141 --28.788 pendientes del 2006 y 146.353 nuevos--, en el 2008 la cifra se elevó a 184.489 --31.489 del año anterior y 153.347 nuevos-- y el año pasado, últimos datos facilitados por el CGPJ, el número de asuntos que tramitaron los tribunales extremeños se elevó hasta los 212.710 --41.512 pendientes del 2008 y 171.198 ingresados en el año--.

DISTINTA PROPORCION

Los asuntos que tramitan los jueces y magistrados extremeños se incrementan, y también lo han hecho los órganos judiciales, pero en este caso, y como ya se ha indicado, en muy distinta proporción.

Lo avalan también los datos, pues frente a los casi 33.800 casos más registrados el año pasado con respecto al 2005, en estos cinco años los órganos judiciales solo se han visto incrementados en 9 nuevos juzgados --en el 2006 se crearon cuatro nuevos, pasándose de los 75 existentes en el 2005 a 79, uno más se sumó en el 2007 (80), dos más en el 2008 (82) y otros dos se crearon el año pasado (84)--.

Este hecho lo pondría asimismo de manifiesto en la presentación de la última memoria el presidente del TSJEx, quien tras reconocer carencias como que en la región hubiera 12 juzgados vacantes, "órganos que no tienen juez titular, sino sustitutos", o que en torno al 60% de los funcionarios fueran interinos, estimó "necesario" ampliar la Planta Judicial del territorio con más juzgados.

Señalaba entonces Márquez de Prado que sería necesario crear "a corto plazo" un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Badajoz y otro en Cáceres, y también "conveniente" un Juzgado de lo Social en Badajoz y uno más de primera instancia en Plasencia y en Mérida. Y además, reiteraba demandas ya incluidas en las memorias de años anteriores, como la necesidad de crear "a medio plazo" un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para la Comarca de la Vera; nuevos juzgados de primera instancia en Llerena, Villafranca, Villanueva de la Serena, Coria, Zafra, Olivenza y Navalmoral; y de Violencia sobre la Mujer en Cáceres.

POCA CONGESTION

Pero necesitándose, en opinión de todos, más órganos judiciales ante el claro incremento de los asuntos que anualmente se tramitan en los 84 existentes, las estadísticas ponen de manifiesto un hecho también reconocido, que la Justicia extremeña funciona bien.

El presidente del TSJEx viene manteniendo desde hace ya tiempo que la Justicia extremeña "goza de buena salud", que el funcionamiento de sus órganos "es muy aceptable"; apreciaciones que compartiría hace apenas unos meses la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, al asegurar durante una visita a Cáceres para la firma de un convenio con la Asociación de la Prensa, que es "de las menos congestionadas" en la resolución de litigios.

Son afirmaciones de responsables de la Justicia que avalan los resultados del último ejercicio judicial, los cuales ponen de manifiesto que pese a que el número de asuntos que tramitan los juzgados sigue aumentando, los pendientes bajan. De hecho, mientras que los ingresados a lo largo del 2009 se incrementaron casi un 12% con respecto a los del año anterior --en el 2009 ingresaron 17.851 asuntos más que en el 2008, se pasó de 153.347 a 171.198--, las diferencias en los pendientes al cierre de los ejercicios comenzó a bajar.

Los tribunales extremeños cerraron el pasado ejercicio con 47.137 asuntos aún en trámite, lo que supuso 5.122 casos pendientes más que con los que se había cerrado el 2008. Pero pese a este incremento, la diferencia de asuntos pendientes con respecto a ejercicios anteriores se redujo a la mitad, ya que el 2009 se cerró con 5.122 asuntos pendientes de tramitación más que en el 2008, pero es que este año se había cerrado con 10.026 más que en el 2007.

Por jurisdicciones, en la que más asuntos quedaron pendientes de tramitar a final del último ejercicio, el del 2009, fue en la Civil (juzgados de lo mercantil, primera instancia, familia...) con 20.511, y casi con una cifra similar de casos pendientes (19.762) se cerró el 2009 en la jurisdicción penal. Contencioso-Administrativo cerró el año pasado con 4.105 asuntos en trámite y Social lo hizo con 2.759.

Fuente: elperiodicoextremadura.com

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Los españoles quieren ver a Garzón rendir cuentas en el banquillo

Muy al contrario de la teoría conspiranoica que ostentan algunos medios y sectores afines para defender a Baltasar Garzón de las causas que penden sobre su cabeza, la gran mayoría de los ciudadanos de a pie está a favor de sentar al ex juez estrella en el banquillo. Según se desprende de la encuesta elaborada por NC Report, el 58,4% de los ciudadanos cree que hay que respetar la labor del Tribunal Supremo y dejarse de "manías persecutorias" en su contra. De hecho, el 50,7% de los consultados rechaza la teoría de la conspiración contra Garzón que ha arrojado ríos de tinta en las últimas semanas.


De hecho, el Supremo ha recibido graves críticas de segmentos cercanos al magistrado por admitir querellas en su contra (como las de Manos Limpias o la Falange). Sin embargo, el 49,7% de los encuestados califica como "mal" y que se ponga en tela de juicio al alto tribunal por su instrucción contra Garzón.

Qué decir de la opinión que merece entre el respetable las manifestaciones públicas del denominado "mundo de la cultura" a favor de Garzón. Hasta el 56,5% opina que se está politizando el caso, frente a un 32,2% que cree que no hay politización alguna.

Cabe destacar, en esta línea, que el propio abogado de Garzón señaló hace unos días que no le gustan estas campañas porque perjudican su defensa. Así, el 48,9% de los ciudadanos están en sintonía con la defensa del juez y creen que estas protestas en apoyo del imputado no hacen sino perjudicarle. El 18,9% piensa que le podrían beneficiar de alguna manera y un 22,7% que no le afecta en ningún sentido.

Frente a las teorías de persecución, un 55,2% están convencidos de que Garzón contará con todas las garantías de un estado de derecho, frente a un 31,4% que no lo cree. Eso sí, de enfrentarse a un juicio, el 78,6% piensa que será tratado por la Justicia como ciudadano más, sin privilegios. En esta línea, el 61,4% ve inevitable que Garzón acabe yendo a juicio.

Fuente: elsemanaldigital.com

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Alicante: Una empresa construirá la Ciudad de la Justicia a cambio de un canon y gestionar servicios

Una empresa privada construirá la Ciudad de la Justicia de Alicante, adelantando el dinero -se estima que serán unos 42 millones-, mediante un modelo de "contratación público-privado", a cambio de la "gestión de todos aquellos servicios que no sean de carácter judicial" y del pago de "un canon anual" todavía por parte de la Generalitat, aún pendiente de pactar. Así lo anunció el secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré.


Cabré, se reunió con los jueces de Alicante para explicarles las líneas maestras del Plan Director de Modernización Integral de la Administración de Justicia. El desarrollo de este proyecto está condicionado a la aplicación en Alicante de la nueva oficina judicial, una reforma que entrará en vigor el próximo 4 de mayo. El Consell prevé ir aplicándola en cuatro fases, la última en Alicante a la espera de que se termine el edificio.

Según las fechas facilitadas por el Consell, la Ciudad de la Justicia tendría que estar terminada en junio de 2013. Pero para ello, debe redactarse el proyecto de aquí a final de año y sacar a concurso las obras y cerrar un acuerdo sobre qué servicios se darán a la empresa.

El método es el mismo que se ha usado con la Ciudad de la Justicia de Elche, y se trata de un sistema de financiación habitual en otro tipo de infraestructuras, como son las carreteras y las autopistas.

Los servicios que podría asumir la firma que se haga cargo de las obras son la explotación del aparcamiento, la limpieza del edificio, la gestión de los servicios informáticos, la seguridad y también se prevén algunos locales comerciales como cafetería, restaurante, kioscos de prensa y librerías jurídicas. Otro de los servicios que se está barajando es el de guardería para ser usado tanto por los funcionarios como para las personas que necesiten alguna gestión en el juzgado y no tengan dónde dejar a los niños.

"Fórmulas imaginativas para tratar de abaratar el coste de las obras del edificio", explicó el secretario autonómico de Justicia. La duración de este contrato podría oscilar entre los veinte y los cuarenta años. Asimismo, Cabré puntualizó que cualquier retraso en la ejecución de las obras podría suponer recortar la asignación anual del canon a pagar.

