sábado, enero 31, 2009

Los consejeros regionales con competencias en Justicia reclaman la compatibilidad de los registros

Los consejeros de las comunidades autónomas con competencias en Justicia han reclamado la compatibilidad de los registros judiciales centrales y los distintos sistemas informáticos utilizados en cada territorio, para garantizar que la información pueda ser compartida a nivel estatal. Con la excepción de Andalucía, consejeros y directores generales de las otras diez comunidades autónomas con competencias en Justicia -Asturias, Aragón, País Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia y Madrid- se han reunido en Barcelona en una comisión de coordinación.


En dicha reunión, convocada antes del anuncio de movilizaciones de los jueces y a la que las consejerías de Madrid y Valencia han enviado al director general y la secretaria autonómica, respectivamente, se ha aprobado por unanimidad un comunicado que exige medidas para descongestionar la administración de justicia y garantizar que funcione de forma más coordinada.
Concretamente, el documento reclama que los registros informáticos con datos de penados y procesos judiciales que está creando el Ministerio de Justicia sean compatibles con los distintos bancos de datos que se utilizan en cada comunidad autónoma, y que ahora no permiten intercambiarse información.

Según ha explicado la consellera catalana de Justicia, Montserrat Tura, los bancos de datos creados por el Ministerio, como el Registro Central de Penados y Rebeldes que entró en funcionamiento esta semana, "deben poder ser alimentados" desde los distintos tipos de programas de las comunidades.

"O existe compatibilidad entre los registros del Ministerio y de las comunidades autónomas o el trabajo no va a salir", ha advertido Tura, tras subrayar que el nivel de informatización de las distintas comunidades con competencias "es desigual, pero tampoco es nulo".

A la nueva aplicación informática del Registro Central de Penados y Rebeldes, que permite a los jueces conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados, se unirá próximamente el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes.

Descongestionar la Justicia

Las conclusiones de la comisión de coordinación proponen también reformas procesales destinadas a descongestionar la Justicia, entre ellas que las reclamaciones de pequeña cantidad puedan ser solventadas en el ámbito administrativo o que se promueva la mediación en la resolución de conflictos.

Otros asuntos que, en opinión de los consejeros, deberían quedar desvinculados de la administración de Justicia es la gestión de los Registros Civiles, así como algunos procesos concursales porque, en opinión de Montserrat Tura, el colapso persistirá "si todo sigue cayendo sobre la mesa del juez".

También plantean los consejeros reformas legislativas que limiten el acceso a la justicia gratuita, para garantizar que no sea utilizada por personas con recursos para costearse un abogado, y obliguen a los beneficiarios a ratificar su interés por seguir en la causa en cada una de las fases del proceso judicial.

Así se evitarían, por ejemplo, los numerosos casos de extranjeros "sin papeles" que recurren a la Justicia gratuita para evitar ser expulsados y cuyos letrados siguen con las acciones legales incluso cuando el cliente ha abandonado el país, ha aclarado Tura.

El documento aprobado por los consejeros exige profundizar en el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, especialmente en materia de personal, y convocar de forma "inmediata" una comisión en la que participe el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas para reformar la administración de Justicia.

En dicha comisión, que hace años que no se reúne y que coincidiría con las movilizaciones de jueces, las comunidades pretenden hacer oír su voz de cara a las reformas judiciales que están sobre la mesa.

Fuente: Heraldo.es

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Castro Urdiales: La sobrecarga de trabajo motiva que el TSJ solicite un juez de refuerzo

El constante incremento de la litigiosidad y la dedicación especial que 3 el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, que dirige Luis Acayro Sánchez, ha de prestar a la investigación judicial que lleva a cabo en el municipio, ha llevado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a solicitar al Consejo General del Poder Judicial que apruebe un juez de refuerzo para ese Juzgado Número 2.


Se trataría de «una medida extraordinaria» que se llevaría a cabo hasta que fuera efectiva la creación del tercer Juzgado en el partido judicial de Castro Urdiales. En concreto, el órgano de Gobierno del TSJC reclama este refuerzo que tendría una duración inicial de seis meses. Para ello, y con carácter previo, ya se ha realizado una oferta pública de esta comisión de servicio a los jueces de todo el territorio del Estado, que actualmente se encuentra abierta.

Con este juez de refuerzo, el tribunal Superior de Justicia quiere solventar la sobrecarga de trabajo que en la actualidad soporta los Juzgados de Castro Urdiales, en tanto no se cree el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que fue aprobado por el Ministerio de Justicia. Un tercer Juzgado que está previsto que entre en funcionamiento a lo largo de este año. En este sentido, la Sala de Gobierno ha pedido también a la Dirección General de Justicia «que lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno central para acelerar la entrada en funcionamiento de este nuevo órgano judicial.

Otros acuerdos

El TSJC también ha adoptado otras medidas para intentar solventar la actual sobrecarga que existe en el partido judicial castreño. Entre ellos, el órgano de gobierno informó favorablemente de la solicitud de los dos juzgados de Castro Urdiales para que se prorrogara la medida de refuerzo de los funcionarios interinos nombrados para esos Juzgados -tres en cada órgano- que finalizaba el pasado mes de diciembre. La petición fue remitida a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria «que la ha acogido favorablemente, por lo que estos funcionarios permanecerán otros seis meses en ambos Juzgados».

Fuente: eldiariomontanes.es

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Madrid: El turno de oficio, en pie de guerra

"Si no tiene abogado se le asignará uno de oficio". El derecho constitucional que encierra esa frase es lo que está en peligro, según se vio en la asamblea de los abogados del turno de oficio. La reunión, celebrada en el salón de actos de los Juzgados de la plaza de Castilla y a la que asistieron unos 400 letrados, fue convocada para pedir a la Comunidad de Madrid que les pague lo que les debe. En total, 24 millones de euros del ejercicio de 2008.


Si la Comunidad no abona ese dinero, los letrados están dispuestos a ir a la huelga el próximo 1 de marzo durante dos meses. Si los 4.500 abogados no asisten a las guardias de esos 60 días, la región tendría nuevamente colapsados sus tribunales. Los detenidos que no pudieran pagar un abogado quedarían en libertad al no ser defendidos de oficio y las expulsiones de extranjeros no se podrían ejecutar por la misma razón.

La Comunidad anunció que se pagará a los abogados y aprobó un gasto de 34 millones de euros para la justicia gratuita en 2009. "Nos van a pagar lo que nos deben con el presupuesto de 2009", señaló Santiago Luengo, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). "Si nos pagan con ese presupuesto, para abril no habrá dinero y estaremos en las mismas. Eso sólo retrasa el problema", comentó.

Las reivindicaciones de los abogados van más allá. Según las asociaciones, detrás de todo el conflicto está la intención de privatizar el turno de oficio. Los primeros pasos en ese sentido son lo ocurrido con el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores y los acuerdos suscritos con algunos despachos de abogados para que asesoren a ciudadanos extranjeros. Los abogados piden que esos servicios lo cubran las organizaciones colegiales. La asamblea acordó un encierro de 24 horas y una manifestación frente al Gobierno de la Comunidad.

Fuente: elpais.com

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Salamanca: Justicia invertirá más de 1,3 millones en el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino

El Ministerio de Justicia invertirá 1.380.000 millones de euros en el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino (Salamanca) entre 2009 y 2012, indicó la Subdelegación del Gobierno. Se trata de un edificio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de esta localidad, que cuenta con la capacidad "suficiente" para albergar las actuales necesidades de la Administración de Justicia y una superficie de reserva para "futuros crecimientos".


La redacción del nuevo proyecto se desarrollará a lo largo del primer trimestre de 2009. "Mientras finalizan las obras, y ante la precaria situación del edificio actual, tanto de espacio como de sus instalaciones, se ha iniciado un expediente de arrendamiento de un local donde ubicarlo", indicó la Subdelegación.

Además, será "necesario" adecuar dicho local arrendado para su uso como oficina judicial, para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad y de seguridad contra incendios o proceder a la instalación eléctrica y de equipos informáticos, entre otras actuaciones.

Por este motivo, la Subdelegación explicó que "el traslado no haya podido producirse todavía, si bien está previsto que estas obras de adecuación finalicen en el plazo de dos meses".

El edificio donde se ha ubicado el Juzgado hasta ahora "ha sufrido un agravamiento de las deficiencias de sus instalaciones, sobre todo en la cubierta", de ahí que se procediese al "desalojo inmediato" del inmueble y trasladarlo provisionalmente al local cedido por el consistorio.

Sin embargo, "es preciso que la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León retire inmediatamente los archivos que actualmente mantiene allí, a pesar de que el edificio es ya propiedad del Estado", finalizó.

Fuente: Europa Press

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viernes, enero 30, 2009

La mitad de las asociaciones de jueces rompen con los demás y convocan huelga el 18-F


Dos de las asociaciones judiciales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), se han desmarcado de la acción conjunta consensuada con las otras dos y han adelantado la convocatoria de huelga al próximo día 18 de febrero.


La decisión de adelantar la huelga se ha adoptado tras una reunión de los órganos directivos de AJFV y FJI que, tras consultar a sus asociados, consideran que la respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones ha sido insuficiente y deben dar un paso adelante.

El documento reivindicativo que habían pactado las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), AJFV y FJI- aplazaba la huelga hasta el 26 de junio, aunque convocaba para el mismo 18 de febrero un acto simbólico de protesta en todos los órganos judiciales.

"El acuerdo entra las asociaciones ha quedado ya sin sentido, carece de objeto y causa a la vista de la reunión con el Ministerio que sólo nos ha ofrecido humo, consideramos que se ha de convocar una huelga para ese día 18 de 24 horas", explicó el nuevo portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.

