El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha decidido no prorrogar los contratos de los trabajadores interinos de refuerzo de los juzgados una vez finalicen, según comunicó el director general de Justicia, José Borrás. La medida afectará a un mínimo de veinte empleados de los tribunales de la capital aragonesa cuyos contratos concluyen el próximo 30 de junio.Se trata de catorce trabajadores asignados a otras tantas oficinas de la jurisdicción civil y de seis integrantes de la plantilla del Juzgado de lo Penal número 9, que entró en funcionamiento hace unos meses y que no dispone de plantilla de funcionarios de carrera por no haber sido convocada ninguna oposición para cubrir las plazas.
Los representantes sindicales reclamaron la continuidad de los empleos, posibilidad que la DGA rechazó. De hecho, sostienen que es necesario un incremento de la plantilla para hacer frente al incremento de la carga de trabajo que soportan los juzgados de todas las jurisdicciones como consecuencia del aumento de la litigiosidad que ha provocado la crisis económica.
UNO A UNO
Borrás explicó que, no obstante, la intención de la DGA es "estudiar los casos uno por uno". Paralelamente, señaló que los interinos que cesen tendrán prioridad para incorporarse, también como eventuales, a las plantillas de las cinco nuevas oficinas que entrarán en funcionamiento a finales de este año. El director general de Justicia estimó que su puesta en marcha supondrá la creación de en torno a cincuenta nuevos puestos de trabajo.
En este sentido, Borrás apuntó que las plantillas de los tres juzgados creados este año ya fueron cubiertas con personal interino al que previamente había caducado su contrato de trabajo como refuerzo en otras oficinas. También anotó que la reordenación de la plantilla está pendiente de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial.
El nuevo modelo, en cuyo diseño están trabajando varios grupos integrados por representantes de los operadores judiciales, tendrá especial repercusión en los tribunales de la capital aragonesa --70 unipersonales y siete colegiados--, cuyas plantillas quedarán reducidas al mínimo mientras el grueso del personal es reubicado en los llamados servicios comunes, que asumirán el grueso de las tareas de tramitación que ahora efectúa cada juzgado.
PLAZOS
La reforma procesal que ha hecho necesaria la reordenación de la oficina judicial entra en vigor a primeros de mayo, aunque su implantación total en Aragón se pospondrá.
El servicio debe estar completamente reorganizado en torno al 2012. Al menos ese es el horizonte --como mucho el 2013-- que maneja la DGA para que esté en marcha la Ciudad de la Justicia en Ranillas y haya concluido la ampliación de la Audiencia y el TSJA. Borrás aseguró que con esas obras y la finalización --recepción, en algunos casos-- de otras infraestructuras como los edificios de Fraga, Barbastro, Huesca y Teruel "tendremos resuelto para 30 años el problema" de las sedes judiciales en la comunidad.
Fuente: elperiodicodearagon.com
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