Alicante: Nuevos ojos para los tribunales

Las cámaras sustituirán a partir de mayo la fe pública que proporcionan los secretarios judiciales. Como ya ocurre en los juicios civiles, la reforma legislativa aprobada por el Parlamento prevé grabar las vistas penales, de forma que esos funcionarios puedan ausentarse para dedicarse a otras tareas. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, calcula que este cambio servirá para ahorrar unas ochocientas horas de trabajo anuales por cada uno de los aproximadamente 130 secretarios que trabajan en Alicante.


Dichos funcionarios podrán invertir ese tiempo en la tramitación de los procedimientos que conozcan sus órganos judiciales, entre ellos la multitud de sentencias pendientes de ejecutar.

Además, la nueva legislación prevé que puedan realizar mandamientos de libertad o prisión sin la rúbrica de los magistrados. «La reforma ha liberado al juez de muchas firmas», señala Magro. La tres secciones penales de la Audiencia con sede en Alicante ya cuentan con los dispositivos necesarios para grabar los juicios. Se trata de dos cámaras como las que pueden verse en cualquier banco o administración pública, una colocada sobre el estrado del tribunal y otra bajo un televisor en un lateral de la sala.

Esa misma televisión permite celebrar videoconferencias, de forma que los jueces no tendrán que trasladarse a la sala de vistas del jurado o a una sección civil como ocurría hasta ahora. Todo el desarrollo del juicio quedará grabado en el disco duro de un ordenador para que pueda trasladarse a un CD.

En cualquier caso, no son pocos los secretarios judiciales que han expresado sus discrepancias con este sistema y han anunciado que seguirán participando en las vistas orales. La reforma legal prevé como excepción que puedan hacerlo, pero la regla general es que no tienen que estar presentes.

El Ministerio de Justicia ya está trabajando en una instrucción que remitirá a todos estos funcionarios donde se establece con claridad los supuestos que requieren su participación en los juicios, explica Magro.

La grabación de los juicios penales es una de las principales novedades de la nueva Oficina Judicial. La nueva legislación prevé fundamentalmente trasladar la mayor parte del volumen de trabajo de los juzgados a servicios comunes de tramitación, ejecución o notificación.

Uno de ellos es la Oficina de Señalamiento Inmediato (OSI), que el presidente de la Audiencia califica de «auténtico buque insignia» de la reforma. Esta unidad admitirá determinadas demandas civiles y señalará la vista para veinte días después como plazo máximo.

Las OSI tramitarán prácticamente un 40% de la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia. Asumirán reclamaciones de deuda hasta 6.000 euros, desahucios y separaciones matrimoniales de mutuo acuerdo.

«Es muy importante que funcionen bien para combatir la morosidad, que se ha incrementado mucho con la crisis económica», opina Magro. No en vano, la Comunidad Valenciana registró el pasado año 33.000 desahucios por impago de alquileres. Una tercera parte, más de 10.000, se produjeron en la provincia de Alicante.

En cualquier caso, no parece probable que la nueva Oficina Judicial vaya a implantarse en mayo, según diversas fuentes consultadas. De hecho, la Conselleria de Justicia aún no ha comunicado a jueces ni secretarios su propuesta de trabajo. Tenía previsto hacerlo el pasado mes pero aplazó la reunión hasta mediados de abril por la celebración del Pleno del Consell.

Demora

Si en las grandes ciudades como Elche y Alicante, que cuentan con más infraestructuras, la plasmación de la reforma se va a demorar, en juzgados de municipios como Novelda, Villena o Ibi es toda una incógnita la fecha en que comenzará a funcionar.

Muchas de esas sedes, por no decir todas, carecen de espacios amplios y diáfanos para acoger a los numerosos funcionarios de tramitación y gestión procesal que se van a incorporar desde los juzgados a los servicios comunes.

Alicante parte con la ventaja de que su futura Ciudad de la Justicia puede ser diseñada para adaptarse a la nueva legislación. Ocurre sin embargo que la colocación de la primera piedra de esas obras proyectadas ya en 1999 aún no tiene fecha.

Fuente: laverdad.es