Antonio Piña Alonso, decano de los juzgados de Orense, disecciona la Justicia como el ciudadano abrumado por la crisis. Relata el aumento en jurisdicción civil y cómo han embotado el orden penal las reclamaciones, concursos e impagos. Invoca mayor empuje en los cambios cuando ejerce de juez decano; denota la enrevesada lucha contra el fraude “que será el gran caballo de batalla”, dice.Antonio Piña Alonso (Tui, 1965) cuenta con doce años de experiencia en la carrera judicial. Labor de instrucción que ha desarrollado en O Carballiño, Pontevedra, Lugo y, desde el año 2005, en Orense. Asumió el actual juzgado de Instrucción Número Dos y la componente institucional que supone ser juez decano de Orense. Forma parte, además, de la Sala de Gobierno del TSJG.
–En octubre los jueces colgaron la toga por las necesidades que acuciaban a la justicia. ¿hay otro horizonte o mayor urgencia?
–Lo que tiene que quedar claro es que somos una profesión absolutamente seria y responsable; y no podemos estar todos los días efectuando medidas de protesta. Desde octubre, que convocamos la huelga (Piña es el presidente en Galicia de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que convocó el paro), no ha habido ni un solo avance. El Ministerio de Justicia tiene unos planes de implantación que supongo que llevará adelante, pero que no se están visualizando actualmente. Además, la justicia tiene también un gran problema de litigosidad, que habría que resolverla por otros cauces.
–¿La mediación judicial puede desatascar el embudo?
–Es uno de los ejemplos, porque no todo conflicto debe acabar ante un juez, para ponerle freno a litigiosidad. Entre otras cosas porque lo que demanda el ciudadano no es una sentencia, sino que se dé una respuesta efectiva a su problema.
–¿Cómo encajar la justicia que se eterniza y la disparidad de criterios entre un juez y otro?
–El texto de la ley, a pesar de ser única para todo el mundo, muchas veces es interpretable. El legislador hace leyes con muy poco rigor técnico, por lo que se determina la interpretación de ese texto. Los jueces mantienen interpretaciones uniformes en sí mismos, pero pueden tener una interpretación distinta a la de otro. Yo soy de los que creo que hay que unificar los criterios judiciales que no den lugar a escándalos.
–¿Temen que el ciudadano advierta en sus decisiones una politización de la justicia?
–En Orense pensar en la politización de la justicia es absurdo porque los pocos casos que tenemos y afectan a la política se resuelven con total independencia. La justicia en general no está politizada, sino determinados órganos.
–¿Más complicado es ser impermeable a la crisis?
–La crisis motivó un aumento espectular en los juzgados sociales y de lo mercantil, y también en jurisdicción civil. El problema es que el aumento de la carga de trabajo no conlleva modificación estructural alguna, así que los incrementos por la crisis dilataron los tiempos. Cuando el gobierno lanzó los planes antricrisis, como el E o el Ñ,se olvidó de que para estas cuestiones había que destinar parte de dinero a la justicia.
–Además de la coyuntura, ¿la falta de un juzgado específico de violencia de género es un mal endémico?
–Materias como la violencia contra la mujer requieren una especialización, acorde además a la que están adoptando los abogados. Cuando uno está enfermo del corazón lo que quiere es que lo atienda un cardiólogo, no un médico de cabecera. No disponer de una planta judicial así no es acorde con lo que le corresponde a Orense como tercera ciudad de Galicia.
–¿La llegada a los órganos de instrucción de asuntos por alcoholemias y maltratos ralentiza la acción de la justicia?
–Lo problemático es si una alcoholemia no nos deja dedicarnos al empresario que ha dejado una empresa sin solvencia con 200 trabajadores en la calle. Ese será el gran caballo de batalla: tramitar con mayor facilidad los delitos societarios y fraudes, puesto que hoy un robo, un asesinato o una violación requieren menos tiempo y energías.
–El 30 de abril se inicia en Orense la nueva oficina judicial con la implantación de los servicios comunes procesales. ¿Un cambio sin traumas?
–La primera fase no presenta grandes problemas, porque no hay grandes innovaciones. El inicio está lastrado porque hay que efectuar cuanto antes la relación de puestos de trabajo (RPT). De todos modos, yo soy muy crítico con que la nueva oficina judicial dé respuesta a los problemas reales de la justicia. El ciudadano va a notar muy poco las mejoras.
–La ley habla de eficiencia y de racionalizar el trabajo.
–Puede ser, pero sólo si se acometen reformas de calado. Todos tenemos claro que la oficina actual es un modelo del siglo XIX en el cada juzgado es una isleta: juez más secretario más funcionarios. Pero esta reforma no da respuesta adecuada a algunas cosas; y entre ellas creo que debería haber una estructura funcionarial jerárquica, donde los funcionarios tengan la posibilidad de ascender en su trabajo en función de su rendimiento.
–¿Ya ha paliado la justicia el déficit informático?
–Lo grave es que en la modernización de la justicia intervienen tres administraciones: Estado, Xunta y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que hay que trabajar por hacer compatibles los sistemas de diferentes comunidades. En Galicia se han sustituido equipos y establecido líneas de conexión entre los edificios judiciales para que el funcionamiento sea mucho más rápido. Una segunda línea que está en camino es la implantación del expediente digital y el sistema Lexnet.
–¿Qué aportará esta segunda fase y cuándo se culmina?
–El Lexnet permitirá notificar por correo electrónico a abogados y procuradores, y a Orense llegará en breve. Su implantación es la primera fase del expediente digital, para que todo el procedimiento pueda discurrir por vía telemática. El objetivo es que el particular llegue a consultar desde casa su expediente.
Fuente: farodevigo.es
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