Fuente: levante-emv.com

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miércoles, abril 21, 2010

El Ministerio de Justicia invertirá en Cantabria un euro por cada uno de los que se destinen a modernización

El Ministerio de Justicia invertirá en Cantabria un euro por cada uno de los que destine el Ejecutivo regional a modernización tecnológica entre este año y el 2012, gracias al convenio ‘Ius+Red’ suscrito entre el titular de Justicia, Francisco Caamaño, y el de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en presencia de los once consejeros de las Comunidades con competencias en la materia, al que Cantabria se adherirá próximamente.


Este acuerdo, permitirá, según el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, "reforzar las inversiones en un ámbito estratégico para el Gobierno de Cantabria". Un área que "vive un momento clave", por la concurrencia de diversos proyectos puestos en marcha desde que el 1 de enero de 2008 se asumió la competencia sobre los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.

Así, la cuantía aportada por el Ejecutivo central, que en Cantabria llegará al máximo fijado para nuestra región, 500.000 euros, se destinará a complementar las inversiones que realizará el Gobierno regional para la implantación del proyecto ‘Vereda’, que permitirá la teletramitación del expediente judicial en todos los escenarios de trabajo, y que constituye, ha dicho Mediavilla, la "columna vertebral de todos los proyectos que se acometan en la región en este ámbito".

Además, permitirá concluir también el despliegue del sistema de grabación digital en las salas de vistas y la instalación de los denominados ‘kioskos digitales’, para la expedición de certificados –de nacimiento y matrimonio, entre otros-- que hasta ahora sólo podían obtenerse en los registros civiles.

Esta última actuación permitirá, ha explicado el consejero, "descongestionar el servicio relacionado con la Justicia más demandado por los ciudadanos" y demuestra que la aplicación de las nuevas tecnologías a este ámbito "es no sólo necesaria, sino imprescindible". "Invertir en Justicia es invertir en progreso", ha enfatizado Mediavilla, para quien el compromiso del Ejecutivo regional con la modernización de la Justicia es "máximo".

Otro de los proyectos que se acometerá será la implantación de un sistema de firma digital para las vistas de los juicios, que permitirá a los secretarios judiciales rubricarlas telemáticamente.

Encuentro a tres bandas

El consejero, además de asistir a la firma del convenio, ha participado en dos encuentros, uno entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, y un segundo al que se ha sumado, además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este último, las once Comunidades con competencias han reclamado su papel en la Administración de Justicia desde un "plano de igualdad".

Para Mediavilla, es necesaria la "coparticipación" de todos los agentes implicados para lograr una "modernización real" de esta Administración y conseguirla de un modo "más ágil".

Por otra parte, ha celebrado la "oportunidad" que supone el momento elegido para poner en marcha este acuerdo.

"Estos dos años de vigencia inicial del Ius+Red coinciden con la culminación de los dos proyectos más importantes emprendidos por el Gobierno de Cantabria", ha dicho, en alusión a ‘Vereda’ y al despliegue de la Nueva Oficina Judicial, el modelo organizativo que, afirma, "constituye la base para el proceso de adecuación de la Justicia a los parámetros de eficacia y eficiencia que necesita una sociedad del siglo XXI".

Igualmente, ha destacado que si "hay un ámbito en el que, en contextos económicos desfavorables como el actual, las inversiones han de verse reforzados, ése es el de la Justicia".

Dentro de ‘Vereda’ se inserta el llamado expediente judicial electrónico, uno de los temas abordados en la reunión tripartita celebrada esta tarde. Así, a propuesta del CGPJ, las Comunidades Autónomas y Ministerio han asumido el compromiso de su plena implantación antes del 1 de enero de 2013, plazo que, en el caso de Cantabria, será, según Mediavilla, "más ambicioso", ya que se prevé que sea una realidad un año antes.

Igualmente, Cantabria prevé "adelantarse" al cronograma asumido por Ministerio y CGPJ en la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Así, frente al 1 de enero de 2015, que se ha establecido como fecha límite para su despliegue en todos los juzgados del país, el Gobierno de Cantabria prevé que sea una realidad en la región antes del 1 de enero de 2012.

Por otro lado, durante la reunión, las Comunidades han reiterado sus reivindicaciones en materia de personal, que pasan por reforzar su capacidad de gestión y decisoria en ámbitos como, entre otros, la provisión de los puestos de trabajo y la fijación de la movilidad y destinos de los empleados al servicio de la Administración de Justicia, sin perjuicio de su carácter de cuerpos nacionales y salvaguardando los concursos de ámbito nacional. Peticiones, todas ellas, que el Consejo ha considerado "justas".

Fuente: santanderciudadviva.com

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Córdoba: La Junta da prioridad a la Torre de Poniente frente a la Ciudad de la Justicia

La Junta acaba de dar un paso más para acentuar la diferente velocidad con la que está gestando dos de sus grandes proyectos en la capital: la Torre de Poniente, un edificio administrativo, y la Ciudad de la Justicia. Así, la Consejería de Hacienda ha anunciado que en mayo abrirá la convocatoria para la licitación del inmueble de 16 plantas que se levantará en Noreña, con un coste de 74,7 millones. Mientras, el futuro complejo que centralizará los servicios judiciales de Córdoba sigue arrastrando enormes retrasos.


La decisión de la Administración regional de priorizar la Torre de Poniente despertó críticas en el PP y en parte de la judicatura. Y es que frente a la tramitación exprés que la Junta da a este inmueble de 16 plantas -sus obras saldrán a concurso sin que se cumplan cuatro años desde que se tuviera la primera noticia de él- está la lentitud con la que impulsa la Ciudad de la Justicia. El origen de esta última se encuentra en el Plan de Infraestructuras de la Consejería de Justicia, donde fue incluida en febrero de 2001.

Nueve años después, tiene ubicación (suelo municipal cedido desde 2006) y su proyecto lleva redactado desde 2007. En él, se fijaba un coste de unos 70 millones. Pero, no hay una fecha para la primera piedra. El último plazo es muy genérico: se colocará este año. Y ni eso es seguro. La delegada provincial de Justicia, Mercedes Mayo, dejó el cargo este mes mostrando su confianza en que sus trabajos arranquen a finales de 2010. Pero, al mismo tiempo, reconocía que «no sé si será posible» cumplir ese plazo, porque «la situación económica no es la mejor».

Se trata de equipamientos con muchas similitudes: emplazamientos próximos, coste parecido y comparten promotor y fórmula de financiación. No en vano, dado el alto coste de ambos, la Administración autonómica los incorporó desde finales de 2008 entre los proyectos a desarrollar con la figura de la colaboración público-privada.

«Ley del embudo»

Sin embargo, ahí se acaban las semejanzas, porque la Junta ha decidido priorizar la Torre de Poniente, un edificio administrativo que acogerá a cinco de sus delegaciones provinciales, en lugar de la Ciudad de la Justicia, que la judicatura de la capital -magistrados, fiscales, abogados y sindicatos- lleva demandando desde hace muchos años. Para ellos, es una prioridad para acabar con problemas que la Administración de Justicia soporta, como la dispersión de sus sedes o la falta de espacio. A eso hay que sumar los achaques del edificio de la Audiencia Provincial (apagones o problemas de refrigeración), dada su antigüedad.

La voz más crítica en la judicatura ante el hecho de que la licitación de la Torre de Poniente esté a la vuelta a de la esquina mientras la Ciudad de la Justicia aún no tiene plazos llegó del decano provincial del Colegio de Abogados, José Rebollo. Calificó de «intolerable» el comportamiento de la Junta, teniendo en cuenta que «trabajamos en unas condiciones muy malas». «Las instalaciones de la capital son muy deficientes y están muy por debajo de las que merece una ciudad de más de 300.000 habitantes», dijo.

Más cauto fue el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro. Declinó valorar la actuación del Gobierno de José Antonio Griñán argumentando que «nunca entro en cuestiones políticas y ésta lo es». Se mostró «respetuoso» con la decisión, aunque también indicó que el proyecto de la Ciudad de la Justicia es «muy importante». Y el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, eludió igualmente opinar sobre la actitud de la Junta. Eso sí, como Martín Caro, sostuvo que este complejo judicial es «importante».