"Las negociaciones con el Ministerio no llegaron a buen termino, salimos bastante insatisfechos y pensamos que la situación es tal que no nos queda más remedio que adoptar las medidas de presión más contundentes de las que teníamos previstas", explicó por su parte el portavoz del Foro Judicial Independiente, Benito Raboso.

De las otras dos asociaciones que componían esta coordinadora interasociativa (las que reúnen al mayor número de jueces asociados), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguró que mantenía los compromisos recogidos en el documento del día 13, mientras que Jueces para la Democracia (JpD) se reunirá el próximo jueves para adoptar una postura definitiva ante la huelga del día 18.

La ruptura entre las asociaciones de jueces se produce después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les prometiese el pasado lunes un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que ese día renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que "la situación no está resuelta".

Fuente: elmundo.es , Libertad Digital

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Santander: El temporal ocasionó goteras y filtraciones en dependencias judiciales

El temporal que ha azotado la región estos días ha puesto de manifiesto las deficiencias de algunos edificios judiciales de Santander. El Juzgado de Instrucción 5, que comenzó a funcionar hace un mes, fue uno de los más perjudicados. También los dos juzgados de la calle del Carmen, la zona de bajo cubierta del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que aloja las cuatro secciones de la Audiencia, y el archivo judicial que se encuentra en la antigua sede de Tabacalera sufrieron el lunes el embate de la borrasca, que obligó a los funcionarios a tirar de fregona para recoger el agua que caía las oficinas y algún despacho judicial. «Esta es una imagen tercermundista de la justicia», se quejaba un empleado público.




El pasado miércoles, las secuelas del temporal todavía se dejaban ver en los pasillos de la Audiencia y en el Juzgado de Instrucción número 5.

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia, que asumió hace un año la transferencia de todos los inmuebles judiciales menos del edificio en obras del complejo judicial de Las Salesas, se han dado instrucciones para adoptar «soluciones provisionales» hasta que los operarios puedan subir a los tejados y reparar las filtraciones.

El caso más «sangrante», a juicio de los funcionarios, se produjo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. Este órgano judicial, que comenzó a funcionar el pasado 30 de diciembre, se ubica en la bajo cubierta del nuevo edificio de Las Salesas. El pasado viernes una ventana de tipo Velux de la oficina judicial de este juzgado «se abrió y el agua cayó a chorros», señala un empleado.

Pero el lunes las filtraciones de agua en este departamento alcanzaron tal gravedad que los funcionarios se vieron obligados a mover el mobiliario. En ese momento en la oficina judicial se estaba tomando declaración a varias personas, ciudadanos que no daban crédito a lo que estaban viendo en un ámbito judicial. Algunos expedientes se mojaron y la tarima del suelo se ha levantado parcialmente. Los funcionarios tuvieron que interrumpir su actividad para recoger los charcos de agua.

Las obras de ampliación y rehabilitación integral del edificio de Las Salesas, tanto de la primera fase, ya terminada, como de la segunda, están siendo acometidas por el Ministerio de Justicia. La Consejería de Presidencia y Justicia no quiso recibir la transferencia de este inmueble hasta que los trabajos estén concluidos, por lo que la responsabilidad de la obra es exclusiva de la administración central.

Suspensión de pagos

El proyecto de rehabilitación fue adjudicado a la empresa Alcuba, que presentó concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) hace dos meses. En este momento la segunda fase está muy avanzada, a falta de remates y detalles no menos importantes. Pero en abril el edificio tiene que estar listo para acoger a los Juzgados de Primera Instancia dispersos por las calles del Carmen y Rualasal. Según indicó el consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, «el ministerio se ha comprometido a entregarnos el edificio en abril». El director de la obra del Ministerio de Justicia, Vicente Ramírez, precisó que «el compromiso de entrega se va a cumplir». Sobre las deficiencias en la zona recién habilitada no quiso hacer comentarios.

Pero los problemas de Alcuba han «ralentizado» el desarrollo de los trabajos. «Aquí sólo hay un operario», comenta otro funcionario, que cuestiona que para abril la fase esté terminada. El director general de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, precisa en este contexto que sólo resta el acondicionamiento de interiores y «tenemos el compromiso del Ministerio de Justicia de que terminará el edificio».

Pero además de las filtraciones en este edificio, en la zona de bajo cubierta del Tribunal Superior de Justicia también se produjeron goteras importantes. «Era impresionante como caía el agua el lunes», comenta un magistrado. En la sala de vistas donde se iba a celebrar un juicio con jurado, los funcionarios tuvieron que recoger con fregonas el agua que había entrado por las ventanas. Los despachos de varios magistrados también se mojaron y las papeleras que se encontraban en los pasillos servían de depósito para recoger el agua, todo ello a la vista de los ciudadanos.

También hubo problemas en los juzgados de la calle del Carmen y en el archivo judicial de Tabacalera, si bien en ningún caso el agua afectó a los expedientes, según reconoció el director general de Justicia. Mediavilla señaló que se han adoptado medidas provisionales hasta que los obreros puedan acceder al tejado para realizar los trabajos de reparación necesarios.

Fuente: eldiariomontanes.es

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El CGPJ anula una sanción de 600 euros al juez Ferrín Calamita

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado ayer jueves anular la sanción de 600 euros que impuso en marzo del año pasado al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita. La multa se debió a una falta disciplinaria que el órgano de gobierno de los jueces entendió que cometió al proferir "expresiones extravagantes" en un auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas a su padre porque la madre mantenía una relación lésbica.


La propuesta la ha llevado a cabo por el vocal Antonio Montserrat, que defiende la anulación de la sanción porque, tal y como alegó el propio juez en un posterior recurso de alzada, el proceso disciplinario superó el plazo de seis meses establecido para este tipo de trámites por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por ocho días.

En diciembre de 2008, Ferrín Calamita fue condenado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y una indemnización de 6.000 euros por el retraso en los trámites de la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica. Durante el proceso, tanto el juez como su abogado, Javier Pérez Roldán, ha denunciado la politización del alto tribunal de Murcia, así como numerosas irregularidades en el proceso judicial.

Nuevo recurso

Desde que el pasado 23 de diciembre el TSJ murciano dictase la sentencia condenatoria ha tenido que llevar a cabo dos correciones en menos de un mes. Ahora, la plataforma Ferrín Calamita denuncia una nueva irregularidad en el proceso de enjuiciamiento del juez de familia. En esta ocasión, se denuncia que el juzgado no ha notificado el segundo auto aclaratorio de la sentencia condenatoria, “lo que puede originar una indefensión denunciable ante los tribunales Supremo y Constitucional”. Por ellos, la defensa de Calamita ha presentado un nuevo recurso ante el TSJ.

Según manifiesta el abogado de la defensa, Sr. Pérez-Roldán "cada vez comprendemos menos a la Sala. En un caso de tanta relevancia mediática no es de recibo que se produzcan tantas incidencias una vez dictada la Sentencia. No entendemos como han podido olvidarse de la segunda notificación, y más cuando el Tribunal Constitucional viene estimando números recursos de amparo por indefensión cuando no se produce la segunda notificación".

Fuente: Libertad Digital

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jueves, enero 29, 2009

Granada: Seguimiento masivo del paro en los juzgados

Los funcionarios de Justicia de Granada secundaron mayoritariamente el paro de un cuarto de hora convocado por la Junta de Personal para exigir la creación de nuevos órganos judiciales y más medios personales.


La protesta, que se sucederá cada quince días entre las 10.45 y las 11.00 horas, surge a tenor de la «crítica» situación que, según la Junta de Personal, viven los juzgados de Lo Penal debido, sobre todo, a la implantación de los juicios rápidos y a las nuevas competencias atribuidas en materia de violencia de género. Los funcionarios urgen al Gobierno a poner marcha «de inmediato» dos juzgados de lo Penal en Granada capital y uno más en Motril, para «evitar que se repitan hechos como el de la pequeña Mari Luz».

Precisamente a raíz de este caso, la Junta de Andalucía estableció el año pasado un plan de refuerzo que, sin embargo, cesó.

La interrupción apenas alteró los servicios judiciales previstos.

Fuente: ideal.es

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Torrelavega: Entra en funcionamiento el nuevo Registro Civil

El nuevo Registro Civil de Torrelavega, situado la Plaza Baldomero Iglesias, comenzó ayer a funcionar, después de las obras de acondicionamiento ejecutadas por la Consejería de Presidencia y Justicia, que han supuesto una inversión cercana a los 60.000 euros.


En los 100 metros cuadrados de superficie total del nuevo local del Registro Civil, frente a los 20 del anterior, se ubica un espacio para el almacenamiento de los libros registrales, además de una sala de espera, así como un gestor de colas, que permitirá optimizar la gestión de los tiempos en este órgano.

Además, el espacio que antes ocupaba el Registro Civil en el edificio de los Juzgados, en la misma Plaza de Baldomero Iglesias, servirá para habilitar un nuevo calabozo para los detenidos y se ampliará la clínica médico-forense.

Las nuevas instalaciones han sido inauguradas ayer por el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla; la alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , César Tolosa.

Mediavilla ha incidido en la "importancia y necesidad" de acometer esta reforma en el Registro Civil, hasta la puesta en marcha del nuevo Palacio Judicial de Torrelavega, un servicio "demandado por cientos de ciudadanos".

Además, ha anunciado que su departamento y el Ministerio de Justicia han alcanzado un acuerdo para adelantar los trabajos de digitalización de la totalidad de los libros registrales de estos organismos desde el año 1950.

