Madrid: Justicia gratuita sólo para quien lo necesite

La Comunidad ha decidido poner coto a los abusos de la Justicia gratuita. El repunte del gasto que genera este servicio regional y el colapso de los expedientes ha llevado al Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre a elaborar un decreto que modificará los requisitos para acceder a un abogado de oficio de forma gratuita. Así lo anunció el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que adelantó que el decreto se pondrá en marcha antes del verano.


A partir de entonces, se racionalizará la gestión actual y se hará cumplir escrupulosamente la ley que establece que tendrán derecho a la Justicia gratuita aquellos que demuestren insuficiencia de ingresos. Y es que, actualmente, en la práctica, no se justificaba en todos los casos este hecho, lo que ha provocado un incremento exponencial del gasto destinado a esta función, que hoy supera los 50 millones de euros anuales, mientras que en 2002, cuando se reguló este servicio se presupuestó en nueve millones de euros.

De este modo, una vez entre en vigor el nuevo decreto desaparecerá la presunción de insuficiencia de ingresos por parte de los abogados.

Además, a partir de verano, será necesario que los abogados presenten siempre una acreditación en la que se especifique que recurren una resolución «por mandato expreso» del cliente. Un permiso que hasta ahora no era necesario y que ha provocado «muchos abusos» en el sentido de que algunos abogados seguían recurriendo las causas de sus clientes (y por tanto cobrando minutas y «colapsando» la Justicia) sin su consentimiento.

Revisión de facturas

Asimismo, se requerirá, con mayor rigor, a los letrados las facturas para tramitar los pagos, con el fin de establecer un mayor control de las cantidades que destina la Comunidad.

Por último, el decreto también modificará la asistencia en los juicios rápidos, como los de Tráfico, que han aumentado exponencialmente en el último tiempo. De tal modo, que únicamente se prestará asistencia jurídica gratuita a aquél que no tenga seguro o que de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficiencia de ingresos.

Fuente: larazon.es