Proyecto lento, proyecto exprés

En 2001, la judicatura cordobesa ya llevaba muchos años suspirando por la Ciudad de la Justicia. Casi una década después, los suspiros siguen, porque la Junta no ha puesto su primera piedra. Sin embargo, no ha necesitado ni un lustro para poner en la rampa de salida la Torre de Poniente, un fastuoso edificio administrativo que acogerá a cinco de sus delegaciones.

Fue en febrero de 2001 cuando la actuación para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la capital pareció tomar velocidad. El Gobierno regional la incluyó en un programa de infraestructuras y luego le solicitó suelo al Consistorio. Éste, raudo, le ofreció cinco posibles emplazamientos.

Sin embargo, ahí se frenó la celeridad. Hubo que esperar tres años, hasta febrero de 2004, para que la Junta y el Consistorio cerraran el emplazamiento definitivo, en Arroyo del Moro, que no era ninguno de los ofertados inicialmente. Un bienio después, llegó otra noticia relevante: la Junta anunció en abril de 2006 que destinaría 70 millones para construir la Ciudad de la Justicia. Incluso, se daba como fecha de inicio de la obra primeros de 2007.

Pero, en ese mismo 2006, irrumpió en escena el que iba a ser el «niño mimado» de la Junta, la Torre de Poniente. Fue el 21 de septiembre de ese ejercicio cuando se anunció que el Gobierno regional levantaría un edificio administrativo de 16 plantas, con un coste de 74,7 millones.

Desde entonces, ha devorado plazos a un ritmo mucho más veloz que su «hermana mayor», la Ciudad de la Justicia. En marzo de 2007, se presentó en sociedad el proyecto definitivo de la torre.

Demoras acumuladas

La puesta de largo de la maqueta del complejo judicial no llegó hasta septiembre de ese mismo año.

Sus caminos se entrecruzaron cuando «papá Junta» anunció en octubre de 2008 que recurriría a la colaboración de la iniciativa privada para sacarlos adelante. No se puede olvidar que ambas iniciativas tienen un alto coste y que la Administración autonómica ha sentido en sus arcas el efecto de la crisis.

Desde entonces, la Ciudad de la Justicia no ha hecho otra cosa que ir acumulando demoras. Las distintas fechas de colocación de la primera piedra se han ido incumpliendo y la delegada provincial del ramo, Mercedes Mayo, ha dejado el cargo este mes reconociendo que no las tiene todas consigo sobre si los trabajos arrancarán este 2010.

Por el contrario, el plan urbanístico para ejecutar la Torre de Poniente sigue avanzando en las dependencias municipales, con el visto bueno del Consistorio sin encontrarse las «zancadillas» que la Administración regional puso a otros inmuebles en altura en la ciudad. De hecho, la Junta licitará sus obras en mayo.

Es la historia de dos infraestructuras «nacidas» de un mismo padre, pero a las que, como en aquella mítica serie de los 70, las cosas les van de forma muy distinta: son proyecto lento y proyecto exprés.

Fuente: ABC.es

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Fraga: Se prevé que en junio esté operativa la nueva sede de los juzgados

Las obras están prácticamente acabadas, a falta de completar el mobiliario y el equipamiento, y han supuesto una inversión superior a los tres millones de euros. El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, cree que la nueva sede judicial "podría entrar en funcionamiento para el próximo mes de junio. Hay que equiparlo, amueblarlo y hacer el traslado desde la actual sede".


El nuevo juzgado se ha construido en un solar de algo más de 2.000 metros cuadrados, en la confluencia de las calles Alcabón y Hondos. Tiene una superficie útil construida de más de 2.200 metros cuadrados, repartidos en una planta semisótano, dónde se ubicarán los servicios de estacionamiento de vehículos, área de detenidos, archivo y otros equipamientos e infraestructuras; la planta baja, dónde sitúan las salas de vistas y las sedes de los juzgados, así como salas para el forense, el fiscal, los abogados y procuradores hay espacio para ubicar dos juzgados, integrados cada uno por un juez, secretario y funcionarios; y la primera planta que, por ahora, queda en reserva, sin haberse compartimentado todavía. Para el consejero Silva, "son unas instalaciones dignas y modernas, que dispone ya del espacio necesario para la puesta e marcha de un segundo juzgado de primera instancia e instrucción".

El nuevo juzgado solventará los graves problemas de espacio que se dan en la actual sede de Avenida Reyes Católicos. Rogelio Silva entiende que "los trabajadores de la Administración de Justicia estarán más cómodos, lo que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos, que es el principal objetivo de cualquier inversión que se haga en los servicios públicos".

La creación del segundo Juzgado de Fraga está ya confirmado por el Ministerio de Justicia, "pero falta el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Decreto de creación de nuevos juzgados en toda España". Rogelio Silva no adelantó la fecha, pero "es seguro que será este mismo año". De hecho en la nueva sede judicial ya están las placas que se refieren a este segundo juzgado. En este sentido, el consejero aragonés de Política Territorial, Justicia e Interior, destacó "las perspectivas de este año de contar con hasta seis nuevos juzgados en Aragón, entre ellos los de Fraga y Barbastro, que eran de los más demandados". El consejero Silva quiso destacar también "el buen entendimiento que ha habido con el Ayuntamiento de Fraga, la anterior corporación y la actual, para sacar adelante esta inversión".

Fuente: diariodelaltoaragon.es

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Gandía: El Supremo rebaja la sanción a un juez suspendido por retrasos injustificados

El Tribunal Supremo ha rebajado a una multa de 3.000 euros la sanción de 18 meses de inhabilitación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gandía (Valencia), Rafael Sempere Domenech, por retrasos injustificados en la resolución de asuntos judiciales, al entender que no se acreditó de manera suficiente que la situación se debiera únicamente a la actuación del juez.


De este modo, el Supremo estima en parte el recurso presentado por el juez Sempere contra la decisión del Pleno del CGPJ de abril del año pasado y reduce a "grave" la infracción cometida por el magistrado, que el máximo órgano de gobierno de los jueces consideró como "muy grave" y castigó con una suspensión de funciones por un año y seis meses. Según el informe de la Fiscalía de Valencia, el juzgado de Sempere tenía más de 1.000 asuntos pendientes de señalar.

En su sentencia, el alto tribunal explica que entiende más adecuado considerar que los hechos constituyen una "falta grave" y, en concreto, se refiere al "retraso injustificado" por haber dictado 17 sentencias con más de cinco meses de retraso, durante el plazo de dos años anteriores a la notificación de diligencias informativas, y porque, aunque es cierto que el recurrente solicitó reiteradamente refuerzos de personal, no lo hizo cuando "la crisis" en su juzgado comenzó a hacerse patente, sino a inicios de 2008.

No considera que es "muy grave" porque "no ha quedado demostrado que la situación de retraso se debiera, como causa eficiente según se dice, a la actuación del magistrado sancionado". La Sala admite que el "colapso judicial" del juzgado de lo Penal de Gandía, que quedó acreditado en la investigación, es "compatible" con la posible falta de atención del titular del órgano judicial, pero apunta que este extremo no sea probado de manera conveniente.

Además, rechaza algunas circunstancias que el CGPJ había considerado como agravantes de la responsabilidad del juez, entre ellas, el hecho de que el recurrente solicitara voluntariamente un traslado "al que tenía derecho", porque "aparte de ser anterior a la apertura del expediente, ni a nadie puede obligarse a estar en un órgano judicial al que no se le ve solución, ni se le ofrece, pese a solicitarlo, ni por otra parte el que ejercita un derecho puede ser castigado por dicha circunstancia".

EN EL JUZGADO, LOS DOMINGOS POR LA MAÑANA

Igualmente, toma en cuenta el hecho de que Sampere no utilizó ninguno de los seis permisos de tres días a que tiene derecho por asuntos propios y concluye que no se puede hablar de que sea "un magistrado tendente a evadir su presencia en el juzgado", algo que también queda acredtado "al disfrutar las vacaciones en agosto, el mes donde, hábil o no para asuntos penales, tradicionalmente es imposible celebrar vistas o cualquier actividad normal". En su respuesta al CGPJ, el magistrado alegó su "absoluta dedicación al juzgado", en el que aseguraba permanecer "mañanas y tardes de todos los días de la semana y la mañana del domingo".