Según ha explicado, Cantabria y Navarra son las únicas comunidades que han aplicado al cien por cien la informatización de los Juzgados de Paz y Registros Civiles, "y por ello el Ministerio ha tenido a bien adelantar los plazos de digitalización de documentos".

Mediavilla ha indicado otras mejoras que ha llevado a cabo el Gobierno regional en este partido judicial, como son la instalación de equipos de grabación en las cuatro salas de vistas para "mejorar los medios tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia".

El titular de Justicia ha asegurado que el partido judicial de Torrelavega será el primero de Cantabria en incorporarse al proceso de modernización de la Administración de Justicia.

El consejero ha informado que las obras del nuevo Palacio Judicial de Torrelavega, donde se centralizarán todos los órganos, van al "ritmo de ejecución previsto" y en estos momentos se están realizando las labores de excavación del solar.

Por otro lado, el consejero ha anunciado que mañana viernes se celebrará en Barcelona una reunión entre los responsables de todas las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia, con el fin de "profundizar en tres temas esenciales para modernizar esta Administración: la asistencia jurídica gratuita, el diseño de la nueva oficia judicial, y los medios telemáticos y tecnológicos".

Mediavilla ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria para que la modernización de la Administración de Justicia sea "real y efectiva en nuestra Comunidad Autónoma".

Fuente: eldiariomontanes.es

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Murcia: Las sentencias de menores son las más duras del país

Murcia es la comunidad de España donde más sentencias de internamiento de menores se acuerdan. Así, y según un informe del Consejo General del Poder Judicial, en la Región estas resoluciones supusieron durante el año 2007 el 47,4% del total de medidas acordadas en referencia a menores, un porcentaje que se aleja mucho del que se registra en el resto de comunidades autónomas.


Así, destacan Valencia y Madrid, donde las sentencias de internamiento de menores representan el 22% de todas las acordadas, mientras que en Cantabria y La Rioja suponen el 6%. De esta manera, las sentencias de menores que se acuerdan en los tribunales murcianos se convierten en las más duras del país.

Esto no significa, sin embargo, que los Juzgados de Menores de Murcia "ejecuten" más medidas de internamiento que los del resto del país. Así lo aclara Rafael Romero, titular del Juzgado de Menores Número 1 de Murcia, quien explica que una vez dictada la sentencia se puede ordenar su ejecución en un centro de menores, pero también que "la medida sea suspendida durante un plazo máximo de dos años y con ciertas condiciones". En este último caso, si el menor condenado "no vuelve a delinquir durante el plazo de suspensión, asume un compromiso de reinserción social y cumple una libertad vigilada con unas normas de conducta o realiza unas tareas socioeducativas, la medida de internamiento no llega a ejecutarse materialmente nunca". Sólo si el menor incumple estas condiciones será internado en un centro.

Así, los Juzgados de Menores de Murcia destacan por dictar sentencias más duras, pero también por ordenar un mayor número de suspensiones en la ejecución de las mismas. Es lo que se desprende de comparar los datos de los Juzgados de Menores Número 1 de Murcia y de Madrid durante el tercer trimestre de 2007. Así, en el tribunal murciano se impusieron durante este periodo 119 medidas, 45 de ellas de internamiento, mientras que en el madrileño sólo 10 de las 57 medidas acordadas tuvieron este carácter. Sobre estas, este Juzgado de Menores de Madrid no acordó ninguna suspensión, mientras que el de Murcia ordenó 30.

Por esta razón, el juez Rafael Romero asegura que "el dato real y comparable" es que el porcentaje de ejecuciones de medidas de internamiento acordadas por el Juzgado de Menores Número 1 de Madrid fue del 17,5% (10 medidas de internamiento sobre un total de 57 medidas impuestas durante el tercer trimestre de 2007), mientras que en el de Murcia la proporción fue del 12,6% (15 medidas de internamiento "efectivas" sobre las 119 que se acordaron durante el mismo periodo).

Fuente: laopiniondemurcia.es

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La inmigración masiva amenaza el servicio de justicia gratuita

El alto número de inmigrantes que usan el denominado turno de oficio, mediante el cual reciben asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores, hace que económicamente sea excesivamente gravoso para las arcas públicas.


El derecho a la asistencia jurídica gratuita asiste a todo aquellos que carezcan de ingresos suficientes para sufragar los gastos de un abogado particular. Son los abogados del turno de oficio quines se encargan de prestar este servicio y las arcas públicas de pagarles las asistencias. En 2007 más de un millón de personas fueron atendidas por los 30.000 abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. La prestación de este servicio por parte de los profesionales es voluntaria y se designan de entre aquellos que están inscritos en el turno de oficio. Para ello, uno de los requisitos es que tengan al menos tres años de ejercicio.

Sin embargo en 2009 ante la crisis económica el servicio puede colapsarse. A más parados, más solicitudes de justicia gratuita. Esta es la realidad que a diario se constata en los Colegios de Abogados, que ven como se retrasa el pago de las cantidades con que el Ministerio de Justicia o las CC.AA., si tienen transferidas las competencias, cubren las prestación del servicio.

En el caso de Madrid la situación se hace especialmente crítica debido al gran número de inmigrantes que hacen uso del servicio sin contribuir en lo más mínimo a sufragar el gasto público que supone. La realidad de la comunidad madrileña es que 1 de cada 5 inmigrantes en España reside en Madrid, y que tan sólo 1 de cada 4, cotiza a la Seguridad Social. Así solo en Barajas los abogados del Turno de Oficio asistieron a más de 14.000 inmigrantes recién llegados inadmitidos durante 2007. Los letrados de oficio además tienen que asesorar y defender también gratuitamente a los inmigrantes a los que se ha incoado expediente de expulsión administrativo, al menos 56.176 ilegales en 2007. De hecho en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, el 92,3 por ciento de los solicitantes de justicia gratuita en Madrid son inmigrantes. Además 29.125 inmigrantes en Madrid han disfrutado de asistencia jurídica gratuita al detenido y otros 109.282 extranjeros recibieron este servicio en diversos procedimientos penales, administrativos y civiles, especialmente de familia y desahucios.

La situación es preocupante ya que a inicios de este año la deuda contraída por los impagos a los letrados del turno de oficio madrileños asciende a cerca de 24 millones de euros. Del segundo trimestre de 2008 queda por abonar el 72 por ciento de los honorarios, es decir, alrededor de 7,2 millones de euros. Del tercer y cuarto trimestre se debe el 100 por ciento de la retribución, es decir, un total de más de 16,7 millones de euros. A esto se suman los intereses, de un 5 por ciento, que tiene que pagar el Colegio de Abogados por el crédito bancario solicitado para anticipar algunos pagos.

En relación a esta situación Esperanza Aguirre ha dicho que “no es posible que cualquier, cualquier litigio jurídico, incluido el divorcio, de cualquier ciudadano extranjero sin papeles lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid”, lo que ha levantado las iras de los colectivos y asociaciones que apoyan la inmigración.

Fuente: Minuto Digital

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Avilés: El Gobierno regional instalará un extractor para ventilar el archivo de los juzgados

El archivo de los Juzgados avilesinos ha sido a lo largo de los últimos años objeto de continuas polémicas y reclamaciones sindicales. Las «condiciones insalubres» de estas dependencias llevaron a los sindicatos a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. Sus peticiones parece que, al fin, han encontrado respuesta. El Principado, sobre el que recaen ahora las competencias en materia de Justicia, proyecta solventar, al menos, los problemas de ventilación de estas dependencias.


Pese a que las condiciones del archivo judicial continúan sin ser las óptimas, según los sindicatos, la situación no es tan aberrante como años atrás. Entonces la acumulación de polvo, la presencia de insectos entre los expedientes y el ambiente irrespirable de la sala llevaron a las centrales a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones «insalubres» de las dependencias; una situación que obligó, incluso, a que varios trabajadores solicitaran la baja por asma. La mascarilla era una herramienta más de trabajo, según denunciaron los sindicatos.

Precisamente fueron los sindicatos los que, recientemente, solicitaron ante la Dirección de Trabajo una inspección en Marcos del Torniello alegando que las dependencias destinadas al archivo no reunían las condiciones óptimas. El inspector visitó las salas junto a seis sindicalistas y un representante de la Administración y, según el acta que redactó, detectó falta de orden y limpieza, poca ventilación y ciertas irregularidades en la distribución de las estanterías.

A raíz del informe elaborado por el inspector de Trabajo, el Gobierno regional acometerá unas pequeñas obras en el archivo de los Juzgados de Avilés, ubicado en la calle Marcos del Torniello, para añadir un sistema de ventilación forzada o, lo que viene a ser lo mismo, instalará una especie de extractor para poder ventilar las dependencias. El Palacio de Justicia aloja 7 juzgados de primera instancia e instrucción, uno de lo penal y dos de lo social.

Fuente: lne.es

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miércoles, enero 28, 2009

Castilla y León: La Junta asumirá las competencias de Justicia si el Gobierno ofrece más medios


El consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en Burgos que el Gobierno deberá aportar más fondos para que Castilla y León se decida a asumir las competencias en materia de Justicia.


Mañueco, que ha presidido la constitución de la Comisión Asesora de Justicia, ha mostrado su esperanza de que el Gobierno central realice el "esfuerzo económico necesario" para que la Comunidad autónoma pueda asumir las competencias en esta materia.

En su opinión, lo importante es asumir las competencias con los recursos humanos y materiales adecuados para garantizar que la Administración de Justicia en Castilla y León funcione de forma correcta.

El consejero ha recordado que la Justicia no funciona en la actualidad de forma adecuada y se ha referido a las diferentes movilizaciones de los funcionarios y trabajadores y a la exigencia de creación de más órganos judiciales, ya que "no estamos en la media que existe en la Unión Europea".

