Alicante: Una empresa construirá la Ciudad de la Justicia a cambio de un canon y gestionar servicios

Una empresa privada construirá la Ciudad de la Justicia de Alicante, adelantando el dinero -se estima que serán unos 42 millones-, mediante un modelo de "contratación público-privado", a cambio de la "gestión de todos aquellos servicios que no sean de carácter judicial" y del pago de "un canon anual" todavía por parte de la Generalitat, aún pendiente de pactar. Así lo anunció el secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré.


Cabré, se reunió con los jueces de Alicante para explicarles las líneas maestras del Plan Director de Modernización Integral de la Administración de Justicia. El desarrollo de este proyecto está condicionado a la aplicación en Alicante de la nueva oficina judicial, una reforma que entrará en vigor el próximo 4 de mayo. El Consell prevé ir aplicándola en cuatro fases, la última en Alicante a la espera de que se termine el edificio.

Según las fechas facilitadas por el Consell, la Ciudad de la Justicia tendría que estar terminada en junio de 2013. Pero para ello, debe redactarse el proyecto de aquí a final de año y sacar a concurso las obras y cerrar un acuerdo sobre qué servicios se darán a la empresa.

El método es el mismo que se ha usado con la Ciudad de la Justicia de Elche, y se trata de un sistema de financiación habitual en otro tipo de infraestructuras, como son las carreteras y las autopistas.

Los servicios que podría asumir la firma que se haga cargo de las obras son la explotación del aparcamiento, la limpieza del edificio, la gestión de los servicios informáticos, la seguridad y también se prevén algunos locales comerciales como cafetería, restaurante, kioscos de prensa y librerías jurídicas. Otro de los servicios que se está barajando es el de guardería para ser usado tanto por los funcionarios como para las personas que necesiten alguna gestión en el juzgado y no tengan dónde dejar a los niños.

"Fórmulas imaginativas para tratar de abaratar el coste de las obras del edificio", explicó el secretario autonómico de Justicia. La duración de este contrato podría oscilar entre los veinte y los cuarenta años. Asimismo, Cabré puntualizó que cualquier retraso en la ejecución de las obras podría suponer recortar la asignación anual del canon a pagar.

Fuente: levante-emv.com