Asimismo, recuerda el Supremo que los datos del número de sentencias dictadas en los años anteriores al "colapso" de su juzgado "no dibujan un magistrado despreocupado". "Si quien ha mantenido un alto nivel de rendimiento durante años deja de tenerlo, coincidiendo con un colapso del órgano judicial, hay que pensar más en circunstancias objetivas que impidan el normal funcionamiento del juzgado, en el que hay que incluir la celebración de los juicios y la llevanza de las ejecutorias", apunta la Sala, para después remachar que "la buena marcha de un órgano judicial no depende sólo de un juez".

En conclusión, para el Tribunal Supremo, los hechos que se imputan al recurrente se pueden resumir "de un lado en la existencia de un retraso general en el funcionamiento del juzgado y, de otra parte, en la puesta tardía de distintas resoluciones judiciales", aunque la explicación de la causa de este retraso es "más dudosa".

Fuente: La Ley

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martes, abril 20, 2010

Zamora contará este año con un sexto juzgado de Primera Instancia e Instrucción

El sistema judicial de la provincia de Zamora contará con un sexto juzgado de Primera Instancia e Instrucción, según confirmó el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla. Según la previsión del Ministerio de Justicia, el nuevo juzgado entrará en funcionamiento a lo largo de este mismo año y permitirá repartir los asuntos y reducir la carga de trabajo que actualmente soportan el resto de los juzgados.


La noticia de la implantación del juzgado número 6 llega en el momento en que se conoce el avance en los trámites para llevar a cabo la instalación eléctrica en las nuevas dependencias del Instituto de Medicina Legal, que se espera que esté operativo en los próximos meses.

A por el segundo de lo Contencioso

Ahora la Audiencia de Zamora se centrará en conseguir un segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Luis Brualla justificó esta reivindicación por el elevado número de asuntos que registra este juzgado, por encima de la media del resto de las provincias de Castilla y León, y declaró que la petición ya ha sido admitida por el Ministerio.

A propósito del volumen de casos, Luis Brualla afirmó que el retraso de cuatro años en la puesta en funcionamiento del segundo Juzgado de lo Social ocasionó a la magistrada que llevaba el único juzgado, no sólo problemas personales por «la insostenible sobrecarga de trabajo», sino también disciplinarios, «no por ineficacia de esta magnífica magistrada, sino por insuficiencia de medios».

En palabras del presidente de la Audiencia, «no podemos hacer macroinversiones, por lo que tenemos que incorporar logros poco a poco», expuso en referencia a las nuevas dotaciones de los últimos tiempos, desde ese segundo Juzgado de lo Social, al número 6 de Instrucción, la implantación de Lexnet o la inminente entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, sólo a expensas de que se haga la conexión eléctrica. Brualla precisó que se trata de un centro pequeño, pero con las más avanzadas dotaciones en cuanto a instalaciones, medios y recursos.

Con todo, las nuevas unidades judiciales ponen también en evidencia la cada vez más acuciante falta de espacio y la necesidad de un nuevo edificio judicial. «Ya le hemos dicho a la Gerencia que este inmueble no es de chicle», ironizó Luis Brualla respecto a la petición de que habilite un lugar para el nuevo juzgado, cuya apertura se prevé para finales de este mismo año.

A ello se añade que dos de los juzgados de Zamora están ya fuera del edificio, el de Menores y el número 1 de lo Social, lo que dificulta las gestiones desde la calle Regimiento de Toledo hasta la de El Riego, donde está el número 2. Además, a medio plazo se abrirá la nueva Oficina Judicial y, si se concede, el número 2 de lo Contencioso.

De ahí que el presidente de la Audiencia solicitara la mediación de la subdelegada del Gobierno para conseguir un nuevo edificio, como lo ha hecho para que se admita la reivindicación de otra unidad de lo Contencioso.

La idea que plantea Brualla es que el Palacio de los Momos permanezca como sede de la Audiencia y se trasladen los juzgados a un edificio, bien de nueva construcción o bien que se pueda habilitar, pero que ofrezca mayor funcionalidad, «hay algunos edificios en la ciudad que están infrautilizados y que podrían», apuntó Brulla, en referencia, por ejemplo al convento de las Clarisas.

Fuente: 20minutos.es , nortecastilla.es

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Los lapsus de Garzón



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Sada: Los malos olores y las ratas asaltan el juzgado de paz

Algo huele a podrido en la localidad de Sada. Es el juzgado de paz y tres funcionarias se han hartado de vivir en una situación de perenne insalubridad. Bajo alguno de los despachos fluyen cloacas que transpiran sus efluvios al interior del inmueble. Los libros del Registro Civil ya hace tiempo que acusan la humedad, circunstancia que podría tener graves consecuencias administrativas.


El origen de la esperpéntica situación está en la marisma sobre la que está ubicado el edificio. Los sindicatos también denuncian la presencia de ratas, «animales portadores de enfermedades que además también pueden dañar los importantes archivos de los ciudadanos de Sada».

«Para hacer pis hemos tenido que ir al bar de al lado», señala una de las funcionarias, que lleva 21 años en la misma sede y ha visto la involución del inmueble.

Llamando a las puertas de la administración, ha sido la Xunta la que ha levantado la mano aunque sin autoinculparse de la situación. El local, comprado por el Ministerio de Justicia, pasó posteriormente al Gobierno autonómico con la cesión de las competencias. «Tengo una faringitis crónica y ya no puedo más», espeta la funcionaria.

Por su parte, el juez de paz, Manuel Guerra, define la situación del local como «insalubre o casi tóxica». «Por debajo de donde estamos pasan todos los desagües del edificio y como está en braña...», indica Guerra. «Hace muchos meses que estamos así, las funcionarias lo están pasando especialmente mal porque en mi caso yo solo voy dos días por semana», apunta el juez, quien asegura que los catarros se han multiplicado con esta situación ambiental. «Para mover el engranaje de la Xunta nos va a costar mucho», espetó.

Fuente: lavozdegalicia.es

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Madrid: Jose Luis Armengol, reelegido como decano de los jueces

Un total de 189 magistrados de las diferentes jurisdicciones de la capital reeligieron al juez José Luis Armengol como decano de los Juzgados del partido judicial de la capital con 127 votos a favor frente a los 43 que obtuvo Silvia Abellá Maeso y los 17 de Luis Aurelio González Martín. Armengol aseguró que su máximo objetivo para su tercer mandato será que "Madrid sea el máximo referente para la Justicia española" en tiempos de cambios con la próxima implantación del nuevo modelo de la Oficina Judicial.


Respecto al nuevo modelo de Justicia, el magistrado adelantó que seguirá luchando para que los jueces mantengan la potestad de marcar la agenda de señalamientos, uno de los motivos que propició el respaldo del Decanato de los Juzgados de Madrid a la huelga que secundaron los jueces el 18 de febrero de 2009.

El juez decano de Madrid insistió en que para que mejore la situación de los tribunales madrileños es necesario no sólo el incremento de la planta judicial, sino de los jueces a tenor de la capitalidad que caracteriza a los órganos judiciales madrileños que sumen el 25 por ciento de la carga de trabajo de toda España en las diferentes jurisdicciones. Según sus estimaciones, en la capital se necesitan 50 jueces más para asumir la sobrecarga de asuntos.

Asimismo, abogó por potenciar el incremento de jueces en los Juzgados de lo Mercantil con motivo del aumento de concursos por la crisis económica, así como en los Juzgados sociales y en los Contencioso-Administrativo.

También apostó por la Justicia de proximidad, los jueces de ingreso y la creación de tribunales de instancia para utilizar los servicios comunes de la futura Oficina Judicial con la finalidad de atender asuntos de mayor enjundia.

LETRADO DE AUXILIO

Uno de los objetivos de Armengol es que se materialice su propuesta de ayuda a los jueces unipersonales con un letrado que le auxilie en las tareas judiciales. Se trata de un proyecto aprobado ya por la junta de Jueces de lo Contencioso-Administrativo, con el beneplácito de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, agradeció el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para dotar a los tribunales madrileños de los medios necesarios para ejercer su labor y reconoció que el trato dispensado en los últimos años ha mejorado notablemente. "Si funciona Madrid, funciona la Justicia española. Para esto, es necesario que todos trabajemos codo con codo: Comunidad de Madrid, Ministerio de Justicia y Poder Judicial", reseñó.