A su juicio la dotación de plantillas es "insuficiente" y la falta de nuevas tecnologías "es uno de los casos más sangrantes que están provocando en algunas circunstancias casos desgraciados".

El consejero ha desvinculado la Comisión Asesora de Justicia de la Comisión Mixta de Transferencias de Justicia.

Ha señalado que la Junta tiene una vocación decidida de asumir las competencias, pero con medios económicos y materiales suficientes para realizar un proceso de modernización de la administración de Justicia desde el primer día en que se asuman las competencias.

La Comisión Asesora de la Justicia es un organismo establecido en el Pacto Autonómico para la modernización de la Justicia en la Comunidad y será la encargada de realizar los estudios y propuestas para la modernización de la Administración de Justicia, una vez que el Gobierno regional asuma las competencias.

Está previsto que se creen varios grupos de trabajo que deberán realizar informes sobre la situación de la Justicia en Castilla y León y trasladar las propuestas para solucionar las necesidades más importantes.

En este sentido el consejero cree necesario la reestructuración de la Planta y de la Demarcación Judicial, para determinar la carga de trabajo y las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales; la implantación de la Oficina Judicial; la mejora de los inmuebles y el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia.

Los grupos de trabajo comenzarán esta misma semana con sus actividades y la intención es que la comisión se reúna de manera bianual, con posibles convocatorias extraordinarias.

La Comisión Asesora de la Justicia es un órgano colegiado de estudio y consulta con funciones de elaboración de estudios, análisis, informes y propuestas de actuación.

La comisión estará integrada por un total de 16 vocales y de la misma, además de los representantes de la Junta de Castilla y León, formarán parte miembros del poder judicial, representantes del Ministerio Fiscal, del cuerpo de secretarios judiciales, del Instituto de Medicina Legal y de los sindicatos.

También tienen representantes los colegios de abogados procuradores, notarios, registradores y las facultades de Derecho de las Universidades Públicas de Castilla y León.

El consejero ha matizado que, aunque esta comisión no tiene vinculación con la que negocia las transferencias, las conclusiones y propuestas podrán ser trasladas a la Comisión Mixta de Transferencias de la Justicia.

Fuente: soitu.es

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Castellón: Los despidos, embargos y quiebras se multiplican

La justicia no vive ajena a la crisis económica. En Castellón, el incremento de despidos, procedimientos concursales, ejecuciones hipotecarias y demás consecuencias de la actual coyuntura tienen su correspondiente reflejo en los órganos judiciales. Para intentar tener una visión objetiva de ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de publicar un informe que, bajo el título 'El efecto de la crisis en los órganos judiciales', ofrece los datos reales de las consecuencias que la crisis ha tenido para la justicia. Y no sólo son los juzgados de Lo Mercantil los que se han visto desbordados.


El primer dato que estudia este informe es el referente a los procedimientos concursales que han presentado las empresas de la provincia y que han sido aceptados por los juzgados. Así, y a falta de los datos referentes al último trimestre de 2008, los jueces han recibido 56 expedientes de empresas en quiebra. En el mismo periodo del año anterior, fueron doce los concursos presentados.

Pese al incremento y a la complejidad de estos casos, el juzgado de Lo Mercantil de Castellón no está especialmente colapsado. El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, recalcó en su día que este tribunal ha estado unos años por debajo de la carga de trabajo esperada y es ahora cuando está empezando a tener una carga que puede asumir. "Aún no estamos desbordados, el juzgado tiene una capacidad teórica de asuntos por encima de los que hasta ahora han entrado", explicó. Domínguez sí reconoció que la incidencia de la crisis en los juzgados civiles y los de primera instancia "está siendo bestial".

Así, el informe del CGPJ dedica también un apartado al número de despidos que se han presentado en los juzgados de Lo Social de Castellón. De enero a septiembre de 2008, se han llevado ante los tribunales un total de 1.051 despidos frente a los 573 del pasado año. La carga de trabajo en este sentido se ha duplicado.

La conflictividad laboral tiene además otra consecuencia. Junto a las demandas por despidos, los juzgados de Lo Social de Castellón también tienen que hacer frente al incremento de reclamaciones de cantidades a las empresas debido a impago de salarios. También en este punto el incremento con respecto a 2007 ha sido considerable.

En los tres primeros trimestres de 2008, los juzgados recibieron más de 1.400 asuntos por salarios impagados. En el mismo periodo del año anterior recibieron 970 casos. Y lo peor aún está por llegar. El último trimestre del año arrojará posiblemente datos peores al arrastrar nuevos despidos.

Por último, el estudio de 'El efecto de la crisis en los órganos judiciales' hace hincapié también en las ejecuciones hipotecarias que asumen los juzgados civiles.

El número de castellonenses que se está viendo en dificultades para pagar las cuotas de la hipoteca de su vivienda está aumentando significativamente desde que inició el año. Los juzgados dan buena cuenta de ello. Desde el mes de enero hasta el pasado mes de septiembre de 2008, los juzgados de Primera Instancia de Castellón asumieron nada menos que 647 ejecuciones hipotecarias, según consta en el informe del CGPJ. Entre enero y septiembre de 2007 fueron 277 los casos tratados.

La ejecución hipotecaria se trata del primer paso hacia la subasta pública del inmueble. El proceso de una ejecución es complejo y va más allá de la simple morosidad o retrasos a la hora de pagar las mensualidades. Cuando un cliente ha dejado de pagar al banco entre tres y seis cuotas consecutivas de su hipoteca, entonces la entidad inicia el proceso y se dirige a los juzgados para abrir una ejecución hipotecaria.

Esta ejecución no es para pedir al deudor la cantidad atrasada, sino para reclamar el importe total de la hipoteca a un interés marcado en el momento de la firma y que suele variar entre un 20 y un 25%. Además, todas las costas judiciales corren a cargo del deudor.Dificultades para hacer frente a la hipoteca, conflictividad laboral y una pésima situación de las empresas de la provincia han sido los principales factores que han provocado el colapso en la justicia de Castellón. La situación llega hasta tal punto que incluso el juez decano, José Luis Conde Pumpido, alzó la voz el pasado mes de septiembre para denunciar el estado de los juzgados.


Carga "inasumible"

Conde Pumpido dio a conocer la realidad "inasumible" de los órganos y destacó, sobre todo, la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia, por lo que reclamó nuevas unidades para este año. Cabe recordar que este año comenzaron a funcionar cinco nuevas unidades en la provincia: el Juzgado de lo Penal número 4 y del Juzgado de lo Social número 4, el de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vinaròs y del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Villareal. Todos ellos creados con el objetivo de reducir el colapso que vive la justicia en la provincia.

De hecho, según las últimas estadísticas publicadas por el CGPJ, a fecha de 1 de octubre de 2008, los juzgados de Castellón tenían pendientes de resolver nada menos que 35.453 asuntos. La cifra es la más alta desde el año 2002.

Fuente: lasprovincias.es

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Cáceres se queda sin un nuevo juzgado de lo Mercantil

La última ampliación aprobada por Justicia no incluye a Cáceres. Quince nuevos juzgados de lo Mercantil entrarán en funcionamiento a lo largo de 2009, según ha anunciado el ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo. Ninguno de ellos lo hará en la capital cacereña, pese a que el informe del Tribunal Superior de Justicia de 2007 ya consideraba necesaria la puesta en marcha de un órgano de este tipo tanto en Cáceres como en Badajoz.


La capital pacense sí tendrá su propio juzgado de lo Mercantil. La noticia ha sido recibida con reservas en el juzgado cacereño, donde existe la duda de si la unidad de Badajoz tendrá competencias sobre todo el territorio autonómico.

El juzgado de lo Mercantil de Cáceres es también de Primera Instancia e Instrucción, lo que ha generado que con el mismo personal, e incluso menos, la carga de trabajo se intensifique. La crisis económica ha llevado a que mientras en 2007 se presentaron media docena de concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), en 2008 la cifra superase la treintena, a falta aún de conocer la cifra exacta.

«Se están acumulando los escritos y resulta difícil dar respuesta a todos», han señalado fuentes del propio juzgado que hablan de la «peor situación» de los últimos años y reconocen que antes los trabajos se llevaban al día y ahora es imposible. El Ministerio de Justicia no ha tomado en cuenta esa situación y ha dejado a Cáceres fuera de la lista de 13 ciudades, entre ellas Badajoz, que tendrán nuevos juzgados de lo Mercantil. Se trata de una «respuesta al significativo incremento de la litigiosidad y de la carga de trabajo que afrontan estas unidades judiciales, derivados de las dificultades que en estos momentos atraviesa la economía», señala Justicia en un comunicado. Con el incremento aprobado, se pasará de 40 a 55 órganos judiciales de esta clase. La decisión, según el ministerio, se toma en función de «los datos de la carga de trabajo de los juzgados de lo Mercantil actuales», así como las propuestas de aquellas comunidades autónomas con competencias de Justicia.

Distancia

«No se entiende muy bien, pero tampoco tenemos datos de la decisión. Nosotros somos juzgado de lo Mercantil, de Primera Instancia e Instrucción, por lo que también debemos ejercer guardia. En Badajoz el juzgado es de lo Mercantil y de Primera Instancia», recuerdan las fuentes consultadas en la unidad de Cáceres.

Según éstas, el problema se puede plantear si el futuro juzgado pacense será operativo para toda la región: «Puede darse el caso de un bar de un pueblo de Los Ibores que deba 300 euros a la Sociedad General de Autores y que deba acudir a resolver su caso a Badajoz, a no sé cuántos kilómetros. Si eso sucede, habrá problemas». El juzgado de lo Mercantil será el número 1 de Badajoz. En Cáceres advierten: «Si tiene carácter autonómico, será tremendo».