Con motivo de la paralización del Proyecto de Campus de la Justicia, el magistrado insistió en que otro de los máximo objetivos que se debe marcan la Justicia madrileña es lograr la unificación de las sedes judiciales para rectificar la actual dispersión.

TERCER MANDATO

En las últimas elecciones, el actual decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, fue reelegido tras un mandato de cuatro años al obtener 108 de los 183 votos emitidos en las elecciones celebradas entonces entre los magistrados madrileños para este cargo.

González Armengol, que lleva dos mandatos como Decano, fue uno de los decanos que más respaldaron la convocatoria de la primera huelga de jueces secundada en España el 18 de febrero de 2009 por las intromisiones políticas en la labor del poder judicial.

Además de González Armengol, se presentaban a las elecciones la magistrada Silvia Abellá Maeso, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Luis Aurelio González Martín, de Jueces para la Democracia (JpD).

Fuente: adn.es

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lunes, abril 19, 2010

Ciudad Real: STAJ cree que no es el momento de implantar la Oficina Judicial

“El proyecto es bueno, pero no se puede hacer con un mínimo coste”, así de claro se expresaba Carmen Romero, coordinadora regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, STAJ, tras la visita de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, a Ciudad Real con motivo de la futura implantación de la nueva Oficina Judicial en la capital.


Romero explicaba que quizá no sea el “momento adecuado” para poner en marcha esta reforma del modelo organizativo de la Administración de Justicia puesto que necesitaría más medios económicos y personales. “Deberían hacer un presupuesto especial para esta reforma o llevarla a cabo en otro momento”, destacaba. Y es que como consecuencia de la crisis económica, y de la necesidad de más órganos judiciales, todos los juzgados de la capital “están colapsados”.

Han pasado ya cinco años desde que se creó en Ciudad Real el último juzgado y en la actualidad se estima que serían necesarios por lo menos cuatro más. Entre los más “urgentes”, a juicio del STAJ, se encontrarían el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete, un Juzgado de lo Contencioso, uno de Violencia de Género y otro Mercantil.

Refuerzo para dos juzgados

Por ahora, el Ministerio de Justicia reforzará el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con la adscripción de una jueza sustituta, y el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de la capital, con un juzgado de apoyo que tendrá un juez sustituto, un secretario judicial y personal interino. El objetivo es paliar el retraso que sufren los dos juzgados como consecuencia del aumento de trabajo derivado principalmente de la crisis económica.

El presidente del Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, mostraba su satisfacción por estas medidas que fueron rechazadas el pasado año y que en 2010 han sido reiteradas de nuevo por la Sala de Gobierno del TSJCLM.

Así mismo, Hernández anunciaba que se pondrá en marcha un plan de actuación destinado a agilizar y actualizar los procedimientos que se encuentren en fase de ejecución en las jurisdicciones de Civil, Penal y Social.

Romero recordaba que no sólo el juzgado de lo Mercantil está “desbordado” por lo que calculaba que serían necesarios 30 funcionarios más para que pudiera ofrecerse al ciudadano un servicio de calidad.

Además, STAJ pedirá en la próxima negociación, que tendrá lugar el 21 de abril, que si finalmente se crean nuevos órganos judiciales vengan acompañados de dotación de personal.

En estos momentos la plantilla judicial de la capital está conformada por 157 personas. Con la implantación de la nueva Oficina Judicial se incrementaría en tres personas más que actualmente trabajan como refuerzo.

Fuente: eldiadeciudadreal.com

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Granada contará con un juzgado de lo Mercantil

Un juzgado de lo Mercantil exclusivo era una vieja reivindicación de los jueces de Granada y parece que su creación está muy próxima. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó pedir al Ministerio de Justicia que transforme el Juzgado de Primera Instancia número 14 de la capital, el órgano que actualmente se dedica a resolver tanto asuntos relacionados con quiebras de empresas como otros de índole civil, en un juzgado donde únicamente aterricen casos mercantiles.


Otras provincias andaluzas como Cádiz, Sevilla y Málaga, cuentan con órganos de lo Mercantil exclusivos desde hace tiempo.

Esta importante petición fue dada a conocer por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, después de que la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se reuniera en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), sita en el Palacio de la Real Chancillería de la capital granadina.

El juzgado exclusivo de lo Mercantil para Granada era muy necesario debido al volumen de asuntos que soporta Primera Instancia 14 por el aumento de los pleitos que generan las difíciles situaciones que está provocando la crisis para las empresas. Pero no será la única propuesta relevante para el funcionamiento de la Justicia en la provincia que aprobó el CGPJ. Al mismo tiempo se pedirá la creación de un nuevo juzgado de Primera Instancia para la capital, donde en la actualidad existen 18. Así lo comunicó Bravo en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión, en la que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y el resto de vocales mostraron su "satisfacción" por encontrarse en la ciudad de la Alhambra.

Otro de los 80 puntos acordados por la Comisión fue "ampliar en una plaza más la planta de jueces sustitutos de la provincia de Granada", donde ahora pasarán a ser 14. Además, los miembros de la Comisión también aprobaron una medida de refuerzo para el Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga), consistente en nombrar a una magistrada en comisión de servicio durante un período de 6 meses.

Con la reunión de la Comisión Permanente en Granada, fuera de su sede en Madrid, se pretende buscar el acercamiento con los distintos TSJ y jueces de las distintas comunidades, así como que la sociedad perciba que el CGPJ "no es una institución estática".

Fuente: granadahoy.com

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Palencia: El edificio del Banco de España entrará en servicio en el próximo mes de junio

El nuevo edificio judicial situado en el antiguo Banco de España entrará en funcionamiento a mediados del mes de junio. El diputado nacional socialista Julio Villarrubia confirmó que ya está prácticamente concluida la instalación del mobiliario para que en un plazo aproximado de dos meses pueda entrar en funcionamiento.


El nuevo edificio albergará los dos juzgados de lo Social, el de Menores, el Contencioso, el de Vigilancia Penitenciaria, así como el Decanato, los servicios procesales y otras dependencias comunes. En definitiva, todas las instancias judiciales que no conlleven la llegada de acusados y presos, ya que, dadas las características del edificio, se ha optado por mantener la Audiencia para este tipo de causas.

No obstante, Villarrubia advirtió que es posible que la puesta en marcha del nuevo edificio conlleve algunos problemas organizativos por el proceso de implantación de la nueva Oficina Judicial. «La implantación de la nueva Oficina Judicial que se creará en todo el país para agilizar la administración de Justicia se llevará a cabo unos meses más tarde, pero no hemos creído conveniente atrasar la inauguración del edificio. Esto supondrá que puede haber alguna pequeña desintonía o problemas organizativos por los ajustes que luego necesitará la Oficina Judicial, que supondrá un cambio radical porque ya no se trabajará de forma individual en cada juzgado, sino que los señalamientos, notificaciones y otros trámites de todos los juzgados de Instrucción estarán unificados allí», indicó Villarrubia.

La adecuación del edificio del Banco de España para albergar los nuevos juzgados ha supuesto una inversión de 4.179.986 euros.

El secretario provincial de los socialistas palentinos indicó también que el Gobierno ha calculado muy bien lo que este espacio supondrá para la administración de Justicia en Palencia, y aseguró que sobran metros para acoger nuevos órganos si fuera necesario.

Fuente: nortecastilla.es

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jueves, abril 15, 2010

El Supremo mantiene la sanción de 1.500 euros al juez Tirado por el caso de Santiago del Valle

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió ayer mantener la sanción de 1.500 euros impuesta al que fuera juez de lo Penal número 1 de Sevilla Rafael Tirado, pena dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su actuación en la ejecución de una condena por abusos dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, que propició que éste se encontrara en la calle cuando se produjo el crimen.


La sala desestima así el recurso interpuesto por la Fiscalía en el que se pedía que la sanción de 1.500 euros se sustituyera por la suspensión durante tres años al considerar que el juez cometió una falta "muy grave" por "una desatención continuada en el tiempo" del juez respecto de la ejecutoria de la sentencia de Del Valle.

Con la confirmación de la multa acordada por el pleno del CGPJ, el alto tribunal también desestima el recurso interpuesto por el propio Tirado que reclamaba que la multa fuera anulada. La decisión del CGPJ de multar a Tirado, adoptada en diciembre de 2008, fue respaldada por la totalidad de los vocales de extracción judicial de este órgano con excepción de Félix Azón, ponente de la propuesta, quien durante el debate defendió la imposición de una suspensión de dos meses para Tirado.

Otros cinco vocales discrepantes, ninguno de ellos procedente de la Carrera Judicial, se posicionaron a favor de imponer al juez de Sevilla seis meses de suspensión --una sanción que hubiera supuesto su traslado forzoso--, mientras que la vocal Concepción Espejel, de extracción judicial y designada a propuesta del PP, pidió que se le quitara incluso la multa, al entender que su actuación no había constituido ninguna infracción de carácter disciplinario.

PROPUESTA DE LA FISCALÍA

La Fiscalía sostuvo ante la Sala de lo Contencioso del Supremo que la conducta de Tirado debia ser sancionada como falta "muy grave", al entender que hubo "una desatención continuada en el tiempo" del juez respecto de la ejecutoria de la sentencia de Del Valle que debía ser castigada más duramente.

Durante el debate de este asunto en el Consejo, la Fiscalía pidió una sanción de suspensión para Tirado por tres años por la comisión de una falta "muy grave" del art. 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que contemplaba la posibilidad de un traslado forzoso o incluso apartar definitivamente al magistrado de la carrera judicial, extremo que apoyaba en su día la familia de la niña Mari Luz.

Según el Ministerio Fiscal, el juez "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba".

Fuente: La Ley

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La Ley contra la Violencia Doméstica no cumple sus objetivos

El número de mujeres muertas por violencia machista hasta abril de 2010 asciende hasta alcanzar los 21 casos, nueve más que en las mismas fechas del año pasado, según informó este jueves el Ministerio de Igualdad, tras confirmar los casos ocurridos en Zaragoza y Madrid el pasado domingo y este martes, respectivamente. Todavía permanece en investigación un caso en Córdoba. Del total de víctimas, sólo cuatro habían presentado denuncia por maltrato, aunque una de ellas una renunció a la misma.


Asimismo, tres víctimas contaban con medidas de protección en vigor, que fueron quebrantadas en dos casos por sus agresores sin su consentimiento.

Más de la mitad de las muertas (12) eran de nacionalidad española y nueve extranjeras al igual que sus agresores. En 13 de los casos la víctima y el maltratador convivían bajo el mismo techo.

En cuanto a la relación de éstas con los asesinos, en la mayoría de los casos se trataba de una relación de pareja (66 por ciento), mientras que el 33 por ciento eran ex parejas o parejas en proceso de ruptura.

Según el ámbito geográfico, Andalucía es la comunidad autónoma que registra más muertes en lo que va de año, con un total de seis, seguida de Madrid y Castilla y León, ambas con tres casos; Cataluña, Asturias y Comunidad Valenciana (2 muertes); y Aragón, Baleares y Canarias (1).

Cinco de los agresores se han suicidado y otros cinco lo han intentado tras cometer el crimen.

Fuente: Gaceta.es

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miércoles, abril 14, 2010

Ciudad Real: STAJ sostiene que es necesario aumentar la plantilla y el Ministerio estudia crear nuevos órganos judiciales

A la vista de cómo se desarrolle la programación de 2010 y de los informes con los que se cuente en los próximos meses, el Ministerio de Justicia no descarta la posibilidad de crear dos nuevos órganos judiciales en la capital. Así lo afirmaba ayer la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, que explicaba que a pesar de que a corto plazo no está previsto que cambie el diseño actual si finalmente se crean nuevos juzgados habrá que revisar la planta judicial de Ciudad Real y plantearse la separación de jurisdicciones.


Hay que recordar que seis juzgados de Ciudad Real son mixtos, de primera instancia e instrucción, y alguno de ellos además tramita otros asuntos, como es el caso del número 4 que también funciona como un juzgado de lo Mercantil.

Hernández visitó ayer Ciudad Real para reunirse con diferentes colectivos implicados en el proceso de implantación de la nueva Oficina Judicial y continuó hoy con la ronda de reuniones institucionales. Ciudad Real es una de las ocho capitales de España elegidas para poner en marcha este proyecto piloto que pretende agilizar la Justicia y ofrecer un servicio al ciudadano “más eficiente y eficaz”.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, recordaba que Ciudad Real ha sido seleccionada porque tiene unas infraestructuras “muy adecuadas, una carga razonable de trabajo y un personal con relativa estabilidad”. En definitiva, un partido judicial propicio para plantear el nuevo modelo organizativo, según Hernández.

El motor para modernizar la Justicia fue encendido hace ya años pero todavía tendrá que esperar a comenzar a andar puesto que la implantación definitiva sufrirá un nuevo retraso. En diciembre del pasado año, Caridad Hernández y el director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata Amaya, anunciaban que estaría lista en la mesa de mayo.

Ayer Hernández sostenía que será en el mes de septiembre cuando definitivamente llegue la nueva Oficina Judicial. Y llegará sin “ningún coste personal” pero tampoco con un aumento de plantilla. Tan sólo se reforzará especialmente el área de ejecución de resoluciones judiciales.

Precisamente, por un incremento de personal es por lo que están luchando las centrales sindicales. Carmen Romero, coordinadora regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, STAJ, sostenía que es necesario aumentar la plantilla en los servicios comunes de ejecución y de ordenación del procedimiento. Por ahora, todavía está abierta la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, y el proceso de acoplamiento. Con la implantación de la nueva Oficina Judicial la plantilla de funcionarios pasará de 157 a 160, al incluir a tres personas de refuerzo que ya están trabajando en la plantilla orgánica.

Fuente: eldiadeciudadreal.com

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Melilla: Los cambios de la Oficina Judicial en mayo, y el despliegue en octubre

El director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata Amaya, anunció que será en octubre cuando se produzca el despliegue de la Oficina Judicial en su primera fase, en la que está incluida Melilla. Antes, en el mes de mayo, el día 4, entrarán en vigor las reformas procesales que implican una simplificación de trámites y procedimientos y una clarificación de competencias y tareas entre magistrados y secretarios judiciales. En junio y julio se desarrollarán los concursos para reubicar a los funcionarios judiciales y se ultimarán los planes de implantación y contingencia. Ya en octubre empezará el despliegue de las oficinas y se desarrollará un plan de comunicación y sensibilización sobre las reformas.


Según explicó de la Mata, todo este proceso de modernización tiene por objetivo mejorar el servicio público judicial y conseguir que la Justicia esté al nivel de otros servicios públicos, además de permitir a los magistrados concentren las tareas de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De esta forma, la tutela judicial se prestará en unas mejores condiciones mejores que en las que se está desarrollando.

Todas las medidas se llevarán a cabo a través de dos ejes, uno tecnológico y otro organizativo. En materia tecnológica habrá «avances importantes», dado que en el mes de mayo entrará en funcionamiento el sistema Minerva Noj, un sistema de gestión guiado, que incorpora todas las reformas procesales y la organización de las nuevas oficinas judiciales. De la misma forma, el sistema Lex Net «conocerá en 2010 un adelanto importante». Así, en el mes de marzo alcanzó un millón de notificaciones mensuales en toda España. también se integrará el sistema Siraj.

En cuanto a la organización judicial, también habrá cambios, pues la Oficina Judicial racionalizará el funcionamiento. De esta forma, el ciudadano se encontrará tres grandes servicios comunes, uno general de registro de los procedimientos, otro de ordenación del procedimiento y otro de ejecuciones, que tramitará la ejecución de todos los procesos.

Fuente: diariosur.es

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Los firmantes del manifiesto de jueces insisten en que la independencia judicial está seriamente amenazada

Los jueces y magistrados firmantes del manifiesto por la despolitización y la independencia judicial que se presentó en Madrid el pasado 6 de marzo han solicitado una entrevista con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para hacerle entrega del texto. En una carta presentada ayer en el registro del órgano de gobierno de los jueces en nombre de los 1.415 firmantes del manifiesto -que equivalen a más de una cuarta parte de la carrera-, estos insisten en que "la independencia judicial está seriamente amenazada".


"La ausencia de medios materiales, las agresiones por parte del estamento político y la insalvable burocratización han alcanzado tal intensidad que los Tribunales de nuestro país están padeciendo en un grado intolerable serias y graves dificultades para impartir Justicia de acuerdo con el mandato constitucional, menoscabando la esencia del Poder Judicial", añade la misiva.