Fuente: hoy.es

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martes, enero 27, 2009

Gobierno de España: 30 millones en carteles para autobombo y sólo 20 para mejorar la Justicia


¿No es increíble? Así es el Gobierno de España, el mismo que va a aparecer en la multimillonaria campaña publicitaria para promocionar el cacareado "Plan E". Cientos y cientos de vallas publicitarias de autobombo del Gobierno poblarán el territorio nacional, a razón de 1.500 euros por cartel, con un total de 30 millones. Mientras, el ministro Bermejo ha prometido a las principales asociaciones de magistrados que les dará 20 millones, 10 menos que para carteles, si dejan de armar revuelo en el gallinero.


El ministro de Justicia prometió las principales asociaciones de magistrados un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, un "importantísimo esfuerzo económico añadido", según el titular del departamento. Sin embargo, esta cantidad es inferior -10 millones menos- a la que el Zapatero destinará a la campaña publicitaria para promocionar su famoso "Plan E".

Sólo en la colocación de las vallas publicitarias de la campaña informativa, el Gobierno se gastará 30 millones, a razón de 1.500 euros por cartel. La promesa de Bermejo de más dinero para la modernización, que se suma a los 72 millones ya presupuestados por Justicia para este año, no fue suficiente ayer para que las asociaciones de jueces desconvocaran sus movilizaciones de protesta.

Fuente: Periodista Digital

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Bermejo no es capaz de "identificar" la razón de la huelga de jueces

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, parece aún no saber por qué los jueces quieren recurrir a una medida como la huelga. El socialista ha asegurado este martes que tras la reunión que mantuvo ayer con las cuatro asociaciones judiciales le cuesta mucho trabajo identificar cuál es la razón por la que se sigue manteniendo el anuncio de una huelga de jueces.


En declaraciones a RNE, el ministro de Justicia ha señalado que en la reunión, tras la que las asociaciones judiciales han decidido mantener las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga el 26 de junio, se dio un repaso a los ocho puntos de la tabla de reivindicaciones en un clima de diálogo.

"Lo que importa es que nos hemos sentado a hablar, que ayer hubo un clima de diálogo como debe ser y que el Ministerio de Justicia se sentó con los únicos representantes legítimos de los jueces que son las asociaciones y que tenemos un camino que andar", ha recalcado el titular de Justicia.

Bermejo ve "un horizonte de entendimiento"

Fernández Bermejo ha explicado que se han puesto sobre la mesa "cosas muy importantes que explicitan la voluntad decidida del Gobierno de invertir más en Justicia y de que enderecemos el camino". Aunque ha reconocido que tienen que superar algunas contradicciones, ha recalcado que "hay un horizonte en el que el entendimiento ha de aparecer".

El socialista ha considerado "todavía más inexplicable" el desacuerdo de los jueces con la regulación de los señalamientos de juicios, que se atribuye a los secretarios judiciales, y ha recordado que desde 2003 ya ocurre el proceso penal "pacíficamente". Sin embargo, ésta es una de las principales reivindicaciones de la Carrera Judicial, que no está dispuesta a que dejen de ser los jueces quienes señalen los juicios y vistas.

El ministro de Justicia ha destacado el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para aportar otros 20 millones de euros a la modernización tecnológica.

Fuente: Libertad Digital

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Granada: Paro de los funcionarios de Justicia para exigir refuerzos

Los funcionarios de Justicia de Granada se adelantan a la huelga convocada por los jueces el próximo mes. Con el mismo objetivo, reclamar más medios, la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Granada, compuesta por los sindicatos SPJ-USO, CSIF, CCOO, UGT y STAJ, convoca a partir de hoy martes paros parciales en la capital.


Las concentraciones, motivadas por la «precaria situación que atraviesa el servicio público que prestan a la sociedad los juzgados de Lo Penal en Granada», se llevarán a cabo en la puerta de la sede de La Caleta, entre las 10.45 y las 11.00 horas y se repetirán cada 15 días. Con estos 'microparos', el objetivo es llamar la atención sobre el problema con el que se encuentran en el día a día del trabajo sin perjudicar al mismo.

Tal y como denunciaron ayer los sindicatos en un escrito, las nuevas competencias atribuidas a estos juzgados, tras varias reformas legislativas (tráfico, violencia de género, etc.) han supuesto el «colapso» de esta jurisdicción. En ésta fue donde se produjo el fallo del conocido como 'caso Mari Luz'.

Reivindicaciones

El estudio realizado recientemente por la Junta de Personal de Justicia, en el que ponía de manifiesto los miles de casos sentenciados pendientes de ejecución, ha llevado a los funcionarios a dirigirse a todas las instituciones para reclamar de forma urgente soluciones. Para los trabajadores que convocan la protesta, es necesaria la creación de dos juzgados de Lo Penal en Granada capital y uno más en Motril. Además, con respecto a la plantilla, consideran «imprescindible» contratar a tres funcionarios más en cada juzgado, dos gestores y un tramitador.

Mientras se consolida el aumento de la plantilla de estos juzgados, los sindicatos piden a la Junta de Andalucía que reanude el plan de refuerzo para desatascar el problema existente con las ejecuciones de sentencia. Esto es, casos que ya han sido juzgados y condenados, pero no se ha realizado el trámite necesario para que el condenado cumpla con la condena. El año pasado fue implantado un plan de refuerzo tras producirse el 'caso Mari Luz'. No obstante, el pasado mes de diciembre fueron cesadas estas plazas 'especiales', sin que el problema, según los sindicatos, esté resuelto.

En términos más generales, consideran que es urgente convocar una reunión con la Consejería de Justicia para tratar la problemática de estos juzgados, con especial incidencia en los asuntos de violencia de género. Estos últimos y los nuevos delitos relacionados con la seguridad vial han provocado, según denuncian en el citado escrito, un auténtico «colapso» de esta jurisdicción.

Proponen medidas de choque, como la de realizar guardias por las tardes para aliviar trabajo, a las que los funcionarios se puedan sumar voluntariamente, entre otras medidas.

En un comunicado elaborado recientemente por el sindicato STAJ, realizaron un dibujo del panorama de estos juzgados nada alentador. «En términos globales las cifras que contienen las estadísticas oficiales que se elaboran anualmente desvelan que el aumento de la carga de trabajo -en cuanto a número de asuntos que se tramitan- ha aumentado en los juzgados de lo Penal un 200% (respecto a los últimos 6 años)», sin que crezcan los recursos.

Los paros se repetirán hasta que la Junta dé una respuesta a las reivindicaciones.

Fuente: ideal.es

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lunes, enero 26, 2009

Bermejo no convence a los jueces y se mantienen las movilizaciones

Las asociaciones judiciales han decidido mantener las protestas anunciadas para el próximo 18 de febrero y la convocatoria de una huelga el 26 de junio al considerar "vigente a todos los efectos" el documento en el que planteaban esas movilizaciones. Tras más de siete horas de reunión con el responsable de Justicia, los representantes del cincuenta por ciento de la carrera judicial estiman que hace falta un "mayor nivel de compromiso" por parte del Gobierno para resolver los problemas que padece la Administración.


Así lo han asegurado a los periodistas, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, junto a representantes de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), lorenzo del Río, y el Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo. Si bien los jueces han reconocido que el encuentro se ha producido en un "clima cordial" enfatizan en que dicha reunión no sólo no les "satisface enteramente" sino que les ha causado "frustración".

En tanto el ministro ha explicado con una actitud triunfalista que se invertirá un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". "El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo durante este año, de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.

No es sólo cuestión de un buen "tono"

Sin embargo, los representantes de las asociaciones de jueces, que en su reunión de este lunes renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron "que la situación no está resulta" por lo que sus actos de protesta previstos para los próximos meses "mantienen toda su vigencia". En palabras del portavoz de la APM, Antonio García, "sólo con un buen tono" no se pueden solucionar los problemas que adolecen a la Justicia.

El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordase acudir a la huelga –protesta sin precedentes en el sector– el próximo 18 de febrero.

La reunión, que se inició a las once de la mañana, tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además los jueces proponían sustituir la convocatoria de paros prevista para febrero por actos reivindicativos de menor intensidad.

No obstante, tanto las asociaciones como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.

Las reivindicaciones de los jueces

Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Además, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.

El pasado lunes, en el marco de la Comisión Mixta Ministerio-CGPJ se aseguró que la mayoría de las pretensiones de los jueces y magistrados son "asumibles".

Fuente: Libertad Digital

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Andalucía: Los juzgados registran dos casos pendientes por cada asunto resuelto

Metros de escritos. Ésta es la medida que se usa para cuantificar el número de expedientes que llegan cada día al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo relata Diego Medina, secretario judicial en el máximo órgano andaluz. Con la autoridad que le dan sus 28 años de experiencia en la Administración de Justicia, asegura que, a pesar de que el sistema no funciona como debiera, la realidad tampoco es el caos que se ilustra con funcionarios sepultados bajo montañas de papel. Es mucho más compleja.


Los retrasos son más o menos admisibles según la jurisdicción donde se produzcan, "pero un ciudadano no puede esperar ni tres ni seis años a un juicio", dice el decano de los jueces de Granada, Antonio Moreno. En su partido judicial se están señalando juicios para 2012. "La Justicia lenta no es Justicia", avisa.