La petición de entrevista, concluye diciendo que los magistrados tienen la certeza de que, "ejerciendo el poder del que constitucionalmente es titular", Dívar "tomará las medidas necesarias para atajar los males de nuestra Administración de Justicia".

Fuente: La Ley

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martes, abril 13, 2010

Alicante: Nuevos ojos para los tribunales

Las cámaras sustituirán a partir de mayo la fe pública que proporcionan los secretarios judiciales. Como ya ocurre en los juicios civiles, la reforma legislativa aprobada por el Parlamento prevé grabar las vistas penales, de forma que esos funcionarios puedan ausentarse para dedicarse a otras tareas. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, calcula que este cambio servirá para ahorrar unas ochocientas horas de trabajo anuales por cada uno de los aproximadamente 130 secretarios que trabajan en Alicante.


Dichos funcionarios podrán invertir ese tiempo en la tramitación de los procedimientos que conozcan sus órganos judiciales, entre ellos la multitud de sentencias pendientes de ejecutar.

Además, la nueva legislación prevé que puedan realizar mandamientos de libertad o prisión sin la rúbrica de los magistrados. «La reforma ha liberado al juez de muchas firmas», señala Magro. La tres secciones penales de la Audiencia con sede en Alicante ya cuentan con los dispositivos necesarios para grabar los juicios. Se trata de dos cámaras como las que pueden verse en cualquier banco o administración pública, una colocada sobre el estrado del tribunal y otra bajo un televisor en un lateral de la sala.

Esa misma televisión permite celebrar videoconferencias, de forma que los jueces no tendrán que trasladarse a la sala de vistas del jurado o a una sección civil como ocurría hasta ahora. Todo el desarrollo del juicio quedará grabado en el disco duro de un ordenador para que pueda trasladarse a un CD.

En cualquier caso, no son pocos los secretarios judiciales que han expresado sus discrepancias con este sistema y han anunciado que seguirán participando en las vistas orales. La reforma legal prevé como excepción que puedan hacerlo, pero la regla general es que no tienen que estar presentes.

El Ministerio de Justicia ya está trabajando en una instrucción que remitirá a todos estos funcionarios donde se establece con claridad los supuestos que requieren su participación en los juicios, explica Magro.

La grabación de los juicios penales es una de las principales novedades de la nueva Oficina Judicial. La nueva legislación prevé fundamentalmente trasladar la mayor parte del volumen de trabajo de los juzgados a servicios comunes de tramitación, ejecución o notificación.

Uno de ellos es la Oficina de Señalamiento Inmediato (OSI), que el presidente de la Audiencia califica de «auténtico buque insignia» de la reforma. Esta unidad admitirá determinadas demandas civiles y señalará la vista para veinte días después como plazo máximo.

Las OSI tramitarán prácticamente un 40% de la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia. Asumirán reclamaciones de deuda hasta 6.000 euros, desahucios y separaciones matrimoniales de mutuo acuerdo.

«Es muy importante que funcionen bien para combatir la morosidad, que se ha incrementado mucho con la crisis económica», opina Magro. No en vano, la Comunidad Valenciana registró el pasado año 33.000 desahucios por impago de alquileres. Una tercera parte, más de 10.000, se produjeron en la provincia de Alicante.

En cualquier caso, no parece probable que la nueva Oficina Judicial vaya a implantarse en mayo, según diversas fuentes consultadas. De hecho, la Conselleria de Justicia aún no ha comunicado a jueces ni secretarios su propuesta de trabajo. Tenía previsto hacerlo el pasado mes pero aplazó la reunión hasta mediados de abril por la celebración del Pleno del Consell.

Demora

Si en las grandes ciudades como Elche y Alicante, que cuentan con más infraestructuras, la plasmación de la reforma se va a demorar, en juzgados de municipios como Novelda, Villena o Ibi es toda una incógnita la fecha en que comenzará a funcionar.

Muchas de esas sedes, por no decir todas, carecen de espacios amplios y diáfanos para acoger a los numerosos funcionarios de tramitación y gestión procesal que se van a incorporar desde los juzgados a los servicios comunes.

Alicante parte con la ventaja de que su futura Ciudad de la Justicia puede ser diseñada para adaptarse a la nueva legislación. Ocurre sin embargo que la colocación de la primera piedra de esas obras proyectadas ya en 1999 aún no tiene fecha.

Fuente: laverdad.es

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Aragón cuenta con los jueces con más experiencia del país

Según el Informe sobre la estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2010 del CGPJ, en Aragón se registran 136 jueces y magistrados en activo con una media de edad mayor que la nacional con 48 años y mayor diferencia también entre mujeres y hombres, siendo las primeras el 41,91% y los hombres el 58,09%. Además, la antigüedad en la carrera es de 19 años de media. La mayoría tienen entre 41 y 50 años (56), de 51 a 60 (44), de 31 a 40 (24), de 61 a 70 (ocho) y de 20 a 30 (cuatro). Por ranking nacional, Aragón sería la primera Comunidad por poseer los jueces con más experiencia, la segunda por la media de edad y la séptima con menor número de jueces y magistrados. Además, Aragón posee 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de España, la sexta.


La Audiencia Provincial es la que tiene más jueces y magistrados con 26, le sigue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con 25, el Juzgado de Primera Instancia con 19, el Tribunal Superior de Justicia con 16, el Juzgado de Instrucción con doce, el Juzgado de lo Penal con once, el Juzgado de lo Social con nueve, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con siete, el Juzgado de Menores con cuatro, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de lo Mercantil y de Violencia sobre la Mujer con dos cada uno y el Registro Civil exclusivo único con uno.

Si se compara el número de jueces y magistrados entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2010 por TSJ de destino, en Aragón el 89,23% permanece en el mismo órgano, el 3,08% se ha movido a otro órgano dentro de la misma provincia, también un 3,08% a otra provincia pero en el mismo órgano, el 2,31% a otro Tribunal Superior de Justicia, el 1,54% ha fallecido y un 0,77% se ha jubilado. Por otro lado, la Comunidad no ha registrado ningún cambio a un órgano central, ni servicios especiales, ni excedencia, ni suspensión.

Datos nacionales

En 2009 había 4.536 jueces y magistrados en activo con una media de edad de 46 años y una antigüedad de quince. El número de mujeres y hombres casi está a la par, así las primeras llegan a 2.163 (47,69%) y los segundos a los 2.373 (52,31%).Asimismo, en la categoría de Servicios Especiales llegaron a los 133 con una media de edad de 49 años, y en ésta los varones son mayoría con 83 frente a 50 mujeres, es decir, un 62,41% frente a un 37,59%. Además, en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo se registran 29 y aquí sí son mayoría las muejeres con un 96,55%.

En lo que se refiere a la distribución por situación administrativa y forma de ingreso, los jueces y magistrados con plaza existen 4.259, la mayoría por turno libre 3.740 y en el turno de juristas de reconocida competencia de seis años con 227 y el de diez años con 196. También hay 161 en comisión de servicio, 25 adscritos y cuatro jueces en sus pensión provisional y uno en definitiva.

La Comunidad con más jueces es Madrid con 624 y la que menos La Rioja con 33, la capital de España también tiene a los más mayores con 49 años de media y Canarias a los más jóvenes con 41. Las mujeres son las protagonistas en el País Vasco (57,3%) y los hombres en Navarra (69%). En relación con la población, la Autonomía con más jueces por cada 100.000 habitantes es Asturias con 13,5 y la menor es Cataluña con 7,9 jueces.

Por juzgados, tribunales y audiencias, las mujeres priman en el Juzgado de lo Penal con el 55% de los 307 jueces, el Juzgado de Primera Instancia con 57,6%, Instancia e Instrucción con el 63%, Instrucción con 55%, Violencia sobre la Mujer con 64%, Menores 63%, Vigilancia Penitenciaria con 54%, y de lo Social con un 55%. El mayor porcentaje de varones a nivel global se debe a que éstos son mayoría en órganos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales o el Contencioso-Administrativo.

Fuente: aragondigital.es

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lunes, abril 12, 2010

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 6 meses a Juana Gálvez

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la sanción de suspensión de seis meses de empleo y sueldo que impuso a Juana Gálvez , la secretaria judicial del denominado 'caso Mariluz', por las negligencias que permitieron que el presunto homicida de la niña Mariluz Cortés, Santiago del Valle, se encontrara en libertad cuando se produjeron los hechos. La sentencia considera que la desatención de Juana Gálvez en la tramitación de aquel procedimiento fue reiterada, constante y enormemente prolongada respecto a la ejecutoria de la sentencia condenatoria.


En una sentencia notificada este lunes, el tribunal desestima el recurso interpuesto por la defensa de la secretaria judicial y confirmó íntegramente la resolución que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 que impuso en junio del año pasado por la defectuosa tramitación de la ejecutoria que dio cumplimiento a la sentencia que condenó a su presunto homicida, Santiago del Valle, y su esposa por un delito continuado de abusos sexuales y falsedad.

"La desatención en la tramitación de aquel procedimiento (infringiendo el deber objetivo al titular de la secretaria del órgano judicial) fue reiterada, constante y enormemente prolongada, haciendo invariable durante tan dilatado lapso temporal la ejecución de la sentencia condenatoria que dio origen a la incoación del procedimiento y que, como ya se dijo, reclamó --por la naturaleza del delito contemplado en tal sentencia-- un pronto y adecuado cumplimiento efectivo", señaló la resolución del juez.

El tribunal imputa a Gálvez la comisión de una falta grave contemplada en el artículo 155.6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, al considerar que "no dio cumplimiento a las funciones legalmente encomendadas en punto al seguimiento, tramitación, control e impulso de la sentencia durante, un año, seis meses y veinte días".

Negliencia reiterada

La resolución de la que fue ponente el magistrado Jesús Cubero, rechazó que la falta pueda haber prescrito porque "la negligencia o el retraso" imputados a Gálvez en el cumplimiento de las funciones inherentes "no se ha consumado en un mero acto limitado en el tiempo, sino que se ha prolongado efectivamente durante toda la tramitación de la ejecutoria y hasta que se efectúa una verdadera actividad encaminada al cumplimiento de la sentencia condenatoria de la que trae causa".

De igual modo, considera "imputable" a Gálvez "el retraso en el cumplimiento de sus funciones" en la relación con "la tramitación completa de la ejecutoria, pues la desatención o la negligencia se produciría solo en concretos actos aisladas que la recurrente postura" (la falta de notificación de tres resoluciones dictadas en la ejecutoria), sino en "la reiterada falta de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia condenatoria".

También, destaca que la "omisión" achacable a la secretaria judicial no puede justificarse en atención a las causas aducidas "por su defensa, que alegó que la condena a 21 meses y 15 días de prisión que se impuso a Del Valle y su mujer, Isabel García, por abusar de su hija y no se aplicó por "la carencia de medios materiales y humanos", la "actuación" del magistrado titular del órgano, Rafael Tirado, "la carga de trabajo del mismo o plena dedicación de la funcionaria a las actividades que le son propias".

Infracción disciplinaria

Además, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo confirmó la competencia del secretario de Estado de Justicia para sancionar las infracciones disciplinarias cometidas por el cuerpo de secretarios judiciales porque "se integran en un cuerpo al servicio de la Administración de Justicia porque se refiere indubitadamente de la normativa aplicable (Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento Orgánico). De hecho, el secretario de Estado de Justicia impuso el 2 de octubre de 2008 una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que en junio de 2009 el Juzgado Central número 3 redujo a seis meses.

En relación con el 'caso Mariluz', la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estudiará el próximo miércoles el recurso de la Fiscalía que solicitar* sustituir la sanción de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado por su suspensión que podría llegar hasta los tres años.

Fuente: Gaceta.es

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Albacete: Sigue el atasco en los Juzgados de lo Social

Como en otros muchos órganos judiciales, en los tribunales de lo Social la carga de trabajo supera con creces lo establecido. Por ello los titulares de los juzgados de lo Social, en Junta de Jueces, han solicitado este mismo año que se cree un nuevo tribunal en este ámbito en Albacete. No obstante, el titular del juzgado de lo Social número 3, José Ramón Solís, no confía en que esta solicitud pueda ser atendida, al menos a lo largo de este año.


Y es que peticiones para la constitución de nuevos tribunales hay muchas, argumenta Solís, y recursos económicos hay pocos. En este sentido recuerda que también se ha pedido la creación de nuevos juzgados de lo Penal o de Instrucción y Primera Instancia. Aún así reitera que en el caso del ámbito de lo Social, también «los números dan de sobra para un nuevo juzgado». Reconoce, no obstante, que, a pesar de la sobrecarga existente en estos órganos, hay jurisdicciones «que se encuentran más sobrecargadas».

Tras el incremento del volumen de trabajo en los tres tribunales de lo Social de Albacete está la crisis económica. Algo normal sobre todo si tenemos en cuenta que en las competencias de estos juzgados son las relativas al contrato de trabajo (despidos, excedencias, permisos o reclamaciones de cantidad, entre otros) y a asuntos relativos a la Seguridad Social (pensiones, jubilaciones así como incapacidades temporales o permanentes).

El peor momento

Los asuntos que llegan hasta estos órganos judiciales se han incrementado notablemente. Eso sí, en lo que va de año se ha notado ya un ligero descenso respecto a los datos del ejercicio 2009, con la crisis en uno de sus momentos álgidos. Entonces el juzgado de lo Social número 3 alcanzó los 1.156 asuntos registrados y reabiertos. Eso frente a los 853 computados un año antes, lo que supone un incremento del 35,42% en 2009 respecto al 2008. En este 2010, hasta mediados de marzo, este tribunal ha registrado ya 222 asuntos.

Solís señala que en los tres juzgados de lo Social existentes en Albacete el volumen de trabajo es similar. De esta forma estima que hasta el pasado 17 de marzo los tres tribunales podrían sumar entre 660 y 700 asuntos. Una parte importante de los asuntos que llegan corresponden a casos de despido. En el juzgado número 3 de lo Social hasta mediados de este mes se han computado 60 asuntos por despido. En el cómputo de los tres tribunales se han alcanzado en torno a los 180 asuntos, según las estimaciones de Solis.

En materia de despidos la crisis mostró su peor cara el año pasado tal y como atestiguan los 304 casos que se computaron el tribunal número 3 de lo Social frente a los 181 del ejercicio anterior. Sirva un sólo dato para ilustrar esa evolución, el incremento experimentado fue del 67,95%. Y aunque resulta más difícil conocer cuántos trabajadores se ven afectados por procesos de despido ya que en ocasiones un mismo caso hay varios empleados, Solís estima que el año pasado pudieron pasar por cada uno de los tres juzgados por este motivos en torno a medio millar de trabajadores.

Más tiempo

Aparejado al aumento de la carga de trabajo hay un problema mucho más importante tanto para los jueces como para los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de una solución. Ese problema es el retraso que se produce en los tiempos de respuesta judicial. Mientras que hace un par de años desde que se presentaba la demanda hasta que se celebraba el juicio pasaban unos tres meses, ahora el tiempo de respuesta ronda los siete u ocho meses, afirma Solís. Este juez no oculta su preocupación ante este hecho pero reconoce que hoy por hoy con los medios de los que disponen no pueden hacer más. Semanalmente en el juzgado de lo Social número 3 realizan dos sesiones de juicios e incluso tres cuando es posible. Pero no sólo se trata de señalar y celebrar los juicios. «Después hay que poner las sentencias», remacha. Aunque lógicamente depende del caso y de las características del mismo Solís intenta que sus sentencias estén listas en unos 15 ó 20 días.

No obstante, hay asuntos que, según establece la ley, tienen un carácter preferente. Entre estos casos se encuentran los despidos o asuntos de derechos fundamentales (conflictos colectivos o vacaciones, entre otros). Estos asuntos, de carácter preferente, deben ser señalados antes dada su prioridad.

En algunos puntos de España, fundamentalmente en las grandes urbes, el Ministerio de Justicia puso un marcha un plan de reforzamiento de los juzgados. Se trata de poner un refuerzo en aquellos tribunales más saturados, es decir de llamar a un segundo juez sustituto que ayude a dar una respuesta más ágil al gran número de casos que llegan a los juzgados. Un plan que en el caso de Castilla-La Mancha no se ha implantado en ningún tribunal.

Fuente: laverdad.es

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