Pero no hay visos de que este "innegable agobio" desaparezca a corto plazo. Basta con ojear las estadísticas oficiales. Cada día ingresan en los órganos judiciales andaluces una media de 5.000 asuntos, lo que sitúa a Andalucía a la cabeza de España, junto con Baleares, en tasa de litigiosidad, esto es, en número de casos registrados por cada mil habitantes. El índice es de 55, y especialmente elevado en asuntos penales, pero en provincias como Granada llega a los 61 y en Málaga, hasta los 75. Aun así, la media diaria de casos resueltos es de 4.700, cifra insuficiente para acabar con la congestión judicial pues, dado los asuntos que se van acumulando, por cada expediente cerrado hay otros dos pendientes de una sentencia.

Suma y sigue. Hace poco más de un mes, el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, decidió romper el juego y, se podría decir que por agotamiento, anunció que, salvando lo urgente, los juicios señalados se reducirían a la mitad en 2009. "Y claro, esto así, en dos años, permítame la expresión, revienta", vaticinó el juez de menores. Pero la mecha se encendió mucho antes. Rodeado de armarios atestados de documentos y harto de jornadas laborales que acaban en el despacho de casa, Rabasa aporta argumentos de peso para su huelga de celo: cada juzgado de lo Penal de Córdoba tramita una media al año de 1.030 asuntos, un 129% por encima de los 450 casos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconseja para garantizar una buena respuesta a los ciudadanos.

El ambiente ya se había caldeado en los días previos, tras la presentación de un informe por parte del TSJA que, en conclusión, acusaba a la Junta andaluza de incapacidad para gestionar la plantilla de los juzgados. El documento terminó por dinamitar las relaciones entre los jueces y el Gobierno andaluz, que plantó cara a los magistrados públicamente. "Hágalo", respondió con altivez la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, a la amenaza del juez cordobés.

El informe del TSJA, que se presentó como una herramienta útil para afrontar las carencias del sistema judicial, dibuja un mapa muy pesimista: advierte del "muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios, en concreto, de 1.719. La operación es simple: los 617 órganos judiciales andaluces tienen una plantilla orgánica de 5.898 funcionarios y, a fecha del pasado diciembre, sólo 4.179 plazas estaban ocupados por sus titulares. Un 30% de las plazas se cubren con interinos que no siempre proceden de la bolsa de Justicia, pues en el pasado año hubo que contratar a 399 trabajadores, poco o nada cualificados, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En Marbella, que cuenta con doce de los juzgados "más laboriosos" de Andalucía, de la noche a la mañana un empleado de Correos y un traductor ejercen como funcionarios. Además, una de las sedes de Primera Instancia no tiene ningún funcionario titular y los interinos son minoría sólo en el juzgado número 6.

En Huelva, la situación es "singular", en palabras del informe del TSJA, pues la interinidad roza el 57%, un problema que toca de lleno a las secretarías, pues en los cinco partidos judiciales de la provincia todas estaban vacantes y atendidas en régimen de provisión temporal.

Faltan funcionarios, secretarios judiciales y jueces, sólo hay que mirar a Europa o a otros puntos de España. Andalucía cuenta con una tasa de 9,4 jueces por cada 100.000 habitantes, un punto por debajo de la media nacional. Hay nuevos órganos que se abren sin personal y vacantes que tardan meses en cubrirse. Es el caso de Jerez, donde el Penal número dos lleva dos meses y medio sin uno de sus agentes judiciales. También en la provincia de Cádiz, en San Roque, el juez del número 1 ha atendido durante semanas las guardias de su compañero del número 2, de baja, hasta que el lunes pasado llegó por fin el sustituto. La justificación en el retraso es difícil de creer; había dos jueces sustitutos admitidos que no se presentaron. A la tercera, la vencida.

Hacen falta manos, en todos los sitios. El trabajo es inabarcable en los juzgados de Málaga donde cualquier juez de lo Penal pone alrededor de 600 sentencias al año y celebra unas 700 vistas. "¿Cómo puede controlar ese juez las 1.500 ejecutorias que tiene pendientes?", pregunta un funcionario. No hay una única respuesta.

Isabel Morón, decana del partido judicial de Algeciras, que integra además a Tarifa y Los Barrios, se confiesa desbordada y cree que como mínimo haría falta incorporar un juzgado de lo social, uno de Familia, otro de Primera Instancia y otro de Instrucción. Y el juez decano del Partido Judicial de Granada, Antonio Moreno, estima que necesitaría una decena de órganos nuevos para paliar el agobio.

La crisis no ayuda. En Málaga, por ejemplo, un juzgado de lo Social está celebrando al día unos 15 o 16 juicios, la mayoría por despidos. Una sobrecarga que crece con los juicios rápidos y las reformas legales en materia de seguridad vial. "En tres meses se han disparado las sentencias ejecutorias urgentes, hemos registrado 150 más en cada juzgado", confirma el decano de Jerez, Juan José Parra. No es un caso aislado. En Sevilla el número de sentencias por ejecutar ha crecido en más de un millar. "Hay nuevos delitos y la gran problemática de la Justicia se centra en el ámbito penal; lo ideal sería acercanos al modelo de Portugal, por ejemplo, donde las autoridades hacen mucho caso a las peticiones de los jueces", comenta el decano de los jueces de Almería, Luis Columna, que encuentra que la huelga es la única forma de presión ante el Gobierno.

La falta de medios también es material. El decano de Granada se queja de que no tiene ordenadores suficientes ni fotocopiadoras, "lo que supone un menosprecio ante nuestra función y hacia los ciudadanos", asegura. En otras sedes la situación es mucho más grave. Los juzgados de La Línea, en Cádiz, llevan más de una década en unas instalaciones provisionales, sin salida de emergencia y con una sala de vistas de dimensiones ridículas. Hace dos meses uno de los juzgados se inundó y cientos de expedientes quedaron mojados. A pocos kilómetros, en San Roque, los órganos han sido trasladados a un local de alquiler donde es imposible recibir llamadas de teléfono.

Otras veces es una cuestión de estabilidad. En El Ejido y Roquetas de Mar, en Almería, es muy raro que el mismo juez que inicia un pleito acabe poniendo la sentencia por el continuo cambio en el puesto. De hecho, hay pleitos por los que pasan hasta tres jueces. Éstos son los dos únicos partidos judiciales donde los titulares no cuentan con la categoría de magistrados.

La concurrencia de tres administraciones distintas en la oficina judicial complica la organización: los jueces dependen del CGPJ; los secretarios, del Ministerio de Justicia; y los funcionarios, de la Junta de Andalucía. Y, por ende, la resolución de los conflictos.

El debate va más allá de la imagen escandalosa de expedientes apilados en los pasillos. "No se necesita una reforma, sino una revolución", alega el abogado sevillano José Joaquín Gallardo. Entre la plantilla hay un temor que revela Diego Medina, secretario judicial del TSJA: "Yo creo que algunos podemos hacer más por mejorar la eficacia, pero me da miedo que el desprestigio de nuestro trabajo acabe introduciendo una fuerte desmoralización: el Estado de Derecho está en juego". El debate sigue y también se mide en metros.

Fuente: diariodecadiz.es

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domingo, enero 25, 2009

Elche: Los funcionarios del Contencioso desalojan el juzgado al no soportar el hedor del local


Ni las mascarillas que los seis funcionarios del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche vienen usando a ratos desde el mes de octubre fueron suficiente protección contra el hedor que se respiraba en su interior, el viernes por la mañana. Nada más levantar la persiana, un fuerte olor a cloaca golpeó las narices de los funcionarios, el mismo que había invadido el juzgado a última hora de la jornada del jueves.


No era la primera vez y los funcionarios confiaron en que el fuerte olor iría disminuyendo paulatinamente. Se equivocaban. Sobre las diez menos cuarto de la mañana, cansados de empapar pañuelos con agua de colonia al no bastar las mascarillas, optaron por comunicar al secretario judicial su salida de las dependencias y su estancia en la calle hasta que se mitigara el tufo.

Simultáneamente, los funcionarios pidieron a la Policía Local la presencia de una patrulla para que sus agentes levantaran actas de la situación y de la imposibilidad de desempeñar su trabajo en tales condiciones de insalubridad.

Asimismo, uno de los funcionarios remitió un fax al director territorial de Justicia para comunicarle el abandono momentáneo de los locales hasta que se subsanara el problema. Además remitieron otro escrito al juez decano para avisarle de su salida de la oficina. El secretario judicial puso también los hechos en conocimiento de la titular del juzgado de lo Contencioso, que se encontraba en Valencia, en su labor de refuerzo en el Tribunal Superior de Justicia.

Los funcionarios no pueden ausentarse de su lugar de trabajo sin autorización previa. En caso de hacerlo, los trabajadores se enfrentan a la apertura de un expediente disciplinario.

Un asunto antiguo

Los problemas del juzgado de lo Contencioso-Administrativo tienen ya cuatro años, es decir, desde el mismo momento que se trasladó su oficina de un local situado en la avenida del País Valenciano a otro, ubicado en frente del Palacio de Justicia. Dichas dependencias son el resultado de la reforma de un antiguo garaje.

Su superficie es escasa; apenas 56 metros cuadrados. El acceso a la calle es directo, por lo que la única ventana que existe permanece siempre cerrada por motivo de seguridad. La falta de espacio es endémica y cientos de expedientes en tramitación se acumulan en cajas y cajones en el suelo de la oficina judicial. Las estanterías están llenas desde hace meses.

Desplazarse por la oficina es prácticamente imposible. Hay que saltar cajas, desplazarlas con el pie para poder hacerse un hueco o cogerlas en peso en el peor de los casos. Las sillas se han convertido en archivos provisionales e, incluso, los asientos de los trabajadores son usados en muchas ocasiones para depositar los expedientes en tramitación.

Es tal la acumulación de papel que el polvo se ha adueñado de la oficina. Junto a los ácaros han ocasionado brotes alérgicos a los funcionarios en los últimos meses. De hecho, a principios de octubre de 2008, en la revisión médica obligatoria, los facultativos aconsejaron a los empleados trabajar con caretas para minimizar los efectos de la alergia. Todos han estado tomando antihistamínicos.

Aseo clausurado

¿De dónde provenía el hedor que se adueñó del juzgado de lo Contencioso-Administrativo? Encontrar la respuesta no fue difícil. Hace más de dos años, tras una primera visita de la Inspección de Trabajo a este local, el aseo tuvo que ser clausurado debido a los fuertes olores que desprendía. Desde entonces, los funcionarios acuden a los bares cercanos cuando necesitan orinar.

La clausura no ha servido de nada porque sólo se impidió la entrada al aseo. No se llegó a tapar debidamente el excusado, ni tampoco las conexiones a la red de alcantarillado.

Procede por tanto una nueva intervención de la Inspección de Trabajo o, en su defecto, de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. Si la situación persiste el lunes, los trabajadores instarán al Ayuntamiento para que tome cartas en el asunto con carácter de urgencia.

Hay que precisar que el juzgado se encuentra ubicado en los bajos de un edificio donde hay dos plantas superiores, con viviendas habitadas. Los perjudicadas no fueron solamente los funcionarios. El hedor subió hasta los pisos superiores, con el consiguiente enfado de los moradores.

Los profesionales del Derecho, en su gran mayoría, no pudieron ser atendidos. Si persiste el problema el lunes, de nuevo se perderá la jornada.

Fuente: laverdad.es

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País Vasco: El Ministerio de Justicia comienza a digitalizar los registros civiles

El Ministerio de Justicia comenzará a digitalizar la próxima semana los libros de los registros civiles del País Vasco a través de una nueva aplicación informática en red que permite realizar todas las inscripciones y certificaciones. El proceso empezará en las tres capitales y se extenderá después al resto de partidos judiciales.


Los responsables de la digitalización llevaron a cabo el pasado mes de diciembre una experiencia piloto en el Registro Civil de Eibar para comprobar el funcionamiento del citado programa informático (Inforeg) y, tras el éxito de la misma, comunicaron al Gobierno Vasco el calendario de implantación. Y dicha implantación comenzará este próximo lunes, día 26 de enero, en el Registro Civil de San Sebastián a un ritmo de un registro civil por semana.

Este ritmo se mantendrá también en el caso de los registros civiles de las otras dos capitales de provincia, Bilbao y Vitoria, y en el caso del Registro Civil de Baracaldo.

Una vez completada la digitalización de los libros de los registros de las tres capitales y Baracaldo, el proceso se extenderá de forma progresiva al resto de partidos judiciales a razón de un registro cada dos o tres días, dependiendo de su tamaño y está previsto que concluya a finales de marzo con el Registro Civil de Amurrio. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco va a estar presente en el proceso de digitalización y la implantación del sistema informático Inforeg, ya que será el encargado de apoyar diariamente su funcionamiento.

Fuente: deia.com

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Orihuela: Funcionarios de justicia protestan por la falta de aparcamientos

Trabajadores del Palacio de Justicia de Orihuela protestaron por la carencia de aparcamientos que hay en la zona. Más de una veintena de funcionarios aprovecharon la presencia de la prensa a las puertas del edificio para protagonizar una protesta en la que criticaron lo que consideran un «atropello», dijo un portavoz de los manifestantes.


Según indicaron, los jueces y fiscales tienen prioridad para estacionar sus vehículos en las zonas reservadas en los alrededores de la Plaza de Santa Lucía «y en alguna ocasión se ha obligado a los compañeros a quitar sus coches» para dejar el sitio a los superiores a pesar de que ellos habían llegado antes. «Lo decimos no sólo por nosotros, sino también por el resto de los ciudadanos que vienen aquí a realizar trámites porque el problema del estacionamiento es muy grande».

Los empleados explicaron que hasta hace poco había parte de la plaza reservada para ellos, si bien esa deferencia se les retiró «cuando les quitaron el aparcamiento gratis» en un estacionamiento público. Hay que recordar que ese asunto se puso en conocimiento en su día a la Fiscalía Anticorrupción, dentro de las diferentes denuncias realizadas en contra de la gestión del antiguo equipo de gobierno de José Manuel Medina.

Los funcionarios consideran que el Ayuntamiento no debería permitir esta situación de privilegio para ciertos trabajadores del Palacio de Justicia «y que se haga como siempre, el primero que llegue que aparque, seas juez, fiscal o cualquier otra cosa». Los empleados afirman que los coches de los magistrados se dejan incluso en el paso de peatones o en las zonas que tienen reservadas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para acceder al edificio con los detenidos.

Fuente: laverdad.es

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Francia: La ministra de Justicia abandonará el gobierno de Sarkozy

La ministra francesa de Justicia, Rachida Dati, se presentará a las elecciones europeas de junio próximo como número dos de la lista de la formación conservadora UMP en la región parisiense, lo que le obligará a dejar el Gobierno, informó el presidente, Nicolas Sarkozy.


Dati aceptó finalmente la propuesta de acudir a las elecciones europeas tras haber afirmado en varias ocasiones su preferencia por seguir formando parte del Ejecutivo.

La actual ministra de Justicia será la número dos de la UMP en la circunscripción de Ile-de-France, en la que está París, por detrás del actual ministro de Agricultura, Michel Barnier, que además coordinará la campaña en todo el territorio.

En Francia, las europeas no tienen una circunscripción única, sino siete: noroeste, noreste, oeste, centro, suroeste, sureste e Ile-de-France. Fuentes del partido indicaron que ambos deberán dejar el Ejecutivo antes de mayo próximo para consagrarse a la campaña electoral.

Según el vespertino "Le Monde", Dati puso como condición para aceptar ir a las elecciones europeas poder permanecer en el Gobierno el mayor tiempo posible.

Símbolo del Ejecutivo multirracial que formó Sarkozy, Dati, de origen magrebí, ha tenido una gestión controvertida en el Ministerio de Justicia, donde se ha ganado la animadversión de magistrados, jueces y fiscales, que no han acogido bien sus reformas.

Allegada de la ex primera dama francesa Cécilia Sarkozy, su cercanía al presidente de la República cayó tras el divorcio de la pareja en octubre de 2007. En numerosas ocasiones se ha especulado con su salida del Ejecutivo, pero ésta no se ha producido hasta ahora.

Madre de una hija, Zohra, desde el pasado día 2 de enero, Dati apenas tardó cinco días en abandonar la clínica y reincorporarse al trabajo ministerial.

Fuente: lavanguardia.es

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La humedad destruye expedientes judiciales en Mislata y Valencia

No es exclusivo de Mislata y Paterna, pero evidencia las pésimas condiciones de trabajo de muchas sedes judiciales de la Comunidad Valenciana. La precariedad de medios ha provocado incluso la destrucción de decenas de expedientes por inundaciones al reventar la fosa séptica de Mislata o una bajante en una sede de Paterna. A eso se suma la convivencia con cucarachas, moscones y ratas. No tienen luz natural, no hay salida de emergencias, cualquier rincón alberga expedientes, las piezas de convicción llegan a amontonarse en el suelo, las sillas lucen quemaduras y restos de suciedad...


Los funcionarios llevan al menos desde 2003 denunciando las carencias tanto a la inspección de trabajo como a la dirección general de Justicia. La Consejería de Justicia fía la solución a la construcción de las nuevas sedes judiciales. La de Mislata no estará lista como pronto hasta dentro de 14 meses. La de Paterna, no en menos de dos años.

La consejería afirma que la empresa de desinfección acude periódicamente. Pero no se pinta, no se añaden estanterías suficientes, no se cambia mobiliario. "Recogemos los restos de otros", explica una funcionaria de Mislata. Y, en algunos casos, son los propios trabajadores los que incorporan medios. "La estantería que tengo al lado de mi mesa, la traje de mi casa. Las bandejas colocadas junto a la ventana para documentación, las compramos nosotros en una tienda de los chinos", agrega. En Paterna, a esa situación se añade, por ejemplo, que el único ascensor está sellado con silicona por lo insoportable del nauseabundo olor que desprendía. "Ahí dentro puede haber cualquier cosa, cualquier cosa. Y nunca ha funcionado", explica una funcionaria.

Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, denunció las "penosas" condiciones en las que se trabaja en Mislata y reclamó medios.

"Si esto se incendiara, moriríamos achicharrados como ratas", afirma una funcionaria de las dependencias judiciales de la calle del Cristo de La Fe, en Paterna, donde están los juzgados números tres y cuatro. El paisaje nada más entrar lo dominan centenares de carpetas ocupando cualquier rincón, detrás de la puerta, en el recorrido de la escalera, debajo de la mesa, contra la pared y sin estanterías. En esa sede, que funciona desde 1992, que se asemeja a un tubo y tiene dos niveles, no hay luz natural, los ventanucos están protegidos por rejas fijas, hay un sólo acceso y no hay salida de emergencia, es imposible encontrar un espacio común libre. Se acumulan incluso fotocopiadoras e impresoras ya desahuciadas que desde hace meses, y algunas años, deberían haber sido trasladadas al ecoparque y allí permanecen. El archivo es prácticamente intransitable, no sólo por la cantidad de carpetas que hay por el suelo, así como piezas de convicción (pruebas de las causas, desde una chaqueta a un casco, un cuchillo o un bolso), sino porque las estanterías desafían a la gravedad de lo cargadas que están y sin contar con protección alguna.

En esa misma sede, viven ratones, cucarachas y moscones. La situación llegó a ser tal sin obtener respuesta que, explican, guardaron en una caja de cartón hasta 60 cucarachas muertas para que la inspección fuera y desinfectara. En el techo del juzgado tres es visible la marca que dejó la rata que quedó muerta tras golpearla. "De primavera a otoño, abres una carpeta y hay cucarachas. No podemos llevar sandalias. Y en mi estantería vive un ratón, no sé dónde crían, pero vive ahí", asegura una funcionaria.

En ese juzgado, salieron con los pantalones por la rodilla porque reventó una bajante. Se mojaron varias carpetas con decenas de expedientes cuya información fue irrecuperable. Al igual que se mojan por humedades en el juzgado número cuatro. Uno de los funcionarios dice que en varias ocasiones ha tenido que extender la documentación de decenas de causas por mesas y suelo para que se seque. Esas dependencias no tienen acceso para minusválidos. Cuando viene uno que va al juzgado cuatro, el que está en la parte elevada, juez, secretaria y funcionario tienen que instalarse en mitad de un reducidísimo despacho que ya ocupan cuatro personas que, además, están haciendo otro trabajo.

En Paterna, como en las dependencias que ocupa el juzgado tres de Mislata, víctima y agresor comparten el mismo espacio, están en pasillos donde coinciden policías, funcionarios, detenidos, denunciantes. "El pasado noviembre nos pusieron un habitáculo para las víctimas de violencia sobre la mujer. Hasta ahora, las teníamos que esconder donde pudiéramos para que no se encontraran", explica la misma funcionaria de Mislata que relata que los teléfonos son de un modelo tan antiguo que el operario no puede sustituirlos. "Por eso están forrados de celo, y en el peor de los casos, encontramos recambios en el rastro", asegura.

Justicia tiene comprometida la construcción de 15 nuevas sedes judiciales, cuya última obra se licitará en 2011 y que tiene un presupuesto global de 225 millones de euros.

Fuente: elpais.com

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Entrevista con Enrique López, ex portavoz del CGPJ



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sábado, enero 24, 2009

La Rioja: 15.000 asuntos pendientes tras crecer el 33% hasta septiembre

La Justicia riojana terminó el tercer trimestre del 2008 con un récord histórico de asuntos pendientes. En septiembre, quedaban en trámite en los juzgados de la región 15.094 asuntos, un tercio más que los registrados a finales del 2007. La comparación supone que en apenas nueve meses se ha incrementado en un 33% el número de 'papeles' bloqueados en los tribunales, según el Consejo General del Poder Judicial.


La cifra sorprende más puesto que la evolución de los asuntos pendientes, aquellos que se encuentran en tramitación al final de un periodo de tiempo determinado, habían mantenido una dinámica estable durante los cuatro años anteriores.

Desde enero del 2004, cuando se abrió el curso judicial con 10.690 asuntos pendientes, hasta el inicio del 2007, cuando se registraron 11.917 casos, el incremento había sido escalonado.

Sin embargo, desde el cierre del 2007 se ha producido una ruptura brutal en esta dinámica. Durante esos nueve meses, el número de casos pendientes se ha incrementado en 3.787, hasta llegar a los 15.094 actuales.

Por salas, las que más han sufrido las acumulaciones han sido los Juzgados de Primera Instancia (tanto civiles como penales), los de Familia y los Juzgados de lo Social, todos con subidas cercanas al 40%. Mientras, los Juzgados de lo Contencioso Administrativo apenas han visto incrementados sus asuntos pendientes en un 10%.

La huelga, clave

Las explicaciones para entender este aumento son variadas y confluyentes. La primera y principal, la huelga de los funcionarios de Justicia, que se prolongó en La Rioja y otras muchas regiones durante dos meses y tres días, desde los primeros días de febrero hasta el 7 de abril.

En este periodo, se suspendieron más de mil juicios sólo en el Palacio de Justicia de Logroño y se registraron cerca de 1.700 demandas que se quedaron sin incoar a causa de la huelga. El paro llevó a los juzgados a un estado de «caos total», como llegó a definirlo entonces la decana del Colegio de Abogados, María Victoria de Pablo.

Los resultados perniciosos de esa huelga siguen coleando (e incrementándose) casi un año después de su inicio y no se ve una solución a corto plazo pese a los planes establecidos por el Ministerio que, de momento, no están solucionando el problema creado por la inactividad del 2008.

El Consejo General del Poder Judicial aún no cuenta con los datos del último trimestre del pasado año, que podrían confirmar la tendencia al colapso y la difícil absorción de los casos pendientes durante esos meses.

Más pendencia

Otro de los factores que, en menor medida, ha ayudado a este colapso judicial ha sido el crecimiento de la tasa de pendencia. Es decir, que los riojanos cada vez acuden más a los tribunales.

La comparación directa entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo periodo del 2008 (último estudiado por el CGPJ) así lo demuestra. Si durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2007 entraron en los juzgados riojanos 9.102 asuntos, en ese mismo plazo del 2008 los casos ingresados han crecido hasta 11.165.

Para entender este aumento, además de razones coyunturales, hay que tener en cuenta la realidad de la crisis. Aumento de despidos, embargos, ejecuciones hipotecarias o, simplemente, crecimiento de pequeños delitos son las causas para explicar la multiplicación de casos, que llega en un momento muy delicado para la Justicia riojana y española.

Ni tan siquiera el incremento de asuntos resueltos en el tercer trimestre del 2008 respecto al del año anterior (9.463 asuntos frente a 8.087 del 2007) han podido maquillar las cifras finales.

Fuente: larioja.com

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viernes, enero 23, 2009

¿Por qué los jueces de Madrid se muestran más duros ante la huelga?

Los jueces de Madrid han sido rotundos en su respuesta sobre la huelga. En la junta del miércoles sólo hubo 19 votos en contra de la jornada de paro convocada para el 18 de febrero en los juzgados. Tres no lo tenían claro y votaron en blanco, pero el resto, 103, dieron el sí a favor de la huelga del próximo mes.


En Barcelona la respuesta final ha sido la misma. Madrileños y barceloneses se han desmarcado de la posición de las asociaciones judiciales y han apostado por plantarse ante el ministerio y utilizar la huelga de mediados de febrero como medida de presión para conseguir sus objetivos.

Sin embargo, la respuesta que han dado los jueces barceloneses muestra una postura más prudente entre gran parte de los magistrados. El 49% de los votos emitidos entre los titulares de los órganos unipersonales de la demarcación de Barcelona, no han apoyado la huelga. Fueron 115 papeletas a favor y 107 en contra.

El juez decano de la capital catalana, José Manuel Regadera, parece encontrarse en este grupo. "La huelga debe ser la última opción y no se puede comenzar una negociación con una huelga", aseguró tras la junta.

Medida de presión

En Madrid, en cambio, no quieren esperar a ver los resultados de la reunión del próximo lunes 26, cuando el Ministerio de Justicia, con Mariano Fernández Bermejo al frente, se reúna con los representantes de las asociaciones judiciales. Los madrileños han votado prácticamente en bloque a favor de la huelga porque consideran que obtendrán mejores resultados en ese encuentro si el Ministerio ve que la amenaza es real. Aplazar la convocatoria hasta el próximo 26 de junio (fecha por la que apuestan las asociaciones) es una opción con un plazo demasiado "lejano".

La suma de los jueces madrileños a la convocatoria de huelga podría servir realmente como herramienta de presión, puesto que la comunidad reúne a gran parte de los jueces españoles y porque alrededor de una cuarta parte de los casos de todo el país se celebran en sus juzgados.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, manifestó tras conocer los resultados de las juntas de su comunidad que es necesario que las autoridades gubernamentales muestren "un compromiso serio, con partidas presupuestarias y plazos" para evitar que los jueces hagan huelga el próximo mes de febrero.

Defendió a sus compañeros de profesión e indicó que "no estaban cómodos" ante esta situación de huelga, pero que entendía que era la forma de "hacer ver a la sociedad las condiciones en las que ejercen su función de servicio al público". A pesar de eso, mostró el mismo carácter comedido de muchos de sus colegas barceloneses y confió en que prime "el sentido común" y se desconvoque el paro previsto para febrero. En el resto de Cataluña la convocatoria también ha tenido bastante éxito. Sólo los jueces leridanos se posicionaron en contra del paro del próximo mes y optaron por dar un amplio margen de negociación al Gobierno y esperar hasta junio.

En cualquier caso, a pesar del apoyo que Madrid y Barcelona han dado a la propuesta de huelga que partió de Zamora, Murcia y Extremadura, la reunión del lunes será clave. Si la postura del ministerio les convence y ven que hay indicios que apuntan al cumplimiento de sus reivindicaciones (o al menos a establecer las bases necesarias para ir cumpliéndolas poco a poco) es más que probable que den un paso atrás, desconvoquen la huelga de febrero y esperen a ver cómo marcha la negociación antes de volver a la huelga en junio.

Prudencia en las audiencias

Aunque las juntas de jueces de Madrid y Barcelona han optado por la confrontación, las audiencias de ambas regiones han reducido la marcha y se han descolgado de la decisión de sus compañeros provinciales. Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la Audiencia de Barcelona, explicó que prefieren ganar más tiempo "en negociaciones de tanta importancia". Su postura es esperar a la reunión del lunes 26 y ver cómo evolucionan las cosas y, si no van como esperan, votar a favor del paro en junio.

En la Audiencia de Madrid la situación es similar. Están de acuerdo con todas las reivindicaciones, pero van a dejar la negociación en manos de las asociaciones judiciales, a las que pertenecen aproximadamente la mitad de los jueces y magistrados del país.

Fuente: gaceta.es

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